América Latina gira a la derecha

 

Cuando el elector se cansa de que le prometan igualdad y comienza a exigir resultados

Durante buena parte de los primeros años de esta década parecía que América Latina había regresado definitivamente a la izquierda. Lula da Silva recuperó Brasil, Gabriel Boric llegó al poder en Chile, Gustavo Petro conquistó Colombia y Andrés Manuel López Obrador consolidó el dominio de Morena en México.

El mapa de 2026 es muy diferente.

Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia han girado hacia opciones de derecha, centroderecha o liberal-conservadoras. A ellos se suman otros gobiernos alejados de la izquierda regional. Analistas consideran que las recientes victorias conservadoras han consolidado un desplazamiento regional hacia la derecha, cansados de los mismos lemas y canciones que prometen igualdad social y de todo.

Estamos, en buena medida, ante algo sencillo y políticamente demoledor: votantes cansados de gobiernos que prometieron transformaciones sociales y llevan décadas sin cambios profundos, no resolvieron satisfactoriamente problemas cotidianos como inseguridad, bajo crecimiento, informalidad y deterioro institucional. Pero insisten en que les falta más tiempo y que hay que evitar perder lo ganado

Milei rompió el tablero

Javier Milei representa probablemente la ruptura más radical.

No llegó prometiendo administrar mejor el Estado benefactor. Llegó cuestionando sus fundamentos: déficit fiscal, intervencionismo, regulaciones, inflación, empresas públicas y una estructura política que denominó “la casta”.

Su importancia regional excede los resultados concretos de Argentina. Milei consiguió algo que durante décadas parecía electoralmente imposible: hacer políticamente atractivas palabras como ajuste, equilibrio fiscal, propiedad privada y reducción del Estado.

El elector argentino castigó una situación económica extrema de Peronismo y conductas K, pero abrió además un espacio intelectual que otras derechas latinoamericanas observan cuidadosamente.

Chile, Bolivia, Perú y Colombia: el péndulo cambió

El fenómeno continuó.

José Antonio Kast ganó en Chile; Rodrigo Paz lo hizo en Bolivia; Keiko Fujimori se impuso en Perú y Abelardo de la Espriella ganó en Colombia. Como se interpreta esto en la victoria colombiana,  seguro el  impulso dado por Petro a la inacción frente al crimen, elevó las preocupaciones económicas y sociales, el famoso pacto histórico terminó cansando a los colombianos.

El patrón importa.

Colombia eligió en 2022 por primera vez un presidente claramente de izquierda. Cuatro años después eligió a un candidato de derecha.

Chile pasó de Boric a Kast.

Bolivia, después de dos décadas marcadas fundamentalmente por el MAS, también cambió de dirección.

¿Descubrieron millones de latinoamericanos repentinamente a Hayek?

Probablemente no.

Descubrieron algo mucho más elemental: las buenas intenciones y las mentiras no constituyen resultados de gobierno.

Brasil acaba de enviar la señal más poderosa

El acontecimiento más reciente proviene de Brasil.

Este 4 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva sufrió una importante derrota en la primera vuelta presidencial. Flávio Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47%, frente al 45,16% de Lula. Habrá segunda vuelta el 25 de octubre; por tanto, se vienen tiempos de cambio en todo sentido en Brasil, ese poderoso país detenido por las políticas socialistas que no han cambiado nada en el Nordeste del país.

Y existe un dato todavía más revelador: respecto de 2022, Lula redujo su porcentaje de votos en 25 de las 27 unidades federativas brasileñas y perdió aproximadamente 3,4 millones de votos. 

Mientras tanto, el Partido Liberal avanzó espectacularmente en el Congreso y se convirtió en la principal fuerza tanto de la Cámara como del Senado y del Congreso.

Brasil no ha terminado de votar. Pero el mensaje político ya resulta difícil de ignorar.

El problema de la “justicia social” aparece cuando no produce prosperidad

Aquí está el centro del asunto.

Justicia social, igualdad, inclusión y redistribución son conceptos electoralmente poderosos. El problema comienza cuando el ciudadano comprueba que la retórica distributiva no sustituye crecimiento, seguridad, empleo formal ni estabilidad económica.

La igualdad tampoco responde por sí misma a la pregunta fundamental de cualquier economía: ¿qué instituciones permiten producir más?

Para distribuir riqueza primero tiene que existir riqueza.

Para financiar derechos sociales hacen falta contribuyentes.

Para recaudar impuestos sostenidamente hacen falta empresas rentables.

Y para que alguien invierta durante veinte años necesita cierta seguridad de que un gobierno futuro no modificará arbitrariamente impuestos, contratos o derechos de propiedad.

Por eso la propiedad privada importa mucho más que como reivindicación ideológica de “los ricos contra los pobres”. Para millones de ciudadanos significa su casa, sus ahorros, su pequeño negocio, su vehículo de trabajo y aquello que esperan dejar a sus hijos.

El elector quiere orden, propiedad y previsibilidad

La seguridad constituye otra pieza decisiva. Análisis recientes coinciden en que crimen organizado, violencia e incapacidad estatal han contribuido al giro electoral regional, la izquierda con sus políticas woke permisivas ha cansado a una ciudadía que pierde sus propiedades con el visto bueno de la justicia o de los que están en el poder.

Esto produce una paradoja especialmente incómoda para cierta izquierda latinoamericana.

Durante años prometió un Estado más grande para proteger al ciudadano socialmente. Sin embargo, muchos ciudadanos perciben que ese Estado puede cobrar impuestos, regular empresas y repartir subsidios mientras demuestra enormes dificultades para realizar una de sus funciones más elementales: proteger personas y propiedades frente al delincuente.

Cuando eso ocurre, cambia la jerarquía de prioridades.

El elector puede comenzar a preferir seguridad antes que nuevas promesas redistributivas, estabilidad antes que otra “transformación histórica” y crecimiento antes que un nuevo catálogo de derechos financiados con recursos que alguien tendrá que producir.

Pero la derecha puede cometer exactamente el mismo error

Conviene no celebrar prematuramente una supuesta era liberal.

El péndulo latinoamericano puede regresar.

Si la nueva derecha sustituye populismo izquierdista por populismo derechista; si promete beneficios que tampoco puede financiar; si desprecia instituciones; o si confunde autoridad con arbitrariedad, terminará decepcionando exactamente igual.

La oportunidad es otra.

Propiedad privada, disciplina fiscal, seguridad jurídica, competencia, apertura económica, seguridad ciudadana y límites al poder político.

