Ideas anti zurdos, un espacio para defender la libertad.

miércoles, 14 de octubre de 2026

¿Por qué la gente sigue a los caudillos? Psicología del populismo y fanatismo político

 


Dr. John Canmpuzano Vásquez

América Latina posee una curiosa tradición: algunos políticos sobreviven electoralmente a crisis económicas, denuncias de corrupción, restricciones institucionales y resultados gubernamentales cuestionados. Cuanto más controvertido resulta el personaje, más apasionadamente puede defenderlo una parte de sus seguidores.

¿Cómo explicar que Perón siga inspirando movimientos políticos décadas después de su muerte, que Cristina Fernández conserve militantes incondicionales o que Fidel Castro y Hugo Chávez continúen siendo venerados por determinados sectores?

La respuesta no está solamente en la ideología. Está también en la psicología humana.

1. La identidad política sustituye al pensamiento crítico

La teoría de la identidad social explica que las personas construyen parte de su autoestima mediante su pertenencia a grupos. Cuando alguien se define como peronista, chavista, correista o castrista, cuestionar al líder puede sentirse como cuestionar su propia identidad.

La psicología denomina razonamiento motivado al proceso mediante el cual interpretamos selectivamente la información para proteger nuestras creencias. Nadie quiere encontrar la verdad.

Así, una denuncia contra el adversario confirma su culpabilidad; una denuncia contra nuestro líder demuestra, supuestamente, una conspiración o una persecución política. ¡Extraordinario sistema de justicia emocional: el culpable siempre pertenece al partido contrario!

2. La disonancia cognitiva: justificar lo injustificable

Leon Festinger explicó que las contradicciones entre nuestras creencias y la realidad producen malestar psicológico. Quien dedicó veinte años a defender un proyecto político enfrenta un problema cuando aparecen evidencias desfavorables.

Reconocer el error significa aceptar que pudo haberse equivocado durante décadas. Resulta psicológicamente más cómodo responsabilizar al imperialismo, los empresarios, los medios de comunicación o los enemigos internos.

La realidad puede cambiar; la excusa permanece disponible.

3. El caudillo como figura protectora

Max Weber describió la autoridad carismática: aquella que descansa en las cualidades extraordinarias atribuidas a una persona. Perón construyó una identificación duradera con sectores trabajadores argentinos. Chávez cultivó una relación emocional directa con sus seguidores. Fidel Castro vinculó su liderazgo con la identidad revolucionaria cubana.

Sus partidarios no necesariamente evalúan cada política pública mediante indicadores económicos. También recuerdan reconocimiento social, beneficios materiales, pertenencia colectiva o experiencias históricas que consideran valiosas.

La lealtad puede sobrevivir incluso cuando los resultados posteriores deterioran aquella percepción inicial.

4. Cristina Fernández y Evo Morales

Cristina Fernández de Kirchner recibió una condena por corrupción en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema argentina en junio de 2025. Sin embargo, mantiene seguidores que consideran que su trayectoria política y los beneficios atribuidos a sus gobiernos justifican su apoyo, mientras otros interpretan el proceso judicial como persecución política que le impide ser votada en elecciones.

Evo Morales enfrenta procesos penales y órdenes de captura en Bolivia, pero sus acusaciones no lo han llevado a condenas firmes. Su arraigo entre determinados sectores sociales y organizaciones cocaleras ayuda a explicar la persistencia de su respaldo.

En ambos casos aparece una tensión fundamental: ¿debe la identidad política modificar los criterios utilizados para juzgar la conducta de un dirigente?

5. Clientelismo: cuando la lealtad también tiene incentivos económicos

No toda fidelidad política es emocional. El clientelismo aparece cuando recursos, empleos, contratos o beneficios públicos se vinculan con relaciones de apoyo político. Quien depende de una estructura partidista para conservar oportunidades puede enfrentar costos reales al abandonarla, y por eso intenta seguir vigente en la retina de su líder histórico.

El problema no es que los ciudadanos pobres sean incapaces de razonar. Es que determinadas instituciones pueden convertir la dependencia política en una estrategia de supervivencia. Aquí la economía institucional resulta indispensable: los incentivos también condicionan las decisiones políticas.

 6. ¿Ideología o psicología?

La ideología proporciona el relato: revolución, justicia social, nación, pueblo o libertad. La psicología proporciona mecanismos de adhesión: identidad, pertenencia, miedo a reconocer errores y necesidad de coherencia. La sociología explica las redes familiares, territoriales y culturales que transmiten esas lealtades. Y la economía política identifica los incentivos materiales que pueden reforzarlas.

Ninguna dimensión explica por sí sola el fenómeno. Desde una perspectiva liberal, la respuesta institucional consiste en impedir que la suerte de una nación dependa de la supuesta virtud de un caudillo.

Separación de poderes, prensa libre, justicia independiente, alternancia y límites constitucionales permiten controlar incluso a gobernantes populares. Porque ningún líder, por carismático que sea, debería convertirse en propietario de la conciencia de sus seguidores.

La democracia necesita ciudadanos capaces de exigir cuentas a sus dirigentes, no creyentes dispuestos a absolverlos anticipadamente. Y una advertencia final: cuando alguien considera que su líder jamás puede equivocarse, probablemente ya no está defendiendo una idea política.

Está defendiendo una fe.

¿Defiendes ideas o defiendes políticos?

El verdadero peligro del populismo comienza cuando dejamos de evaluar los resultados de nuestros gobernantes y empezamos a justificar cualquier conducta por fidelidad a un líder.

Comparte esta reflexión de Ideas Antizurdos y participa en el debate: ¿por qué tantas personas mantienen su apoyo a determinados caudillos incluso frente a evidencias que contradicen sus expectativas?

Una sociedad libre necesita ciudadanos críticos, no seguidores incondicionales.

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domingo, 11 de octubre de 2026

Sectores estratégicos: cuando el monopolio estatal frena la economía

 


Por: John Campuzano Vásquez

América Latina tiene una extraordinaria habilidad para convertir los problemas económicos en declaraciones constitucionales. Cuando un servicio resulta indispensable, algunos gobiernos consideran que la solución consiste en declararlo estratégico, reservar su administración al Estado y prometer que funcionará en beneficio de todos.

La electricidad debe ser estratégica. El agua también. Los puertos, las carreteras, los hidrocarburos y las telecomunicaciones, luego se inflama a los ciudadanos con los discursos nacionalistas y se pide una Constituyente para bendecir la genial idea.

Hasta ahí, el discurso parece impecable.

