Cooperación internacional y pobreza: millones sin desarrollo

 

Durante décadas nos dijeron que la cooperación internacional era una de las principales herramientas para combatir la pobreza. Miles de millones de dólares fueron enviados a África, América Latina y otras regiones bajo programas destinados a fortalecer instituciones, mejorar la educación, combatir enfermedades, reducir la desigualdad y promover el desarrollo.

La pregunta incómoda es inevitable: después de tantos años y tanto dinero, ¿por qué numerosos países en varios continentes continúan dependiendo de la ayuda internacional?

No se trata de afirmar que toda cooperación haya sido inútil. Sería incorrecto. Existen programas de vacunación, alimentación, educación, saneamiento y atención humanitaria que han producido resultados concretos. El verdadero problema aparece cuando la cooperación deja de ser un instrumento temporal para construir capacidades y termina convertida en parte permanente del funcionamiento político y económico de un país.

África: décadas de ayuda y pobreza persistente

El África subsahariana constituye uno de los casos más difíciles de ignorar. El Banco Mundial estimó que en 2024 aproximadamente el 46 % de su población vivía en pobreza extrema. El dato no demuestra, por sí solo, que la cooperación haya provocado pobreza. Pero sí obliga a cuestionar la idea de que enormes transferencias internacionales sean suficientes para producir desarrollo.

La experiencia demuestra que no existe cooperación capaz de reemplazar instituciones sólidas, propiedad privada segura, inversión productiva, educación de calidad, mercados competitivos y gobiernos sometidos a controles efectivos.

La propia OCDE reconoce que, en contextos extremadamente frágiles, numerosos programas destinados a fortalecer la gobernanza han mostrado una efectividad muy baja. Entre las razones identificadas aparecen redes de patronazgo, corrupción, ausencia de voluntad política y diseños concebidos por los donantes sin suficiente consideración de las capacidades institucionales locales.

Dicho de forma sencilla, inyectar dinero en instituciones débiles no necesariamente las fortalece. En determinadas circunstancias puede terminar fortaleciendo precisamente a quienes controlan esas instituciones y generando fortunas a funcionarios de gobiernos corruptos.

América Latina: ayuda sin transformación suficiente

Nuestra región presenta una realidad diferente, pero también instructiva.

América Latina ha logrado reducir significativamente la pobreza durante las últimas décadas. De hecho, el Banco Mundial proyectó para 2025 uno de los niveles regionales más bajos registrados. Sin embargo, aproximadamente una de cada cuatro personas continuaba en situación de pobreza, mientras el crecimiento económico latinoamericano durante los últimos años fue considerablemente menor que el observado en regiones asiáticas más dinámicas.

El propio Banco Mundial insiste en que el crecimiento sostenido, la productividad, la inversión, las capacidades empresariales y la creación de empleos de calidad son factores fundamentales para reducir la pobreza de manera duradera. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué seguimos creyendo que un país puede desarrollarse principalmente mediante transferencias externas?

La cooperación puede financiar una escuela. Puede capacitar funcionarios. Puede construir infraestructura. Puede sostener organizaciones sociales. Pero difícilmente sustituirá a una economía capaz de producir riqueza.

El problema político de la cooperación

Existe además una dimensión que muchas veces se evita discutir. Los recursos internacionales llegan a países donde existen gobiernos, burocracias, organizaciones no gubernamentales, consultores, contratistas y grupos políticos que compiten por administrarlos. Eso crea incentivos.

Cuando la transparencia es insuficiente, la cooperación puede quedar atrapada en estructuras clientelares, organizaciones cercanas al poder o proyectos cuya continuidad depende más de seguir recibiendo recursos que de solucionar definitivamente el problema que justificó su creación.

Esto puede ocurrir bajo gobiernos de izquierda, de derecha o de cualquier otra orientación. Sn embargo, los gobiernos de ultra izquierda o socialistas en Africa son la mayoría de los casos. La corrupción y el rentismo no poseen monopolio ideológico, pero se logran observar con más frecuencia en países con línea colectivista. Precisamente por ello, resulta más importante evaluar instituciones y resultados.

USAID y sus problemas

El caso estadounidense resulta particularmente interesante porque permite observar el problema desde el propio país donante. La Oficina del Inspector General de USAID informó en agosto de 2026 que auditorías independientes realizadas sobre aproximadamente US$3.000 millones en gastos de asistencia internacional, correspondientes al período octubre de 2023-marzo de 2026, identificaron más de US$50 millones en costos considerados no elegibles o insuficientemente respaldados, además de debilidades de control interno.

Hay una precisión importante: un questioned cost no significa automáticamente dinero robado. Puede tratarse de gastos sin documentación suficiente, costos improcedentes u otras irregularidades que deben ser aclaradas. Pero, que en la mayoría de los casos no es investigado por temas de tiempo y nueva cooperación.

Pero el dato demuestra algo esencial: incluso una de las estructuras de cooperación internacional más grandes del mundo necesita mecanismos permanentes para detectar riesgos, errores y posibles abusos. Por eso el debate sobre USAID es mucho más profunda: ¿quién controla al que reparte el dinero?, ¿quién evalúa los resultados?, ¿cuánto llega realmente al beneficiario final?, ¿qué instituciones sobreviven cuando termina el financiamiento?

