La expropiación no crea viviendas ni riquezas: destruye confianza, inversión y empleo

 

La vieja tentación de la izquierda española vuelve con el mismo disfraz moral de siempre: “quitar” o castigar severamente a quienes poseen más de una vivienda para, supuestamente, favorecer a quienes no tienen casa. El clima político cada vez más agresivo contra la propiedad privada por parte de dirigentes que acumulan muchas casas, hace que sea risible esa propuesta. Izquierda Unida ha defendido explorar expropiaciones sobre viviendas en desuso de bancos y fondos de inversión; Gabriel Rufián ha planteado que “a partir de la segunda vivienda” deberían aplicarse impuestos muy elevados; y desde Más Madrid se han escuchado discursos abiertamente favorables a “freír a impuestos” y expropiar a quienes acumulen viviendas.

El argumento suena noble y emociona a los sin casa: combatir la especulación, garantizar vivienda, proteger al pobre. Pero la economía no funciona con consignas. Si el Estado convierte al propietario en enemigo público, es miuy simple, el primer efecto no es que aparezcan más casas; el primer efecto es que desaparece la confianza. Y sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay construcción, sin construcción no hay empleo y sin nueva oferta los precios terminan subiendo.

España y los países en el mundo, no necesitan menos propietarios; necesitan más viviendas disponibles, más suelo habilitado, menos trabas urbanísticas, seguridad jurídica y un mercado de alquiler que no trate al arrendador como sospechoso. La construcción no es una actividad menor: a cierre de 2025 concentraba alrededor de 1,56 millones de ocupados y cerca del 7% del empleo en España, según datos difundidos por Randstad con base en estadísticas laborales. Golpear la propiedad inmobiliaria no solo afecta al “rico” imaginario que la izquierda usa como villano una y otra vez; afecta a albañiles, arquitectos, ferreterías, electricistas, transportistas, pequeños ahorradores y familias que compraron un piso como resguardo para su jubilación.

La historia es clara. En Berlín, el famoso control de alquileres congeló rentas desde 2020, pero fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional alemán en 2021. La medida generó incertidumbre, contratos con “rentas sombra” y desincentivos a la oferta. En Alemania, incluso cuando se discute extender controles, el propio sector inmobiliario advierte que esos límites frenan inversión y construcción; en 2024 se terminaron 251.900 apartamentos, muy por debajo del objetivo oficial de 400.000 anuales.

Cataluña ofrece una advertencia más cercana. Estudios sobre el control de alquileres de 2020 encontraron reducciones moderadas en precios, pero también efectos perversos: las viviendas más caras bajaron, mientras las más baratas tendieron a encarecerse al acercarse al techo permitido; otro informe estimó una caída de oferta cercana al 10%. Incluso la evidencia más favorable reconoce rebajas de apenas 4% a 6% y abre el debate sobre efectos posteriores en disponibilidad.

Argentina también lo vivió. La Ley de Alquileres de 2020, hecha para “proteger” al inquilino, terminó generando escasez, informalidad y retiro de inmuebles del mercado. En Buenos Aires, Reporte Inmobiliario estimó una caída de 63% en la oferta de alquileres respecto al período previo a la ley. El resultado fue el clásico fracaso intervencionista: se quiso abaratar por decreto y se terminó reduciendo la cantidad de viviendas disponibles.

Suecia, tantas veces usada como vitrina socialdemócrata, muestra otro costo: controles extensos de alquiler y listas de espera interminables. Estudios sobre Estocolmo describen un sistema con largas colas y asignación rígida; una investigación publicada en Journal of Public Economics señala que el acceso a un contrato regulado puede reducir ingreso laboral y empleo, reflejando distorsiones reales en movilidad y decisiones económicas.

Y cuando la izquierda cruza de la regulación a la expropiación abierta, el daño es más profundo. Venezuela no destruyó su economía por casualidad: su hostilidad hacia los mercados y la propiedad privada debilitó el aparato productivo interno. El Economics Observatory resume que el intervencionismo, los controles y la agresión contra la propiedad privada terminaron paralizando sectores no petroleros. Zimbabwe ofrece otra lección brutal: la reforma agraria forzosa de Mugabe confiscó miles de granjas, hundió exportaciones agrícolas y fue seguida de colapso económico e hiperinflación.

La vivienda es un problema real. Negarlo sería absurdo. Pero la solución no es expropiar, castigar ni convertir el ahorro familiar en delito moral. La solución seria pasa por construir más, liberar suelo, reducir burocracia, proteger contratos, sancionar la ocupación ilegal, focalizar subsidios en familias vulnerables y ampliar vivienda social sin destruir el mercado privado.

La izquierda vende la expropiación como justicia. En realidad, es una fábrica de escasez. Promete casas para todos, pero termina produciendo menos casas, más miedo, menos empleo y más dependencia del político. La propiedad privada no es un capricho burgués: es la base de la inversión, del crédito, del ahorro y de la libertad personal. Cuando el Estado puede decidir cuántas viviendas son “demasiadas”, mañana también decidirá cuánto ingreso es “demasiado”, cuánto ahorro es “injusto” y cuánta libertad puede tolerar.

