Si uno quisiera escribir una parodia sobre cómo destruir lentamente una economía sin admitir nunca la responsabilidad, probablemente terminaría redactando un programa bastante parecido al viejo recetario de cierta izquierda latinoamericana: paros contra las empresas, aumentos salariales decretados por entusiasmo ideológico, expropiación de la propiedad privada, castigo tributario al que produce, control de precios y una fe casi religiosa en que la escasez se resuelve con discursos. Lo extraordinario no es que estas ideas sigan circulando, sino que todavía se presenten como si fueran descubrimientos revolucionarios y no piezas recicladas de un fracaso histórico largamente documentado.
La primera joya del repertorio es la guerra permanente contra la empresa. Para cierta retórica de izquierda, el empresario no es quien arriesga capital, organiza producción y genera empleo, sino una especie de villano estructural al que hay que “disciplinar” mediante paros, bloqueos, más regulación y sospecha moral (son malos los empresarios). El problema es que ninguna economía crece hostigando de forma sistemática a quien invierte. El Banco Mundial ha insistido durante años en que un mejor clima de inversión reduce incertidumbre, facilita la competencia y mejora la productividad; sin reglas previsibles y sin respeto al productor, no hay inversión suficiente ni empleo de calidad. Pero la épica del paro siempre vende más que la tediosa tarea de crear condiciones para producir, en Argentina hace poco años, paralizar la empresa hasta quebrarla era una cosa cotidiana.
Luego aparece otra genialidad: subir salarios por decreto como si la productividad fuera un detalle burgués. Un salario digno es deseable; nadie discute eso, aunque es difícil definir la palabra digno. Lo absurdo es creer que puede imponerse indefinidamente por voluntad política sin relación con productividad, estructura empresarial, informalidad y capacidad real de pago. La evidencia de la OCDE y de la OIT muestra algo mucho más matizado: los salarios mínimos pueden ayudar en ciertos contextos, pero si los pisos salariales se fijan demasiado alto respecto a la productividad, pueden reducir empleo, empujar sustitución de trabajo por capital o aumentar la informalidad, especialmente en economías frágiles. En otras palabras, la consigna “subamos salarios y luego vemos” puede terminar dejando a más gente sin empleo formal. Pero claro, eso no cabe bien en una pancarta. Y los hechos demuestran que los peores salarios están justo en los países comunistas o socialistas como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
La tercera luminaria del pensamiento confiscatorio es la expropiación, siempre adornada con palabras nobles: justicia social, recuperación popular, soberanía económica. Sin embargo, detrás del envoltorio retórico hay una señal devastadora: si la propiedad puede ser arrebatada cuando cambia el humor político, entonces invertir deja de ser una apuesta productiva y pasa a ser un acto de ingenuidad. La OCDE subraya que la protección de los derechos de propiedad y la seguridad frente a expropiaciones son elementos centrales para incentivar inversión, innovación y crecimiento. No es una casualidad histórica que los países que protegen mejor la propiedad atraigan más capital y los que la relativizan espanten a sus propios productores. Expropiar puede dar un aplauso inmediato al estilo del extinto Hugo Chávez en Venezuela; reconstruir la confianza destruida puede tomar décadas.
Después llega el clásico castigo fiscal al “rico”, como si gravar cada vez más al capital, al ahorro y a la inversión no tuviera efectos reales sobre el comportamiento económico. Aquí también conviene evitar caricaturas fáciles: cobrar impuestos no es malo en sí mismo; un Estado funcional necesita recaudar. El problema aparece cuando la política tributaria deja de buscar eficiencia y equidad y se convierte en revancha ideológica. La OCDE y el FMI recuerdan que los impuestos sobre rentas corporativas y del capital afectan incentivos para ahorrar, invertir, innovar y emprender. Traducido al lenguaje común: cuando el éxito económico se penaliza en exceso, parte de la inversión se congela, migra o se esconde. Y luego los mismos que destruyeron incentivos preguntan por qué no despega la productividad.
Pero quizá ninguna “idea brillante” resume mejor el delirio planificador que el control de precios. Según esta lógica, si algo sube de precio, basta con prohibir que suba. Problema resuelto. La realidad, por desgracia para los comisarios de la economía, funciona de otro modo: cuando se fija artificialmente un precio por debajo del equilibrio, aparecen escasez, menor oferta, deterioro de calidad y mercados paralelos. El Banco Mundial lo dice con claridad: los controles de precios suelen tener buenas intenciones, pero malos resultados. No eliminan el problema de fondo; apenas lo trasladan al anaquel vacío, a la cola, al racionamiento o al mercado negro. Es el truco favorito del populismo económico: celebrar un precio “justo” aunque ya no haya producto.
Si alguien pide un caso extremo de este festival de ocurrencias, Venezuela sigue siendo referencia obligatoria. El Banco Mundial la describe como una de las peores crisis económicas recientes de la región y documenta un éxodo masivo asociado a ese colapso. Sería intelectualmente deshonesto atribuir todo a una sola medida, pero también sería ciego negar que la combinación de controles, arbitrariedad institucional, debilitamiento de la propiedad, distorsiones fiscales y persecución al sector privado destruyó la capacidad productiva del país. La tragedia venezolana no prueba que todo Estado sea malo; prueba, más bien, que el estatismo sin límites termina siendo letal.
Estas supuestas ideas brillantes no fracasan por mala suerte ni por sabotaje cósmico de la ultra derecha como saben decir medios de comunicación aliados a estas ideas, sino porque parten de errores conceptuales elementales. Confunden riqueza con reparto, salario con decreto, empresa con enemigo, propiedad con privilegio y precio con capricho político. Y cuando la realidad desmiente el guion, la respuesta nunca es corregir el modelo, sino culpar al mercado, a los ricos, al imperio o a la falta de “profundización” revolucionaria. La parodia, en el fondo, ya está escrita por la historia: cada vez que ese libreto se aplica con convicción, el resultado se parece menos a la justicia social y más a una fábrica sistemática de pobreza.
Lee, comparte y cuestiona las recetas que prometen justicia, pero una y otra vez terminan fabricando escasez, pobreza y fracaso.
