¿Puede el Estado corregir al mercado sin agravar sus propios fallos? Una crítica ampliada a la visión de Stiglitz

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel.

En los últimos años, economistas como Joseph Stiglitz han ganado protagonismo en el debate público al advertir sobre una creciente concentración de la riqueza a nivel global. La afirmación reciente de que el 1 % más rico ha capturado una parte desproporcionada del crecimiento económico ha servido como base para promover una agenda de mayor intervención estatal: impuestos más progresivos, regulación más estricta y políticas redistributivas más ambiciosas. Sin embargo, aunque este diagnóstico parte de fenómenos reales, la prescripción política que se deriva de él merece un análisis más riguroso.

El núcleo del argumento de Stiglitz se sustenta en la existencia de “fallos del mercado”: monopolios, externalidades, desigualdad y, especialmente, asimetrías de información. Desde esta perspectiva, el mercado no es un mecanismo perfecto de asignación de recursos, por lo que requiere correcciones institucionales. No obstante, este enfoque incurre en una omisión relevante: la subestimación sistemática de los fallos del Estado.

La teoría de la elección pública ha mostrado que el Estado no es un ente benevolente ni omnisciente. Los actores políticos legisladores, burócratas, reguladores responden mayoritariamente a incentivos propios, muchas veces vinculados a la reelección, al poder o a intereses particulares. Esto genera fenómenos como la captura regulatoria, donde las mismas industrias que deben ser reguladas influyen en las reglas del juego; o la asignación ineficiente del gasto público, donde los recursos se destinan más a objetivos políticos que a criterios de eficiencia o equidad.

En este contexto, la idea de que el Estado puede corregir los fallos del mercado sin introducir distorsiones adicionales resulta una utopía. De allí, que surja entonces una pregunta fundamental: ¿quién corrige los fallos del Estado? Si los problemas del mercado justifican intervención, los problemas del Estado deberían justificar cautela.

Un elemento central de esta crítica es el problema del conocimiento. Tal como argumentaron economistas de la tradición austriaca como Hayek y Mises, el conocimiento relevante para la toma de decisiones económicas está disperso entre millones de individuos. El sistema de precios, en un mercado libre, actúa como un mecanismo de coordinación que sintetiza esa información. Cuando el Estado interviene de manera significativa ya sea fijando precios, regulando sectores o redistribuyendo recursos corre el riesgo de distorsionar esas señales y generar asignaciones menos eficientes de recursos.

A esto se suma el problema de los incentivos. Las políticas redistributivas, especialmente cuando se intensifican, pueden alterar el comportamiento de los agentes económicos. Impuestos elevados sobre la renta, el capital o el patrimonio pueden desincentivar la inversión, la innovación y el emprendimiento. Si bien la redistribución busca corregir desigualdades, también puede reducir la creación de riqueza, afectando el crecimiento a largo plazo.

Otro aspecto frecuentemente ignorado es la heterogeneidad institucional entre países. Las propuestas de mayor intervención estatal pueden tener efectos distintos dependiendo de la calidad de la gestión Estatal. En economías con instituciones sólidas, bajos niveles de corrupción y alta capacidad administrativa, ciertas políticas pueden funcionar razonablemente bien. Sin embargo, en muchos países en desarrollo donde la presión fiscal ya es significativa el problema no es la falta de intervención, sino la baja calidad del gasto, la ineficiencia técnica y la baja calidad institucional. En estos contextos, ampliar el tamaño del Estado sin mejorar su funcionamiento puede agravar los problemas existentes.

Además, el énfasis en la redistribución suele dejar en segundo plano la importancia del crecimiento económico. La historia económica muestra que los mayores avances en reducción de pobreza han estado asociados a procesos de crecimiento sostenido impulsados por mercados relativamente libres. La redistribución puede aliviar desigualdades, pero difícilmente puede sustituir la generación de riqueza.

Esto no implica negar la existencia de desigualdad ni idealizar el funcionamiento de los mercados. La cuestión es reconocer que tanto el mercado como el Estado son instituciones imperfectas. El error radica en comparar un mercado real con un Estado idealizado. Un análisis más honesto exige comparar realidades: mercados con fallos frente a Estados con limitaciones estructurales.

Desde esta perspectiva, la propuesta de ampliar la intervención estatal como solución generalizada a la desigualdad resulta incompleta. No porque carezca de fundamentos, sino porque ignora los costos asociados a dicha intervención. El problema no es solo identificar fallos, sino entender las consecuencias de intentar corregirlos.

En última instancia, el debate no debería reducirse a una dicotomía entre “más Estado” o “más mercado”. La verdadera cuestión es cómo diseñar instituciones que minimicen los fallos de ambos sistemas. Esto implica reconocer los límites del conocimiento centralizado, respetar los mecanismos de coordinación del mercado y, al mismo tiempo, establecer marcos institucionales que eviten abusos, fomenten la competencia y garanticen igualdad de oportunidades.