Antes de aplaudir una expropiación, pregúntese algo sencillo: si mañana el Estado puede quitarle la casa a otro, ¿qué le impedirá venir después por la suya?

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Populismo y dinero ajeno

 

Hay una mentira política que ha funcionado durante décadas en América Latina: hacerle creer al ciudadano que el gobierno “le da gratis” educación, salud, becas, bonos, carreteras, viviendas o medicinas. La frase parece noble, pero es profundamente tramposa. El gobierno no produce riqueza por arte de magia. El gobierno toma recursos de la sociedad mediante impuestos, deuda, renta petrolera, renta minera o emisión monetaria. Luego devuelve una parte, la envuelve en propaganda, le pone rostro de líder salvador y exige gratitud política.

Ese es el verdadero pensamiento mágico fiscal: creer que el dinero público pertenece al gobernante y no al contribuyente. Es una ilusión colectiva muy útil para el populismo, especialmente para la izquierda latinoamericana, que ha convertido el gasto público en una herramienta de control emocional. No se trata solo de administrar recursos; se trata de construir dependencia psicológica.

Desde la psicología de masas, el mecanismo es claro. Primero, se instala una narrativa de víctima: “el pueblo ha sido abandonado”. Luego aparece el redentor: “el líder sí piensa en ustedes”. Después llega el beneficio: bono, beca, medicina, obra pública, subsidio. Finalmente viene la deuda emocional: “si no votas por nosotros, perderás lo que te damos” "perderán sus derechos". Así se reemplaza ciudadanía por clientelismo. El ciudadano deja de preguntarse si el gasto es sostenible y empieza a sentir miedo de perder el favor del Estado.

El populismo entiende muy bien la conducta humana. Sabe que muchas personas valoran más el beneficio inmediato que el costo futuro. Un bono entregado hoy pesa más psicológicamente que una deuda que explotará en diez años. Una carretera inaugurada con cadenas nacionales se recuerda más que el déficit fiscal que la financió. Una beca con foto oficial genera más emoción que el impuesto que la pagó. El resultado es una sociedad entrenada para agradecer al político, no para exigirle cuentas.

Venezuela es el ejemplo más brutal. Durante años, el chavismo usó la renta petrolera para fabricar la imagen de un Estado generoso e invencible. Misiones, subsidios, controles de precios y gasto masivo fueron presentados como justicia social. Pero cuando se desplomó la capacidad productiva y fiscal, el espejismo se rompió. La economía venezolana terminó atrapada en déficit, colapso petrolero, emisión monetaria e hiperinflación, con consecuencias sociales devastadoras.

Ecuador también vivió su versión de esa ilusión durante la bonanza petrolera en el Correato. El gasto público creció de manera acelerada después de 2007, financiado por ingresos petroleros, deuda y expansión estatal. El Banco Mundial señala que el sector público no financiero pasó de representar 21% del PIB en 2006 a 43% en 2014; además, el déficit llegó a cerca de 5% del PIB en 2013-2014 y la deuda pública se duplicó entre 2010 y 2014. Hubo obras, sí; pero también rigidez fiscal, menor espacio de maniobra y dependencia del endeudamiento.

Argentina ofrece otro caso clásico. El kirchnerismo aprovechó el ciclo favorable de commodities para sostener subsidios, transferencias y una narrativa de redistribución permanente. El problema apareció cuando el financiamiento dejó de acompañar ese modelo. La inflación, los subsidios difíciles de desmontar, el déficit fiscal y la fragilidad macroeconómica revelaron que el “modelo nacional y popular Peronista y Kirchnerista” no era magia distributiva, sino gasto político financiado con recursos que se agotaban.

Bolivia, bajo el MAS de Evo Morales y Luis Arce, también se benefició del ciclo del gas. Durante años se vendió la idea de un Estado fuerte, soberano y redistribuidor. Pero la caída de ingresos por hidrocarburos, el deterioro de reservas internacionales y los déficits fiscales mostraron que la bonanza no era eterna. El FMI advirtió sobre déficits de cuenta corriente financiados mediante reducción de reservas, y Reuters reportó la caída de la producción de gas desde 2016 hasta 2023.

La pregunta de fondo no es si un Estado debe invertir en salud, educación o infraestructura. Claro que debe hacerlo. La pregunta seria es otra: ¿con qué recursos?, ¿con qué eficiencia?, ¿con qué sostenibilidad?, ¿con qué transparencia?, ¿con qué resultados? La izquierda populista evita esas preguntas porque rompen el hechizo. Prefiere hablar de derechos sin hablar de costos, de justicia sin hablar de productividad, de pueblo sin hablar de contribuyentes.