Pero existe una pregunta bastante menos emocionante que redactar artículos constitucionales: ¿quién invertirá, mantendrá las máquinas, renovará las redes y responderá cuando el servicio deje de funcionar?

Porque una central eléctrica no produce energía gracias a un discurso presidencial de un presidente ultra nacionalista o revolucionario. Necesita turbinas, repuestos, técnicos, combustible, mantenimiento y financiamiento.

Y las constituciones, por muy revolucionarias que sean, todavía no producen megavatios.

Ecuador: cuando lo estratégico se convierte en responsabilidad estatal

La Constitución ecuatoriana de 2008 ofrece un ejemplo especialmente relevante.

Su artículo 313 reserva al Estado la administración, regulación, control y gestión de sectores estratégicos, incluyendo energía, telecomunicaciones, hidrocarburos y agua. El artículo 314 le atribuye responsabilidad sobre servicios como electricidad, agua potable, vialidad e infraestructura portuaria y aeroportuaria.

El artículo 316, en su formulación original, contempló mecanismos de delegación, pero dentro de un esquema que otorgaba prioridad a la gestión estatal. El problema económico aparece cuando esa preferencia institucional restringe innecesariamente la entrada de operadores, inversionistas y tecnologías con el argumento que se llevan el dinero a cambio de tarifas elevadas que castigan a los que menos tienen.

La infraestructura necesita recursos durante décadas. Si el presupuesto público resulta insuficiente, si las tarifas no cubren los costos o si las decisiones de inversión dependen de prioridades electorales, el sistema comienza a acumular deterioro.

Primero se posterga una reparación.

Después se retrasa la compra de equipos.

Finalmente, cuando llega una emergencia, descubrimos que el verdadero sector estratégico era el mantenimiento que nadie financió.

Venezuela: la factura de la desinversión

Venezuela proporciona una advertencia particularmente seria.

Después de la nacionalización y centralización del sistema eléctrico en 2007, la gestión quedó progresivamente concentrada en estructuras estatales.

Durante años se acumularon dificultades operativas, problemas de mantenimiento, pérdida de capacidades técnicas e insuficiencia de inversiones.

En agosto de 2024, un apagón masivo afectó gran parte del país. Mientras el Gobierno venezolano atribuyó la interrupción a un supuesto ataque, la realidad es que el mantenimiento deficiente y la falta de inversión son los factores fundamentales de la fragilidad del sistema, que a la fecha sigue manteniendo esa falta de energía temporalmente.

Las consecuencias de un apagón exceden ampliamente la incomodidad doméstica.

Una fábrica pierde producción. Un comercio pierde inventarios refrigerados. Un hospital necesita generación de emergencia. El transporte se interrumpe y las telecomunicaciones sufren.

Cuando falla la electricidad, no se paraliza solamente una empresa pública: se compromete la productividad de toda la economía.

La nacionalización, por sí sola, no explica cada falla venezolana. También importan las decisiones presupuestarias, la gestión técnica, los controles, las condiciones macroeconómicas y la crisis institucional. Pero precisamente esa complejidad demuestra que concentrar la propiedad no garantiza capacidad para administrar.

Bolivia: nacionalizar no significa multiplicar la inversión

Bolivia incorporó en su Constitución de 2009 un modelo de economía plural, con fuerte presencia estatal en recursos naturales y sectores considerados estratégicos.

Los artículos 309, 349 y 351 establecen funciones de administración pública y control estratégico, aunque también permiten cooperativas, empresas mixtas y determinadas formas de participación privada.

La nacionalización de empresas eléctricas y de hidrocarburos fortaleció el control estatal sobre actividades fundamentales.

Sin embargo, apropiarse de activos productivos no equivale a generar automáticamente nuevas inversiones.

Una empresa puede cambiar de propietario mediante decreto. Pero para ampliar su capacidad necesita tecnología, técnicos especializados, mantenimiento y capital.

El desafío boliviano demuestra por qué debe distinguirse entre capturar rentas de recursos existentes y desarrollar capacidad productiva futura.

Nacionalizar una instalación es una decisión política. Mantenerla funcionando eficientemente es una tarea económica y técnica permanente.

Argentina: el costo de las empresas públicas y el retorno del capital privado

Argentina ofrece un caso diferente: su Constitución no establece una reserva estatal general comparable a la ecuatoriana. Las nacionalizaciones y privatizaciones han respondido principalmente a leyes y decisiones de política económica.

Durante el kirchnerismo se reestatizaron empresas como Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El debate sobre AySA volvió a cobrar fuerza en octubre de 2026. El Gobierno de Javier Milei impulsó la venta del 90 % de las acciones estatales, con una oferta económica de 340,2 millones de dólares y compromisos de inversión superiores a 2.000 millones de dólares anunciados por las autoridades.

Los defensores de la privatización argumentan que el capital privado puede reducir la dependencia de subsidios y mejorar la eficiencia. Sus críticos advierten sobre posibles aumentos tarifarios y dificultades de acceso para hogares vulnerables.

El resultado dependerá del cumplimiento de las inversiones, de la regulación y de la calidad del servicio.

La cuestión económica fundamental no es quién pronuncia el discurso más emotivo sobre el agua, sino quién garantiza que llegue permanentemente al grifo del consumidor, a un costo sostenible.

El monopolio estatal también tiene costos

La teoría económica distingue los monopolios naturales, frecuentes en redes de agua y distribución eléctrica, de actividades donde pueden operar múltiples empresas competitivas.

No tiene sentido construir cinco redes de tuberías paralelas en una misma calle. Pero eso tampoco obliga a que una sola empresa estatal realice todas las actividades relacionadas con el servicio.

Pueden existir operadores privados regulados, concesiones competitivas, generación eléctrica abierta a distintos inversionistas y mecanismos de evaluación del desempeño.

El problema de un monopolio mal regulado es que puede debilitar los incentivos para reducir costos, innovar y mejorar la calidad.

Y cuando una empresa estatal enfrenta restricciones presupuestarias blandas, puede continuar operando con pérdidas financiadas mediante transferencias públicas.

El ciudadano termina pagando dos veces: como contribuyente y como usuario.

El verdadero sector estratégico es la productividad

Hay una lección común en estos cuatro países.

Declarar estratégico un servicio no lo vuelve eficiente. Nacionalizar una empresa no garantiza inversión. Y privatizarla tampoco asegura buenos resultados sin competencia, regulación y contratos exigibles.

Lo decisivo es construir instituciones capaces de garantizar continuidad, inversiones oportunas, mantenimiento, transparencia y responsabilidad empresarial.