La desigualdad es, sin duda, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pero su solución no puede basarse únicamente en una mayor intervención estatal. Requiere una comprensión más equilibrada de los incentivos, la información y las limitaciones institucionales. Solo así será posible avanzar hacia un sistema económico que combine eficiencia y equidad sin sacrificar una por la otra.

¿Y usted qué piensa: el Estado corrige los fallos del mercado o muchas veces termina profundizándolos? Lea, comparta y súmese al debate.

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Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e Internacional Socialista: el mismo perro con diferente collar

 

De qué estamos hablando realmente

Todos estos nombres altisonantes son redes de coordinación de la izquierda, del progresismo y de la socialdemocracia internacional. El Foro de São Paulo nació en julio de 1990 por iniciativa de Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva, con convocatoria del PT brasileño, para reagrupar a la izquierda latinoamericana tras la caída del bloque soviético y frente al avance del siempre enemigo eterno al que denominan "neoliberalismo". El Grupo de Puebla se fundó el 12 de julio de 2019 en Puebla como espacio de articulación de líderes progresistas que actúan, según su propia definición, “a título personal”. Y finalmente la Internacional Socialista, en cambio, es una estructura mucho más antigua y formal: fue fundada en 1951 y se define como una asociación mundial de partidos que buscan el socialismo democrático.

Qué objetivo persiguen

El Foro de São Paulo persigue, desde su origen, el financiamiento y la defensa política de los partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe. Su lenguaje histórico combina antiimperialismo, integración regional, resistencia al neoliberalismo y solidaridad internacional entre fuerzas afines. No opera como un partido único ni como un gobierno supranacional, pero sí como una plataforma de convergencia política que tiene voceros en todos los países de AL.

El Grupo de Puebla tiene un objetivo más renovado y mediático ante el desgaste del FDSP: articular una narrativa progresista iberoamericana, intervenir en debates públicos, denunciar el llamado lawfare, producir manifiestos, y empujar coordinación política, jurídica y parlamentaria. De hecho, el propio grupo impulsó el CLAJUD para combatir lo que define como judicialización de la política, y en 2024 anunció una red parlamentaria para articular iniciativas legislativas en varios países.

La Internacional Socialista persigue algo distinto: mantener una red mundial estable de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas, coordinar posiciones comunes y proyectar una agenda internacional de libertad, justicia social y solidaridad. Su diferencia clave frente a los otros dos espacios es que su discurso institucional está mucho más amarrado al lenguaje del socialismo democrático y de la gobernanza multilateral.

Cómo se financian y qué tan transparentes son

La Internacional Socialista tiene un esquema de financiamiento explícito en sus estatutos: cuotas de afiliación de partidos miembros, contribuciones de organizaciones fraternales o asociadas y donaciones. Es, de los tres casos, el que presenta la arquitectura financiera más clara en su normativa pública.

En el caso del Grupo de Puebla, la información pública revisada muestra con claridad qué dice ser —un espacio independiente de líderes progresistas que participan a título personal—, pero no expone con el mismo nivel de detalle un sistema público de cuotas, donantes o estados financieros auditados en las páginas visibles consultadas. Tienen nula o baja transparencia pública verificable sobre su financiamiento institucional, aunque ellos exigen lo contrario al enemigo imperialista.

Con el Foro de São Paulo ocurre algo parecido o incluso más opaco. La documentación pública encontrada se concentra en declaraciones políticas, encuentros, comunicados y solidaridad internacional, pero no deja a la vista un esquema comparable de rendición financiera pública. 

Qué nivel de injerencia tienen realmente

Estas redes funcionan como un gobierno mundial clandestino con una cadena de mando perfecta. Su fuerza está en cinco frentes: coordinación de relato, legitimación internacional, contactos entre élites políticas, cobertura mediática afín y articulación jurídica o parlamentaria. 

El Foro de São Paulo ha demostrado capacidad de convocatoria regional e incluso extrarregional; ya en 2012 un encuentro del Foro reportaba 800 delegados de 100 partidos y organizaciones de 50 países, muchos de ellos vinculados a grupos terroristas españoles, nicaraguenses, colombianos, y arabes. 

El Grupo de Puebla tiene menos estructura partidaria orgánica, pero más capacidad de influencia narrativa. Reúne expresidentes, exministros, dirigentes y parlamentarios; ha construido redes como CLAJUD y el Grupo Parlamentario de Puebla; y ha intervenido públicamente en crisis nacionales, judiciales y diplomáticas. Su injerencia no suele ser burocrática: es discursiva, jurídica, simbólica y de lobby político regional. Arman delegaciones para presionar por la liberación de sus presos casi siempre vinculados a temas de corrupción o robo de dinero público como el caso de Ecuador con el ex vicepresidente Jorge Glas condenado con sentencia en firme.

La Internacional Socialista es la que tiene mayor alcance formal: agrupa actualmente a 132 partidos y organizaciones de todos los continentes y posee estatus consultivo en Naciones Unidas. Eso le da una plataforma global y un nivel de interlocución institucional que ni el Foro de São Paulo ni el Grupo de Puebla tienen.