Desarrollo no es recibir dinero

La gran equivocación consiste en confundir gasto con resultado. Un millón de dólares desembolsado no representa un millón de dólares de desarrollo. Mil personas capacitadas tampoco significan necesariamente mil personas más productivas. Cien proyectos ejecutados no significan cien problemas solucionados.

La OCDE insiste precisamente en la necesidad de evaluar la cooperación por su efectividad, sostenibilidad, impacto y capacidad para producir resultados verificables, no únicamente por recursos ejecutados. Ese debería ser el criterio.

La cooperación internacional puede ser útil cuando complementa instituciones responsables, fortalece capacidades locales y genera condiciones para que eventualmente deje de ser necesaria. Pero cuando después de treinta o cuarenta años siguen existiendo las mismas agencias, los mismos programas, los mismos intermediarios y los mismos problemas, quizá deberíamos dejar de preguntar cuánto dinero falta enviar y comenzar a preguntar qué estamos haciendo mal.

Porque el verdadero éxito de la cooperación internacional no debería consistir en crear países expertos en recibir ayuda o expertos en supuestamente conseguir fondos. Debería consistir en crear países que ya no la necesiten.

¿Puede considerarse exitosa una política de cooperación cuando después de décadas el receptor continúa dependiendo de ella?

Comparte este artículo y deja tu opinión. El debate sobre pobreza debe comenzar por diferenciar buenas intenciones de resultados comprobables.

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Cuando combatir la discriminación termina justificando otra discriminación

 

Cuando la “equidad” necesita discriminar, algo salió mal

Durante años se ha repetido una idea aparentemente incuestionable: para corregir las discriminaciones del pasado es necesario favorecer deliberadamente a determinados grupos en el presente. El argumento suena compasivo, pero contiene una contradicción que conviene señalar sin eufemismos; si para combatir la discriminación necesitamos discriminar a otras personas por su raza, no hemos eliminado el problema, simplemente hemos cambiado de víctima.

Un experimento reciente con inteligencia artificial ilustra perfectamente el riesgo. En una simulación de admisiones universitarias, un modelo mostraba inicialmente una pequeña discriminación contra estudiantes negros. Cuando recibió instrucciones destinadas a corregir ese comportamiento, terminó favoreciéndolos frente a estudiantes blancos. Los investigadores denominaron al fenómeno “sobrecorrección”.

El episodio tecnológico es solamente una manifestación de un debate mucho mayor. ¿Puede considerarse justa una decisión que perjudica a una persona por ser blanca si su finalidad declarada es compensar una injusticia histórica contra otro grupo?

Desde una concepción liberal de la igualdad, la respuesta no debería depender del color de piel de las personas involucradas.

La discriminación no mejora cuando cambia de víctima

Existe discriminación racial cuando alguien recibe un trato diferente debido a su raza.

La definición no debería necesitar excepciones ideológicas.

Discriminar a una persona negra porque es negra constituye una injusticia. Discriminar a una persona blanca porque es blanca también. La identidad de la víctima no transforma moralmente el acto.

Aquí aparece uno de los problemas de determinadas políticas contemporáneas de identidad. Las personas dejan de ser consideradas individuos y comienzan a convertirse en representantes de colectivos históricos.

El razonamiento puede terminar dividiendo a la sociedad entre grupos acreedores y grupos deudores.

Unos heredarían agravios.

Otros heredarían culpas.

Pero las personas no nacen con una cuenta corriente moral abierta por sus antepasados.

Un joven blanco actual no debería responder por discriminaciones cometidas siglos antes de que naciera. Del mismo modo, un joven negro no debería ser considerado incapaz de competir por sus propios méritos debido a injusticias que sufrieron generaciones anteriores.

La responsabilidad es individual. Los derechos también deberían serlo.

La igualdad ante la ley no necesita colores

El principio liberal ofrece una solución extraordinariamente sencilla: mismas reglas, mismos derechos y mismas libertades para todos.

No significa ignorar la pobreza ni negar la existencia de discriminación. Tampoco supone imaginar ingenuamente que todas las personas parten exactamente desde la misma posición económica.

Significa que las políticas públicas deberían atacar las desventajas comprobables sin convertir la raza en un sistema permanente de privilegios y penalizaciones.

Si un niño necesita una beca porque pertenece a un hogar pobre, ayudémoslo.

Si una escuela pública es deficiente, mejorémosla.

Si una empresa discrimina racialmente a sus trabajadores, sancionemos esa conducta.

Si existen barreras que impiden competir en igualdad jurídica, eliminémoslas.

Pero resulta mucho más difícil justificar que dos personas con circunstancias semejantes deban recibir oportunidades diferentes simplemente porque una es blanca y otra pertenece a una minoría racial.

Estados Unidos ya tuvo que enfrentar esta contradicción

El debate llegó hasta la Corte Suprema estadounidense en 2023 con los casos Students for Fair Admissions v. Harvard y Students for Fair Admissions v. University of North Carolina. La mayoría de la Corte concluyó que los sistemas de admisión universitaria examinados no cumplían las exigencias constitucionales aplicables al empleo de clasificaciones raciales.

La controversia no elimina una realidad importante: la discriminación contra las minorías continúa existiendo. Pew Research Center informó en 2024 que el 75% de los adultos negros estadounidenses decía haber experimentado discriminación racial al menos ocasionalmente.

