La izquierda vuelve a descubrir cómo destruir empleos

 

Impuesto global a los ricos

Hay ideas económicas que fracasan tantas veces que uno pensaría que terminarían jubilándose por vergüenza. Pero algunas propuestas de la izquierda poseen una admirable capacidad de supervivencia: cuando la realidad las derrota, simplemente cambian de nombre, organizan una conferencia internacional y vuelven a presentarlas como una innovación.

La última genialidad es un impuesto mínimo global del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios, promovido por economistas como Gabriel Zucman, Thomas Piketty y Emmanuel Saez y respaldado políticamente desde distintos sectores de la izquierda internacional. La propuesta pretende que quienes poseen más de 1.000 millones de dólares paguen anualmente, como mínimo, el equivalente al 2 % de su patrimonio.

Suena fantástico si uno supone que las fortunas están guardadas en una gigantesca caja fuerte como la de Rico McPato y que solo es de meter la mano y sacar dinero

El pequeño inconveniente es que buena parte de esa riqueza está invertida en acciones, empresas, maquinaria, tecnología y capital productivo. Es decir: aquello que permite producir, invertir y contratar trabajadores. A pesar de estas explicaciones, ciertos sectores de la prensa insisten en incautar la fortuna a Elon Musk por ser muy trillonario. Claro, ninguno de los que pide este delito quiere poner de su dinero.

Un estudio elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform estimó qué ocurriría con semejante experimento fiscal. En su escenario de menor elusión, calcula que el PIB mundial podría reducirse aproximadamente en 80.000 millones de dólares anuales durante la primera década, mientras se perderían alrededor de dos millones de empleos. A largo plazo, la pérdida anual de producción alcanzaría unos 120.000 millones. 

Conviene aclararlo: se trata de una simulación económica, no de una profecía divina tallada en piedra. Pero el mecanismo que describe es perfectamente conocido y casi siempre sobrepasa las predicciones, sino revisen Venezuela.

Gravar el capital reduce su rentabilidad esperada. Menor rentabilidad puede significar menor inversión. Menor inversión implica menos capital por trabajador, menor productividad y, finalmente, menos crecimiento de salarios y empleo. Aunque ya hemos leído en Argentina que periodistas sueltos de lengua dicen que imprimir no produce inflación si los billetes se fabrican fuera de Argentina.

La izquierda suele responder que solamente pagarán “los ricos”.

Naturalmente. Porque aparentemente las empresas pueden pagar impuestos sin modificar inversiones, precios, salarios, dividendos o decisiones de localización. Una especie de árbol fiscal mágico donde el Estado recoge dinero y nadie cambia su comportamiento.

Europa ya probó el experimento

Lo divertido es que Europa no necesita imaginar qué puede ocurrir.

Durante décadas numerosos países europeos tuvieron impuestos recurrentes sobre el patrimonio. Austria lo eliminó en 1994; Dinamarca en 1997; Alemania en 1997; Finlandia, Islandia y Luxemburgo en 2006; Suecia en 2007. Francia sustituyó en 2018 su impuesto general sobre el patrimonio por otro concentrado fundamentalmente en activos inmobiliarios.

Y esto no lo afirma precisamente una asociación clandestina de empresarios enfadados.

La OCDE ha identificado entre las razones de esas reformas los riesgos de fuga de capitales, la evasión y elusión, los elevados costes administrativos y una recaudación relativamente reducida. La propia organización concluyó que existen argumentos limitados para mantener un impuesto sobre el patrimonio neto cuando ya funcionan adecuadamente los impuestos sobre las rentas del capital y las herencias. 

En otras palabras: varios países probaron el medicamento, descubrieron sus efectos secundarios y lo retiraron. Ahora algunos políticos proponen administrarlo simultáneamente a todo el planeta.

Eso sí que es aprender de la historia.

América Latina tampoco está vacunada contra la imaginación tributaria

En América Latina la tentación es especialmente peligrosa. Países con baja inversión, elevada informalidad, escasa productividad y mercados laborales frágiles actúan algunas veces como si su principal problema económico fuese precisamente que todavía queda demasiado capital privado disponible.

Colombia constituye un ejemplo reciente. Durante 2026 se aprobaron disposiciones extraordinarias que ampliaron la aplicación del impuesto al patrimonio incluso a determinadas personas jurídicas. 