Desde una perspectiva liberal, el Estado debería concentrarse en establecer reglas claras, proteger la propiedad, garantizar contratos, vigilar monopolios y facilitar inversiones.

No necesita ser propietario de cada máquina para proteger el interés público.

Porque el ciudadano no necesita que el transformador eléctrico, el puerto, la carretera o la planta de tratamiento pertenezcan simbólicamente al pueblo.

Necesita que funcionen.

Y cuando una economía paraliza fábricas, comercios y hospitales por servicios deficientes, el verdadero fracaso no se mide por el número de empresas públicas o privadas.

Se mide en productividad perdida, inversión que no llega y oportunidades de desarrollo desperdiciadas.

¿De qué sirve declarar estratégicos los servicios públicos si después faltan electricidad, agua, mantenimiento e inversiones?

La infraestructura no funciona con discursos políticos, sino con capital, tecnología, gestión eficiente y reglas claras.

Comparte este análisis de Ideas Antizurdos y participa en el debate: ¿debe el Estado concentrar la propiedad de los sectores estratégicos o garantizar que empres



as públicas y privadas compitan por ofrecer mejores resultados?

La verdadera soberanía económica no consiste en controlar más empresas, sino en disponer de servicios que permitan producir, invertir y prosperar.




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jueves, 8 de octubre de 2026

Desnutrición infantil: la factura que Venezuela hereda del Socialismo del Siglo XXI

 


Dr. Armando José Urdaneta Montiel

La desnutrición infantil suele abordarse como un problema sanitario y humanitario asociado con las dificultades de los hogares para acceder a una alimentación suficiente y de calidad. Sin embargo, desde una perspectiva económica, esta interpretación resulta incompleta. Un niño afectado por desnutrición puede experimentar deterioros en su desarrollo físico y cognitivo que posteriormente se reflejen en su desempeño educativo, acumulación de capital humano y productividad durante la vida adulta. En consecuencia, la desnutrición infantil no solo representa una privación presente, sino también un potencial condicionante del crecimiento económico futuro.

Esta cuestión adquiere especial relevancia en Venezuela. Nieto-Martínez et al. (2025), utilizando información de seguimiento de 1.257 participantes del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica (EVESCAM), identificaron importantes manifestaciones de vulnerabilidad relacionadas con inseguridad alimentaria, interrupción de servicios públicos, dificultades de acceso a medicamentos, transporte y perturbaciones de la educación infantil. Los autores encontraron, además, que los grupos de menor nivel socioeconómico estaban particularmente expuestos a varias de estas dimensiones de vulnerabilidad. 

La persistencia del problema nutricional también ha llevado a estudiar directamente la atención de la desnutrición aguda en el país. UNICEF (2025) desarrolló una investigación de cohorte, multicéntrica y prospectiva para evaluar el tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa sin complicaciones en Venezuela. El estudio comprendió 15 centros ambulatorios de atención nutricional localizados en Distrito Capital y los estados Miranda, La Guaira y Bolívar. Esta investigación confirma la necesidad de generar evidencia específicamente venezolana para diseñar intervenciones adaptadas a las características del país. 

El problema adquiere una dimensión económica todavía mayor cuando se considera su mecanismo de transmisión intertemporal. La hipótesis puede expresarse mediante la siguiente secuencia: desnutrición infantil → menor rendimiento académico → mayor riesgo de deserción escolar → menos años de escolaridad → menor capital humano → menor productividad laboral → menor crecimiento económico de largo plazo. A este mecanismo puede agregarse un canal social asociado con los efectos de la exclusión educativa y laboral.

El primer eslabón comienza durante la infancia. Una nutrición inadecuada en etapas críticas puede comprometer capacidades físicas y cognitivas que posteriormente son necesarias para el aprendizaje. En este sentido, la evidencia internacional longitudinal muestra que mejorar la nutrición durante los primeros años puede producir efectos educativos persistentes. Maluccio et al. (2009), utilizando información longitudinal de Guatemala, encontraron que una intervención nutricional temprana produjo efectos observables aproximadamente un cuarto de siglo después: entre las mujeres, la exposición a una mejor suplementación nutricional estuvo asociada con 1,2 grados adicionales de escolaridad, además de mejoras en comprensión lectora y capacidad cognitiva tanto en hombres como en mujeres. 

Estos resultados permiten comprender por qué la desnutrición puede convertirse en una restricción para la acumulación de capital humano. Si las deficiencias nutricionales deterioran las capacidades de aprendizaje y estas, a su vez, dificultan la trayectoria educativa, el problema inicial puede transmitirse hacia menores niveles de escolaridad. No se trata de afirmar que todo niño desnutrido tendrá bajo rendimiento o abandonará la escuela. La pobreza, la calidad educativa, las características familiares y las condiciones institucionales también intervienen. El argumento consiste en reconocer que la nutrición constituye uno de los factores capaces de modificar las oportunidades posteriores de acumulación de capacidades.

La conexión entre nutrición y economía se vuelve aún más evidente cuando se examinan los resultados laborales en la adultez. Hoddinott et al. (2008) estudiaron 1.424 adultos que habían participado durante su infancia en una intervención nutricional desarrollada en Guatemala. Entre los hombres expuestos a una suplementación nutricional de mayor calidad entre los cero y dos años, los salarios por hora fueron aproximadamente 46 % superiores. Los autores interpretaron estos resultados como evidencia de que las inversiones nutricionales durante la primera infancia pueden producir importantes beneficios económicos de largo plazo. 

Por tanto, el mecanismo no necesariamente opera únicamente a través de la educación. La desnutrición infantil también podría afectar directamente la productividad futura mediante sus consecuencias sobre el desarrollo físico, cognitivo y las capacidades laborales. Esto permite plantear dos canales simultáneos: uno educativo, mediante rendimiento, escolaridad y capital humano, y otro productivo, mediante los efectos de las condiciones nutricionales tempranas sobre las capacidades del trabajador adulto.

Existe además un posible canal social. Una mayor deserción escolar y una menor acumulación educativa pueden restringir las oportunidades laborales y reducir el costo de oportunidad de determinadas conductas de riesgo. Sin embargo, sería incorrecto establecer una relación determinista entre abandono escolar y delincuencia. Esta última responde a múltiples factores económicos, familiares, sociales e institucionales. En consecuencia, dentro del mecanismo propuesto resulta más apropiado hablar de una probabilidad de involucramiento delictivo condicionada por factores socioeconómicos, y no de delincuencia como consecuencia inevitable de la deserción.