No porque sean consignas “de derecha”, sino porque constituyen condiciones importantes para invertir, emprender y planificar a largo plazo.

América Latina quizá no esté enamorándose de la derecha.

Puede estar simplemente desenamorándose de una izquierda que prometió igualdad cuando sus electores empezaron a exigir prosperidad, seguridad y resultados.

Y esa diferencia explica mucho mejor el nuevo mapa político del continente.

¿América Latina se está volviendo liberal o simplemente se cansó de gobiernos que prometieron igualdad sin conseguir suficiente crecimiento y seguridad? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre el nuevo mapa político latinoamericano.

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Okupación y derecho a la vivienda: ¿quién protege la propiedad privada?

 

xiste una extraordinaria facilidad política para transformar necesidades en derechos. Necesitamos alimentación, educación, atención médica y vivienda. De esa realidad algunos dan un salto mucho más discutible: si alguien necesita una vivienda y otra persona posee una que no utiliza o alquila, ¿por qué no debería ocuparla?

Respuesta. Porque tiene dueño.

Parece una respuesta demasiado sencilla para nuestros tiempos, pero detrás de ella se encuentra uno de los fundamentos intelectuales del liberalismo: la propiedad privada establece una frontera entre aquello que legítimamente pertenece a una persona y aquello sobre lo cual los demás —incluido el Estado— no pueden disponer arbitrariamente.

La vivienda digna o bien construida, puede constituir un objetivo legítimo de política pública. Otra cuestión completamente diferente es sostener que esa necesidad genera automáticamente un derecho sobre la vivienda concreta de otra persona.

Locke: la sociedad existe también para proteger lo que es nuestro

La discusión tiene varios siglos.

John Locke sostuvo en su Segundo tratado sobre el gobierno civil que los individuos se incorporan a la sociedad política buscando la preservación mutua de sus “vidas, libertades y posesiones”, elementos que agrupaba bajo una concepción amplia de propiedad.

La idea es fundamental.

La propiedad no existe porque el gobierno graciosamente permita que tengamos cosas. Desde la perspectiva lockeana, ocurre aproximadamente al contrario: una de las razones por las cuales necesitamos instituciones, leyes y jueces es precisamente para garantizar derechos frente a la invasión de terceros.

Por eso la okupación plantea un problema mucho más profundo que encontrar una familia viviendo en una casa vacía.

La pregunta relevante es: ¿quién decide legítimamente sobre esa casa?

Si la respuesta deja de ser su propietario y pasa a ser cualquiera que considere necesitarla más, el concepto mismo de propiedad comienza a vaciarse.

La necesidad no transmite títulos de propiedad

Aquí aparece la gran confusión.

Que alguien necesite vivienda no significa que tenga derecho a tu vivienda.

Que alguien necesite comida tampoco significa que pueda entrar en un supermercado y llevarse gratuitamente lo que necesite. Que una persona necesite transporte no le concede la propiedad del automóvil estacionado del vecino.

Las sociedades civilizadas crean mecanismos para atender situaciones de necesidad sin convertir al ciudadano escogido accidentalmente en financiador forzoso de la política social.

El principio fue expresado brillantemente por Frédéric Bastiat en La Ley: “no es porque los hombres hayan promulgado leyes que la personalidad, la libertad y la propiedad existen”; sostenía que precisamente porque esas realidades preexisten, los hombres establecen leyes para protegerlas. 

La consecuencia liberal es contundente: la ley debería proteger la propiedad, no seleccionar políticamente cuándo resulta aceptable vulnerarla.

“Pero pertenece a un fondo buitre”

Y entonces aparece el argumento favorito: la vivienda no pertenece a una humilde familia, sino a un banco, una inmobiliaria o uno de esos temibles “fondos buitres”.

¿Y?

Podemos criticar sus prácticas comerciales. Podemos exigir que cumplan contratos, regulaciones e impuestos. Podemos perseguir judicialmente cualquier ilegalidad que cometan.

Pero existe un principio jurídico extremadamente peligroso si lo abandonamos: los derechos no deberían depender de cuánto nos simpatice su titular.

Hoy justificamos ocupar la propiedad de un fondo.

Mañana será la vivienda de alguien que posee tres apartamentos.

Después, la del propietario de dos.

¿Dónde exactamente aparece la frontera?

La respuesta lógica es mucho menos emocionante: en la ley y en el derecho de propiedad, no en la simpatía política que despierte el propietario frente a agrupaciones autodenominadas sociales.

Si queremos vivienda social, paguémosla entre todos

Este es probablemente el punto más importante.

Si una sociedad considera necesario proporcionar vivienda social a determinadas familias, puede hacerlo democráticamente.

Que el Estado construya vivienda con los impuestos que roba a las personas.

Que subsidie temporalmente alquileres a hogares vulnerables.

Que libere suelo.

Que elimine restricciones absurdas a la construcción.

Que facilite mayor oferta inmobiliaria.

Que establezca programas transparentes financiados mediante el presupuesto público.

Pero no llamemos “política social” a colocar el costo sobre el propietario cuya vivienda fue ocupada.

Si la política beneficia a la sociedad, debe financiarla la sociedad o los políticos?.

Convertir una propiedad privada en vivienda social de facto significa privatizar el costo de una decisión supuestamente colectiva.

Curiosa solidaridad aquella en la que todos somos solidarios utilizando la casa de otro.

Mises: propiedad no significa defender a los ricos

Ludwig von Mises llevó el argumento todavía más lejos. En Liberalismo, resumió provocativamente el programa liberal en una palabra: “propiedad”, entendida fundamentalmente como propiedad privada de los medios de producción.

Pero Mises hizo una precisión que suele desaparecer del debate: el liberalismo no defiende la propiedad privada simplemente para beneficiar a los propietarios. La defiende porque considera que una economía organizada sobre derechos de propiedad genera cooperación, inversión y mayores niveles de producción. 

Aplicado a la vivienda, el razonamiento económico resulta bastante claro.

Si construir o alquilar implica un riesgo creciente de no recuperar el inmueble, cambia el cálculo económico del propietario.

Algunos exigirán mayores garantías.

Otros incorporarán ese riesgo al alquiler.

Otros retirarán sus viviendas del mercado.

Y potenciales inversionistas pueden decidir construir en otra actividad o jurisdicción.

La inseguridad jurídica tiene precio.

Y muchas veces termina pagándolo precisamente quien busca vivienda.

Una casa vacía continúa teniendo propietario

Otro argumento frecuente sostiene que una vivienda vacía estaría socialmente “desperdiciada”.

Puede estarlo.