El daño más grande de esta mentalidad no es solo económico; es moral y cultural. Enseña que recibir es más importante que producir. Que exigir al Estado es más digno que crear riqueza. Que el político que reparte merece obediencia. Y que todo ajuste fiscal es crueldad de la derecha, aunque el despilfarro previo haya sido irresponsablemente creado por la benevolente izquierda revolucionaria progresista.

Los pueblos maduros entienden que nada es gratis. Los pueblos manipulados creen que el gobierno regala. La diferencia entre ambos es enorme: unos construyen ciudadanía; otros fabrican dependencia. Y cuando la fantasía se acaba, siempre llega la misma factura: deuda, déficit, inflación, impuestos más altos y menos libertad.

Si queremos ciudadanos libres, hay que empezar por desmontar la mentira más cara de todas: el Estado no regala nada; administra dinero ajeno.

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¿Puede el Estado corregir al mercado sin agravar sus propios fallos? Una crítica ampliada a la visión de Stiglitz

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel.

En los últimos años, economistas como Joseph Stiglitz han ganado protagonismo en el debate público al advertir sobre una creciente concentración de la riqueza a nivel global. La afirmación reciente de que el 1 % más rico ha capturado una parte desproporcionada del crecimiento económico ha servido como base para promover una agenda de mayor intervención estatal: impuestos más progresivos, regulación más estricta y políticas redistributivas más ambiciosas. Sin embargo, aunque este diagnóstico parte de fenómenos reales, la prescripción política que se deriva de él merece un análisis más riguroso.

El núcleo del argumento de Stiglitz se sustenta en la existencia de “fallos del mercado”: monopolios, externalidades, desigualdad y, especialmente, asimetrías de información. Desde esta perspectiva, el mercado no es un mecanismo perfecto de asignación de recursos, por lo que requiere correcciones institucionales. No obstante, este enfoque incurre en una omisión relevante: la subestimación sistemática de los fallos del Estado.

La teoría de la elección pública ha mostrado que el Estado no es un ente benevolente ni omnisciente. Los actores políticos legisladores, burócratas, reguladores responden mayoritariamente a incentivos propios, muchas veces vinculados a la reelección, al poder o a intereses particulares. Esto genera fenómenos como la captura regulatoria, donde las mismas industrias que deben ser reguladas influyen en las reglas del juego; o la asignación ineficiente del gasto público, donde los recursos se destinan más a objetivos políticos que a criterios de eficiencia o equidad.

En este contexto, la idea de que el Estado puede corregir los fallos del mercado sin introducir distorsiones adicionales resulta una utopía. De allí, que surja entonces una pregunta fundamental: ¿quién corrige los fallos del Estado? Si los problemas del mercado justifican intervención, los problemas del Estado deberían justificar cautela.

Un elemento central de esta crítica es el problema del conocimiento. Tal como argumentaron economistas de la tradición austriaca como Hayek y Mises, el conocimiento relevante para la toma de decisiones económicas está disperso entre millones de individuos. El sistema de precios, en un mercado libre, actúa como un mecanismo de coordinación que sintetiza esa información. Cuando el Estado interviene de manera significativa ya sea fijando precios, regulando sectores o redistribuyendo recursos corre el riesgo de distorsionar esas señales y generar asignaciones menos eficientes de recursos.

A esto se suma el problema de los incentivos. Las políticas redistributivas, especialmente cuando se intensifican, pueden alterar el comportamiento de los agentes económicos. Impuestos elevados sobre la renta, el capital o el patrimonio pueden desincentivar la inversión, la innovación y el emprendimiento. Si bien la redistribución busca corregir desigualdades, también puede reducir la creación de riqueza, afectando el crecimiento a largo plazo.

Otro aspecto frecuentemente ignorado es la heterogeneidad institucional entre países. Las propuestas de mayor intervención estatal pueden tener efectos distintos dependiendo de la calidad de la gestión Estatal. En economías con instituciones sólidas, bajos niveles de corrupción y alta capacidad administrativa, ciertas políticas pueden funcionar razonablemente bien. Sin embargo, en muchos países en desarrollo donde la presión fiscal ya es significativa el problema no es la falta de intervención, sino la baja calidad del gasto, la ineficiencia técnica y la baja calidad institucional. En estos contextos, ampliar el tamaño del Estado sin mejorar su funcionamiento puede agravar los problemas existentes.

Además, el énfasis en la redistribución suele dejar en segundo plano la importancia del crecimiento económico. La historia económica muestra que los mayores avances en reducción de pobreza han estado asociados a procesos de crecimiento sostenido impulsados por mercados relativamente libres. La redistribución puede aliviar desigualdades, pero difícilmente puede sustituir la generación de riqueza.

Esto no implica negar la existencia de desigualdad ni idealizar el funcionamiento de los mercados. La cuestión es reconocer que tanto el mercado como el Estado son instituciones imperfectas. El error radica en comparar un mercado real con un Estado idealizado. Un análisis más honesto exige comparar realidades: mercados con fallos frente a Estados con limitaciones estructurales.