Cómo promueven el socialismo mientras defienden gobiernos autoritarios

El mecanismo central no suele ser decir abiertamente “apoyamos la dictadura”, sino algo más eficaz: desplazar la discusión. En vez de centrarse en presos políticos, cierre del pluralismo, censura o fraude electoral, reencuadran el problema como “soberanía”, “antiimperialismo”, “bloqueo”, “no injerencia” o “lawfare”. Ese giro narrativo les permite defender aliados sin asumir el costo moral de defender abiertamente una autocracia.

El Grupo de Puebla es especialmente claro en esto. En su Manifiesto Progresista plantea “defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias” externas. Además, pidió que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran incluidos en la Cumbre de las Américas y expresó solidaridad con Cuba frente a sanciones, sin que ese énfasis venga acompañado de una condena equivalente y frontal a la represión interna de esos regímenes.

Ese respaldo es políticamente serio porque estamos hablando de gobiernos que hoy están ampliamente cuestionados por su carácter autoritario. Freedom House señala que Cuba es un Estado de partido único que prohíbe el pluralismo político; sostiene que Venezuela no funciona como democracia representativa; y Human Rights Watch documenta en Nicaragua represión sistemática, cierres de universidades y ONG, censura y despojo de nacionalidad. Además, V-Dem 2026 reporta que las autocracias cerradas han aumentado y ubica a regímenes como Cuba y Nicaragua entre los casos más duros de cierre autoritario.

El Foro de São Paulo también ofrece abundante evidencia de solidaridad con esos gobiernos. Su ecosistema oficial y afín ha difundido mensajes de apoyo a la Revolución Bolivariana y a Cuba, y en 2022 se reportó que su Grupo de Trabajo ratificó solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Históricamente, además, varias declaraciones del Foro han colocado a Venezuela en el centro de la “batalla” política regional.

Finalmente

Estas redes no necesitan controlar el mundo para ser influyentes. Les basta con algo más simple y más eficaz: coordinar élites, producir relato y aplicar un doble rasero moral. Cuando un abuso lo comete un adversario, hablan de fascismo, persecución y amenaza global; cuando lo comete un aliado de izquierda, hablan de soberanía, sanciones, imperialismo o guerra jurídica. Ahí está su verdadero poder: no en un mando único invisible, sino en la normalización selectiva del autoritarismo.

Si no quieres más propaganda disfrazada de democracia, comparte esta entrada y abre el debate con datos, no con consignas.

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El negocio del miedo fabrica fantasmas para frenar a la derecha

 

Hay una forma de manipulación política que no siempre entra por la puerta de la militancia abierta o de frente, sino por la ventana del periodismo disfrazado de superioridad moral que pulula en las granes cadenas informativas. Me refiero a cierta prensa y a ciertos comunicadores de izquierda o progresistas que, cuando ven crecer a un candidato identificado como de derecha, activan una vieja receta: instalar miedo. No debaten sus propuestas en serio; construyen un clima de alarma. De pronto, ese candidato ya no es un adversario democrático sino una “amenaza” para las libertades, podemos citar a Javier Milei antes de las elecciones de medio término o el hijo de Bolsonaro en Brasil, un supuesto fascista en potencia, un futuro perseguidor de periodistas, un censor, un enemigo de minorías y, en general, el villano perfecto para asustar al votante indeciso es el candidato o presidente que no se somete a la pauta o a las directrices de esos grandes medios. Esa táctica no es nueva, pero hoy se ha vuelto más rápida, más barata y más tóxica.

Es claro, que no todos los periodistas de izquierda operan así, algunos se difrazan muy bien y guardan las intenciones en notas y entrevista medio tibias. Además, la mentira política no pertenece a una sola ideología. Pero negar que existe un ecosistema mediático “progre” que exagera, recorta, descontextualiza y, a veces, directamente difunde falsedades para desinflar candidaturas o gobiernos de derecha sería ingenuo. La lógica es simple: si no puedes destruir al candidato o al presidente por sus resultados o por la debilidad de sus ideas, entonces lo conviertes en un riesgo civilizatorio. Ya no se informa sobre él; se le patologiza al punto de inventarle cosas terribles como lo hacen en la Argentina de Milei. Se le asocia a “retrocesos”, “mordazas”, “odio”, “dictadura”, “ultraderecha” "odio a los jubilados", aunque muchas veces no existan evidencias proporcionales que respalden semejante relato. Ahí entra lo que la literatura llama hostile media effect: los públicos altamente polarizados perciben y consumen la información desde una lógica de sesgo, y los medios partidizados alimentan esa dinámica hasta volverla rentable política y comercialmente, mentir y mentir hasta que la mentira se convierta en verdad.

Los datos históricos muestran que la desinformación sí altera el clima electoral. Un estudio ampliamente citado sobre la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016 estimó que el 27,4% de los adultos visitó al menos un artículo de sitios de fake news favorables a Trump o a Clinton durante el tramo final de la campaña. No fue un fenómeno marginal. Además, otro trabajo académico concluye que la exposición a fake news reduce la confianza en los medios y altera la forma en que los ciudadanos procesan el poder y la legitimidad institucional. Traducido al lenguaje político real: la mentira reiterada, aunque luego sea desmentida, deja residuo. Y ese residuo afecta reputaciones, endurece prejuicios y puede enfriar intención de voto o hacer que el candidato abandone la contienda electoral ante el peso de las mentiras.