Pero nuevamente debemos preguntarnos quién decide.

Un automóvil utilizado solamente los fines de semana pasa la mayor parte del tiempo estacionado. Una habitación de nuestra casa puede permanecer vacía. Una parcela puede no estar siendo explotada con su máxima productividad.

Si el criterio para conservar una propiedad fuese demostrar constantemente que estamos haciendo con ella el uso que otra persona considera socialmente óptimo, ya no tendríamos auténtica propiedad privada, sino una concesión condicionada por terceros.

Eso no significa que la propiedad carezca de límites. Ningún liberalismo jurídicamente serio sostiene que poseer algo autorice a contaminar la propiedad vecina, incumplir contratos o causar daños a terceros.

Significa algo diferente: las restricciones necesitan reglas generales, procedimientos legales y garantías.

La solidaridad no requiere destruir la propiedad

Una persona desalojada con niños merece una respuesta humanitaria.

Una familia sin vivienda merece políticas públicas eficaces.

Un propietario también merece que su casa continúe siendo suya.

Estas afirmaciones no son contradictorias.

El error comienza cuando convertimos al propietario en responsable individual de solucionar un problema social que corresponde a toda la comunidad.

Bastiat entendió perfectamente esa frontera cuando vinculó personalidad, libertad y propiedad, considerando la ley como organización colectiva de la legítima defensa de esos derechos. 

La tradición liberal contiene aquí una enseñanza extraordinariamente vigente.

Ayudar al necesitado no requiere entregar lo ajeno.

El Estado puede construir vivienda social. Puede proporcionar asistencia. Puede crear mejores condiciones para que aumente la oferta. Puede proteger a familias vulnerables.

Pero el derecho a recibir ayuda para acceder a una vivienda no puede convertirse silenciosamente en derecho a quedarse con la vivienda de otro.

Porque una sociedad donde la propiedad solamente se respeta mientras nadie manifieste necesitarla más que su propietario no ha descubierto una forma superior de solidaridad.

Ha convertido la propiedad en algo provisional.

Y cuando nadie puede estar seguro de conservar aquello que legítimamente adquiere, trabaja, ahorra o construye, el problema ya no afecta únicamente a los propietarios.

Afecta a la libertad de todos.

¿Debe una sociedad resolver la escasez de vivienda debilitando la propiedad privada o aumentando las oportunidades para acceder a ella? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre vivienda, libertad y propiedad.

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América Latina: más educación no garantiza mayor crecimiento económico

 

Por Armando José Urdaneta Montiel
Profesor-Investigador

Durante décadas, una parte importante de la discusión sobre el desarrollo económico latinoamericano ha descansado sobre una premisa aparentemente indiscutible: para crecer es necesario invertir más, acumular capital físico y elevar el nivel educativo de la población. El planteamiento es válido, pero insuficiente. La verdadera cuestión no consiste únicamente en cuánto capital físico y humano acumula una sociedad, sino qué capacidad posee para transformar esos recursos en productividad, innovación y mayores niveles de ingreso. Esta distinción resulta particularmente relevante en América Latina, donde los avances educativos, la inversión y una mayor integración internacional no siempre se han traducido en aumentos sostenidos de la productividad.

La evidencia obtenida a partir de Penn World Table permite aproximarnos a este problema. Un análisis de 15 economías latinoamericanas durante el periodo1993–2023 muestra asociaciones positivas entre el capital, la inversión y el producto real por trabajador. La acumulación de factores continúa siendo importante. Sin embargo, los resultados relacionados con el capital humano son más complejos y plantean una interrogante fundamental para la política económica regional.

Un análisis complementario muestra una correlación positiva cercana a 0,67 entre capital humano y PIB per cápita. En términos sencillos, los países latinoamericanos con mayores niveles de capital humano tienden también a presentar mayores niveles de ingreso por habitante. No obstante, cuando se examina la estabilidad de esta relación en el tiempo, las pruebas realizadas no proporcionan evidencia robusta de una relación de equilibrio de largo plazo entre ambas variables. Tampoco se identifica causalidad temporal estadísticamente significativa al 5 %, aunque aparece evidencia marginal al 10 % desde el capital humano hacia el PIB per cápita. Adicionalmente, en el análisis dinámico realizado para las 15 economías, el capital humano tampoco presenta un efecto positivo suficientemente robusto ante diferentes procedimientos de estimación.

Estos resultados no significan que la educación perjudique el crecimiento ni que invertir en capital humano sea innecesario. La conclusión relevante es diferente: acumular capital humano y utilizar productivamente ese capital humano son procesos distintos. Una sociedad puede ampliar la escolarización, incrementar la matrícula universitaria y formar miles de profesionales sin conseguir aumentos proporcionales de productividad. Entre la adquisición de conocimientos y su transformación en producción existe una estructura económica e institucional que puede facilitar o restringir su aprovechamiento.

Una economía puede disponer de una población progresivamente más educada, pero si mantiene elevada informalidad, empresas de baja productividad, limitada innovación, reducida incorporación tecnológica y dificultades para movilizar recursos hacia actividades más eficientes, una parte del conocimiento acumulado encontrará pocas oportunidades para convertirse en mayor producción. La pregunta relevante deja entonces de ser exclusivamente cuánto educamos y pasa a ser también para qué estructura productiva estamos educando y qué posibilidades existen para aprovechar las capacidades adquiridas.

Esta perspectiva permite comprender la aparente paradoja observada en los datos. Los países con mayor capital humano suelen presentar mayores niveles de ingreso, pero incrementar cuantitativamente ese capital no necesariamente genera, por sí mismo, un crecimiento automático. Entre educación y crecimiento existe una cadena de transmisión: las personas adquieren conocimientos y competencias; las empresas deben poder utilizarlos; la inversión debe proporcionar capital físico y tecnología complementarios; los mercados deben permitir que trabajadores y recursos se desplacen hacia actividades más productivas; y las instituciones deben generar incentivos para invertir, innovar y emprender. Cuando estos mecanismos funcionan deficientemente, la rentabilidad económica del capital humano puede reducirse.

Por esta razón, resulta insuficiente medir el capital humano exclusivamente por su dimensión cuantitativa. Importan los años de escolarización, pero también la calidad de la educación, las competencias efectivamente adquiridas y su correspondencia con las necesidades del aparato productivo. El desafío latinoamericano es simultáneamente educativo y productivo.