Desde esta perspectiva, la propuesta de ampliar la intervención estatal como solución generalizada a la desigualdad resulta incompleta. No porque carezca de fundamentos, sino porque ignora los costos asociados a dicha intervención. El problema no es solo identificar fallos, sino entender las consecuencias de intentar corregirlos.

En última instancia, el debate no debería reducirse a una dicotomía entre “más Estado” o “más mercado”. La verdadera cuestión es cómo diseñar instituciones que minimicen los fallos de ambos sistemas. Esto implica reconocer los límites del conocimiento centralizado, respetar los mecanismos de coordinación del mercado y, al mismo tiempo, establecer marcos institucionales que eviten abusos, fomenten la competencia y garanticen igualdad de oportunidades.

La desigualdad es, sin duda, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pero su solución no puede basarse únicamente en una mayor intervención estatal. Requiere una comprensión más equilibrada de los incentivos, la información y las limitaciones institucionales. Solo así será posible avanzar hacia un sistema económico que combine eficiencia y equidad sin sacrificar una por la otra.

¿Y usted qué piensa: el Estado corrige los fallos del mercado o muchas veces termina profundizándolos? Lea, comparta y súmese al debate.

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Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e Internacional Socialista: el mismo perro con diferente collar

 

De qué estamos hablando realmente

Todos estos nombres altisonantes son redes de coordinación de la izquierda, del progresismo y de la socialdemocracia internacional. El Foro de São Paulo nació en julio de 1990 por iniciativa de Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva, con convocatoria del PT brasileño, para reagrupar a la izquierda latinoamericana tras la caída del bloque soviético y frente al avance del siempre enemigo eterno al que denominan "neoliberalismo". El Grupo de Puebla se fundó el 12 de julio de 2019 en Puebla como espacio de articulación de líderes progresistas que actúan, según su propia definición, “a título personal”. Y finalmente la Internacional Socialista, en cambio, es una estructura mucho más antigua y formal: fue fundada en 1951 y se define como una asociación mundial de partidos que buscan el socialismo democrático.

Qué objetivo persiguen

El Foro de São Paulo persigue, desde su origen, el financiamiento y la defensa política de los partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe. Su lenguaje histórico combina antiimperialismo, integración regional, resistencia al neoliberalismo y solidaridad internacional entre fuerzas afines. No opera como un partido único ni como un gobierno supranacional, pero sí como una plataforma de convergencia política que tiene voceros en todos los países de AL.

El Grupo de Puebla tiene un objetivo más renovado y mediático ante el desgaste del FDSP: articular una narrativa progresista iberoamericana, intervenir en debates públicos, denunciar el llamado lawfare, producir manifiestos, y empujar coordinación política, jurídica y parlamentaria. De hecho, el propio grupo impulsó el CLAJUD para combatir lo que define como judicialización de la política, y en 2024 anunció una red parlamentaria para articular iniciativas legislativas en varios países.

La Internacional Socialista persigue algo distinto: mantener una red mundial estable de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas, coordinar posiciones comunes y proyectar una agenda internacional de libertad, justicia social y solidaridad. Su diferencia clave frente a los otros dos espacios es que su discurso institucional está mucho más amarrado al lenguaje del socialismo democrático y de la gobernanza multilateral.

Cómo se financian y qué tan transparentes son

La Internacional Socialista tiene un esquema de financiamiento explícito en sus estatutos: cuotas de afiliación de partidos miembros, contribuciones de organizaciones fraternales o asociadas y donaciones. Es, de los tres casos, el que presenta la arquitectura financiera más clara en su normativa pública.

En el caso del Grupo de Puebla, la información pública revisada muestra con claridad qué dice ser —un espacio independiente de líderes progresistas que participan a título personal—, pero no expone con el mismo nivel de detalle un sistema público de cuotas, donantes o estados financieros auditados en las páginas visibles consultadas. Tienen nula o baja transparencia pública verificable sobre su financiamiento institucional, aunque ellos exigen lo contrario al enemigo imperialista.

Con el Foro de São Paulo ocurre algo parecido o incluso más opaco. La documentación pública encontrada se concentra en declaraciones políticas, encuentros, comunicados y solidaridad internacional, pero no deja a la vista un esquema comparable de rendición financiera pública. 

Qué nivel de injerencia tienen realmente

Estas redes funcionan como un gobierno mundial clandestino con una cadena de mando perfecta. Su fuerza está en cinco frentes: coordinación de relato, legitimación internacional, contactos entre élites políticas, cobertura mediática afín y articulación jurídica o parlamentaria. 

El Foro de São Paulo ha demostrado capacidad de convocatoria regional e incluso extrarregional; ya en 2012 un encuentro del Foro reportaba 800 delegados de 100 partidos y organizaciones de 50 países, muchos de ellos vinculados a grupos terroristas españoles, nicaraguenses, colombianos, y arabes. 