Una parte de la prensa progresista ha perfeccionado un chantaje emocional muy eficaz. Presenta cada elección como si fuera el último muro que separa a la democracia del fascismo. El mensaje es siempre parecido: “si gana la derecha, perderás derechos”; “si gana la derecha, callarán a la prensa”; “si gana la derecha, vendrá la persecución” "si gana la derecha, los jubilados no podrán cobrar pensiones". El problema es que esa narrativa muchas veces no busca describir hechos comprobables, sino activar temores identitarios y morales. En lugar de discutir impuestos, seguridad, empleo, inversión o calidad institucional, se reemplaza el debate por una escenografía apocalíptica. Y cuando eso se hace desde medios, columnas, entrevistas, memes y “análisis” con apariencia de objetividad, el efecto puede ser devastador sobre el elector moderado o desinformado. 

El fenómeno siguió visible en procesos más recientes. Reuters documentó en 2024 narrativas de desinformación dirigidas también contra Donald Trump, y tras el atentado en su contra circularon teorías conspirativas y piezas engañosas a gran velocidad, se comenzó a decir que se había autoatentado. El punto no es defender a Trump, sino mostrar que los candidatos de derecha o percibidos como tales suelen convertirse en blancos ideales para campañas emocionales donde la falsedad, la edición maliciosa o la insinuación funcionan mejor que la refutación seria. A Trump se le dijo que el en la presidencia llevaría al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Cuando el objetivo es bajar entusiasmo electoral, basta con sembrar una sospecha intensa en el momento oportuno. 

Ahora el escenario es más delicado por la inteligencia artificial. UNESCO advierte que la IA facilita la producción de deepfakes, audios, imágenes y videos altamente convincentes a muy bajo costo y con escasa habilidad técnica. Eso multiplica la capacidad de fabricar escándalos falsos, declaraciones inventadas y montajes emocionales en plena campaña. Pero aquí hay un matiz importante: no solo importa la tecnología; importa el ecosistema que la aprovecha. Un deepfake por sí solo no define una elección. Lo decisivo es que haya medios, cuentas militantes, influencers y periodistas dispuestos a circularlo, insinuarlo o amplificarlo antes de verificarlo. Incluso hay estudios recientes que piden no caer en un pánico simplista sobre la IA, porque el verdadero problema sigue siendo la demanda política de desinformación, el sesgo ideológico y el premio que recibe quien logra manipular emociones. 

Por eso el desafío no es solo tecnológico, sino moral e institucional. Una democracia sana no puede depender de periodistas o de personas que usan un celular para comportarse como activistas con credencial de prensa. El periodismo debe vigilar al poder, no fabricar monstruos a conveniencia ideológica. Cuando una parte de la prensa “progre” convierte cada candidatura de derecha en una amenaza fascista inminente, deja de informar y empieza a operar. Y cuando la IA entra en esa ecuación, el riesgo se duplica: la mentira ya no necesita calidad, solo velocidad. A mi juicio, la defensa de la democracia hoy pasa por una ciudadanía más escéptica, más entrenada para detectar manipulación y menos dispuesta a votar con miedo prestado. 

No permitas que el miedo vote por ti. Lee, contrasta, verifica y cuestiona a los medios que informan como militantes. En una democracia seria, el voto debe decidirse con evidencia, no con pánico fabricado.

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Las ideas más “brillantes” de la izquierda: manual rápido para arruinar un país

Si uno quisiera escribir una parodia sobre cómo destruir lentamente una economía sin admitir nunca la responsabilidad, probablemente terminaría redactando un programa bastante parecido al viejo recetario de cierta izquierda latinoamericana: paros contra las empresas, aumentos salariales decretados por entusiasmo ideológico, expropiación de la propiedad privada, castigo tributario al que produce, control de precios y una fe casi religiosa en que la escasez se resuelve con discursos. Lo extraordinario no es que estas ideas sigan circulando, sino que todavía se presenten como si fueran descubrimientos revolucionarios y no piezas recicladas de un fracaso histórico largamente documentado.

La primera joya del repertorio es la guerra permanente contra la empresa. Para cierta retórica de izquierda, el empresario no es quien arriesga capital, organiza producción y genera empleo, sino una especie de villano estructural al que hay que “disciplinar” mediante paros, bloqueos, más regulación y sospecha moral (son malos los empresarios). El problema es que ninguna economía crece hostigando de forma sistemática a quien invierte. El Banco Mundial ha insistido durante años en que un mejor clima de inversión reduce incertidumbre, facilita la competencia y mejora la productividad; sin reglas previsibles y sin respeto al productor, no hay inversión suficiente ni empleo de calidad. Pero la épica del paro siempre vende más que la tediosa tarea de crear condiciones para producir, en Argentina hace poco años, paralizar la empresa hasta quebrarla era una cosa cotidiana.