Reconocer ese problema es necesario.

Pero existe un salto lógico enorme entre afirmar “la discriminación contra los negros existe y debemos combatirla” y concluir “por tanto, podemos perjudicar a personas blancas para compensarla”.

Una cosa no conduce necesariamente a la otra.

La peligrosa contabilidad de las razas

Cuando una sociedad comienza a decidir quién merece determinadas oportunidades basándose en la raza, entra en un terreno peligroso.

Hoy puede justificarse como reparación histórica.

Mañana otro grupo puede exigir exactamente el mismo principio en beneficio propio.

El resultado termina siendo una competencia política entre identidades para demostrar quién merece mayores preferencias.

Eso no construye igualdad.

Construye privilegios colectivos administrados políticamente.

El liberalismo propone exactamente lo contrario: el Estado debería conocer nuestros actos mucho mejor que nuestra raza. Debe saber si respetamos la ley, pagamos impuestos, cumplimos contratos o infringimos derechos. Pero nuestra pigmentación debería resultar irrelevante para determinar cuánto valemos como ciudadanos.

Libertad para competir, no privilegios para pertenecer

Una sociedad libre tampoco promete que todos obtendrán exactamente los mismos resultados.

Promete algo diferente: que las reglas no deberían cambiar según quién seas.

Estudia.

Trabaja.

Emprende.

Compite.

Esfuérzate.

Cumple las reglas.

Y acepta también que otros tienen exactamente el mismo derecho a hacerlo.

La igualdad liberal no consiste en garantizar que todos lleguen simultáneamente a la meta. Consiste en impedir que el poder político decida quién debe avanzar o retroceder debido a su raza.

Naturalmente, las sociedades deben combatir las consecuencias comprobables de la discriminación. Pero hacerlo requiere precisión, no culpabilidades hereditarias.

Ayudemos al pobre por su necesidad, no por su color. Protejamos al discriminado por la injusticia sufrida, no por pertenecer a la categoría políticamente correcta. Castiguemos a quien discrimina independientemente de la raza de la víctima.

Porque existe una pregunta extremadamente sencilla que desmonta buena parte de esta discusión:

Si discriminar por raza está mal, ¿por qué debería convertirse en algo bueno cuando la persona discriminada es blanca?

No se convierte.

Cambiar la víctima no convierte una injusticia en justicia.

Cambiarle el nombre tampoco.

Una sociedad realmente libre necesita algo simultáneamente más sencillo y más difícil. Personas diferentes, derechos iguales, reglas iguales y libertad para que cada individuo construya su propio camino.

Eso sí es igualdad.

¿La discriminación deja de ser injusta cuando cambia la raza de la víctima? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y lleva el debate al terreno que realmente importa: igualdad ante la ley o privilegios determinados por raza.

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La izquierda vuelve a descubrir cómo destruir empleos

 

Impuesto global a los ricos

Hay ideas económicas que fracasan tantas veces que uno pensaría que terminarían jubilándose por vergüenza. Pero algunas propuestas de la izquierda poseen una admirable capacidad de supervivencia: cuando la realidad las derrota, simplemente cambian de nombre, organizan una conferencia internacional y vuelven a presentarlas como una innovación.

La última genialidad es un impuesto mínimo global del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios, promovido por economistas como Gabriel Zucman, Thomas Piketty y Emmanuel Saez y respaldado políticamente desde distintos sectores de la izquierda internacional. La propuesta pretende que quienes poseen más de 1.000 millones de dólares paguen anualmente, como mínimo, el equivalente al 2 % de su patrimonio.

Suena fantástico si uno supone que las fortunas están guardadas en una gigantesca caja fuerte como la de Rico McPato y que solo es de meter la mano y sacar dinero

El pequeño inconveniente es que buena parte de esa riqueza está invertida en acciones, empresas, maquinaria, tecnología y capital productivo. Es decir: aquello que permite producir, invertir y contratar trabajadores. A pesar de estas explicaciones, ciertos sectores de la prensa insisten en incautar la fortuna a Elon Musk por ser muy trillonario. Claro, ninguno de los que pide este delito quiere poner de su dinero.

Un estudio elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform estimó qué ocurriría con semejante experimento fiscal. En su escenario de menor elusión, calcula que el PIB mundial podría reducirse aproximadamente en 80.000 millones de dólares anuales durante la primera década, mientras se perderían alrededor de dos millones de empleos. A largo plazo, la pérdida anual de producción alcanzaría unos 120.000 millones. 

Conviene aclararlo: se trata de una simulación económica, no de una profecía divina tallada en piedra. Pero el mecanismo que describe es perfectamente conocido y casi siempre sobrepasa las predicciones, sino revisen Venezuela.

Gravar el capital reduce su rentabilidad esperada. Menor rentabilidad puede significar menor inversión. Menor inversión implica menos capital por trabajador, menor productividad y, finalmente, menos crecimiento de salarios y empleo. Aunque ya hemos leído en Argentina que periodistas sueltos de lengua dicen que imprimir no produce inflación si los billetes se fabrican fuera de Argentina.

La izquierda suele responder que solamente pagarán “los ricos”.