El Grupo de Puebla tiene menos estructura partidaria orgánica, pero más capacidad de influencia narrativa. Reúne expresidentes, exministros, dirigentes y parlamentarios; ha construido redes como CLAJUD y el Grupo Parlamentario de Puebla; y ha intervenido públicamente en crisis nacionales, judiciales y diplomáticas. Su injerencia no suele ser burocrática: es discursiva, jurídica, simbólica y de lobby político regional. Arman delegaciones para presionar por la liberación de sus presos casi siempre vinculados a temas de corrupción o robo de dinero público como el caso de Ecuador con el ex vicepresidente Jorge Glas condenado con sentencia en firme.

La Internacional Socialista es la que tiene mayor alcance formal: agrupa actualmente a 132 partidos y organizaciones de todos los continentes y posee estatus consultivo en Naciones Unidas. Eso le da una plataforma global y un nivel de interlocución institucional que ni el Foro de São Paulo ni el Grupo de Puebla tienen.

Cómo promueven el socialismo mientras defienden gobiernos autoritarios

El mecanismo central no suele ser decir abiertamente “apoyamos la dictadura”, sino algo más eficaz: desplazar la discusión. En vez de centrarse en presos políticos, cierre del pluralismo, censura o fraude electoral, reencuadran el problema como “soberanía”, “antiimperialismo”, “bloqueo”, “no injerencia” o “lawfare”. Ese giro narrativo les permite defender aliados sin asumir el costo moral de defender abiertamente una autocracia.

El Grupo de Puebla es especialmente claro en esto. En su Manifiesto Progresista plantea “defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias” externas. Además, pidió que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran incluidos en la Cumbre de las Américas y expresó solidaridad con Cuba frente a sanciones, sin que ese énfasis venga acompañado de una condena equivalente y frontal a la represión interna de esos regímenes.

Ese respaldo es políticamente serio porque estamos hablando de gobiernos que hoy están ampliamente cuestionados por su carácter autoritario. Freedom House señala que Cuba es un Estado de partido único que prohíbe el pluralismo político; sostiene que Venezuela no funciona como democracia representativa; y Human Rights Watch documenta en Nicaragua represión sistemática, cierres de universidades y ONG, censura y despojo de nacionalidad. Además, V-Dem 2026 reporta que las autocracias cerradas han aumentado y ubica a regímenes como Cuba y Nicaragua entre los casos más duros de cierre autoritario.

El Foro de São Paulo también ofrece abundante evidencia de solidaridad con esos gobiernos. Su ecosistema oficial y afín ha difundido mensajes de apoyo a la Revolución Bolivariana y a Cuba, y en 2022 se reportó que su Grupo de Trabajo ratificó solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Históricamente, además, varias declaraciones del Foro han colocado a Venezuela en el centro de la “batalla” política regional.

Finalmente

Estas redes no necesitan controlar el mundo para ser influyentes. Les basta con algo más simple y más eficaz: coordinar élites, producir relato y aplicar un doble rasero moral. Cuando un abuso lo comete un adversario, hablan de fascismo, persecución y amenaza global; cuando lo comete un aliado de izquierda, hablan de soberanía, sanciones, imperialismo o guerra jurídica. Ahí está su verdadero poder: no en un mando único invisible, sino en la normalización selectiva del autoritarismo.

Si no quieres más propaganda disfrazada de democracia, comparte esta entrada y abre el debate con datos, no con consignas.

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El negocio del miedo fabrica fantasmas para frenar a la derecha

 

Hay una forma de manipulación política que no siempre entra por la puerta de la militancia abierta o de frente, sino por la ventana del periodismo disfrazado de superioridad moral que pulula en las granes cadenas informativas. Me refiero a cierta prensa y a ciertos comunicadores de izquierda o progresistas que, cuando ven crecer a un candidato identificado como de derecha, activan una vieja receta: instalar miedo. No debaten sus propuestas en serio; construyen un clima de alarma. De pronto, ese candidato ya no es un adversario democrático sino una “amenaza” para las libertades, podemos citar a Javier Milei antes de las elecciones de medio término o el hijo de Bolsonaro en Brasil, un supuesto fascista en potencia, un futuro perseguidor de periodistas, un censor, un enemigo de minorías y, en general, el villano perfecto para asustar al votante indeciso es el candidato o presidente que no se somete a la pauta o a las directrices de esos grandes medios. Esa táctica no es nueva, pero hoy se ha vuelto más rápida, más barata y más tóxica.