Luego aparece otra genialidad: subir salarios por decreto como si la productividad fuera un detalle burgués. Un salario digno es deseable; nadie discute eso, aunque es difícil definir la palabra digno. Lo absurdo es creer que puede imponerse indefinidamente por voluntad política sin relación con productividad, estructura empresarial, informalidad y capacidad real de pago. La evidencia de la OCDE y de la OIT muestra algo mucho más matizado: los salarios mínimos pueden ayudar en ciertos contextos, pero si los pisos salariales se fijan demasiado alto respecto a la productividad, pueden reducir empleo, empujar sustitución de trabajo por capital o aumentar la informalidad, especialmente en economías frágiles. En otras palabras, la consigna “subamos salarios y luego vemos” puede terminar dejando a más gente sin empleo formal. Pero claro, eso no cabe bien en una pancarta. Y los hechos demuestran que los peores salarios están justo en los países comunistas o socialistas como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

La tercera luminaria del pensamiento confiscatorio es la expropiación, siempre adornada con palabras nobles: justicia social, recuperación popular, soberanía económica. Sin embargo, detrás del envoltorio retórico hay una señal devastadora: si la propiedad puede ser arrebatada cuando cambia el humor político, entonces invertir deja de ser una apuesta productiva y pasa a ser un acto de ingenuidad. La OCDE subraya que la protección de los derechos de propiedad y la seguridad frente a expropiaciones son elementos centrales para incentivar inversión, innovación y crecimiento. No es una casualidad histórica que los países que protegen mejor la propiedad atraigan más capital y los que la relativizan espanten a sus propios productores. Expropiar puede dar un aplauso inmediato al estilo del extinto Hugo Chávez en Venezuela; reconstruir la confianza destruida puede tomar décadas. 

Después llega el clásico castigo fiscal al “rico”, como si gravar cada vez más al capital, al ahorro y a la inversión no tuviera efectos reales sobre el comportamiento económico. Aquí también conviene evitar caricaturas fáciles: cobrar impuestos no es malo en sí mismo; un Estado funcional necesita recaudar. El problema aparece cuando la política tributaria deja de buscar eficiencia y equidad y se convierte en revancha ideológica. La OCDE y el FMI recuerdan que los impuestos sobre rentas corporativas y del capital afectan incentivos para ahorrar, invertir, innovar y emprender. Traducido al lenguaje común: cuando el éxito económico se penaliza en exceso, parte de la inversión se congela, migra o se esconde. Y luego los mismos que destruyeron incentivos preguntan por qué no despega la productividad. 

Pero quizá ninguna “idea brillante” resume mejor el delirio planificador que el control de precios. Según esta lógica, si algo sube de precio, basta con prohibir que suba. Problema resuelto. La realidad, por desgracia para los comisarios de la economía, funciona de otro modo: cuando se fija artificialmente un precio por debajo del equilibrio, aparecen escasez, menor oferta, deterioro de calidad y mercados paralelos. El Banco Mundial lo dice con claridad: los controles de precios suelen tener buenas intenciones, pero malos resultados. No eliminan el problema de fondo; apenas lo trasladan al anaquel vacío, a la cola, al racionamiento o al mercado negro. Es el truco favorito del populismo económico: celebrar un precio “justo” aunque ya no haya producto.

Si alguien pide un caso extremo de este festival de ocurrencias, Venezuela sigue siendo referencia obligatoria. El Banco Mundial la describe como una de las peores crisis económicas recientes de la región y documenta un éxodo masivo asociado a ese colapso. Sería intelectualmente deshonesto atribuir todo a una sola medida, pero también sería ciego negar que la combinación de controles, arbitrariedad institucional, debilitamiento de la propiedad, distorsiones fiscales y persecución al sector privado destruyó la capacidad productiva del país. La tragedia venezolana no prueba que todo Estado sea malo; prueba, más bien, que el estatismo sin límites termina siendo letal.

Estas supuestas ideas brillantes no fracasan por mala suerte ni por sabotaje cósmico de la ultra derecha como saben decir medios de comunicación aliados a estas ideas, sino porque parten de errores conceptuales elementales. Confunden riqueza con reparto, salario con decreto, empresa con enemigo, propiedad con privilegio y precio con capricho político. Y cuando la realidad desmiente el guion, la respuesta nunca es corregir el modelo, sino culpar al mercado, a los ricos, al imperio o a la falta de “profundización” revolucionaria. La parodia, en el fondo, ya está escrita por la historia: cada vez que ese libreto se aplica con convicción, el resultado se parece menos a la justicia social y más a una fábrica sistemática de pobreza.

Lee, comparte y cuestiona las recetas que prometen justicia, pero una y otra vez terminan fabricando escasez, pobreza y fracaso.

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Crecimiento económico: menos intervención y más coherencia en las reglas.