Naturalmente. Porque aparentemente las empresas pueden pagar impuestos sin modificar inversiones, precios, salarios, dividendos o decisiones de localización. Una especie de árbol fiscal mágico donde el Estado recoge dinero y nadie cambia su comportamiento.

Europa ya probó el experimento

Lo divertido es que Europa no necesita imaginar qué puede ocurrir.

Durante décadas numerosos países europeos tuvieron impuestos recurrentes sobre el patrimonio. Austria lo eliminó en 1994; Dinamarca en 1997; Alemania en 1997; Finlandia, Islandia y Luxemburgo en 2006; Suecia en 2007. Francia sustituyó en 2018 su impuesto general sobre el patrimonio por otro concentrado fundamentalmente en activos inmobiliarios.

Y esto no lo afirma precisamente una asociación clandestina de empresarios enfadados.

La OCDE ha identificado entre las razones de esas reformas los riesgos de fuga de capitales, la evasión y elusión, los elevados costes administrativos y una recaudación relativamente reducida. La propia organización concluyó que existen argumentos limitados para mantener un impuesto sobre el patrimonio neto cuando ya funcionan adecuadamente los impuestos sobre las rentas del capital y las herencias. 

En otras palabras: varios países probaron el medicamento, descubrieron sus efectos secundarios y lo retiraron. Ahora algunos políticos proponen administrarlo simultáneamente a todo el planeta.

Eso sí que es aprender de la historia.

América Latina tampoco está vacunada contra la imaginación tributaria

En América Latina la tentación es especialmente peligrosa. Países con baja inversión, elevada informalidad, escasa productividad y mercados laborales frágiles actúan algunas veces como si su principal problema económico fuese precisamente que todavía queda demasiado capital privado disponible.

Colombia constituye un ejemplo reciente. Durante 2026 se aprobaron disposiciones extraordinarias que ampliaron la aplicación del impuesto al patrimonio incluso a determinadas personas jurídicas. 

El problema es conceptual: una empresa no es una bolsa inmóvil de dinero esperando ser confiscada. Compite por capital con empresas de otros países. Si un gobierno incrementa persistentemente el coste de invertir, el capital tiene alternativas: no invertir, reducir proyectos, trasladarse o exigir una rentabilidad mayor.

Y quienes no pueden mudarse a Miami, Madrid o Panamá son precisamente muchos trabajadores.

¿Y electoralmente funciona?

Tampoco necesariamente.

España ofrece un ejemplo interesante. Podemos apareció en las elecciones generales de 2015 convertido en fenómeno político y las candidaturas vinculadas al partido alcanzaron 69 diputados y más del 20 % de los votos. En abril de 2019 el espacio de Unidas Podemos descendió a 35 escaños y en noviembre de ese mismo año obtuvo nuevamente 35 en el conjunto de la coalición, mientras el peso parlamentario específicamente atribuible a Podemos siguió deteriorándose posteriormente. Para 2026 terminó siendo un recuerdo perdiendo todas las elecciones autónomicas en España.

Naturalmente, sería absurdo afirmar que ese descenso ocurrió exclusivamente por sus propuestas tributarias. Los partidos pierden votos por múltiples razones. Pero sí demuestra algo menos ambicioso y bastante incómodo: presentarse como representante exclusivo del pueblo mientras se ofrece cada vez más intervención estatal no garantiza que el pueblo continúe comprando el producto.

El capital no es el enemigo del trabajador

Aquí está el error fundamental.

La izquierda radical imagina una economía dividida entre empresarios que ganan y trabajadores que pierden. Pero sin acumulación de capital difícilmente existen nuevas fábricas, tecnología, maquinaria, emprendimientos o incrementos sostenidos de productividad.

Y sin productividad tampoco existen salarios elevados.

Por eso perseguir fiscalmente al capital hasta hacerlo emigrar puede producir una extraordinaria victoria ideológica: quizá finalmente haya menos millonarios dentro del país.

El pequeño problema será descubrir que también habrá menos inversión, menos empresas y menos empleos.

Pero siempre quedará algún político dispuesto a explicar que el fracaso ocurrió porque todavía no cobramos suficientes impuestos.

¿De verdad se combate la pobreza castigando a quienes invierten, crean empresas y generan empleo? Comparte esta entrada y súmate al debate sobre impuestos, inversión y libertad económica.

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Resultados PISA 2025 en América Latina: la evidencia de un fracaso educativo. Menos Estado en las escuelas, más libertad, competencia y resultados

 

Por Armando José Urdaneta Montiel.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 deberían obligar a América Latina a cuestionar seriamente la manera en que ha organizado sus sistemas educativos. No estamos frente a una dificultad coyuntural ni ante un problema que pueda solucionarse simplemente aumentando presupuestos. Estamos frente a una crisis de resultados que exige preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿tiene sentido continuar confiando la administración de buena parte de la educación a estructuras estatales altamente burocratizadas y susceptibles de politización?

Los resultados son preocupantes. América Latina continúa considerablemente rezagada respecto de los países de la OCDE y varias economías de la región experimentaron retrocesos o estancamientos. Argentina registró su peor resultado histórico en matemáticas desde que participa regularmente en PISA; México retrocedió en matemáticas y lectura; Brasil permanece prácticamente estancado y Chile también deterioró sus resultados en matemáticas y lectura.