Es claro, que no todos los periodistas de izquierda operan así, algunos se difrazan muy bien y guardan las intenciones en notas y entrevista medio tibias. Además, la mentira política no pertenece a una sola ideología. Pero negar que existe un ecosistema mediático “progre” que exagera, recorta, descontextualiza y, a veces, directamente difunde falsedades para desinflar candidaturas o gobiernos de derecha sería ingenuo. La lógica es simple: si no puedes destruir al candidato o al presidente por sus resultados o por la debilidad de sus ideas, entonces lo conviertes en un riesgo civilizatorio. Ya no se informa sobre él; se le patologiza al punto de inventarle cosas terribles como lo hacen en la Argentina de Milei. Se le asocia a “retrocesos”, “mordazas”, “odio”, “dictadura”, “ultraderecha” "odio a los jubilados", aunque muchas veces no existan evidencias proporcionales que respalden semejante relato. Ahí entra lo que la literatura llama hostile media effect: los públicos altamente polarizados perciben y consumen la información desde una lógica de sesgo, y los medios partidizados alimentan esa dinámica hasta volverla rentable política y comercialmente, mentir y mentir hasta que la mentira se convierta en verdad.

Los datos históricos muestran que la desinformación sí altera el clima electoral. Un estudio ampliamente citado sobre la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016 estimó que el 27,4% de los adultos visitó al menos un artículo de sitios de fake news favorables a Trump o a Clinton durante el tramo final de la campaña. No fue un fenómeno marginal. Además, otro trabajo académico concluye que la exposición a fake news reduce la confianza en los medios y altera la forma en que los ciudadanos procesan el poder y la legitimidad institucional. Traducido al lenguaje político real: la mentira reiterada, aunque luego sea desmentida, deja residuo. Y ese residuo afecta reputaciones, endurece prejuicios y puede enfriar intención de voto o hacer que el candidato abandone la contienda electoral ante el peso de las mentiras.

Una parte de la prensa progresista ha perfeccionado un chantaje emocional muy eficaz. Presenta cada elección como si fuera el último muro que separa a la democracia del fascismo. El mensaje es siempre parecido: “si gana la derecha, perderás derechos”; “si gana la derecha, callarán a la prensa”; “si gana la derecha, vendrá la persecución” "si gana la derecha, los jubilados no podrán cobrar pensiones". El problema es que esa narrativa muchas veces no busca describir hechos comprobables, sino activar temores identitarios y morales. En lugar de discutir impuestos, seguridad, empleo, inversión o calidad institucional, se reemplaza el debate por una escenografía apocalíptica. Y cuando eso se hace desde medios, columnas, entrevistas, memes y “análisis” con apariencia de objetividad, el efecto puede ser devastador sobre el elector moderado o desinformado. 

El fenómeno siguió visible en procesos más recientes. Reuters documentó en 2024 narrativas de desinformación dirigidas también contra Donald Trump, y tras el atentado en su contra circularon teorías conspirativas y piezas engañosas a gran velocidad, se comenzó a decir que se había autoatentado. El punto no es defender a Trump, sino mostrar que los candidatos de derecha o percibidos como tales suelen convertirse en blancos ideales para campañas emocionales donde la falsedad, la edición maliciosa o la insinuación funcionan mejor que la refutación seria. A Trump se le dijo que el en la presidencia llevaría al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Cuando el objetivo es bajar entusiasmo electoral, basta con sembrar una sospecha intensa en el momento oportuno. 

Ahora el escenario es más delicado por la inteligencia artificial. UNESCO advierte que la IA facilita la producción de deepfakes, audios, imágenes y videos altamente convincentes a muy bajo costo y con escasa habilidad técnica. Eso multiplica la capacidad de fabricar escándalos falsos, declaraciones inventadas y montajes emocionales en plena campaña. Pero aquí hay un matiz importante: no solo importa la tecnología; importa el ecosistema que la aprovecha. Un deepfake por sí solo no define una elección. Lo decisivo es que haya medios, cuentas militantes, influencers y periodistas dispuestos a circularlo, insinuarlo o amplificarlo antes de verificarlo. Incluso hay estudios recientes que piden no caer en un pánico simplista sobre la IA, porque el verdadero problema sigue siendo la demanda política de desinformación, el sesgo ideológico y el premio que recibe quien logra manipular emociones. 

Por eso el desafío no es solo tecnológico, sino moral e institucional. Una democracia sana no puede depender de periodistas o de personas que usan un celular para comportarse como activistas con credencial de prensa. El periodismo debe vigilar al poder, no fabricar monstruos a conveniencia ideológica. Cuando una parte de la prensa “progre” convierte cada candidatura de derecha en una amenaza fascista inminente, deja de informar y empieza a operar. Y cuando la IA entra en esa ecuación, el riesgo se duplica: la mentira ya no necesita calidad, solo velocidad. A mi juicio, la defensa de la democracia hoy pasa por una ciudadanía más escéptica, más entrenada para detectar manipulación y menos dispuesta a votar con miedo prestado. 

No permitas que el miedo vote por ti. Lee, contrasta, verifica y cuestiona a los medios que informan como militantes. En una democracia seria, el voto debe decidirse con evidencia, no con pánico fabricado.