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

En el debate sobre el crecimiento económico de los países en desarrollo, persiste una tensión constante entre dos visiones: una que confía en la intervención estatal como motor del desarrollo y otra que apuesta por el funcionamiento del mercado como mecanismo central de asignación de recursos. A la luz de la evidencia, resulta cada vez más claro que el crecimiento sostenido no surge de sustituir al mercado, sino de permitirle operar dentro de un marco institucional estable y coherente.

La experiencia internacional demuestra que el verdadero punto de partida del crecimiento no es la planificación centralizada ni la intervención directa en la producción, sino la inserción en la economía global. El acceso a mercados amplios y al conocimiento permite a los países especializarse, aumentar su productividad y beneficiarse de economías de escala. Limitarse al mercado interno, en cambio, condena a las economías a una estructura productiva poco eficiente y de bajo dinamismo.

Pero esta inserción no es estática. La ventaja comparativa evoluciona con el tiempo, y los países que crecen son aquellos que logran adaptarse continuamente a nuevas condiciones productivas. El crecimiento sostenido, por tanto, es inseparable del cambio estructural en la matriz productiva. Pretender congelar la estructura productiva mediante subsidios, protecciones o intervenciones no solo es ineficiente, sino contraproducente.

En este contexto, el rol del Estado debe entenderse con claridad: no es reemplazar al mercado, sino garantizar que funcione adecuadamente. El sistema de precios, cuando no está distorsionado, es capaz de corregir los desequilibrios entre oferta y demanda y de guiar la asignación eficiente de los recursos. Intervenir en ese sistema suele generar más problemas que soluciones.

Ahora bien, esto no implica la ausencia de política económica, sino todo lo contrario: implica mejores reglas. En el ámbito fiscal, por ejemplo, la estabilidad no se logra mediante impuestos progresivos complejos, sino mediante un diseño que se adapte al ciclo económico. Ajustar la base imponible en función del nivel de actividad permite estabilizar la recaudación sin distorsionar los incentivos a la inversión y al ahorro.

En el terreno monetario, la discusión también merece un giro. Los esquemas tradicionales de metas de inflación han demostrado limitaciones en economías abiertas. Una alternativa más coherente es centrar la política monetaria en el control de los agregados monetarios, particularmente el crecimiento de la oferta monetaria (M2). Si esta crece en línea con la actividad económica y la demanda de dinero e incluso se ajusta a las condiciones del tipo de cambio real, es posible lograr estabilidad de precios de forma más predecible y menos dependiente de decisiones discrecionales.

A esto deben sumarse instrumentos como el aumento de encajes, la reducción del spread financiero y las operaciones de mercado abierto, que permiten regular la liquidez sin recurrir a intervenciones distorsivas. Lo mismo aplica para la movilidad de capitales: intentar controlarla directamente suele ser menos efectivo que influir sobre ella a través de condiciones monetarias internas sólidas.

El verdadero problema en muchas economías no es la falta de instrumentos, sino la incoherencia en su aplicación. Políticas procíclicas, excesiva intervención en los mercados y señales contradictorias generan inestabilidad y frenan el crecimiento. Por el contrario, cuando las reglas son claras, predecibles y respetan el funcionamiento del sistema de precios, la economía tiende a ajustarse de manera más eficiente.

En definitiva, el crecimiento económico sostenido no es el resultado de fórmulas complejas ni de intervenciones constantes. Es, más bien, el producto de una combinación de apertura, disciplina macroeconómica y respeto por los mecanismos de mercado. Los países que han entendido esto han logrado avanzar; los que no, siguen atrapados en ciclos de inestabilidad.

La lección es simple, aunque incómoda: no se trata de hacer más política económica, sino de hacerla mejor.

Si queremos economías que crezcan de verdad, necesitamos menos improvisación estatal y más reglas coherentes que premien la inversión, la productividad y la libertad económica. Te invito a dejar tus comentarios.

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No apuestes contra el ser humano

 

En buena parte del discurso progresista contemporáneo hay una idea que se repite con insistencia: el planeta ya no da para más, la población es una amenaza, el crecimiento económico no da más y la prosperidad de millones debe ser contenida para evitar un supuesto colapso inevitable. Figuras como Bill Gates repiten este mantra y proponen alternativas para defender el planeta. Ese relato no es nuevo. Tiene décadas circulando con distintos disfraces en foros como el WEF, pero siempre conserva el mismo núcleo: el ser humano es presentado como una carga y no como una fuente de soluciones, como un ser torpe al que hay que ayudarlo a salir del problema.

Pocas historias desmontan mejor esa visión que la famosa apuesta entre Julian Simon y Paul Ehrlich. Ehrlich, autor de The Population Bomb, sostenía que el crecimiento demográfico llevaría al agotamiento de los recursos y al encarecimiento inevitable de las materias primas. Simon pensaba exactamente lo contrario: más personas no significaban solo más consumo, sino también más inteligencia, más creatividad, más capacidad para descubrir sustitutos, mejorar procesos y producir riqueza. El resultado ya es conocido. Ehrlich perdió la apuesta y tuvo que enviarle a Simon un cheque por 576,07 dólares, luego de que una cesta de metales seleccionada en 1980 terminara siendo más barata en términos reales diez años después.

