La ética del servicio público ha cambiado. Y no para bien. Hoy asistimos a un fenómeno preocupante: cuando un funcionario (alcalde, concejalm, gobernador o prefecto) es acusado de corrupción, en lugar de exigir transparencia y rendición de cuentas, surgen marchas, plantones y campañas para “defenderlo”. Se construye un relato de persecución política (lawfare) antes de que siquiera se analicen los hechos. La lucha contra la corrupción pierde centralidad y la discusión se traslada a la ciega lealtad partidaria. Esto no es un detalle menor: es un deterioro profundo de la cultura ética.
Desde la perspectiva clásica, el servicio público tiene una naturaleza moral especial. Immanuel Kant sostenía que la acción moral debe guiarse por el deber y por principios universales. Un funcionario no puede apropiarse de recursos públicos porque, si universalizamos esa conducta, el sistema colapsa. El imperativo categórico exige actuar de modo que la máxima de nuestra conducta pueda convertirse en ley universal. Defender a quien roba fondos públicos equivale a aceptar que el robo es tolerable cuando conviene políticamente. Eso destruye la base normativa del Estado.
Desde el utilitarismo, John Stuart Mill planteaba que las acciones deben evaluarse por sus consecuencias para el bienestar general. La corrupción tiene efectos sociales devastadores: reduce inversión, encarece obras, deteriora servicios públicos y debilita la confianza institucional. Apoyar a un funcionario corrupto no solo es éticamente reprochable; es económicamente ineficiente. La evidencia comparada muestra que los países con menores índices de corrupción presentan mayores niveles de desarrollo humano y crecimiento sostenido. Defender al corrupto es, en términos prácticos, defender el subdesarrollo.
La ética de la virtud también ofrece luces. Aristóteles entendía la política como el espacio donde se cultivan virtudes cívicas: prudencia, justicia, templanza. El buen gobernante debía aspirar al honor entendido como reconocimiento de una vida recta. Cuando la sociedad premia la lealtad ciega por encima de la rectitud, las virtudes públicas se erosionan. Se normaliza la trampa, se trivializa el abuso y se justifica lo injustificable.
Hay además un fenómeno sociológico que agrava la situación: la politización de la moral. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El servidor público debe actuar con responsabilidad, consciente de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, muchos seguidores actúan desde una ética de la convicción partidaria: “si es de los míos, lo defiendo”. Se reemplaza la ética institucional por la identidad política. El resultado es una cultura de impunidad.
El contraste con ciertas prácticas en Japón resulta ilustrativo. En la cultura política japonesa, el honor sigue siendo un valor central. Funcionarios involucrados en escándalos, incluso antes de una condena judicial, suelen renunciar para no afectar la institución. En algunos casos históricos, el sentido del deber y la vergüenza social ante la deshonra han sido tan fuertes que han llevado a decisiones extremas. Más allá de esos extremos, el mensaje es claro: el cargo público no pertenece al funcionario; pertenece a la sociedad. Si se compromete la confianza, la salida honorable es apartarse.
En nuestras realidades latinoamericanas ocurre lo contrario. Se organiza apoyo callejero, se victimiza al acusado y se desacredita a las instituciones de control. Se acusa de “golpismo” a jueces, fiscales o contralores. La narrativa deja de centrarse en los hechos y se convierte en un espectáculo político. Esto erosiona la honra pública, entendida como el capital moral de las instituciones.
En ética empresarial ocurre algo similar. Las organizaciones que protegen a directivos corruptos terminan perdiendo reputación, valor de mercado y credibilidad ante inversionistas. La teoría del gobierno corporativo insiste en la importancia de la transparencia, la auditoría independiente y la rendición de cuentas. En el sector público debería aplicarse el mismo principio: tolerancia cero frente al abuso.
Cuando una sociedad defiende al funcionario sorprendido robando, no está defendiendo a una persona; está atacando el principio mismo de legalidad. No se trata de prejuzgar ni de negar el debido proceso. Todo ciudadano tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Pero una cosa es exigir justicia imparcial y otra muy distinta es glorificar al acusado como héroe político antes de que se esclarezcan los hechos.
La ética pública requiere coherencia. Si condenamos la corrupción cuando la comete el adversario, debemos condenarla con igual firmeza cuando la comete el aliado. La corrupción no tiene color ideológico; tiene costo social.
Recuperar la honra del servicio público implica reconstruir una cultura donde el cargo sea sinónimo de responsabilidad y no de privilegio. Implica educar en valores cívicos, fortalecer instituciones de control y, sobre todo, rechazar la normalización del saqueo. Sin ética no hay desarrollo sostenible. Y sin coherencia moral, la democracia se convierte en un ritual vacío.
El desafío no es pequeño. Pero es indispensable. Porque cuando se aplaude al corrupto y se silencia al honesto, la sociedad entera pierde.