Desde esta perspectiva, Venezuela enfrenta una potencial acumulación de costos intertemporales. El costo económico de la desnutrición infantil no debería calcularse exclusivamente mediante los recursos necesarios para atender al niño actualmente afectado. También deberían considerarse los aprendizajes potencialmente perdidos, la menor escolaridad, las capacidades laborales que podrían dejar de desarrollarse, los ingresos futuros no generados y las pérdidas de productividad agregada.

Esta interpretación modifica también el significado de la política nutricional. Los recursos destinados a prevenir la desnutrición durante los primeros años no deberían concebirse exclusivamente como gasto social, sino también como inversión en capital humano. La evidencia longitudinal disponible demuestra que los beneficios de una intervención nutricional pueden continuar manifestándose décadas después mediante mejores resultados educativos y laborales (Hoddinott et al., 2008; Maluccio et al., 2009). 

Venezuela dispone de importantes recursos naturales, pero la capacidad de una economía para crecer sostenidamente depende también de la calidad del capital humano que logra acumular. La inseguridad alimentaria, las dificultades educativas y las restricciones de acceso a servicios esenciales documentadas en el país constituyen, por tanto, un problema que trasciende la coyuntura (Nieto-Martínez et al., 2025). Prevenir la desnutrición infantil significa proteger simultáneamente salud, educación y capacidad productiva. Por ello, la pregunta económica fundamental no es solamente ¿cuánto cuesta combatir hoy la desnutrición infantil en Venezuela?, sino ¿cuánto capital humano, productividad y crecimiento económico podría perder el país mañana si no lo hace oportunamente?.

¿Cuánto futuro económico está perdiendo Venezuela por la desnutrición infantil?

Un niño que hoy no recibe una alimentación adecuada puede convertirse mañana en un adulto con menores oportunidades educativas, laborales y económicas. La desnutrición no es solamente una tragedia social: es una amenaza para el capital humano, la productividad y el crecimiento de toda una nación.

Comparte este análisis de Ideas Antizurdos y participa en el debate. Venezuela no podrá construir una economía próspera si descuida la nutrición, la educación y el desarrollo de sus futuras generaciones.


Referencias

Hoddinott, J., Maluccio, J. A., Behrman, J. R., Flores, R., & Martorell, R. (2008). Effect of a nutrition intervention during early childhood on economic productivity in Guatemalan adults. The Lancet, 371(9610), 411–416. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60205-6 ScienceDirect

Maluccio, J. A., Hoddinott, J., Behrman, J. R., Martorell, R., Quisumbing, A. R., & Stein, A. D. (2009). The impact of improving nutrition during early childhood on education among Guatemalan adults. The Economic Journal, 119(537), 734–763. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2009.02220.x Wiley Online Library

Nieto-Martínez, R., Babagoli, M. A., Gonzalez-Rivas, J. P., Ugel, E., Duran, M., Marulanda, M. I., Mechanick, J. I., & Danaei, G. (2025). Characterizing the Venezuelan situation between 2014–2020 in a population-based study using seven key indicators. BMC Public Health, 25, Article 2133. https://doi.org/10.1186/s12889-025-23125-0 Springer Nature Link

UNICEF. (2025). Evaluación del tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa, sin complicaciones: Informe final del proyecto de investigación. UNICEF Venezuela. Informe oficial de UNICEF Venezuela UNICEF

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lunes, 5 de octubre de 2026

América Latina gira a la derecha

 


Cuando el elector se cansa de que le prometan igualdad y comienza a exigir resultados

Durante buena parte de los primeros años de esta década parecía que América Latina había regresado definitivamente a la izquierda. Lula da Silva recuperó Brasil, Gabriel Boric llegó al poder en Chile, Gustavo Petro conquistó Colombia y Andrés Manuel López Obrador consolidó el dominio de Morena en México.

El mapa de 2026 es muy diferente.

Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia han girado hacia opciones de derecha, centroderecha o liberal-conservadoras. A ellos se suman otros gobiernos alejados de la izquierda regional. Analistas consideran que las recientes victorias conservadoras han consolidado un desplazamiento regional hacia la derecha, cansados de los mismos lemas y canciones que prometen igualdad social y de todo.

Estamos, en buena medida, ante algo sencillo y políticamente demoledor: votantes cansados de gobiernos que prometieron transformaciones sociales y llevan décadas sin cambios profundos, no resolvieron satisfactoriamente problemas cotidianos como inseguridad, bajo crecimiento, informalidad y deterioro institucional. Pero insisten en que les falta más tiempo y que hay que evitar perder lo ganado

Milei rompió el tablero

Javier Milei representa probablemente la ruptura más radical.

No llegó prometiendo administrar mejor el Estado benefactor. Llegó cuestionando sus fundamentos: déficit fiscal, intervencionismo, regulaciones, inflación, empresas públicas y una estructura política que denominó “la casta”.

Su importancia regional excede los resultados concretos de Argentina. Milei consiguió algo que durante décadas parecía electoralmente imposible: hacer políticamente atractivas palabras como ajuste, equilibrio fiscal, propiedad privada y reducción del Estado.

El elector argentino castigó una situación económica extrema de Peronismo y conductas K, pero abrió además un espacio intelectual que otras derechas latinoamericanas observan cuidadosamente.

Chile, Bolivia, Perú y Colombia: el péndulo cambió

El fenómeno continuó.

José Antonio Kast ganó en Chile; Rodrigo Paz lo hizo en Bolivia; Keiko Fujimori se impuso en Perú y Abelardo de la Espriella ganó en Colombia. Como se interpreta esto en la victoria colombiana,  seguro el  impulso dado por Petro a la inacción frente al crimen, elevó las preocupaciones económicas y sociales, el famoso pacto histórico terminó cansando a los colombianos.

El patrón importa.

Colombia eligió en 2022 por primera vez un presidente claramente de izquierda. Cuatro años después eligió a un candidato de derecha.

Chile pasó de Boric a Kast.

Bolivia, después de dos décadas marcadas fundamentalmente por el MAS, también cambió de dirección.

¿Descubrieron millones de latinoamericanos repentinamente a Hayek?

Probablemente no.

Descubrieron algo mucho más elemental: las buenas intenciones y las mentiras no constituyen resultados de gobierno.

Brasil acaba de enviar la señal más poderosa

El acontecimiento más reciente proviene de Brasil.

Este 4 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva sufrió una importante derrota en la primera vuelta presidencial. Flávio Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47%, frente al 45,16% de Lula. Habrá segunda vuelta el 25 de octubre; por tanto, se vienen tiempos de cambio en todo sentido en Brasil, ese poderoso país detenido por las políticas socialistas que no han cambiado nada en el Nordeste del país.