Otras historias se ubican en el ya famoso y nada presente "Cambio Climático" una jugada maestra para desviar miles de millones de dólares a oenegés supuestamente expertas en evitarlo. Doctores climáticos viajando en primera clase por el mundo, como médicos que explican la enfermedad han sangrado recursos que bien pudieron destinarse en reducir la pobreza.

Lo importante es la lección de fondo: los recursos no son una cantidad fija e inmutable, como si el mundo fuera una bodega cerrada donde solo cabe repartir lo que ya existe. Esa es una visión pobre, estática y profundamente equivocada de la economía. Un recurso no es solo materia prima. Un recurso es materia más conocimiento. El petróleo, por ejemplo, brotaba solo desde el subsuelo, hasta que el ser humano le encontró un uso amigable que cambió para siempre la forma de vivir de millones de personas. Incluso su derrame tiene ya una intervención y mitigación gracia a la inteligencia humana.

Aquí está el punto que la izquierda rara vez quiere aceptar: la escasez no se combate con consignas, dietas, bailes, controles ni planificación central, sino con libertad, propiedad, inversión, competencia y creatividad. Cuando un bien se vuelve escaso, los precios envían señales. Esas señales impulsan ahorro, sustitución, innovación y eficiencia. Ningún burócrata puede procesar esa información mejor que millones de personas actuando libremente en un mercado abierto. Los agoreros del desastre, solo piensan en el Estado que les de fondos para explicar el supuesto cataclismo.

El pesimismo anticapitalista no solo se equivoca en sus predicciones, sino también en su forma de ver al ser humano. Lo trata como un consumidor voraz y tonto al que hay que frenar, vigilar y restringir. En cambio, una visión liberal entiende que cada persona adicional puede ser un inventor, un emprendedor, un científico o un trabajador capaz de mejorar la vida de otros. No se trata de romantizar la realidad ni de negar problemas como la contaminación o las malas políticas públicas. Se trata de decir las cosas como sonsin llegar a exageraciones: los problemas existen, pero no se resuelven reduciendo la libertad, sino ampliando la capacidad de respuesta de una sociedad que sin un Estado obeso puede responder.

Por eso también resulta tan dañino el discurso que plantea que el crecimiento debe frenarse, que el consumo debe reprimirse y que la población debe resignarse a una vida cada vez más limitada para “salvar al planeta”. Eso sí. Esas demandas solo son exclusivas para los que menos tienen, ya que los expertos siguen consumiendo abundantemente, viajan en aviones contaminantes que niegan al resto y en yates que descargan millones de desechos de combustibles fósiles. Esa idea, en el fondo, no confía en la innovación, ni en la empresa, ni en la ciencia libre, ni en la cooperación espontánea de las personas. Confía, más bien, en el racionamiento, en el control político y en la administración del miedo. Es una receta peligrosa porque convierte la escasez en ideología sectaria y dictatorial.

La historia económica demuestra algo distinto. Las sociedades más libres, con mejores instituciones, protección de derechos de propiedad y mercados más dinámicos, son las que han encontrado formas de producir más con menos. Han desarrollado tecnologías más limpias, sistemas logísticos más eficientes, mejores materiales, nuevos alimentos, nuevas energías y procesos industriales mucho más productivos. Es decir, no han negado los límites, pero los han enfrentado con inteligencia. Y eso cambia todo.

La disputa real, entonces, no es entre población y recursos volviendo a la teoría Malthusiana. La disputa real es entre dos maneras de entender a la humanidad. Una la ve como una masa que debe ser contenida porque amenaza con agotar el mundo. La otra la ve como una fuerza creadora capaz de expandir las posibilidades de ese mismo mundo. Una apuesta al miedo. La otra apuesta al talento humano.

Ganar la batalla intelectual contra las supersticiones más persistentes del pensamiento estatista, es urgente. No se puede seguir creyendo que en el futuro será inevitablemente una vida pésima sin opciones. La evidencia muestra lo contrario. Cuando existe libertad, el ser humano no solo consume recursos: crea nuevos, descubre usos inesperados, mejora procesos y multiplica oportunidades.

Ese es el gran mensaje que muchos todavía se niegan a aceptar. El problema no es que existan más seres humanos. El problema es cuando se les encierra en sistemas que castigan la innovación, castigan la empresa y premian el estancamiento. No apuestes contra el ser humano. Y sobre todo, no apuestes contra el ser humano cuando es libre.

Si te cansan los discursos que culpan al ser humano de todo, comparte este artículo y defiende la libertad como motor del progreso.