Algo semejante ocurre con el capital físico. Los resultados muestran una asociación positiva entre capital, inversión y producto por trabajador. La inversión sigue siendo indispensable para ampliar la capacidad productiva, pero importa no solamente cuánto se invierte, sino también dónde, cómo y bajo qué condiciones. Dos economías pueden invertir proporciones semejantes de sus recursos y obtener resultados diferentes dependiendo de la calidad de los proyectos, la tecnología incorporada, la infraestructura disponible, las condiciones de competencia y los incentivos enfrentados por las empresas.

La política económica enfrenta, por tanto, un problema de cantidad, pero también de asignación y eficiencia. Aumentar la inversión sin generar condiciones para que el capital fluya hacia actividades productivas puede producir resultados limitados. Un entorno caracterizado por estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, reglas previsibles, competencia y facilidades para emprender aumenta las posibilidades de que los recursos encuentren usos de mayor productividad.

Los resultados relativos al sector externo conducen a una reflexión similar. Las exportaciones netas por trabajador no presentan una asociación estadísticamente robusta con el producto por trabajador. Esto no implica que el comercio internacional sea irrelevante. Significa que reducir la inserción internacional al saldo entre exportaciones e importaciones resulta insuficiente. Una economía puede mantener un superávit sustentado en productos primarios y generar poco aprendizaje tecnológico, mientras otra puede importar maquinaria y tecnología para desarrollar posteriormente actividades exportadoras más sofisticadas. Lo fundamental no es únicamente cuánto se exporta, sino qué se exporta, qué se importa y cuánto conocimiento incorporan esas actividades.

La principal enseñanza para la política económica latinoamericana es que acumular factores productivos es necesario, pero no suficiente. El debate debería trascender preguntas exclusivamente cuantitativas sobre cuánto invertir, gastar, educar o exportar. La productividad exige preguntarse si la inversión se dirige hacia actividades de mayor valor, si las empresas encuentran incentivos para innovar, si el sistema educativo desarrolla las competencias requeridas, si existe suficiente competencia y si las instituciones ofrecen seguridad y previsibilidad para inversiones de largo plazo.

Una estrategia orientada al crecimiento debería combinar estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, competencia, apertura económica, inversión productiva, infraestructura, innovación y capital humano de calidad. Estos elementos son complementarios: el capital humano genera mayores resultados cuando existen empresas capaces de aprovecharlo; las empresas innovan cuando disponen de trabajadores capacitados y tecnología; y la inversión encuentra mejores oportunidades cuando existen instituciones confiables y reglas previsibles.

En definitiva, América Latina necesita avanzar de la acumulación hacia la productividad. La cuestión decisiva no es solamente cuánto capital físico o humano pueden acumular sus economías, sino qué instituciones, incentivos y estructuras productivas necesitan para convertir esos recursos en innovación, productividad y mejores niveles de vida. El desafío no consiste en escoger entre educación, inversión, comercio o tecnología, sino en construir las condiciones que permitan que todos estos factores se complementen y constituyan las bases de un crecimiento económico sostenido.

¿Por qué América Latina educa más, invierte más y, aun así, continúa teniendo dificultades para elevar sostenidamente su productividad? El problema no consiste solamente en acumular recursos, sino en crear instituciones y mercados capaces de convertirlos en crecimiento. Comparte este análisis de Ideas Antizurdos y participa en el debate: América Latina necesita discutir menos sobre cuánto gastar y mucho más sobre cómo generar productividad.

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Cooperación internacional y pobreza: millones sin desarrollo

 

Durante décadas nos dijeron que la cooperación internacional era una de las principales herramientas para combatir la pobreza. Miles de millones de dólares fueron enviados a África, América Latina y otras regiones bajo programas destinados a fortalecer instituciones, mejorar la educación, combatir enfermedades, reducir la desigualdad y promover el desarrollo.

La pregunta incómoda es inevitable: después de tantos años y tanto dinero, ¿por qué numerosos países en varios continentes continúan dependiendo de la ayuda internacional?

No se trata de afirmar que toda cooperación haya sido inútil. Sería incorrecto. Existen programas de vacunación, alimentación, educación, saneamiento y atención humanitaria que han producido resultados concretos. El verdadero problema aparece cuando la cooperación deja de ser un instrumento temporal para construir capacidades y termina convertida en parte permanente del funcionamiento político y económico de un país.

África: décadas de ayuda y pobreza persistente

El África subsahariana constituye uno de los casos más difíciles de ignorar. El Banco Mundial estimó que en 2024 aproximadamente el 46 % de su población vivía en pobreza extrema. El dato no demuestra, por sí solo, que la cooperación haya provocado pobreza. Pero sí obliga a cuestionar la idea de que enormes transferencias internacionales sean suficientes para producir desarrollo.

La experiencia demuestra que no existe cooperación capaz de reemplazar instituciones sólidas, propiedad privada segura, inversión productiva, educación de calidad, mercados competitivos y gobiernos sometidos a controles efectivos.

La propia OCDE reconoce que, en contextos extremadamente frágiles, numerosos programas destinados a fortalecer la gobernanza han mostrado una efectividad muy baja. Entre las razones identificadas aparecen redes de patronazgo, corrupción, ausencia de voluntad política y diseños concebidos por los donantes sin suficiente consideración de las capacidades institucionales locales.

Dicho de forma sencilla, inyectar dinero en instituciones débiles no necesariamente las fortalece. En determinadas circunstancias puede terminar fortaleciendo precisamente a quienes controlan esas instituciones y generando fortunas a funcionarios de gobiernos corruptos.

América Latina: ayuda sin transformación suficiente

Nuestra región presenta una realidad diferente, pero también instructiva.

América Latina ha logrado reducir significativamente la pobreza durante las últimas décadas. De hecho, el Banco Mundial proyectó para 2025 uno de los niveles regionales más bajos registrados. Sin embargo, aproximadamente una de cada cuatro personas continuaba en situación de pobreza, mientras el crecimiento económico latinoamericano durante los últimos años fue considerablemente menor que el observado en regiones asiáticas más dinámicas.

El propio Banco Mundial insiste en que el crecimiento sostenido, la productividad, la inversión, las capacidades empresariales y la creación de empleos de calidad son factores fundamentales para reducir la pobreza de manera duradera. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué seguimos creyendo que un país puede desarrollarse principalmente mediante transferencias externas?

La cooperación puede financiar una escuela. Puede capacitar funcionarios. Puede construir infraestructura. Puede sostener organizaciones sociales. Pero difícilmente sustituirá a una economía capaz de producir riqueza.

El problema político de la cooperación

Existe además una dimensión que muchas veces se evita discutir. Los recursos internacionales llegan a países donde existen gobiernos, burocracias, organizaciones no gubernamentales, consultores, contratistas y grupos políticos que compiten por administrarlos. Eso crea incentivos.