Y existe un dato todavía más revelador: respecto de 2022, Lula redujo su porcentaje de votos en 25 de las 27 unidades federativas brasileñas y perdió aproximadamente 3,4 millones de votos. 

Mientras tanto, el Partido Liberal avanzó espectacularmente en el Congreso y se convirtió en la principal fuerza tanto de la Cámara como del Senado y del Congreso.

Brasil no ha terminado de votar. Pero el mensaje político ya resulta difícil de ignorar.

El problema de la “justicia social” aparece cuando no produce prosperidad

Aquí está el centro del asunto.

Justicia social, igualdad, inclusión y redistribución son conceptos electoralmente poderosos. El problema comienza cuando el ciudadano comprueba que la retórica distributiva no sustituye crecimiento, seguridad, empleo formal ni estabilidad económica.

La igualdad tampoco responde por sí misma a la pregunta fundamental de cualquier economía: ¿qué instituciones permiten producir más?

Para distribuir riqueza primero tiene que existir riqueza.

Para financiar derechos sociales hacen falta contribuyentes.

Para recaudar impuestos sostenidamente hacen falta empresas rentables.

Y para que alguien invierta durante veinte años necesita cierta seguridad de que un gobierno futuro no modificará arbitrariamente impuestos, contratos o derechos de propiedad.

Por eso la propiedad privada importa mucho más que como reivindicación ideológica de “los ricos contra los pobres”. Para millones de ciudadanos significa su casa, sus ahorros, su pequeño negocio, su vehículo de trabajo y aquello que esperan dejar a sus hijos.

El elector quiere orden, propiedad y previsibilidad

La seguridad constituye otra pieza decisiva. Análisis recientes coinciden en que crimen organizado, violencia e incapacidad estatal han contribuido al giro electoral regional, la izquierda con sus políticas woke permisivas ha cansado a una ciudadía que pierde sus propiedades con el visto bueno de la justicia o de los que están en el poder.

Esto produce una paradoja especialmente incómoda para cierta izquierda latinoamericana.

Durante años prometió un Estado más grande para proteger al ciudadano socialmente. Sin embargo, muchos ciudadanos perciben que ese Estado puede cobrar impuestos, regular empresas y repartir subsidios mientras demuestra enormes dificultades para realizar una de sus funciones más elementales: proteger personas y propiedades frente al delincuente.

Cuando eso ocurre, cambia la jerarquía de prioridades.

El elector puede comenzar a preferir seguridad antes que nuevas promesas redistributivas, estabilidad antes que otra “transformación histórica” y crecimiento antes que un nuevo catálogo de derechos financiados con recursos que alguien tendrá que producir.

Pero la derecha puede cometer exactamente el mismo error

Conviene no celebrar prematuramente una supuesta era liberal.

El péndulo latinoamericano puede regresar.

Si la nueva derecha sustituye populismo izquierdista por populismo derechista; si promete beneficios que tampoco puede financiar; si desprecia instituciones; o si confunde autoridad con arbitrariedad, terminará decepcionando exactamente igual.

La oportunidad es otra.

Propiedad privada, disciplina fiscal, seguridad jurídica, competencia, apertura económica, seguridad ciudadana y límites al poder político.

No porque sean consignas “de derecha”, sino porque constituyen condiciones importantes para invertir, emprender y planificar a largo plazo.

América Latina quizá no esté enamorándose de la derecha.

Puede estar simplemente desenamorándose de una izquierda que prometió igualdad cuando sus electores empezaron a exigir prosperidad, seguridad y resultados.

Y esa diferencia explica mucho mejor el nuevo mapa político del continente.

¿América Latina se está volviendo liberal o simplemente se cansó de gobiernos que prometieron igualdad sin conseguir suficiente crecimiento y seguridad? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre el nuevo mapa político latinoamericano.

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jueves, 1 de octubre de 2026

Okupación y derecho a la vivienda: ¿quién protege la propiedad privada?

 


xiste una extraordinaria facilidad política para transformar necesidades en derechos. Necesitamos alimentación, educación, atención médica y vivienda. De esa realidad algunos dan un salto mucho más discutible: si alguien necesita una vivienda y otra persona posee una que no utiliza o alquila, ¿por qué no debería ocuparla?

Respuesta. Porque tiene dueño.

Parece una respuesta demasiado sencilla para nuestros tiempos, pero detrás de ella se encuentra uno de los fundamentos intelectuales del liberalismo: la propiedad privada establece una frontera entre aquello que legítimamente pertenece a una persona y aquello sobre lo cual los demás —incluido el Estado— no pueden disponer arbitrariamente.

La vivienda digna o bien construida, puede constituir un objetivo legítimo de política pública. Otra cuestión completamente diferente es sostener que esa necesidad genera automáticamente un derecho sobre la vivienda concreta de otra persona.

Locke: la sociedad existe también para proteger lo que es nuestro

La discusión tiene varios siglos.

John Locke sostuvo en su Segundo tratado sobre el gobierno civil que los individuos se incorporan a la sociedad política buscando la preservación mutua de sus “vidas, libertades y posesiones”, elementos que agrupaba bajo una concepción amplia de propiedad.

La idea es fundamental.

La propiedad no existe porque el gobierno graciosamente permita que tengamos cosas. Desde la perspectiva lockeana, ocurre aproximadamente al contrario: una de las razones por las cuales necesitamos instituciones, leyes y jueces es precisamente para garantizar derechos frente a la invasión de terceros.

Por eso la okupación plantea un problema mucho más profundo que encontrar una familia viviendo en una casa vacía.

La pregunta relevante es: ¿quién decide legítimamente sobre esa casa?

Si la respuesta deja de ser su propietario y pasa a ser cualquiera que considere necesitarla más, el concepto mismo de propiedad comienza a vaciarse.

La necesidad no transmite títulos de propiedad

Aquí aparece la gran confusión.

Que alguien necesite vivienda no significa que tenga derecho a tu vivienda.

Que alguien necesite comida tampoco significa que pueda entrar en un supermercado y llevarse gratuitamente lo que necesite. Que una persona necesite transporte no le concede la propiedad del automóvil estacionado del vecino.

Las sociedades civilizadas crean mecanismos para atender situaciones de necesidad sin convertir al ciudadano escogido accidentalmente en financiador forzoso de la política social.

El principio fue expresado brillantemente por Frédéric Bastiat en La Ley: “no es porque los hombres hayan promulgado leyes que la personalidad, la libertad y la propiedad existen”; sostenía que precisamente porque esas realidades preexisten, los hombres establecen leyes para protegerlas. 

