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domingo, 15 de noviembre de 2026

Impuestos a los ricos: ¿justicia social o más dinero para la burocracia?

 

Por Dr. John Campuzano Vásquez

La obsesión por gravar la riqueza

Existe una tentación recurrente en la política latinoamericana: cuando el Estado necesita dinero, algunos dirigentes encuentran una solución aparentemente sencilla, cobrar más impuestos a quienes poseen mayor patrimonio o los presentan como nuevos ricos. La propuesta suele presentarse como justicia social, solidaridad o redistribución. Sin embargo, pocas veces viene acompañada de una explicación rigurosa sobre sus consecuencias económicas o de garantías verificables sobre el destino de los recursos. La pregunta fundamental debería ser otra: ¿necesitamos recaudar más o administrar mejor lo que ya recaudamos?

La riqueza no es dinero guardado

El economista Adam N. Michel, del Instituto Cato, explica que gravar la riqueza puede tener costos superiores a los ingresos esperados. Su análisis sobre una propuesta tributaria en California recuerda que una fortuna empresarial no equivale a una montaña de efectivo. Gran parte del patrimonio está representado por acciones, fábricas, tecnología y participaciones productivas. Cuando el gobierno exige pagar impuestos sobre esos activos, independientemente de su rentabilidad, puede obligar a vender inversiones o retirar recursos necesarios para expandir empresas.

Los efectos no necesariamente terminan en los millonarios. Menor acumulación de capital puede traducirse en menos innovación, productividad y oportunidades laborales. El argumento merece atención en América Latina, donde precisamente escasean las inversiones capaces de transformar estructuras productivas tradicionales. La riqueza empresarial no surge automáticamente de quitarles recursos a otros ciudadanos; también puede generarse mediante innovación, competencia y creación de valor. Confundir patrimonio con liquidez constituye un error económico que puede terminar perjudicando a quienes se pretende beneficiar.

Ecuador: recaudar más no equivale a gobernar mejor

Ecuador ofrece una experiencia relevante. Según el Servicio de Rentas Internas, la recaudación tributaria bruta alcanzó 21.501 millones de dólares en 2025, un incremento del 6,8% respecto de 2024. Además, el país aplicó contribuciones temporales sobre patrimonios elevados mediante una legislación aprobada durante el gobierno de Guillermo Lasso. Esto demuestra que recurrir a impuestos patrimoniales no constituye una práctica exclusiva de la izquierda, aunque las corrientes redistributivas suelen defenderlos como instrumentos para reducir desigualdades.

El problema comienza cuando la recaudación adicional sustituye las reformas estructurales. Ecuador necesita mejores hospitales, educación, seguridad e infraestructura; pero también necesita instituciones capaces de demostrar resultados. Incrementar impuestos sin evaluar programas, eliminar gastos improductivos y transparentar contrataciones puede fortalecer una maquinaria burocrática sin mejorar proporcionalmente los servicios. Desde una perspectiva liberal, cada dólar recaudado representa recursos que dejan de estar disponibles para las decisiones de consumidores, trabajadores y empresarios.

Colombia y Argentina: advertencias sobre el dinero público

La experiencia regional demuestra por qué la transparencia resulta indispensable. Durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia enfrentó el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Fiscalía documentó investigaciones sobre contratación irregular y presunta apropiación de recursos públicos. Los procesos avanzan, y pronto habrán responsables. Este caso revela cómo instituciones destinadas a atender necesidades urgentes pueden convertirse en escenarios de captura de recursos.

Argentina ofrece un antecedente judicial distinto. En junio de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dentro de la causa Vialidad. El caso ilustra los riesgos de corrupción relacionados con contratos públicos. Claro, que toda política redistributiva no es fraudulenta, pero recuerda que recaudar bajo una bandera social no garantiza que los fondos terminen beneficiando a los ciudadanos.

Redistribuir sin controlar el gasto

El problema fundamental no reside en exigir contribuciones tributarias, indispensables para financiar bienes públicos. Aparece cuando los gobernantes utilizan la promesa redistributiva para evitar preguntas sobre eficiencia, privilegios y responsabilidad fiscal. La OCDE advierte que los impuestos recurrentes al patrimonio pueden ocasionar problemas de valoración y liquidez, aunque reconoce que ciertos diseños tributarios pueden contribuir a reducir desigualdades.

La respuesta liberal debería combinar impuestos previsibles, competencia, protección de la propiedad privada y control exhaustivo del presupuesto. Antes de aprobar nuevos gravámenes, los gobiernos deben demostrar qué programas funcionan, cuáles deben eliminarse y cómo impedirán desviaciones de recursos.

La justicia social no consiste simplemente en quitar más dinero a quienes producen riqueza. Consiste también en impedir que los recursos públicos desaparezcan entre contratos irregulares, privilegios políticos y burocracias ineficientes.

América Latina necesita menos discursos sobre repartir riqueza y más instituciones capaces de crearla, protegerla y administrarla responsablemente.

¿América necesita más impuestos a los ricos o un Estado que administre mejor el dinero de sus ciudadanos?

Antes de exigir nuevos sacrificios tributarios, los gobiernos deberían demostrar que los recursos existentes están produciendo resultados y llegando a quienes realmente los necesitan.

¿Qué debería priorizar un país: aumentar la recaudación, eliminar gastos improductivos o fortalecer los controles contra la corrupción?

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jueves, 12 de noviembre de 2026

Elon Musk en Texas: impuestos, inversión y empleo en riesgo

 

Por Dr. John Campuzano Vásquez

Texas: del refugio empresarial a la incertidumbre

Texas y otros Estados de los Estados Unidos acaban de protagonizar un cambio político histórico. De manera particular, Gina Hinojosa, candidata demócrata, derrotó al gobernador republicano Greg Abbott en noviembre de 2026, poniendo fin a más de tres décadas sin victorias demócratas en la gobernación.

