Dr. Armando José Urdaneta Montiel.
El debate sobre la pobreza casi siempre comienza desde una premisa que rara vez se cuestiona: si existe pobreza es porque existe desigualdad, y si existe desigualdad entonces la solución lógica parece ser la redistribución del ingreso o, más radicalmente aún, la redistribución de la riqueza. Sin embargo, detrás de esa conclusión aparentemente evidente suelen mezclarse conceptos económicos distintos y, sobre todo, se ignora la naturaleza misma de la acción humana y de los procesos mediante los cuales se crea la riqueza dentro de una sociedad.
Una de las primeras confusiones consiste en tratar como equivalentes el ingreso y la riqueza. El ingreso es una variable de flujo; representa cuánto recibe una persona durante un período determinado. La riqueza, en cambio, es una variable de stock; constituye el patrimonio acumulado a lo largo del tiempo. La diferencia no es menor. Una persona puede tener altos ingresos y no poseer prácticamente patrimonio alguno debido a deudas o hábitos de consumo, mientras otra puede tener bajos ingresos actuales, pero conservar un patrimonio significativo acumulado durante décadas. Cuando el discurso político mezcla ambos conceptos indistintamente, termina construyendo diagnósticos imprecisos y soluciones simplistas.
Desde una perspectiva praxeológica, el problema es todavía más profundo. La sociedad no actúa como un ente colectivo homogéneo. Quienes actúan son individuos concretos que toman decisiones bajo condiciones de escasez. Son individuos quienes ahorran, invierten, trabajan, consumen, emprenden o desperdician recursos. Por eso resulta problemático atribuir causalidades abstractas a “la sociedad”, “el sistema” o “el mercado”, como si fueran sujetos conscientes capaces de decidir deliberadamente excluir o incluir personas.
La riqueza no surge espontáneamente ni aparece como un recurso estático esperando ser repartido. La riqueza es consecuencia de procesos complejos de cooperación humana, acumulación de capital, ahorro, inversión, cálculo económico y asunción de riesgos. Cuando se plantea que la pobreza puede resolverse simplemente expropiando riqueza acumulada, se ignora precisamente el proceso que permitió generar esa riqueza en primer lugar. Redistribuir recursos ya existentes no equivale a crear nuevos recursos, y mucho menos garantiza la generación sostenida de ingresos futuros.
Aquí aparece uno de los principios fundamentales de toda economía: las necesidades humanas son potencialmente infinitas mientras los medios disponibles para satisfacerlas son escasos. Ningún sistema político puede abolir esa realidad. Todo recurso utilizado para un fin deja automáticamente de estar disponible para otro. Cada subsidio, transferencia o ayuda estatal posee necesariamente un costo, aunque ese costo muchas veces permanezca oculto bajo discursos moralmente atractivos.
Cuando el Estado redistribuye ingresos o patrimonio no crea riqueza desde la nada. Los recursos transferidos deben provenir de alguna parte: impuestos, deuda pública, emisión monetaria o consumo de capital acumulado. En última instancia, alguien siempre termina pagando el precio. El contribuyente que pierde parte del fruto de su trabajo, el ahorrista cuyo capital se erosiona mediante inflación, el inversionista que reduce proyectos futuros debido a incertidumbre o incluso generaciones futuras obligadas a cargar con endeudamiento creciente. La economía no elimina costos; simplemente los desplaza.
Por esa razón resulta cuestionable sostener que el resto de la sociedad deba absorber permanentemente las consecuencias de malas decisiones tomadas por políticos irresponsables, instituciones estatales ineficientes, familias disfuncionales o individuos que actuaron imprudentemente. Desde la lógica praxeológica, socializar sistemáticamente las consecuencias negativas de ciertas acciones genera inevitablemente distorsiones en los incentivos. Si las personas esperan que siempre exista un rescate externo frente a decisiones equivocadas, disminuye la responsabilidad individual y aparece el problema conocido como riesgo moral.
Esto no significa negar la existencia de tragedias personales, crisis inesperadas o circunstancias difíciles que escapan parcialmente al control individual. Tampoco implica desconocer que existen privilegios políticos, corrupción o sistemas regulatorios que favorecen artificialmente a determinados grupos cercanos al poder. De hecho, buena parte de la tradición de la escuela austríaca de economía ha sostenido precisamente que muchas desigualdades contemporáneas no son resultado del libre mercado, sino del intervencionismo estatal, de la manipulación monetaria y del capitalismo de Estado. Pero reconocer estas distorsiones no conduce necesariamente a justificar una expansión ilimitada de la redistribución coercitiva.
El verdadero problema aparece cuando el debate político asume implícitamente que la riqueza es una especie de depósito fijo del cual puede extraerse indefinidamente recursos sin afectar el proceso de producción futura. Sin embargo, si se castiga sistemáticamente el ahorro, la inversión, la acumulación de capital y la productividad mediante crecientes niveles de expropiación o redistribución vía impuestos, inevitablemente se terminan erosionando las bases mismas que permiten generar prosperidad. Una economía puede redistribuir riqueza durante algún tiempo, pero no puede redistribuir indefinidamente aquello que deja de producir.
La cuestión central no consiste entonces en construir una sociedad donde nadie enfrente jamás las consecuencias de sus decisiones, algo imposible bajo condiciones de escasez, sino en crear instituciones que permitan a los individuos actuar libremente, asumir responsabilidad sobre sus actos y coordinarse mediante intercambios voluntarios. Porque la prosperidad sostenible no nace de repartir pobreza de manera más igualitaria, sino de crear continuamente nueva riqueza mediante libertad económica, cooperación social y responsabilidad individual.