El problema es conceptual: una empresa no es una bolsa inmóvil de dinero esperando ser confiscada. Compite por capital con empresas de otros países. Si un gobierno incrementa persistentemente el coste de invertir, el capital tiene alternativas: no invertir, reducir proyectos, trasladarse o exigir una rentabilidad mayor.

Y quienes no pueden mudarse a Miami, Madrid o Panamá son precisamente muchos trabajadores.

¿Y electoralmente funciona?

Tampoco necesariamente.

España ofrece un ejemplo interesante. Podemos apareció en las elecciones generales de 2015 convertido en fenómeno político y las candidaturas vinculadas al partido alcanzaron 69 diputados y más del 20 % de los votos. En abril de 2019 el espacio de Unidas Podemos descendió a 35 escaños y en noviembre de ese mismo año obtuvo nuevamente 35 en el conjunto de la coalición, mientras el peso parlamentario específicamente atribuible a Podemos siguió deteriorándose posteriormente. Para 2026 terminó siendo un recuerdo perdiendo todas las elecciones autónomicas en España.

Naturalmente, sería absurdo afirmar que ese descenso ocurrió exclusivamente por sus propuestas tributarias. Los partidos pierden votos por múltiples razones. Pero sí demuestra algo menos ambicioso y bastante incómodo: presentarse como representante exclusivo del pueblo mientras se ofrece cada vez más intervención estatal no garantiza que el pueblo continúe comprando el producto.

El capital no es el enemigo del trabajador

Aquí está el error fundamental.

La izquierda radical imagina una economía dividida entre empresarios que ganan y trabajadores que pierden. Pero sin acumulación de capital difícilmente existen nuevas fábricas, tecnología, maquinaria, emprendimientos o incrementos sostenidos de productividad.

Y sin productividad tampoco existen salarios elevados.

Por eso perseguir fiscalmente al capital hasta hacerlo emigrar puede producir una extraordinaria victoria ideológica: quizá finalmente haya menos millonarios dentro del país.

El pequeño problema será descubrir que también habrá menos inversión, menos empresas y menos empleos.

Pero siempre quedará algún político dispuesto a explicar que el fracaso ocurrió porque todavía no cobramos suficientes impuestos.

¿De verdad se combate la pobreza castigando a quienes invierten, crean empresas y generan empleo? Comparte esta entrada y súmate al debate sobre impuestos, inversión y libertad económica.

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Las ideas más “brillantes” de la izquierda: manual rápido para arruinar un país

Si uno quisiera escribir una parodia sobre cómo destruir lentamente una economía sin admitir nunca la responsabilidad, probablemente terminaría redactando un programa bastante parecido al viejo recetario de cierta izquierda latinoamericana: paros contra las empresas, aumentos salariales decretados por entusiasmo ideológico, expropiación de la propiedad privada, castigo tributario al que produce, control de precios y una fe casi religiosa en que la escasez se resuelve con discursos. Lo extraordinario no es que estas ideas sigan circulando, sino que todavía se presenten como si fueran descubrimientos revolucionarios y no piezas recicladas de un fracaso histórico largamente documentado.

La primera joya del repertorio es la guerra permanente contra la empresa. Para cierta retórica de izquierda, el empresario no es quien arriesga capital, organiza producción y genera empleo, sino una especie de villano estructural al que hay que “disciplinar” mediante paros, bloqueos, más regulación y sospecha moral (son malos los empresarios). El problema es que ninguna economía crece hostigando de forma sistemática a quien invierte. El Banco Mundial ha insistido durante años en que un mejor clima de inversión reduce incertidumbre, facilita la competencia y mejora la productividad; sin reglas previsibles y sin respeto al productor, no hay inversión suficiente ni empleo de calidad. Pero la épica del paro siempre vende más que la tediosa tarea de crear condiciones para producir, en Argentina hace poco años, paralizar la empresa hasta quebrarla era una cosa cotidiana.