La consecuencia liberal es contundente: la ley debería proteger la propiedad, no seleccionar políticamente cuándo resulta aceptable vulnerarla.

“Pero pertenece a un fondo buitre”

Y entonces aparece el argumento favorito: la vivienda no pertenece a una humilde familia, sino a un banco, una inmobiliaria o uno de esos temibles “fondos buitres”.

¿Y?

Podemos criticar sus prácticas comerciales. Podemos exigir que cumplan contratos, regulaciones e impuestos. Podemos perseguir judicialmente cualquier ilegalidad que cometan.

Pero existe un principio jurídico extremadamente peligroso si lo abandonamos: los derechos no deberían depender de cuánto nos simpatice su titular.

Hoy justificamos ocupar la propiedad de un fondo.

Mañana será la vivienda de alguien que posee tres apartamentos.

Después, la del propietario de dos.

¿Dónde exactamente aparece la frontera?

La respuesta lógica es mucho menos emocionante: en la ley y en el derecho de propiedad, no en la simpatía política que despierte el propietario frente a agrupaciones autodenominadas sociales.

Si queremos vivienda social, paguémosla entre todos

Este es probablemente el punto más importante.

Si una sociedad considera necesario proporcionar vivienda social a determinadas familias, puede hacerlo democráticamente.

Que el Estado construya vivienda con los impuestos que roba a las personas.

Que subsidie temporalmente alquileres a hogares vulnerables.

Que libere suelo.

Que elimine restricciones absurdas a la construcción.

Que facilite mayor oferta inmobiliaria.

Que establezca programas transparentes financiados mediante el presupuesto público.

Pero no llamemos “política social” a colocar el costo sobre el propietario cuya vivienda fue ocupada.

Si la política beneficia a la sociedad, debe financiarla la sociedad o los políticos?.

Convertir una propiedad privada en vivienda social de facto significa privatizar el costo de una decisión supuestamente colectiva.

Curiosa solidaridad aquella en la que todos somos solidarios utilizando la casa de otro.

Mises: propiedad no significa defender a los ricos

Ludwig von Mises llevó el argumento todavía más lejos. En Liberalismo, resumió provocativamente el programa liberal en una palabra: “propiedad”, entendida fundamentalmente como propiedad privada de los medios de producción.

Pero Mises hizo una precisión que suele desaparecer del debate: el liberalismo no defiende la propiedad privada simplemente para beneficiar a los propietarios. La defiende porque considera que una economía organizada sobre derechos de propiedad genera cooperación, inversión y mayores niveles de producción. 

Aplicado a la vivienda, el razonamiento económico resulta bastante claro.

Si construir o alquilar implica un riesgo creciente de no recuperar el inmueble, cambia el cálculo económico del propietario.

Algunos exigirán mayores garantías.

Otros incorporarán ese riesgo al alquiler.

Otros retirarán sus viviendas del mercado.

Y potenciales inversionistas pueden decidir construir en otra actividad o jurisdicción.

La inseguridad jurídica tiene precio.

Y muchas veces termina pagándolo precisamente quien busca vivienda.

Una casa vacía continúa teniendo propietario

Otro argumento frecuente sostiene que una vivienda vacía estaría socialmente “desperdiciada”.

Puede estarlo.

Pero nuevamente debemos preguntarnos quién decide.

Un automóvil utilizado solamente los fines de semana pasa la mayor parte del tiempo estacionado. Una habitación de nuestra casa puede permanecer vacía. Una parcela puede no estar siendo explotada con su máxima productividad.

Si el criterio para conservar una propiedad fuese demostrar constantemente que estamos haciendo con ella el uso que otra persona considera socialmente óptimo, ya no tendríamos auténtica propiedad privada, sino una concesión condicionada por terceros.

Eso no significa que la propiedad carezca de límites. Ningún liberalismo jurídicamente serio sostiene que poseer algo autorice a contaminar la propiedad vecina, incumplir contratos o causar daños a terceros.

Significa algo diferente: las restricciones necesitan reglas generales, procedimientos legales y garantías.

La solidaridad no requiere destruir la propiedad

Una persona desalojada con niños merece una respuesta humanitaria.

Una familia sin vivienda merece políticas públicas eficaces.

Un propietario también merece que su casa continúe siendo suya.

Estas afirmaciones no son contradictorias.

El error comienza cuando convertimos al propietario en responsable individual de solucionar un problema social que corresponde a toda la comunidad.

Bastiat entendió perfectamente esa frontera cuando vinculó personalidad, libertad y propiedad, considerando la ley como organización colectiva de la legítima defensa de esos derechos. 

La tradición liberal contiene aquí una enseñanza extraordinariamente vigente.

Ayudar al necesitado no requiere entregar lo ajeno.

El Estado puede construir vivienda social. Puede proporcionar asistencia. Puede crear mejores condiciones para que aumente la oferta. Puede proteger a familias vulnerables.

Pero el derecho a recibir ayuda para acceder a una vivienda no puede convertirse silenciosamente en derecho a quedarse con la vivienda de otro.

Porque una sociedad donde la propiedad solamente se respeta mientras nadie manifieste necesitarla más que su propietario no ha descubierto una forma superior de solidaridad.

Ha convertido la propiedad en algo provisional.

Y cuando nadie puede estar seguro de conservar aquello que legítimamente adquiere, trabaja, ahorra o construye, el problema ya no afecta únicamente a los propietarios.

Afecta a la libertad de todos.

¿Debe una sociedad resolver la escasez de vivienda debilitando la propiedad privada o aumentando las oportunidades para acceder a ella? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre vivienda, libertad y propiedad.

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sábado, 26 de septiembre de 2026

América Latina: más educación no garantiza mayor crecimiento económico

 

Por Armando José Urdaneta Montiel
Profesor-Investigador

Durante décadas, una parte importante de la discusión sobre el desarrollo económico latinoamericano ha descansado sobre una premisa aparentemente indiscutible: para crecer es necesario invertir más, acumular capital físico y elevar el nivel educativo de la población. El planteamiento es válido, pero insuficiente. La verdadera cuestión no consiste únicamente en cuánto capital físico y humano acumula una sociedad, sino qué capacidad posee para transformar esos recursos en productividad, innovación y mayores niveles de ingreso. Esta distinción resulta particularmente relevante en América Latina, donde los avances educativos, la inversión y una mayor integración internacional no siempre se han traducido en aumentos sostenidos de la productividad.