Ecuador merece especial atención. Apenas el 20 % de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65 % del promedio de la OCDE. En lectura lo consiguió el 38 %, frente al 69 %, y en ciencias el 40 %, comparado con 74 % en la OCDE. Además, el país obtuvo resultados inferiores a los registrados en 2017 en las tres puntuaciones reportadas: pasó de 377 a 366 puntos en matemáticas, de 409 a 385 en lectura y de 399 a 393 en ciencias.

Estos resultados no demuestran por sí solos que la gestión estatal sea la causa del deterioro. Existen factores socioeconómicos, familiares y culturales que también afectan el aprendizaje. Pero sí deberían acabar con la complacencia respecto de sistemas en los cuales el Estado simultáneamente financia, administra, regula, supervisa y evalúa buena parte del sistema educativo.

El problema fundamental es de incentivos. Cuando la educación depende excesivamente de estructuras burocráticas, las decisiones dejan de responder exclusivamente a criterios pedagógicos y andragógicos  y comienzan a estar condicionadas por intereses políticos, administrativos, sindicales y presupuestarios. Los cargos pueden convertirse en espacios de negociación política; los recursos pueden distribuirse atendiendo a prioridades diferentes del desempeño académico; y las instituciones deficientes pueden continuar funcionando durante décadas sin enfrentar las consecuencias que tendría una organización incapaz de satisfacer a quienes utilizan sus servicios.

En un entorno competitivo, quien ofrece persistentemente un mal servicio pierde usuarios e ingresos. En muchos sistemas educativos ocurre lo contrario: instituciones con resultados deficientes continúan recibiendo estudiantes y presupuesto casi automáticamente. Esta situación genera un problema de moral Hazard (riesgo moral), pues al estar su financiamiento y continuidad escasamente vinculados al desempeño, se debilitan los incentivos para mejorar, innovar y corregir ineficiencias. Un sistema de vouchers asociado a evaluaciones anuales independientes introduciría mayor disciplina por resultados: el financiamiento seguiría al estudiante y las instituciones competirían por demostrar su capacidad efectiva para generar aprendizaje.

¿Por qué no cambiar radicalmente esa lógica?

El Estado no necesita administrar escuelas para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la educación. Financiar la educación y producir resultados son dos cosas completamente diferentes. Esta distinción, fundamental dentro del pensamiento liberal, permite plantearse un sistema en el cual las instituciones educativas sean autónomas, privadas, cooperativas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, mientras el Estado concentra su intervención en garantizar que ningún niño quede excluido por falta de recursos económicos.

Aquí adquiere relevancia el sistema de vouchers educativo. Las familias con capacidad económica podrían financiar directamente la educación de sus hijos. Aquellas que no dispongan de recursos suficientes recibirían un voucher financiado por el Estado. Pero ese dinero no debería entregarse automáticamente a una escuela determinada. El financiamiento acompañaría al estudiante y su familia decidiría dónde utilizarlo.

El principio puede resumirse de una manera sencilla: financiar al estudiante, no a la burocracia educativa. Esto introduciría un elemento prácticamente inexistente en muchos sistemas educativos latinoamericanos: competencia real por los estudiantes.

Pero la libertad de elección necesita información. Por ello, propongo complementar los vouchers con un Sistema Nacional Independiente de Evaluación de Saberes y Conocimientos, mediante pruebas estandarizadas realizadas anualmente a los estudiantes.

Matemáticas, comprensión lectora, ciencias, razonamiento lógico y otras competencias fundamentales deberían evaluarse mediante criterios homogéneos y verificables. Los resultados permitirían construir un ranking público nacional de instituciones educativas.  De esta manera, serían principalmente los resultados educativos y el valor añadido por cada institución, y no las conexiones políticas, los discursos ideológicos o la capacidad de presión de determinados grupos, los que determinarían su prestigio.

Las familias conocerían cuáles instituciones proveen una mejor calidad educativa. Y allí debería aparecer el segundo componente del sistema: los vouchers públicos podrían incorporar incentivos vinculados al desempeño. Las instituciones que demuestren persistentemente mejores resultados, especialmente aquellas capaces de generar grandes avances entre estudiantes procedentes de hogares vulnerables, podrían recibir una mayor ponderación dentro de los programas públicos de financiamiento.

No se trataría simplemente de entregar más dinero a quien obtiene la puntuación absoluta más alta. Eso podría terminar subsidiando diferencias socioeconómicas preexistentes. Se trataría de premiar calidad, progreso, eficiencia y capacidad efectiva de generar aprendizaje.

Una escuela que recibe estudiantes vulnerables y consigue elevar extraordinariamente sus conocimientos debería ser considerada una institución excelente, aunque su puntuación absoluta todavía resulte inferior a la de un establecimiento que recibe estudiantes provenientes de hogares privilegiados. 

La competencia haría el resto. Las mejores escuelas atraerían más estudiantes. Las instituciones exitosas tendrían incentivos para expandirse. Nuevos oferentes podrían ingresar al sistema reproduciendo modelos educativos exitosos. Las instituciones mediocres tendrían que innovar, cambiar profesores, modificar métodos pedagógicos y mejorar su administración. Y aquellas incapaces de producir resultados después de sucesivas evaluaciones deberían perder estudiantes y eventualmente salir del mercado educativo.

