Impuesto global a los ricos
Hay ideas económicas que fracasan tantas veces que uno pensaría que terminarían jubilándose por vergüenza. Pero algunas propuestas de la izquierda poseen una admirable capacidad de supervivencia: cuando la realidad las derrota, simplemente cambian de nombre, organizan una conferencia internacional y vuelven a presentarlas como una innovación.
La última genialidad es un impuesto mínimo global del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios, promovido por economistas como Gabriel Zucman, Thomas Piketty y Emmanuel Saez y respaldado políticamente desde distintos sectores de la izquierda internacional. La propuesta pretende que quienes poseen más de 1.000 millones de dólares paguen anualmente, como mínimo, el equivalente al 2 % de su patrimonio.
Suena fantástico si uno supone que las fortunas están guardadas en una gigantesca caja fuerte como la de Rico McPato y que solo es de meter la mano y sacar dinero
El pequeño inconveniente es que buena parte de esa riqueza está invertida en acciones, empresas, maquinaria, tecnología y capital productivo. Es decir: aquello que permite producir, invertir y contratar trabajadores. A pesar de estas explicaciones, ciertos sectores de la prensa insisten en incautar la fortuna a Elon Musk por ser muy trillonario. Claro, ninguno de los que pide este delito quiere poner de su dinero.
Un estudio elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform estimó qué ocurriría con semejante experimento fiscal. En su escenario de menor elusión, calcula que el PIB mundial podría reducirse aproximadamente en 80.000 millones de dólares anuales durante la primera década, mientras se perderían alrededor de dos millones de empleos. A largo plazo, la pérdida anual de producción alcanzaría unos 120.000 millones.
Conviene aclararlo: se trata de una simulación económica, no de una profecía divina tallada en piedra. Pero el mecanismo que describe es perfectamente conocido y casi siempre sobrepasa las predicciones, sino revisen Venezuela.
Gravar el capital reduce su rentabilidad esperada. Menor rentabilidad puede significar menor inversión. Menor inversión implica menos capital por trabajador, menor productividad y, finalmente, menos crecimiento de salarios y empleo. Aunque ya hemos leído en Argentina que periodistas sueltos de lengua dicen que imprimir no produce inflación si los billetes se fabrican fuera de Argentina.
La izquierda suele responder que solamente pagarán “los ricos”.
Naturalmente. Porque aparentemente las empresas pueden pagar impuestos sin modificar inversiones, precios, salarios, dividendos o decisiones de localización. Una especie de árbol fiscal mágico donde el Estado recoge dinero y nadie cambia su comportamiento.
Europa ya probó el experimento
Lo divertido es que Europa no necesita imaginar qué puede ocurrir.
Durante décadas numerosos países europeos tuvieron impuestos recurrentes sobre el patrimonio. Austria lo eliminó en 1994; Dinamarca en 1997; Alemania en 1997; Finlandia, Islandia y Luxemburgo en 2006; Suecia en 2007. Francia sustituyó en 2018 su impuesto general sobre el patrimonio por otro concentrado fundamentalmente en activos inmobiliarios.
Y esto no lo afirma precisamente una asociación clandestina de empresarios enfadados.
La OCDE ha identificado entre las razones de esas reformas los riesgos de fuga de capitales, la evasión y elusión, los elevados costes administrativos y una recaudación relativamente reducida. La propia organización concluyó que existen argumentos limitados para mantener un impuesto sobre el patrimonio neto cuando ya funcionan adecuadamente los impuestos sobre las rentas del capital y las herencias.
En otras palabras: varios países probaron el medicamento, descubrieron sus efectos secundarios y lo retiraron. Ahora algunos políticos proponen administrarlo simultáneamente a todo el planeta.
Eso sí que es aprender de la historia.
América Latina tampoco está vacunada contra la imaginación tributaria
En América Latina la tentación es especialmente peligrosa. Países con baja inversión, elevada informalidad, escasa productividad y mercados laborales frágiles actúan algunas veces como si su principal problema económico fuese precisamente que todavía queda demasiado capital privado disponible.
Colombia constituye un ejemplo reciente. Durante 2026 se aprobaron disposiciones extraordinarias que ampliaron la aplicación del impuesto al patrimonio incluso a determinadas personas jurídicas.
El problema es conceptual: una empresa no es una bolsa inmóvil de dinero esperando ser confiscada. Compite por capital con empresas de otros países. Si un gobierno incrementa persistentemente el coste de invertir, el capital tiene alternativas: no invertir, reducir proyectos, trasladarse o exigir una rentabilidad mayor.
Y quienes no pueden mudarse a Miami, Madrid o Panamá son precisamente muchos trabajadores.
¿Y electoralmente funciona?
Tampoco necesariamente.
España ofrece un ejemplo interesante. Podemos apareció en las elecciones generales de 2015 convertido en fenómeno político y las candidaturas vinculadas al partido alcanzaron 69 diputados y más del 20 % de los votos. En abril de 2019 el espacio de Unidas Podemos descendió a 35 escaños y en noviembre de ese mismo año obtuvo nuevamente 35 en el conjunto de la coalición, mientras el peso parlamentario específicamente atribuible a Podemos siguió deteriorándose posteriormente. Para 2026 terminó siendo un recuerdo perdiendo todas las elecciones autónomicas en España.
Naturalmente, sería absurdo afirmar que ese descenso ocurrió exclusivamente por sus propuestas tributarias. Los partidos pierden votos por múltiples razones. Pero sí demuestra algo menos ambicioso y bastante incómodo: presentarse como representante exclusivo del pueblo mientras se ofrece cada vez más intervención estatal no garantiza que el pueblo continúe comprando el producto.
El capital no es el enemigo del trabajador
Aquí está el error fundamental.
La izquierda radical imagina una economía dividida entre empresarios que ganan y trabajadores que pierden. Pero sin acumulación de capital difícilmente existen nuevas fábricas, tecnología, maquinaria, emprendimientos o incrementos sostenidos de productividad.
Y sin productividad tampoco existen salarios elevados.
Por eso perseguir fiscalmente al capital hasta hacerlo emigrar puede producir una extraordinaria victoria ideológica: quizá finalmente haya menos millonarios dentro del país.
El pequeño problema será descubrir que también habrá menos inversión, menos empresas y menos empleos.
Pero siempre quedará algún político dispuesto a explicar que el fracaso ocurrió porque todavía no cobramos suficientes impuestos.
¿De verdad se combate la pobreza castigando a quienes invierten, crean empresas y generan empleo? Comparte esta entrada y súmate al debate sobre impuestos, inversión y libertad económica.