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Fábrica oscura: el fin del obrero clásico y la crisis del sindicalismo industrial

 

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Por: Dr John Campuzano Vásquez

Durante décadas, la izquierda construyó una parte importante de su imaginario político alrededor de una figura casi sagrada: el obrero industrial clásico. El trabajador de planta, de turno fijo, de sindicato fuerte, de identidad colectiva, de fábrica visible y de conflicto frontal con el patrón. Ese mundo no ha desaparecido por completo, pero sí está dejando de ser el centro del capitalismo industrial avanzado. La llamada dark factory o fábrica oscura (instalaciones altamente automatizadas que pueden operar con intervención humana mínima o incluso sin personal en sitio) ya no es una fantasía futurista, sino una dirección concreta de la manufactura moderna. Siemens define este modelo como producción autónoma capaz de funcionar “con cero intervención humana in situ”, mientras la OCDE y el Foro Económico Mundial coinciden en que manufactura, robótica y automatización están entre los focos más intensos de transformación del empleo.

El punto de quiebre no es solo tecnológico. Es político, social y cultural. Cuando una fábrica puede producir 24/7 con robots, sensores, visión artificial, logística autónoma y sistemas de inteligencia artificial, la figura del obrero repetitivo empieza a perder centralidad económica. La manufactura ya no gira únicamente en torno a fuerza física, disciplina horaria y organización de línea. Gira cada vez más alrededor de software, mantenimiento predictivo, integración de datos, ciberseguridad industrial y supervisión técnica. El caso de las fábricas “lights-out” muestra precisamente eso: menos manos en la línea y más capital fijo, más algoritmos y más ingeniería de procesos. Incluso en la industria electrónica, la OIT reconoce que la digitalización, la IA y la automatización están rediseñando tareas, perfiles y relaciones laborales.

Aquí aparece una verdad incómoda que muchos no quieren decir: no estamos ante el fin del trabajo, pero sí ante el fin del obrero clásico como sujeto dominante de la producción industrial. Y eso arrastra una consecuencia directa: el sindicalismo industrial tradicional entra en crisis. ¿Por qué? Porque nació para negociar salarios, jornadas y seguridad en entornos donde miles de trabajadores compartían espacio, rutina e intereses inmediatos. Pero cuando la planta necesita menos operarios y más técnicos especializados, programadores, analistas de datos o contratistas externos, la vieja estructura sindical pierde densidad, base numérica y capacidad de presión. No es casual que la OCDE reporte que la densidad sindical en sus países se redujo a la mitad desde 1985, cayendo de 30% a 15% en 2023/24. Eso no se explica solo por política antisindical; también refleja un cambio profundo en la estructura del empleo.

Además, la automatización golpea donde el sindicalismo era históricamente más fuerte: tareas rutinarias, manuales y estandarizadas. La OCDE advierte que la manufactura lidera, por amplio margen, los empleos con alto riesgo de automatización en Europa. Paralelamente, el Foro Económico Mundial señala que 86% de los empleadores espera que la IA y el procesamiento de información transformen sus negocios hacia 2030, y 58% dice lo mismo de la robótica y la automatización. Traducido al lenguaje del taller: menos puesto repetitivo, más exigencia de reconversión.

Ahora bien, decir esto no implica celebrar ingenuamente cada robot como si toda automatización fuera progreso social automático. La fábrica oscura puede elevar productividad, precisión, continuidad operativa y competitividad, pero también puede ampliar desigualdades si los beneficios se concentran solo en el capital y no en el trabajador reconvertido. La salida seria no es defender con romanticismo un modelo fabril del siglo XX, sino asumir que el sindicalismo que no se modernice va a volverse irrelevante y esto lo podemos ver con mucha fuerza en América con enfásis en países como Argentina y Brasil. Un sindicato útil en esta nueva etapa no debería limitarse a pelear por horas extras o uniformes; debería negociar capacitación continua, participación en ganancias de productividad, transición ocupacional, certificación técnica, protección frente a despidos tecnológicos y gobernanza del algoritmo dentro del lugar de trabajo. La propia OIT insiste en que el futuro de la industria debe organizarse alrededor de trabajo decente, diálogo social y protección en medio de la transformación digital.

Por eso, la discusión real no es “robots sí o no”. Esa pelea ya está perdida para quien crea que el mundo va a detenerse. La discusión inteligente es quién captura el valor de la automatización y bajo qué reglas. Si el sindicalismo industrial sigue hablando solo al obrero de overol, mientras la planta se llena de interfaces, gemelos digitales y celdas robotizadas, quedará hablando con un mundo que ya no existe. Si quiere sobrevivir, tendrá que dejar de vivir de la nostalgia de la chimenea y empezar a defender al trabajador del capitalismo automatizado.

La fábrica oscura no liquida toda forma de empleo, pero sí apaga la luz sobre una certeza histórica: el obrero clásico ya no es el centro del sistema productivo. Y cuando cambia el centro del trabajo, también debe cambiar (o desaparecer) la forma de organizar su defensa. Esa es la verdadera crisis del sindicalismo industrial. No que el capital haya avanzado. Eso siempre ocurrió. La crisis es no haber entendido, a tiempo, que la fábrica del futuro ya llegó y que adentro quedan menos obreros, pero más poder tecnológico concentrado.

La industria ya cambió. Ahora toca decidir si vamos a entender esa transformación o seguir defendiendo un mundo que ya se apagó.

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