Cuando la transparencia es insuficiente, la cooperación puede quedar atrapada en estructuras clientelares, organizaciones cercanas al poder o proyectos cuya continuidad depende más de seguir recibiendo recursos que de solucionar definitivamente el problema que justificó su creación.

Esto puede ocurrir bajo gobiernos de izquierda, de derecha o de cualquier otra orientación. Sn embargo, los gobiernos de ultra izquierda o socialistas en Africa son la mayoría de los casos. La corrupción y el rentismo no poseen monopolio ideológico, pero se logran observar con más frecuencia en países con línea colectivista. Precisamente por ello, resulta más importante evaluar instituciones y resultados.

USAID y sus problemas

El caso estadounidense resulta particularmente interesante porque permite observar el problema desde el propio país donante. La Oficina del Inspector General de USAID informó en agosto de 2026 que auditorías independientes realizadas sobre aproximadamente US$3.000 millones en gastos de asistencia internacional, correspondientes al período octubre de 2023-marzo de 2026, identificaron más de US$50 millones en costos considerados no elegibles o insuficientemente respaldados, además de debilidades de control interno.

Hay una precisión importante: un questioned cost no significa automáticamente dinero robado. Puede tratarse de gastos sin documentación suficiente, costos improcedentes u otras irregularidades que deben ser aclaradas. Pero, que en la mayoría de los casos no es investigado por temas de tiempo y nueva cooperación.

Pero el dato demuestra algo esencial: incluso una de las estructuras de cooperación internacional más grandes del mundo necesita mecanismos permanentes para detectar riesgos, errores y posibles abusos. Por eso el debate sobre USAID es mucho más profunda: ¿quién controla al que reparte el dinero?, ¿quién evalúa los resultados?, ¿cuánto llega realmente al beneficiario final?, ¿qué instituciones sobreviven cuando termina el financiamiento?

Desarrollo no es recibir dinero

La gran equivocación consiste en confundir gasto con resultado. Un millón de dólares desembolsado no representa un millón de dólares de desarrollo. Mil personas capacitadas tampoco significan necesariamente mil personas más productivas. Cien proyectos ejecutados no significan cien problemas solucionados.

La OCDE insiste precisamente en la necesidad de evaluar la cooperación por su efectividad, sostenibilidad, impacto y capacidad para producir resultados verificables, no únicamente por recursos ejecutados. Ese debería ser el criterio.

La cooperación internacional puede ser útil cuando complementa instituciones responsables, fortalece capacidades locales y genera condiciones para que eventualmente deje de ser necesaria. Pero cuando después de treinta o cuarenta años siguen existiendo las mismas agencias, los mismos programas, los mismos intermediarios y los mismos problemas, quizá deberíamos dejar de preguntar cuánto dinero falta enviar y comenzar a preguntar qué estamos haciendo mal.

Porque el verdadero éxito de la cooperación internacional no debería consistir en crear países expertos en recibir ayuda o expertos en supuestamente conseguir fondos. Debería consistir en crear países que ya no la necesiten.

¿Puede considerarse exitosa una política de cooperación cuando después de décadas el receptor continúa dependiendo de ella?

Comparte este artículo y deja tu opinión. El debate sobre pobreza debe comenzar por diferenciar buenas intenciones de resultados comprobables.

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Cuando combatir la discriminación termina justificando otra discriminación

 

Cuando la “equidad” necesita discriminar, algo salió mal

Durante años se ha repetido una idea aparentemente incuestionable: para corregir las discriminaciones del pasado es necesario favorecer deliberadamente a determinados grupos en el presente. El argumento suena compasivo, pero contiene una contradicción que conviene señalar sin eufemismos; si para combatir la discriminación necesitamos discriminar a otras personas por su raza, no hemos eliminado el problema, simplemente hemos cambiado de víctima.

Un experimento reciente con inteligencia artificial ilustra perfectamente el riesgo. En una simulación de admisiones universitarias, un modelo mostraba inicialmente una pequeña discriminación contra estudiantes negros. Cuando recibió instrucciones destinadas a corregir ese comportamiento, terminó favoreciéndolos frente a estudiantes blancos. Los investigadores denominaron al fenómeno “sobrecorrección”.

El episodio tecnológico es solamente una manifestación de un debate mucho mayor. ¿Puede considerarse justa una decisión que perjudica a una persona por ser blanca si su finalidad declarada es compensar una injusticia histórica contra otro grupo?

Desde una concepción liberal de la igualdad, la respuesta no debería depender del color de piel de las personas involucradas.

La discriminación no mejora cuando cambia de víctima

Existe discriminación racial cuando alguien recibe un trato diferente debido a su raza.

La definición no debería necesitar excepciones ideológicas.

Discriminar a una persona negra porque es negra constituye una injusticia. Discriminar a una persona blanca porque es blanca también. La identidad de la víctima no transforma moralmente el acto.

Aquí aparece uno de los problemas de determinadas políticas contemporáneas de identidad. Las personas dejan de ser consideradas individuos y comienzan a convertirse en representantes de colectivos históricos.

El razonamiento puede terminar dividiendo a la sociedad entre grupos acreedores y grupos deudores.

Unos heredarían agravios.

Otros heredarían culpas.

Pero las personas no nacen con una cuenta corriente moral abierta por sus antepasados.

Un joven blanco actual no debería responder por discriminaciones cometidas siglos antes de que naciera. Del mismo modo, un joven negro no debería ser considerado incapaz de competir por sus propios méritos debido a injusticias que sufrieron generaciones anteriores.

La responsabilidad es individual. Los derechos también deberían serlo.

La igualdad ante la ley no necesita colores

El principio liberal ofrece una solución extraordinariamente sencilla: mismas reglas, mismos derechos y mismas libertades para todos.

No significa ignorar la pobreza ni negar la existencia de discriminación. Tampoco supone imaginar ingenuamente que todas las personas parten exactamente desde la misma posición económica.

Significa que las políticas públicas deberían atacar las desventajas comprobables sin convertir la raza en un sistema permanente de privilegios y penalizaciones.

Si un niño necesita una beca porque pertenece a un hogar pobre, ayudémoslo.

Si una escuela pública es deficiente, mejorémosla.

Si una empresa discrimina racialmente a sus trabajadores, sancionemos esa conducta.

Si existen barreras que impiden competir en igualdad jurídica, eliminémoslas.

