Por: John Campuzano Vásquez
América Latina tiene una extraordinaria habilidad para convertir los problemas económicos en declaraciones constitucionales. Cuando un servicio resulta indispensable, algunos gobiernos consideran que la solución consiste en declararlo estratégico, reservar su administración al Estado y prometer que funcionará en beneficio de todos.
La electricidad debe ser estratégica. El agua también. Los puertos, las carreteras, los hidrocarburos y las telecomunicaciones, luego se inflama a los ciudadanos con los discursos nacionalistas y se pide una Constituyente para bendecir la genial idea.
Hasta ahí, el discurso parece impecable.
Pero existe una pregunta bastante menos emocionante que redactar artículos constitucionales: ¿quién invertirá, mantendrá las máquinas, renovará las redes y responderá cuando el servicio deje de funcionar?
Porque una central eléctrica no produce energía gracias a un discurso presidencial de un presidente ultra nacionalista o revolucionario. Necesita turbinas, repuestos, técnicos, combustible, mantenimiento y financiamiento.
Y las constituciones, por muy revolucionarias que sean, todavía no producen megavatios.
Ecuador: cuando lo estratégico se convierte en responsabilidad estatal
La Constitución ecuatoriana de 2008 ofrece un ejemplo especialmente relevante.
Su artículo 313 reserva al Estado la administración, regulación, control y gestión de sectores estratégicos, incluyendo energía, telecomunicaciones, hidrocarburos y agua. El artículo 314 le atribuye responsabilidad sobre servicios como electricidad, agua potable, vialidad e infraestructura portuaria y aeroportuaria.
El artículo 316, en su formulación original, contempló mecanismos de delegación, pero dentro de un esquema que otorgaba prioridad a la gestión estatal. El problema económico aparece cuando esa preferencia institucional restringe innecesariamente la entrada de operadores, inversionistas y tecnologías con el argumento que se llevan el dinero a cambio de tarifas elevadas que castigan a los que menos tienen.
La infraestructura necesita recursos durante décadas. Si el presupuesto público resulta insuficiente, si las tarifas no cubren los costos o si las decisiones de inversión dependen de prioridades electorales, el sistema comienza a acumular deterioro.
Primero se posterga una reparación.
Después se retrasa la compra de equipos.
Finalmente, cuando llega una emergencia, descubrimos que el verdadero sector estratégico era el mantenimiento que nadie financió.
Venezuela: la factura de la desinversión
Venezuela proporciona una advertencia particularmente seria.
Después de la nacionalización y centralización del sistema eléctrico en 2007, la gestión quedó progresivamente concentrada en estructuras estatales.
Durante años se acumularon dificultades operativas, problemas de mantenimiento, pérdida de capacidades técnicas e insuficiencia de inversiones.
En agosto de 2024, un apagón masivo afectó gran parte del país. Mientras el Gobierno venezolano atribuyó la interrupción a un supuesto ataque, la realidad es que el mantenimiento deficiente y la falta de inversión son los factores fundamentales de la fragilidad del sistema, que a la fecha sigue manteniendo esa falta de energía temporalmente.
Una fábrica pierde producción. Un comercio pierde inventarios refrigerados. Un hospital necesita generación de emergencia. El transporte se interrumpe y las telecomunicaciones sufren.
Cuando falla la electricidad, no se paraliza solamente una empresa pública: se compromete la productividad de toda la economía.
La nacionalización, por sí sola, no explica cada falla venezolana. También importan las decisiones presupuestarias, la gestión técnica, los controles, las condiciones macroeconómicas y la crisis institucional. Pero precisamente esa complejidad demuestra que concentrar la propiedad no garantiza capacidad para administrar.
Bolivia: nacionalizar no significa multiplicar la inversión
Bolivia incorporó en su Constitución de 2009 un modelo de economía plural, con fuerte presencia estatal en recursos naturales y sectores considerados estratégicos.