Ese mecanismo puede parecer duro, pero mucho más duro resulta condenar durante generaciones a niños de familias pobres a instituciones deficientes simplemente porque tuvieron la mala fortuna de nacer dentro de determinada jurisdicción educativa.

La propia OCDE reconoce que los defensores de la elección escolar sostienen que la competencia puede generar incentivos para que las instituciones respondan mejor a las necesidades de los estudiantes, y recoge investigaciones que encuentran efectos positivos moderados. También advierte sobre problemas reales de información, transporte, costos ocultos y desigualdad en la capacidad de elección. Precisamente por ello un modelo liberal serio no debe ignorar esos problemas: debería diseñar vouchers diferenciados para estudiantes vulnerables y garantizar información transparente sobre resultados.

La discusión tampoco consiste en despreciar a los docentes. Todo lo contrario. Un sistema competitivo permitiría que los buenos profesores fueran identificados, demandados y mejor remunerados. La excelencia docente dejaría de depender fundamentalmente de escalafones burocráticos, antigüedad o decisiones administrativas y estaría mucho más relacionada con competencias, desempeño y resultados.

El Estado conservaría funciones limitadas pero importantes: financiar mediante vouchers a quienes realmente lo necesiten, garantizar estándares básicos, proteger a los menores, impedir fraudes y asegurar que las evaluaciones nacionales sean independientes y técnicamente rigurosas. Lo que dejaría de hacer sería aquello para lo cual la experiencia latinoamericana ofrece demasiados motivos para desconfiar: pretender ser simultáneamente financiador, proveedor, administrador, regulador y juez de su propio desempeño.

Los resultados de PISA 2025 deberían servir como reflexión. PISA evalúa precisamente competencias de estudiantes de 15 años y permite comparar los resultados de más de 90 países y economías. No podemos continuar observando cada nueva evaluación, lamentándonos durante algunas semanas y posteriormente regresando al mismo modelo.

América Latina necesita introducir libertad de elección, competencia y responsabilidad por resultados en su educación.

Que el Estado ayude al estudiante que lo necesita, pero que sean las familias quienes elijan. Que el financiamiento siga al alumno. Que las pruebas anuales revelen quién realmente está enseñando. Que las buenas escuelas puedan crecer y las deficientes tengan que mejorar. Que los buenos docentes sean premiados. Y, sobre todo, que la educación deje de ser un espacio capturado por la política y vuelva a concentrarse en aquello que verdaderamente importa: que nuestros niños aprendan.

Después de décadas intentando reformar estructuras burocráticas que tienden a reproducir sus propias ineficiencias, ha llegado el momento de replantear el debate educativo. La pregunta ya no debería ser cuánto más Estado necesita la educación latinoamericana, sino cuánto espacio estamos dispuestos a devolver a la libertad de elección, la competencia y la responsabilidad por resultados. Por ello el verdadero desafío no es reformar una y otra vez el mismo modelo, sino en que medida podemos liberar del Estado al sistema educativo para devolverla a las familias y a la sociedad.

Si América Latina quiere mejores resultados educativos, debe dejar de financiar estructuras ineficientes y comenzar a financiar a los estudiantes. Comparte esta entrada y súmate al debate: más libertad de elección, más competencia y más responsabilidad por resultados.

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Mercado Libre y el extraño problema de la izquierda con quienes crean riqueza

 

Hay una curiosa paradoja en buena parte del pensamiento marxista latinoamericano. Durante décadas ha denunciado la pobreza produciendo bibliotecas enteras sobre ella, mientras que muchos empresarios (sin manifiestos revolucionarios, asambleas populares ni ministerios de planificación) simplemente se dedicaron a crear negocios capaces de generar ingresos para millones de personas.

El caso de Mercado Libre en Argentina resulta particularmente incómodo para ese relato.

La empresa fundada por Marcos Galperin no reparte riqueza previamente existente: construyó una infraestructura digital que permite crearla. Conecta compradores y vendedores, proporciona medios de pago, logística, crédito, publicidad y tecnología. Es decir, reduce algo que los economistas conocemos bastante bien: los costos de transacción.

Y aquí comienzan los problemas ideológicos.

Según información publicada por la propia compañía, más de 1,8 millones de familias latinoamericanas tienen a Mercado Libre como su principal fuente de ingresos, mientras su ecosistema facilita el comercio de más de 574.000 pequeñas y medianas empresas.

Curiosa manera de “explotar” a la sociedad: permitir que una pequeña empresa encuentre clientes que jamás habría alcanzado desde su local físico.

El capitalismo digital hace algo imperdonable: bajar las barreras de entrada

Antes de Internet, un pequeño comerciante necesitaba local, inventario, publicidad, sistemas de cobro y acceso físico a sus clientes.

Hoy puede comenzar con un teléfono.

Mercado Libre convirtió una gigantesca infraestructura tecnológica en una especie de capital disponible para miles de pequeños empresarios. El emprendedor no necesita construir su propia plataforma de pagos, desarrollar un sistema antifraude o instalar centros logísticos por América Latina.

La plataforma ya realizó esas inversiones.

Naturalmente, cobra por utilizarlas. Y aquí algún nostálgico de Marx podría descubrir horrorizado que estamos ante… un intercambio voluntario de servicios.