Pero resulta mucho más difícil justificar que dos personas con circunstancias semejantes deban recibir oportunidades diferentes simplemente porque una es blanca y otra pertenece a una minoría racial.

Estados Unidos ya tuvo que enfrentar esta contradicción

El debate llegó hasta la Corte Suprema estadounidense en 2023 con los casos Students for Fair Admissions v. Harvard y Students for Fair Admissions v. University of North Carolina. La mayoría de la Corte concluyó que los sistemas de admisión universitaria examinados no cumplían las exigencias constitucionales aplicables al empleo de clasificaciones raciales.

La controversia no elimina una realidad importante: la discriminación contra las minorías continúa existiendo. Pew Research Center informó en 2024 que el 75% de los adultos negros estadounidenses decía haber experimentado discriminación racial al menos ocasionalmente.

Reconocer ese problema es necesario.

Pero existe un salto lógico enorme entre afirmar “la discriminación contra los negros existe y debemos combatirla” y concluir “por tanto, podemos perjudicar a personas blancas para compensarla”.

Una cosa no conduce necesariamente a la otra.

La peligrosa contabilidad de las razas

Cuando una sociedad comienza a decidir quién merece determinadas oportunidades basándose en la raza, entra en un terreno peligroso.

Hoy puede justificarse como reparación histórica.

Mañana otro grupo puede exigir exactamente el mismo principio en beneficio propio.

El resultado termina siendo una competencia política entre identidades para demostrar quién merece mayores preferencias.

Eso no construye igualdad.

Construye privilegios colectivos administrados políticamente.

El liberalismo propone exactamente lo contrario: el Estado debería conocer nuestros actos mucho mejor que nuestra raza. Debe saber si respetamos la ley, pagamos impuestos, cumplimos contratos o infringimos derechos. Pero nuestra pigmentación debería resultar irrelevante para determinar cuánto valemos como ciudadanos.

Libertad para competir, no privilegios para pertenecer

Una sociedad libre tampoco promete que todos obtendrán exactamente los mismos resultados.

Promete algo diferente: que las reglas no deberían cambiar según quién seas.

Estudia.

Trabaja.

Emprende.

Compite.

Esfuérzate.

Cumple las reglas.

Y acepta también que otros tienen exactamente el mismo derecho a hacerlo.

La igualdad liberal no consiste en garantizar que todos lleguen simultáneamente a la meta. Consiste en impedir que el poder político decida quién debe avanzar o retroceder debido a su raza.

Naturalmente, las sociedades deben combatir las consecuencias comprobables de la discriminación. Pero hacerlo requiere precisión, no culpabilidades hereditarias.

Ayudemos al pobre por su necesidad, no por su color. Protejamos al discriminado por la injusticia sufrida, no por pertenecer a la categoría políticamente correcta. Castiguemos a quien discrimina independientemente de la raza de la víctima.

Porque existe una pregunta extremadamente sencilla que desmonta buena parte de esta discusión:

Si discriminar por raza está mal, ¿por qué debería convertirse en algo bueno cuando la persona discriminada es blanca?

No se convierte.

Cambiar la víctima no convierte una injusticia en justicia.

Cambiarle el nombre tampoco.

Una sociedad realmente libre necesita algo simultáneamente más sencillo y más difícil. Personas diferentes, derechos iguales, reglas iguales y libertad para que cada individuo construya su propio camino.

Eso sí es igualdad.

¿La discriminación deja de ser injusta cuando cambia la raza de la víctima? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y lleva el debate al terreno que realmente importa: igualdad ante la ley o privilegios determinados por raza.

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La izquierda vuelve a descubrir cómo destruir empleos

 

Impuesto global a los ricos

Hay ideas económicas que fracasan tantas veces que uno pensaría que terminarían jubilándose por vergüenza. Pero algunas propuestas de la izquierda poseen una admirable capacidad de supervivencia: cuando la realidad las derrota, simplemente cambian de nombre, organizan una conferencia internacional y vuelven a presentarlas como una innovación.

La última genialidad es un impuesto mínimo global del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios, promovido por economistas como Gabriel Zucman, Thomas Piketty y Emmanuel Saez y respaldado políticamente desde distintos sectores de la izquierda internacional. La propuesta pretende que quienes poseen más de 1.000 millones de dólares paguen anualmente, como mínimo, el equivalente al 2 % de su patrimonio.

Suena fantástico si uno supone que las fortunas están guardadas en una gigantesca caja fuerte como la de Rico McPato y que solo es de meter la mano y sacar dinero

El pequeño inconveniente es que buena parte de esa riqueza está invertida en acciones, empresas, maquinaria, tecnología y capital productivo. Es decir: aquello que permite producir, invertir y contratar trabajadores. A pesar de estas explicaciones, ciertos sectores de la prensa insisten en incautar la fortuna a Elon Musk por ser muy trillonario. Claro, ninguno de los que pide este delito quiere poner de su dinero.

Un estudio elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform estimó qué ocurriría con semejante experimento fiscal. En su escenario de menor elusión, calcula que el PIB mundial podría reducirse aproximadamente en 80.000 millones de dólares anuales durante la primera década, mientras se perderían alrededor de dos millones de empleos. A largo plazo, la pérdida anual de producción alcanzaría unos 120.000 millones. 

Conviene aclararlo: se trata de una simulación económica, no de una profecía divina tallada en piedra. Pero el mecanismo que describe es perfectamente conocido y casi siempre sobrepasa las predicciones, sino revisen Venezuela.

Gravar el capital reduce su rentabilidad esperada. Menor rentabilidad puede significar menor inversión. Menor inversión implica menos capital por trabajador, menor productividad y, finalmente, menos crecimiento de salarios y empleo. Aunque ya hemos leído en Argentina que periodistas sueltos de lengua dicen que imprimir no produce inflación si los billetes se fabrican fuera de Argentina.

La izquierda suele responder que solamente pagarán “los ricos”.

Naturalmente. Porque aparentemente las empresas pueden pagar impuestos sin modificar inversiones, precios, salarios, dividendos o decisiones de localización. Una especie de árbol fiscal mágico donde el Estado recoge dinero y nadie cambia su comportamiento.

Europa ya probó el experimento

Lo divertido es que Europa no necesita imaginar qué puede ocurrir.

Durante décadas numerosos países europeos tuvieron impuestos recurrentes sobre el patrimonio. Austria lo eliminó en 1994; Dinamarca en 1997; Alemania en 1997; Finlandia, Islandia y Luxemburgo en 2006; Suecia en 2007. Francia sustituyó en 2018 su impuesto general sobre el patrimonio por otro concentrado fundamentalmente en activos inmobiliarios.