La evidencia obtenida a partir de Penn World Table permite aproximarnos a este problema. Un análisis de 15 economías latinoamericanas durante el periodo1993–2023 muestra asociaciones positivas entre el capital, la inversión y el producto real por trabajador. La acumulación de factores continúa siendo importante. Sin embargo, los resultados relacionados con el capital humano son más complejos y plantean una interrogante fundamental para la política económica regional.

Un análisis complementario muestra una correlación positiva cercana a 0,67 entre capital humano y PIB per cápita. En términos sencillos, los países latinoamericanos con mayores niveles de capital humano tienden también a presentar mayores niveles de ingreso por habitante. No obstante, cuando se examina la estabilidad de esta relación en el tiempo, las pruebas realizadas no proporcionan evidencia robusta de una relación de equilibrio de largo plazo entre ambas variables. Tampoco se identifica causalidad temporal estadísticamente significativa al 5 %, aunque aparece evidencia marginal al 10 % desde el capital humano hacia el PIB per cápita. Adicionalmente, en el análisis dinámico realizado para las 15 economías, el capital humano tampoco presenta un efecto positivo suficientemente robusto ante diferentes procedimientos de estimación.

Estos resultados no significan que la educación perjudique el crecimiento ni que invertir en capital humano sea innecesario. La conclusión relevante es diferente: acumular capital humano y utilizar productivamente ese capital humano son procesos distintos. Una sociedad puede ampliar la escolarización, incrementar la matrícula universitaria y formar miles de profesionales sin conseguir aumentos proporcionales de productividad. Entre la adquisición de conocimientos y su transformación en producción existe una estructura económica e institucional que puede facilitar o restringir su aprovechamiento.

Una economía puede disponer de una población progresivamente más educada, pero si mantiene elevada informalidad, empresas de baja productividad, limitada innovación, reducida incorporación tecnológica y dificultades para movilizar recursos hacia actividades más eficientes, una parte del conocimiento acumulado encontrará pocas oportunidades para convertirse en mayor producción. La pregunta relevante deja entonces de ser exclusivamente cuánto educamos y pasa a ser también para qué estructura productiva estamos educando y qué posibilidades existen para aprovechar las capacidades adquiridas.

Esta perspectiva permite comprender la aparente paradoja observada en los datos. Los países con mayor capital humano suelen presentar mayores niveles de ingreso, pero incrementar cuantitativamente ese capital no necesariamente genera, por sí mismo, un crecimiento automático. Entre educación y crecimiento existe una cadena de transmisión: las personas adquieren conocimientos y competencias; las empresas deben poder utilizarlos; la inversión debe proporcionar capital físico y tecnología complementarios; los mercados deben permitir que trabajadores y recursos se desplacen hacia actividades más productivas; y las instituciones deben generar incentivos para invertir, innovar y emprender. Cuando estos mecanismos funcionan deficientemente, la rentabilidad económica del capital humano puede reducirse.

Por esta razón, resulta insuficiente medir el capital humano exclusivamente por su dimensión cuantitativa. Importan los años de escolarización, pero también la calidad de la educación, las competencias efectivamente adquiridas y su correspondencia con las necesidades del aparato productivo. El desafío latinoamericano es simultáneamente educativo y productivo.

Algo semejante ocurre con el capital físico. Los resultados muestran una asociación positiva entre capital, inversión y producto por trabajador. La inversión sigue siendo indispensable para ampliar la capacidad productiva, pero importa no solamente cuánto se invierte, sino también dónde, cómo y bajo qué condiciones. Dos economías pueden invertir proporciones semejantes de sus recursos y obtener resultados diferentes dependiendo de la calidad de los proyectos, la tecnología incorporada, la infraestructura disponible, las condiciones de competencia y los incentivos enfrentados por las empresas.

La política económica enfrenta, por tanto, un problema de cantidad, pero también de asignación y eficiencia. Aumentar la inversión sin generar condiciones para que el capital fluya hacia actividades productivas puede producir resultados limitados. Un entorno caracterizado por estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, reglas previsibles, competencia y facilidades para emprender aumenta las posibilidades de que los recursos encuentren usos de mayor productividad.

Los resultados relativos al sector externo conducen a una reflexión similar. Las exportaciones netas por trabajador no presentan una asociación estadísticamente robusta con el producto por trabajador. Esto no implica que el comercio internacional sea irrelevante. Significa que reducir la inserción internacional al saldo entre exportaciones e importaciones resulta insuficiente. Una economía puede mantener un superávit sustentado en productos primarios y generar poco aprendizaje tecnológico, mientras otra puede importar maquinaria y tecnología para desarrollar posteriormente actividades exportadoras más sofisticadas. Lo fundamental no es únicamente cuánto se exporta, sino qué se exporta, qué se importa y cuánto conocimiento incorporan esas actividades.

La principal enseñanza para la política económica latinoamericana es que acumular factores productivos es necesario, pero no suficiente. El debate debería trascender preguntas exclusivamente cuantitativas sobre cuánto invertir, gastar, educar o exportar. La productividad exige preguntarse si la inversión se dirige hacia actividades de mayor valor, si las empresas encuentran incentivos para innovar, si el sistema educativo desarrolla las competencias requeridas, si existe suficiente competencia y si las instituciones ofrecen seguridad y previsibilidad para inversiones de largo plazo.

Una estrategia orientada al crecimiento debería combinar estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, competencia, apertura económica, inversión productiva, infraestructura, innovación y capital humano de calidad. Estos elementos son complementarios: el capital humano genera mayores resultados cuando existen empresas capaces de aprovecharlo; las empresas innovan cuando disponen de trabajadores capacitados y tecnología; y la inversión encuentra mejores oportunidades cuando existen instituciones confiables y reglas previsibles.

En definitiva, América Latina necesita avanzar de la acumulación hacia la productividad. La cuestión decisiva no es solamente cuánto capital físico o humano pueden acumular sus economías, sino qué instituciones, incentivos y estructuras productivas necesitan para convertir esos recursos en innovación, productividad y mejores niveles de vida. El desafío no consiste en escoger entre educación, inversión, comercio o tecnología, sino en construir las condiciones que permitan que todos estos factores se complementen y constituyan las bases de un crecimiento económico sostenido.


¿Por qué América Latina educa más, invierte más y, aun así, continúa teniendo dificultades para elevar sostenidamente su productividad? El problema no consiste solamente en acumular recursos, sino en crear instituciones y mercados capaces de convertirlos en crecimiento. Comparte este análisis de Ideas Antizurdos y participa en el debate: América Latina necesita discutir menos sobre cuánto gastar y mucho más sobre cómo generar productividad.