Los artículos 309, 349 y 351 establecen funciones de administración pública y control estratégico, aunque también permiten cooperativas, empresas mixtas y determinadas formas de participación privada.
Sin embargo, apropiarse de activos productivos no equivale a generar automáticamente nuevas inversiones.
Una empresa puede cambiar de propietario mediante decreto. Pero para ampliar su capacidad necesita tecnología, técnicos especializados, mantenimiento y capital.
El desafío boliviano demuestra por qué debe distinguirse entre capturar rentas de recursos existentes y desarrollar capacidad productiva futura.
Nacionalizar una instalación es una decisión política. Mantenerla funcionando eficientemente es una tarea económica y técnica permanente.
Argentina: el costo de las empresas públicas y el retorno del capital privado
Argentina ofrece un caso diferente: su Constitución no establece una reserva estatal general comparable a la ecuatoriana. Las nacionalizaciones y privatizaciones han respondido principalmente a leyes y decisiones de política económica.
Durante el kirchnerismo se reestatizaron empresas como Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
El debate sobre AySA volvió a cobrar fuerza en octubre de 2026. El Gobierno de Javier Milei impulsó la venta del 90 % de las acciones estatales, con una oferta económica de 340,2 millones de dólares y compromisos de inversión superiores a 2.000 millones de dólares anunciados por las autoridades.
El resultado dependerá del cumplimiento de las inversiones, de la regulación y de la calidad del servicio.
La cuestión económica fundamental no es quién pronuncia el discurso más emotivo sobre el agua, sino quién garantiza que llegue permanentemente al grifo del consumidor, a un costo sostenible.
El monopolio estatal también tiene costos
La teoría económica distingue los monopolios naturales, frecuentes en redes de agua y distribución eléctrica, de actividades donde pueden operar múltiples empresas competitivas.
No tiene sentido construir cinco redes de tuberías paralelas en una misma calle. Pero eso tampoco obliga a que una sola empresa estatal realice todas las actividades relacionadas con el servicio.
Pueden existir operadores privados regulados, concesiones competitivas, generación eléctrica abierta a distintos inversionistas y mecanismos de evaluación del desempeño.
El problema de un monopolio mal regulado es que puede debilitar los incentivos para reducir costos, innovar y mejorar la calidad.
Y cuando una empresa estatal enfrenta restricciones presupuestarias blandas, puede continuar operando con pérdidas financiadas mediante transferencias públicas.
El ciudadano termina pagando dos veces: como contribuyente y como usuario.
El verdadero sector estratégico es la productividad
Hay una lección común en estos cuatro países.
Declarar estratégico un servicio no lo vuelve eficiente. Nacionalizar una empresa no garantiza inversión. Y privatizarla tampoco asegura buenos resultados sin competencia, regulación y contratos exigibles.
Lo decisivo es construir instituciones capaces de garantizar continuidad, inversiones oportunas, mantenimiento, transparencia y responsabilidad empresarial.
Desde una perspectiva liberal, el Estado debería concentrarse en establecer reglas claras, proteger la propiedad, garantizar contratos, vigilar monopolios y facilitar inversiones.
No necesita ser propietario de cada máquina para proteger el interés público.
Porque el ciudadano no necesita que el transformador eléctrico, el puerto, la carretera o la planta de tratamiento pertenezcan simbólicamente al pueblo.
Necesita que funcionen.
Y cuando una economía paraliza fábricas, comercios y hospitales por servicios deficientes, el verdadero fracaso no se mide por el número de empresas públicas o privadas.
Se mide en productividad perdida, inversión que no llega y oportunidades de desarrollo desperdiciadas.
¿De qué sirve declarar estratégicos los servicios públicos si después faltan electricidad, agua, mantenimiento e inversiones?
La infraestructura no funciona con discursos políticos, sino con capital, tecnología, gestión eficiente y reglas claras.
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as públicas y privadas compitan por ofrecer mejores resultados?
La verdadera soberanía económica no consiste en controlar más empresas, sino en disponer de servicios que permitan producir, invertir y prosperar.