Y esto no lo afirma precisamente una asociación clandestina de empresarios enfadados.

La OCDE ha identificado entre las razones de esas reformas los riesgos de fuga de capitales, la evasión y elusión, los elevados costes administrativos y una recaudación relativamente reducida. La propia organización concluyó que existen argumentos limitados para mantener un impuesto sobre el patrimonio neto cuando ya funcionan adecuadamente los impuestos sobre las rentas del capital y las herencias. 

En otras palabras: varios países probaron el medicamento, descubrieron sus efectos secundarios y lo retiraron. Ahora algunos políticos proponen administrarlo simultáneamente a todo el planeta.

Eso sí que es aprender de la historia.

América Latina tampoco está vacunada contra la imaginación tributaria

En América Latina la tentación es especialmente peligrosa. Países con baja inversión, elevada informalidad, escasa productividad y mercados laborales frágiles actúan algunas veces como si su principal problema económico fuese precisamente que todavía queda demasiado capital privado disponible.

Colombia constituye un ejemplo reciente. Durante 2026 se aprobaron disposiciones extraordinarias que ampliaron la aplicación del impuesto al patrimonio incluso a determinadas personas jurídicas. 

El problema es conceptual: una empresa no es una bolsa inmóvil de dinero esperando ser confiscada. Compite por capital con empresas de otros países. Si un gobierno incrementa persistentemente el coste de invertir, el capital tiene alternativas: no invertir, reducir proyectos, trasladarse o exigir una rentabilidad mayor.

Y quienes no pueden mudarse a Miami, Madrid o Panamá son precisamente muchos trabajadores.

¿Y electoralmente funciona?

Tampoco necesariamente.

España ofrece un ejemplo interesante. Podemos apareció en las elecciones generales de 2015 convertido en fenómeno político y las candidaturas vinculadas al partido alcanzaron 69 diputados y más del 20 % de los votos. En abril de 2019 el espacio de Unidas Podemos descendió a 35 escaños y en noviembre de ese mismo año obtuvo nuevamente 35 en el conjunto de la coalición, mientras el peso parlamentario específicamente atribuible a Podemos siguió deteriorándose posteriormente. Para 2026 terminó siendo un recuerdo perdiendo todas las elecciones autónomicas en España.

Naturalmente, sería absurdo afirmar que ese descenso ocurrió exclusivamente por sus propuestas tributarias. Los partidos pierden votos por múltiples razones. Pero sí demuestra algo menos ambicioso y bastante incómodo: presentarse como representante exclusivo del pueblo mientras se ofrece cada vez más intervención estatal no garantiza que el pueblo continúe comprando el producto.

El capital no es el enemigo del trabajador

Aquí está el error fundamental.

La izquierda radical imagina una economía dividida entre empresarios que ganan y trabajadores que pierden. Pero sin acumulación de capital difícilmente existen nuevas fábricas, tecnología, maquinaria, emprendimientos o incrementos sostenidos de productividad.

Y sin productividad tampoco existen salarios elevados.

Por eso perseguir fiscalmente al capital hasta hacerlo emigrar puede producir una extraordinaria victoria ideológica: quizá finalmente haya menos millonarios dentro del país.

El pequeño problema será descubrir que también habrá menos inversión, menos empresas y menos empleos.

Pero siempre quedará algún político dispuesto a explicar que el fracaso ocurrió porque todavía no cobramos suficientes impuestos.

¿De verdad se combate la pobreza castigando a quienes invierten, crean empresas y generan empleo? Comparte esta entrada y súmate al debate sobre impuestos, inversión y libertad económica.

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Resultados PISA 2025 en América Latina: la evidencia de un fracaso educativo. Menos Estado en las escuelas, más libertad, competencia y resultados

 

Por Armando José Urdaneta Montiel.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 deberían obligar a América Latina a cuestionar seriamente la manera en que ha organizado sus sistemas educativos. No estamos frente a una dificultad coyuntural ni ante un problema que pueda solucionarse simplemente aumentando presupuestos. Estamos frente a una crisis de resultados que exige preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿tiene sentido continuar confiando la administración de buena parte de la educación a estructuras estatales altamente burocratizadas y susceptibles de politización?

Los resultados son preocupantes. América Latina continúa considerablemente rezagada respecto de los países de la OCDE y varias economías de la región experimentaron retrocesos o estancamientos. Argentina registró su peor resultado histórico en matemáticas desde que participa regularmente en PISA; México retrocedió en matemáticas y lectura; Brasil permanece prácticamente estancado y Chile también deterioró sus resultados en matemáticas y lectura.

Ecuador merece especial atención. Apenas el 20 % de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65 % del promedio de la OCDE. En lectura lo consiguió el 38 %, frente al 69 %, y en ciencias el 40 %, comparado con 74 % en la OCDE. Además, el país obtuvo resultados inferiores a los registrados en 2017 en las tres puntuaciones reportadas: pasó de 377 a 366 puntos en matemáticas, de 409 a 385 en lectura y de 399 a 393 en ciencias.

Estos resultados no demuestran por sí solos que la gestión estatal sea la causa del deterioro. Existen factores socioeconómicos, familiares y culturales que también afectan el aprendizaje. Pero sí deberían acabar con la complacencia respecto de sistemas en los cuales el Estado simultáneamente financia, administra, regula, supervisa y evalúa buena parte del sistema educativo.

El problema fundamental es de incentivos. Cuando la educación depende excesivamente de estructuras burocráticas, las decisiones dejan de responder exclusivamente a criterios pedagógicos y andragógicos  y comienzan a estar condicionadas por intereses políticos, administrativos, sindicales y presupuestarios. Los cargos pueden convertirse en espacios de negociación política; los recursos pueden distribuirse atendiendo a prioridades diferentes del desempeño académico; y las instituciones deficientes pueden continuar funcionando durante décadas sin enfrentar las consecuencias que tendría una organización incapaz de satisfacer a quienes utilizan sus servicios.

En un entorno competitivo, quien ofrece persistentemente un mal servicio pierde usuarios e ingresos. En muchos sistemas educativos ocurre lo contrario: instituciones con resultados deficientes continúan recibiendo estudiantes y presupuesto casi automáticamente. Esta situación genera un problema de moral Hazard (riesgo moral), pues al estar su financiamiento y continuidad escasamente vinculados al desempeño, se debilitan los incentivos para mejorar, innovar y corregir ineficiencias. Un sistema de vouchers asociado a evaluaciones anuales independientes introduciría mayor disciplina por resultados: el financiamiento seguiría al estudiante y las instituciones competirían por demostrar su capacidad efectiva para generar aprendizaje.