El comerciante paga porque espera obtener algo a cambio: acceso a clientes, infraestructura, seguridad, logística y reducción de costos.

Eso no significa que las plataformas sean perfectas. Las comisiones pueden ser discutidas, existe poder de mercado y deben existir reglas de competencia. Pero confundir regulación con destrucción del incentivo empresarial es una receta bastante latinoamericana para terminar regulando magníficamente mercados que dejaron de crecer.

Nubank: otro problema para el manual socialista

Brasil ofrece otro ejemplo extraordinario.

Nubank nació desafiando un sistema bancario tradicional caracterizado por elevados costos y fuertes barreras de entrada.

En 2024 alcanzó los 100 millones de clientes solamente en Brasil, equivalentes aproximadamente al 57 % de la población adulta del país.

Más interesante todavía: entre 2019 y 2023, alrededor de 20,7 millones de brasileños obtuvieron su primera tarjeta de crédito mediante Nubank, y el 43 % de ellos posteriormente también consiguió ahorrar dinero.

Aquí aparece nuevamente el problema conceptual.

Mientras cierta izquierda latinoamericana continúa pensando la inclusión financiera principalmente como una tarea estatal, una empresa privada descubre que atender a millones de ciudadanos ignorados por la banca tradicional también puede ser un magnífico negocio.

Capitalismo 1 – dogmatismo 0.

Rappi y la economía de las oportunidades

Colombia produjo otro caso interesante con Rappi.

Su plataforma permite conectar restaurantes, comercios, consumidores y repartidores. En Ecuador, por ejemplo, Rappi ofrece a restaurantes acceso a millones de usuarios, herramientas digitales de administración, publicidad y una red logística sin que cada establecimiento tenga que desarrollar su propio sistema de distribución.

¿Existen debates legítimos sobre las condiciones laborales de las plataformas? Por supuesto.

Una economía liberal seria no necesita negar problemas para defender mercados. Competencia, transparencia contractual y seguridad jurídica son perfectamente compatibles con la libertad económica.

Lo absurdo comienza cuando la respuesta política consiste en destruir precisamente las plataformas que multiplican las oportunidades económicas.

Lo que Marx no pudo descargar desde la App Store

El gran error de cierta izquierda latinoamericana consiste en seguir interpretando la economía como un juego de suma cero.

Si alguien se vuelve rico, alguien necesariamente tuvo que empobrecerse.

Pero la economía moderna funciona fundamentalmente mediante creación de valor.

Mercado Libre vale miles de millones porque millones de consumidores, vendedores y empresas encuentran útil su ecosistema. Nubank creció porque resolvió problemas que la banca tradicional no estaba solucionando adecuadamente. Rappi encontró valor conectando oferta y demanda mediante tecnología.

La verdadera política contra la pobreza debería preguntarse entonces cómo conseguir más emprendedores, más inversión, más innovación, mayor competencia y más empresas escalables.

Porque una sociedad no sale de la pobreza repartiendo indefinidamente lo que ya existe.

Sale de ella aumentando productividad, acumulando capital, innovando y permitiendo que millones de personas participen en mercados cada vez más grandes.

La ironía latinoamericana es extraordinaria, mientras algunos políticos todavía buscan en Marx la explicación de cómo distribuir riqueza, miles de emprendedores están frente a una computadora intentando descubrir cómo crearla.

Quizá algún día los primeros entiendan a los segundos.

Mientras tanto, sería prudente que al menos no los estorben.

¿La pobreza se combate persiguiendo al empresario que prospera o creando las condiciones para que aparezcan miles como él? Comparte este artículo y abre el debate. En Ideas Antizurdos preferimos discutir cómo crear riqueza antes que seguir perfeccionando las teorías para repartir pobreza.

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El mito del apocalipsis poblacional.

 

Durante décadas nos han querido vender el mismo cuento de terror: que la Tierra no aguanta más, que somos demasiados en el planeta y que la única forma de salvar el mundo es apretarnos el cinturón, consumir menos y dejar de tener hijos. Este catastrofismo, vestido con piel de cordero ecológica y predicado por agendas políticas que adoran el control social, parte de una premisa profundamente falsa: tratar al ser humano como una plaga consumidora y no como la mente creadora capaz de multiplicar los recursos.

Pero, ¿por qué seguimos comprando este discurso apocalíptico si la realidad empírica es aplastante? El médico y estadístico Hans Rosling lo diagnosticó a la perfección: el ser humano padece un «instinto de negatividad». En su obra Factfulness, Rosling demostró cómo nuestro cerebro está programado para prestar atención desproporcionada a las malas noticias y a los pronósticos fatales, ignorando el progreso gradual y silencioso. Si hacemos a un lado los dogmas y miramos los datos como exigía Rosling, el mito malthusiano de que la población crece más rápido que nuestra capacidad de producir colapsa. La inteligencia humana no solo desmonta esta narrativa del miedo, sino que demuestra que el verdadero motor del progreso es la abundancia, no la miseria programada.

El verdadero fenómeno demográfico: El colapso, no la superpoblación

El primer gran engaño de la agenda antinatalista es ocultar la realidad de las cifras. Los datos demográficos globales muestran que el mundo no se está desbordando; se está envejeciendo a pasos agigantados.