Luego aparece otra genialidad: subir salarios por decreto como si la productividad fuera un detalle burgués. Un salario digno es deseable; nadie discute eso, aunque es difícil definir la palabra digno. Lo absurdo es creer que puede imponerse indefinidamente por voluntad política sin relación con productividad, estructura empresarial, informalidad y capacidad real de pago. La evidencia de la OCDE y de la OIT muestra algo mucho más matizado: los salarios mínimos pueden ayudar en ciertos contextos, pero si los pisos salariales se fijan demasiado alto respecto a la productividad, pueden reducir empleo, empujar sustitución de trabajo por capital o aumentar la informalidad, especialmente en economías frágiles. En otras palabras, la consigna “subamos salarios y luego vemos” puede terminar dejando a más gente sin empleo formal. Pero claro, eso no cabe bien en una pancarta. Y los hechos demuestran que los peores salarios están justo en los países comunistas o socialistas como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

La tercera luminaria del pensamiento confiscatorio es la expropiación, siempre adornada con palabras nobles: justicia social, recuperación popular, soberanía económica. Sin embargo, detrás del envoltorio retórico hay una señal devastadora: si la propiedad puede ser arrebatada cuando cambia el humor político, entonces invertir deja de ser una apuesta productiva y pasa a ser un acto de ingenuidad. La OCDE subraya que la protección de los derechos de propiedad y la seguridad frente a expropiaciones son elementos centrales para incentivar inversión, innovación y crecimiento. No es una casualidad histórica que los países que protegen mejor la propiedad atraigan más capital y los que la relativizan espanten a sus propios productores. Expropiar puede dar un aplauso inmediato al estilo del extinto Hugo Chávez en Venezuela; reconstruir la confianza destruida puede tomar décadas. 

Después llega el clásico castigo fiscal al “rico”, como si gravar cada vez más al capital, al ahorro y a la inversión no tuviera efectos reales sobre el comportamiento económico. Aquí también conviene evitar caricaturas fáciles: cobrar impuestos no es malo en sí mismo; un Estado funcional necesita recaudar. El problema aparece cuando la política tributaria deja de buscar eficiencia y equidad y se convierte en revancha ideológica. La OCDE y el FMI recuerdan que los impuestos sobre rentas corporativas y del capital afectan incentivos para ahorrar, invertir, innovar y emprender. Traducido al lenguaje común: cuando el éxito económico se penaliza en exceso, parte de la inversión se congela, migra o se esconde. Y luego los mismos que destruyeron incentivos preguntan por qué no despega la productividad. 

Pero quizá ninguna “idea brillante” resume mejor el delirio planificador que el control de precios. Según esta lógica, si algo sube de precio, basta con prohibir que suba. Problema resuelto. La realidad, por desgracia para los comisarios de la economía, funciona de otro modo: cuando se fija artificialmente un precio por debajo del equilibrio, aparecen escasez, menor oferta, deterioro de calidad y mercados paralelos. El Banco Mundial lo dice con claridad: los controles de precios suelen tener buenas intenciones, pero malos resultados. No eliminan el problema de fondo; apenas lo trasladan al anaquel vacío, a la cola, al racionamiento o al mercado negro. Es el truco favorito del populismo económico: celebrar un precio “justo” aunque ya no haya producto.

Si alguien pide un caso extremo de este festival de ocurrencias, Venezuela sigue siendo referencia obligatoria. El Banco Mundial la describe como una de las peores crisis económicas recientes de la región y documenta un éxodo masivo asociado a ese colapso. Sería intelectualmente deshonesto atribuir todo a una sola medida, pero también sería ciego negar que la combinación de controles, arbitrariedad institucional, debilitamiento de la propiedad, distorsiones fiscales y persecución al sector privado destruyó la capacidad productiva del país. La tragedia venezolana no prueba que todo Estado sea malo; prueba, más bien, que el estatismo sin límites termina siendo letal.

Estas supuestas ideas brillantes no fracasan por mala suerte ni por sabotaje cósmico de la ultra derecha como saben decir medios de comunicación aliados a estas ideas, sino porque parten de errores conceptuales elementales. Confunden riqueza con reparto, salario con decreto, empresa con enemigo, propiedad con privilegio y precio con capricho político. Y cuando la realidad desmiente el guion, la respuesta nunca es corregir el modelo, sino culpar al mercado, a los ricos, al imperio o a la falta de “profundización” revolucionaria. La parodia, en el fondo, ya está escrita por la historia: cada vez que ese libreto se aplica con convicción, el resultado se parece menos a la justicia social y más a una fábrica sistemática de pobreza.

Lee, comparte y cuestiona las recetas que prometen justicia, pero una y otra vez terminan fabricando escasez, pobreza y fracaso.

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