¿Por qué no cambiar radicalmente esa lógica?

El Estado no necesita administrar escuelas para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la educación. Financiar la educación y producir resultados son dos cosas completamente diferentes. Esta distinción, fundamental dentro del pensamiento liberal, permite plantearse un sistema en el cual las instituciones educativas sean autónomas, privadas, cooperativas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, mientras el Estado concentra su intervención en garantizar que ningún niño quede excluido por falta de recursos económicos.

Aquí adquiere relevancia el sistema de vouchers educativo. Las familias con capacidad económica podrían financiar directamente la educación de sus hijos. Aquellas que no dispongan de recursos suficientes recibirían un voucher financiado por el Estado. Pero ese dinero no debería entregarse automáticamente a una escuela determinada. El financiamiento acompañaría al estudiante y su familia decidiría dónde utilizarlo.

El principio puede resumirse de una manera sencilla: financiar al estudiante, no a la burocracia educativa. Esto introduciría un elemento prácticamente inexistente en muchos sistemas educativos latinoamericanos: competencia real por los estudiantes.

Pero la libertad de elección necesita información. Por ello, propongo complementar los vouchers con un Sistema Nacional Independiente de Evaluación de Saberes y Conocimientos, mediante pruebas estandarizadas realizadas anualmente a los estudiantes.

Matemáticas, comprensión lectora, ciencias, razonamiento lógico y otras competencias fundamentales deberían evaluarse mediante criterios homogéneos y verificables. Los resultados permitirían construir un ranking público nacional de instituciones educativas.  De esta manera, serían principalmente los resultados educativos y el valor añadido por cada institución, y no las conexiones políticas, los discursos ideológicos o la capacidad de presión de determinados grupos, los que determinarían su prestigio.

Las familias conocerían cuáles instituciones proveen una mejor calidad educativa. Y allí debería aparecer el segundo componente del sistema: los vouchers públicos podrían incorporar incentivos vinculados al desempeño. Las instituciones que demuestren persistentemente mejores resultados, especialmente aquellas capaces de generar grandes avances entre estudiantes procedentes de hogares vulnerables, podrían recibir una mayor ponderación dentro de los programas públicos de financiamiento.

No se trataría simplemente de entregar más dinero a quien obtiene la puntuación absoluta más alta. Eso podría terminar subsidiando diferencias socioeconómicas preexistentes. Se trataría de premiar calidad, progreso, eficiencia y capacidad efectiva de generar aprendizaje.

Una escuela que recibe estudiantes vulnerables y consigue elevar extraordinariamente sus conocimientos debería ser considerada una institución excelente, aunque su puntuación absoluta todavía resulte inferior a la de un establecimiento que recibe estudiantes provenientes de hogares privilegiados. 

La competencia haría el resto. Las mejores escuelas atraerían más estudiantes. Las instituciones exitosas tendrían incentivos para expandirse. Nuevos oferentes podrían ingresar al sistema reproduciendo modelos educativos exitosos. Las instituciones mediocres tendrían que innovar, cambiar profesores, modificar métodos pedagógicos y mejorar su administración. Y aquellas incapaces de producir resultados después de sucesivas evaluaciones deberían perder estudiantes y eventualmente salir del mercado educativo.

Ese mecanismo puede parecer duro, pero mucho más duro resulta condenar durante generaciones a niños de familias pobres a instituciones deficientes simplemente porque tuvieron la mala fortuna de nacer dentro de determinada jurisdicción educativa.

La propia OCDE reconoce que los defensores de la elección escolar sostienen que la competencia puede generar incentivos para que las instituciones respondan mejor a las necesidades de los estudiantes, y recoge investigaciones que encuentran efectos positivos moderados. También advierte sobre problemas reales de información, transporte, costos ocultos y desigualdad en la capacidad de elección. Precisamente por ello un modelo liberal serio no debe ignorar esos problemas: debería diseñar vouchers diferenciados para estudiantes vulnerables y garantizar información transparente sobre resultados.

La discusión tampoco consiste en despreciar a los docentes. Todo lo contrario. Un sistema competitivo permitiría que los buenos profesores fueran identificados, demandados y mejor remunerados. La excelencia docente dejaría de depender fundamentalmente de escalafones burocráticos, antigüedad o decisiones administrativas y estaría mucho más relacionada con competencias, desempeño y resultados.

El Estado conservaría funciones limitadas pero importantes: financiar mediante vouchers a quienes realmente lo necesiten, garantizar estándares básicos, proteger a los menores, impedir fraudes y asegurar que las evaluaciones nacionales sean independientes y técnicamente rigurosas. Lo que dejaría de hacer sería aquello para lo cual la experiencia latinoamericana ofrece demasiados motivos para desconfiar: pretender ser simultáneamente financiador, proveedor, administrador, regulador y juez de su propio desempeño.

Los resultados de PISA 2025 deberían servir como reflexión. PISA evalúa precisamente competencias de estudiantes de 15 años y permite comparar los resultados de más de 90 países y economías. No podemos continuar observando cada nueva evaluación, lamentándonos durante algunas semanas y posteriormente regresando al mismo modelo.

América Latina necesita introducir libertad de elección, competencia y responsabilidad por resultados en su educación.

Que el Estado ayude al estudiante que lo necesita, pero que sean las familias quienes elijan. Que el financiamiento siga al alumno. Que las pruebas anuales revelen quién realmente está enseñando. Que las buenas escuelas puedan crecer y las deficientes tengan que mejorar. Que los buenos docentes sean premiados. Y, sobre todo, que la educación deje de ser un espacio capturado por la política y vuelva a concentrarse en aquello que verdaderamente importa: que nuestros niños aprendan.

Después de décadas intentando reformar estructuras burocráticas que tienden a reproducir sus propias ineficiencias, ha llegado el momento de replantear el debate educativo. La pregunta ya no debería ser cuánto más Estado necesita la educación latinoamericana, sino cuánto espacio estamos dispuestos a devolver a la libertad de elección, la competencia y la responsabilidad por resultados. Por ello el verdadero desafío no es reformar una y otra vez el mismo modelo, sino en que medida podemos liberar del Estado al sistema educativo para devolverla a las familias y a la sociedad.

Si América Latina quiere mejores resultados educativos, debe dejar de financiar estructuras ineficientes y comenzar a financiar a los estudiantes. Comparte esta entrada y súmate al debate: más libertad de elección, más competencia y más responsabilidad por resultados.

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