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Las ideas más “brillantes” de la izquierda: manual rápido para arruinar un país

Si uno quisiera escribir una parodia sobre cómo destruir lentamente una economía sin admitir nunca la responsabilidad, probablemente terminaría redactando un programa bastante parecido al viejo recetario de cierta izquierda latinoamericana: paros contra las empresas, aumentos salariales decretados por entusiasmo ideológico, expropiación de la propiedad privada, castigo tributario al que produce, control de precios y una fe casi religiosa en que la escasez se resuelve con discursos. Lo extraordinario no es que estas ideas sigan circulando, sino que todavía se presenten como si fueran descubrimientos revolucionarios y no piezas recicladas de un fracaso histórico largamente documentado.

La primera joya del repertorio es la guerra permanente contra la empresa. Para cierta retórica de izquierda, el empresario no es quien arriesga capital, organiza producción y genera empleo, sino una especie de villano estructural al que hay que “disciplinar” mediante paros, bloqueos, más regulación y sospecha moral (son malos los empresarios). El problema es que ninguna economía crece hostigando de forma sistemática a quien invierte. El Banco Mundial ha insistido durante años en que un mejor clima de inversión reduce incertidumbre, facilita la competencia y mejora la productividad; sin reglas previsibles y sin respeto al productor, no hay inversión suficiente ni empleo de calidad. Pero la épica del paro siempre vende más que la tediosa tarea de crear condiciones para producir, en Argentina hace poco años, paralizar la empresa hasta quebrarla era una cosa cotidiana.

Luego aparece otra genialidad: subir salarios por decreto como si la productividad fuera un detalle burgués. Un salario digno es deseable; nadie discute eso, aunque es difícil definir la palabra digno. Lo absurdo es creer que puede imponerse indefinidamente por voluntad política sin relación con productividad, estructura empresarial, informalidad y capacidad real de pago. La evidencia de la OCDE y de la OIT muestra algo mucho más matizado: los salarios mínimos pueden ayudar en ciertos contextos, pero si los pisos salariales se fijan demasiado alto respecto a la productividad, pueden reducir empleo, empujar sustitución de trabajo por capital o aumentar la informalidad, especialmente en economías frágiles. En otras palabras, la consigna “subamos salarios y luego vemos” puede terminar dejando a más gente sin empleo formal. Pero claro, eso no cabe bien en una pancarta. Y los hechos demuestran que los peores salarios están justo en los países comunistas o socialistas como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

La tercera luminaria del pensamiento confiscatorio es la expropiación, siempre adornada con palabras nobles: justicia social, recuperación popular, soberanía económica. Sin embargo, detrás del envoltorio retórico hay una señal devastadora: si la propiedad puede ser arrebatada cuando cambia el humor político, entonces invertir deja de ser una apuesta productiva y pasa a ser un acto de ingenuidad. La OCDE subraya que la protección de los derechos de propiedad y la seguridad frente a expropiaciones son elementos centrales para incentivar inversión, innovación y crecimiento. No es una casualidad histórica que los países que protegen mejor la propiedad atraigan más capital y los que la relativizan espanten a sus propios productores. Expropiar puede dar un aplauso inmediato al estilo del extinto Hugo Chávez en Venezuela; reconstruir la confianza destruida puede tomar décadas. 

Después llega el clásico castigo fiscal al “rico”, como si gravar cada vez más al capital, al ahorro y a la inversión no tuviera efectos reales sobre el comportamiento económico. Aquí también conviene evitar caricaturas fáciles: cobrar impuestos no es malo en sí mismo; un Estado funcional necesita recaudar. El problema aparece cuando la política tributaria deja de buscar eficiencia y equidad y se convierte en revancha ideológica. La OCDE y el FMI recuerdan que los impuestos sobre rentas corporativas y del capital afectan incentivos para ahorrar, invertir, innovar y emprender. Traducido al lenguaje común: cuando el éxito económico se penaliza en exceso, parte de la inversión se congela, migra o se esconde. Y luego los mismos que destruyeron incentivos preguntan por qué no despega la productividad. 

Pero quizá ninguna “idea brillante” resume mejor el delirio planificador que el control de precios. Según esta lógica, si algo sube de precio, basta con prohibir que suba. Problema resuelto. La realidad, por desgracia para los comisarios de la economía, funciona de otro modo: cuando se fija artificialmente un precio por debajo del equilibrio, aparecen escasez, menor oferta, deterioro de calidad y mercados paralelos. El Banco Mundial lo dice con claridad: los controles de precios suelen tener buenas intenciones, pero malos resultados. No eliminan el problema de fondo; apenas lo trasladan al anaquel vacío, a la cola, al racionamiento o al mercado negro. Es el truco favorito del populismo económico: celebrar un precio “justo” aunque ya no haya producto.

Si alguien pide un caso extremo de este festival de ocurrencias, Venezuela sigue siendo referencia obligatoria. El Banco Mundial la describe como una de las peores crisis económicas recientes de la región y documenta un éxodo masivo asociado a ese colapso. Sería intelectualmente deshonesto atribuir todo a una sola medida, pero también sería ciego negar que la combinación de controles, arbitrariedad institucional, debilitamiento de la propiedad, distorsiones fiscales y persecución al sector privado destruyó la capacidad productiva del país. La tragedia venezolana no prueba que todo Estado sea malo; prueba, más bien, que el estatismo sin límites termina siendo letal.