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domingo, 20 de septiembre de 2026

Cooperación internacional y pobreza: millones sin desarrollo

 

Durante décadas nos dijeron que la cooperación internacional era una de las principales herramientas para combatir la pobreza. Miles de millones de dólares fueron enviados a África, América Latina y otras regiones bajo programas destinados a fortalecer instituciones, mejorar la educación, combatir enfermedades, reducir la desigualdad y promover el desarrollo.

La pregunta incómoda es inevitable: después de tantos años y tanto dinero, ¿por qué numerosos países en varios continentes continúan dependiendo de la ayuda internacional?

No se trata de afirmar que toda cooperación haya sido inútil. Sería incorrecto. Existen programas de vacunación, alimentación, educación, saneamiento y atención humanitaria que han producido resultados concretos. El verdadero problema aparece cuando la cooperación deja de ser un instrumento temporal para construir capacidades y termina convertida en parte permanente del funcionamiento político y económico de un país.

África: décadas de ayuda y pobreza persistente

El África subsahariana constituye uno de los casos más difíciles de ignorar. El Banco Mundial estimó que en 2024 aproximadamente el 46 % de su población vivía en pobreza extrema. El dato no demuestra, por sí solo, que la cooperación haya provocado pobreza. Pero sí obliga a cuestionar la idea de que enormes transferencias internacionales sean suficientes para producir desarrollo.

La experiencia demuestra que no existe cooperación capaz de reemplazar instituciones sólidas, propiedad privada segura, inversión productiva, educación de calidad, mercados competitivos y gobiernos sometidos a controles efectivos.

La propia OCDE reconoce que, en contextos extremadamente frágiles, numerosos programas destinados a fortalecer la gobernanza han mostrado una efectividad muy baja. Entre las razones identificadas aparecen redes de patronazgo, corrupción, ausencia de voluntad política y diseños concebidos por los donantes sin suficiente consideración de las capacidades institucionales locales.

Dicho de forma sencilla, inyectar dinero en instituciones débiles no necesariamente las fortalece. En determinadas circunstancias puede terminar fortaleciendo precisamente a quienes controlan esas instituciones y generando fortunas a funcionarios de gobiernos corruptos.

América Latina: ayuda sin transformación suficiente

Nuestra región presenta una realidad diferente, pero también instructiva.

América Latina ha logrado reducir significativamente la pobreza durante las últimas décadas. De hecho, el Banco Mundial proyectó para 2025 uno de los niveles regionales más bajos registrados. Sin embargo, aproximadamente una de cada cuatro personas continuaba en situación de pobreza, mientras el crecimiento económico latinoamericano durante los últimos años fue considerablemente menor que el observado en regiones asiáticas más dinámicas.

El propio Banco Mundial insiste en que el crecimiento sostenido, la productividad, la inversión, las capacidades empresariales y la creación de empleos de calidad son factores fundamentales para reducir la pobreza de manera duradera. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué seguimos creyendo que un país puede desarrollarse principalmente mediante transferencias externas?

La cooperación puede financiar una escuela. Puede capacitar funcionarios. Puede construir infraestructura. Puede sostener organizaciones sociales. Pero difícilmente sustituirá a una economía capaz de producir riqueza.

El problema político de la cooperación

Existe además una dimensión que muchas veces se evita discutir. Los recursos internacionales llegan a países donde existen gobiernos, burocracias, organizaciones no gubernamentales, consultores, contratistas y grupos políticos que compiten por administrarlos. Eso crea incentivos.

Cuando la transparencia es insuficiente, la cooperación puede quedar atrapada en estructuras clientelares, organizaciones cercanas al poder o proyectos cuya continuidad depende más de seguir recibiendo recursos que de solucionar definitivamente el problema que justificó su creación.

Esto puede ocurrir bajo gobiernos de izquierda, de derecha o de cualquier otra orientación. Sn embargo, los gobiernos de ultra izquierda o socialistas en Africa son la mayoría de los casos. La corrupción y el rentismo no poseen monopolio ideológico, pero se logran observar con más frecuencia en países con línea colectivista. Precisamente por ello, resulta más importante evaluar instituciones y resultados.

USAID y sus problemas

El caso estadounidense resulta particularmente interesante porque permite observar el problema desde el propio país donante. La Oficina del Inspector General de USAID informó en agosto de 2026 que auditorías independientes realizadas sobre aproximadamente US$3.000 millones en gastos de asistencia internacional, correspondientes al período octubre de 2023-marzo de 2026, identificaron más de US$50 millones en costos considerados no elegibles o insuficientemente respaldados, además de debilidades de control interno.

Hay una precisión importante: un questioned cost no significa automáticamente dinero robado. Puede tratarse de gastos sin documentación suficiente, costos improcedentes u otras irregularidades que deben ser aclaradas. Pero, que en la mayoría de los casos no es investigado por temas de tiempo y nueva cooperación.

Pero el dato demuestra algo esencial: incluso una de las estructuras de cooperación internacional más grandes del mundo necesita mecanismos permanentes para detectar riesgos, errores y posibles abusos. Por eso el debate sobre USAID es mucho más profunda: ¿quién controla al que reparte el dinero?, ¿quién evalúa los resultados?, ¿cuánto llega realmente al beneficiario final?, ¿qué instituciones sobreviven cuando termina el financiamiento?

Desarrollo no es recibir dinero

La gran equivocación consiste en confundir gasto con resultado. Un millón de dólares desembolsado no representa un millón de dólares de desarrollo. Mil personas capacitadas tampoco significan necesariamente mil personas más productivas. Cien proyectos ejecutados no significan cien problemas solucionados.

La OCDE insiste precisamente en la necesidad de evaluar la cooperación por su efectividad, sostenibilidad, impacto y capacidad para producir resultados verificables, no únicamente por recursos ejecutados. Ese debería ser el criterio.

La cooperación internacional puede ser útil cuando complementa instituciones responsables, fortalece capacidades locales y genera condiciones para que eventualmente deje de ser necesaria. Pero cuando después de treinta o cuarenta años siguen existiendo las mismas agencias, los mismos programas, los mismos intermediarios y los mismos problemas, quizá deberíamos dejar de preguntar cuánto dinero falta enviar y comenzar a preguntar qué estamos haciendo mal.

Porque el verdadero éxito de la cooperación internacional no debería consistir en crear países expertos en recibir ayuda o expertos en supuestamente conseguir fondos. Debería consistir en crear países que ya no la necesiten.

¿Puede considerarse exitosa una política de cooperación cuando después de décadas el receptor continúa dependiendo de ella?

Comparte este artículo y deja tu opinión. El debate sobre pobreza debe comenzar por diferenciar buenas intenciones de resultados comprobables.

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