• La caída de las tasas de fertilidad: Para mantener una población estable se necesita una tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. Hoy, más del 50 % de la población mundial vive en países con tasas por debajo de este nivel. En Europa, Asia Oriental y buena parte de América Latina, la fertilidad ha caído a mínimos históricos (1,2 a 1,5 hijos por mujer).

• El "invierno demográfico": Potencias económicas y países en desarrollo enfrentan por primera vez la amenaza real de un vaciamiento poblacional. Corea del Sur registra tasas de 0,72 hijos por mujer, y naciones enteras verán reducida su población a la mitad antes de que termine este siglo.

• El freno al crecimiento global: Las proyecciones de las propias Naciones Unidas reconocen que la población mundial alcanzará un pico a mediados de siglo y comenzará a decrecer de forma irreversible. La "bomba poblacional" no explotó; se desactivó sola por cambios socioeconómicos.

Promover la reducción de la población ante este panorama no es salvar el planeta: es empujar a la civilización a una crisis de sostenibilidad fiscal, falta de fuerza laboral y estancamiento social.

Innovación y productividad: La prueba de que la escasez es un mito

El fatalismo comete un error metodológico absurdo: asume que la tecnología y los recursos son estáticos. Creen que si hoy se necesita un acre de tierra para alimentar a una persona, mañana necesitaremos diez mil acres para diez mil personas. La historia de la ciencia demuestra exactamente lo contrario.

Productividad Agrícola Global (1960 - Presente)

• Superficie cultivada: ▲ ~10-15% (Crecimiento marginal)

• Población mundial: ▲ ~200% (De 3.000 a 8.000 millones)

• Producción de granos: ▲ ~300% (Rendimiento multiplicado)

1. La Revolución Verde y la ciencia agrícola Gracias a genetistas y agrónomos como Norman Borlaug, la biotecnología, los fertilizantes modernos y el riego de precisión multiplicaron el rendimiento agrícola sin necesidad de deforestar el planeta. Hoy producimos más alimentos por hectárea que en cualquier otro momento de la historia humana, logrando que el porcentaje de desnutrición global caiga a sus niveles más bajos registrados.
2. Eficiencia energética y tecnológica La ciencia ha demostrado que el crecimiento económico se ha desacoplado del consumo bruto de materias primas. Los ordenadores modernos consumen una fracción de la energía de sus antecesores y pesan gramos en lugar de toneladas. La eficiencia de los motores, la energía nuclear, la agricultura vertical y la desalinizadora masiva de agua demuestran que la creatividad humana convierte problemas de escasez en escenarios de abundancia.
3. El mercado y el sustituto infinito El economista Julian Simon demostró en su famosa apuesta contra los ambientalistas catastrofistas que el precio de los recursos naturales tiende a bajar con el tiempo cuando hay libertad para innovar. Cuando un recurso se vuelve escaso, el precio sube, la inteligencia humana investiga y crea un sustituto más barato y eficiente (como la fibra óptica reemplazando toneladas de cable de cobre). El recurso definitivo no es el petróleo ni el agua: es el cerebro humano.

Frente al decrecimiento: Abundancia, razón y desarrollo

Exigir la "reducción del consumo" y el "decrecimiento económico" es una receta para perpetuar la pobreza en los países en desarrollo e imponer un racionamiento autoritario en los desarrollados. Los problemas ambientales no se resuelven volviendo a la cueva ni castigando el progreso, sino acelerando la investigación científica, capitalizando la producción y permitiendo que la tecnología resuelva las eficiencias energéticas y climáticas.

Si queremos enterrar el fatalismo climático con datos duros, pensadores como Steven Pinker y el ensayista sueco Johan Norberg nos dan la estocada final. En su defensa de los ideales de la Ilustración, Pinker demuestra con un volumen abrumador de datos que la aplicación de la razón, la ciencia y el humanismo nos ha sacado de la época más violenta, enferma y miserable de nuestra historia.

Esta es la verdad que aterroriza a los promotores del decrecimiento: el libre mercado y la industrialización no son los verdugos de la Tierra, son sus salvadores. Mientras el activismo de sofá nos exige volver a un pasado preindustrial idílico, Pinker y Norberg nos recuerdan que esa época supuestamente "ecológica" era en realidad una trampa de mortalidad infantil, hambrunas cíclicas y enfermedades crónicas. Ser optimistas respecto a nuestro futuro no es un acto de fe ciega, es la única conclusión racional y lógica derivada de la evidencia empírica.

El desarrollo económico sigue una regla inquebrantable probada por la historia: a mayor riqueza, mayor capacidad tecnológica para proteger el entorno. Hoy, las naciones capitalistas más desarrolladas son precisamente las que están reforestando sus territorios, limpiando sus ríos y liderando la eficiencia energética. Por el contrario, la pobreza es el mayor contaminante. Prohibir el desarrollo económico, demonizar el capital y forzar el "decrecimiento" no salvará un solo árbol; únicamente condenará a las naciones en vías de desarrollo a la miseria eterna.

La salida nunca es apagar la máquina del ingenio humano, es darle más libertad para operar. El ser humano no es una plaga ni una amenaza para la Tierra; es su único administrador inteligente. Frente al miedo y el control, la respuesta es contundente: más libertad, más ciencia y más desarrollo.

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Índice de Corrupción 2025

 

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