Estas supuestas ideas brillantes no fracasan por mala suerte ni por sabotaje cósmico de la ultra derecha como saben decir medios de comunicación aliados a estas ideas, sino porque parten de errores conceptuales elementales. Confunden riqueza con reparto, salario con decreto, empresa con enemigo, propiedad con privilegio y precio con capricho político. Y cuando la realidad desmiente el guion, la respuesta nunca es corregir el modelo, sino culpar al mercado, a los ricos, al imperio o a la falta de “profundización” revolucionaria. La parodia, en el fondo, ya está escrita por la historia: cada vez que ese libreto se aplica con convicción, el resultado se parece menos a la justicia social y más a una fábrica sistemática de pobreza.

Lee, comparte y cuestiona las recetas que prometen justicia, pero una y otra vez terminan fabricando escasez, pobreza y fracaso.

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Crecimiento económico: menos intervención y más coherencia en las reglas.

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

En el debate sobre el crecimiento económico de los países en desarrollo, persiste una tensión constante entre dos visiones: una que confía en la intervención estatal como motor del desarrollo y otra que apuesta por el funcionamiento del mercado como mecanismo central de asignación de recursos. A la luz de la evidencia, resulta cada vez más claro que el crecimiento sostenido no surge de sustituir al mercado, sino de permitirle operar dentro de un marco institucional estable y coherente.

La experiencia internacional demuestra que el verdadero punto de partida del crecimiento no es la planificación centralizada ni la intervención directa en la producción, sino la inserción en la economía global. El acceso a mercados amplios y al conocimiento permite a los países especializarse, aumentar su productividad y beneficiarse de economías de escala. Limitarse al mercado interno, en cambio, condena a las economías a una estructura productiva poco eficiente y de bajo dinamismo.

Pero esta inserción no es estática. La ventaja comparativa evoluciona con el tiempo, y los países que crecen son aquellos que logran adaptarse continuamente a nuevas condiciones productivas. El crecimiento sostenido, por tanto, es inseparable del cambio estructural en la matriz productiva. Pretender congelar la estructura productiva mediante subsidios, protecciones o intervenciones no solo es ineficiente, sino contraproducente.

En este contexto, el rol del Estado debe entenderse con claridad: no es reemplazar al mercado, sino garantizar que funcione adecuadamente. El sistema de precios, cuando no está distorsionado, es capaz de corregir los desequilibrios entre oferta y demanda y de guiar la asignación eficiente de los recursos. Intervenir en ese sistema suele generar más problemas que soluciones.

Ahora bien, esto no implica la ausencia de política económica, sino todo lo contrario: implica mejores reglas. En el ámbito fiscal, por ejemplo, la estabilidad no se logra mediante impuestos progresivos complejos, sino mediante un diseño que se adapte al ciclo económico. Ajustar la base imponible en función del nivel de actividad permite estabilizar la recaudación sin distorsionar los incentivos a la inversión y al ahorro.

En el terreno monetario, la discusión también merece un giro. Los esquemas tradicionales de metas de inflación han demostrado limitaciones en economías abiertas. Una alternativa más coherente es centrar la política monetaria en el control de los agregados monetarios, particularmente el crecimiento de la oferta monetaria (M2). Si esta crece en línea con la actividad económica y la demanda de dinero e incluso se ajusta a las condiciones del tipo de cambio real, es posible lograr estabilidad de precios de forma más predecible y menos dependiente de decisiones discrecionales.

A esto deben sumarse instrumentos como el aumento de encajes, la reducción del spread financiero y las operaciones de mercado abierto, que permiten regular la liquidez sin recurrir a intervenciones distorsivas. Lo mismo aplica para la movilidad de capitales: intentar controlarla directamente suele ser menos efectivo que influir sobre ella a través de condiciones monetarias internas sólidas.

El verdadero problema en muchas economías no es la falta de instrumentos, sino la incoherencia en su aplicación. Políticas procíclicas, excesiva intervención en los mercados y señales contradictorias generan inestabilidad y frenan el crecimiento. Por el contrario, cuando las reglas son claras, predecibles y respetan el funcionamiento del sistema de precios, la economía tiende a ajustarse de manera más eficiente.

En definitiva, el crecimiento económico sostenido no es el resultado de fórmulas complejas ni de intervenciones constantes. Es, más bien, el producto de una combinación de apertura, disciplina macroeconómica y respeto por los mecanismos de mercado. Los países que han entendido esto han logrado avanzar; los que no, siguen atrapados en ciclos de inestabilidad.

La lección es simple, aunque incómoda: no se trata de hacer más política económica, sino de hacerla mejor.

Si queremos economías que crezcan de verdad, necesitamos menos improvisación estatal y más reglas coherentes que premien la inversión, la productividad y la libertad económica. Te invito a dejar tus comentarios.

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