El resultado introduce interrogantes para el ecosistema tecnológico que convirtió al estado en destino de inversiones industriales, energéticas y digitales. Entre los empresarios interesados se encuentra Elon Musk, cuyas compañías Tesla y SpaceX mantienen importantes operaciones en territorio texano.

La nueva gobernadora ha cuestionado los incentivos fiscales otorgados a grandes corporaciones y anunciado mayores controles sobre centros de datos. Es la lógica de gobiernos de izquierda que no logra entender como la innovación produce empleos y beneficios directos e indirectos a todo el Estado. Transformar la política tributaria en un instrumento de confrontación contra determinados inversionistas, parece ser la dinámica actual en los Estados Unidos o en países que n o entienden el sistema empresarial moderno.

El problema de castigar al capital

Desde la economía liberal, la inversión constituye una condición fundamental para acumular capital, incorporar tecnología y elevar la productividad. Ludwig von Mises explicó que el progreso material depende de la acumulación de capital y de instituciones que permitan coordinar eficientemente las decisiones económicas.

Friedrich Hayek destacó, por su parte, que el mercado utiliza información dispersa que ninguna autoridad puede concentrar completamente. Cuando los gobiernos alteran inesperadamente las condiciones regulatorias, las empresas enfrentan mayores riesgos. Pueden reconsiderar inversiones, posponer contrataciones o trasladar proyectos hacia jurisdicciones más previsibles.

Es claro que una carga impositivo desmedida destruye empleo. El efecto depende de su diseño, magnitud, estabilidad y utilización de los recursos recaudados. Pero sí existe una advertencia económica: la incertidumbre regulatoria puede convertirse en un impuesto invisible sobre la innovación.

Tesla, SpaceX y los incentivos cuestionados

La controversia incluye beneficios concedidos durante la administración Abbott. Hinojosa ha solicitado información sobre acuerdos estatales con empresas de Musk y cuestionado incentivos asociados con Starlink, SpaceX y el proyecto de semiconductores Terafab.

Su campaña señaló una exención tributaria vinculada a Terafab estimada en aproximadamente 1.660 millones de dólares. Esta cifra representa un beneficio fiscal estimado, no una transferencia monetaria directa equivalente.

Aquí aparece una contradicción que merece analizarse: los gobiernos compiten ofreciendo incentivos para atraer capital y posteriormente algunos dirigentes cuestionan esos acuerdos como privilegios. Desde una perspectiva liberal coherente, no deberían existir subsidios discrecionales para empresarios políticamente cercanos, pero tampoco sanciones selectivas contra empresarios políticamente incómodos.

La solución consiste en impuestos generales, reglas transparentes y competencia empresarial sin favoritismos.

Centros de datos: innovación frente a regulación

Hinojosa propone mantener suspendidas nuevas autorizaciones para centros de datos hasta establecer protecciones relacionadas con consumo eléctrico, agua y participación comunitaria.

Los riesgos ambientales y energéticos merecen atención. También es razonable exigir que los inversionistas asuman los costos que sus actividades imponen a terceros.

No obstante, una prohibición prolongada podría retrasar proyectos de inteligencia artificial, infraestructura digital y construcción industrial. Texas concentra aproximadamente una cuarta parte de la capacidad estadounidense de centros de datos planificada, según información recogida por Reuters.

Detener inversiones en un sector estratégico sin reglas claras puede estimular el traslado de proyectos hacia otros estados. La consecuencia potencial alcanza a proveedores tecnológicos, constructores, empresas eléctricas y trabajadores especializados.

Redistribución, productividad y empleo

El debate revela una diferencia entre dos enfoques económicos.

Uno prioriza utilizar recursos públicos para corregir desigualdades y financiar servicios colectivos. Otro enfatiza la creación de riqueza mediante inversión privada, competencia e incentivos empresariales.

Ambos objetivos pueden coexistir, pero surgen tensiones cuando la redistribución se financia mediante cargas imprevisibles o medidas que desalientan proyectos productivos.

La experiencia internacional demuestra que la protección social no es necesariamente incompatible con economías competitivas. Lo decisivo es la calidad institucional y la sostenibilidad de las políticas.

El error sería suponer que aumentar la recaudación equivale automáticamente a mejorar el bienestar. Y esta suposición se vende mucho a los electores en diferentes países. 

La riqueza primero debe producirse. Sin empresas que inviertan, innoven y contraten, las posibilidades de financiar servicios públicos encuentran límites.

La verdadera lección liberal

El futuro de Texas no depende exclusivamente de Musk ni de la orientación partidista de su gobernadora. Dependerá de decisiones legislativas, condiciones energéticas, seguridad jurídica y capacidad para atraer inversiones.

El liberalismo económico no exige inmunidad tributaria para los multimillonarios. Exige igualdad ante la ley, protección de derechos de propiedad, competencia y reglas conocidas.

Lo cierto es que las propuestas electorales de Hinojosa pueden destruir miles empleos, ojalá que la sensatez supere a los ideológico.

Hay que hacer una advertencia.

Cuando la política económica comienza a depender más de las simpatías ideológicas que de reglas generales, la inversión pierde previsibilidad y el empleo puede pagar las consecuencias.

Texas enfrenta una decisión fundamental: combinar protección comunitaria con dinamismo empresarial o permitir que la confrontación política debilite su atractivo para los innovadores.

La prosperidad no surge de favorecer multimillonarios ni de perseguirlos. Surge de instituciones capaces de garantizar que todos compitan bajo las mismas reglas.

Porque el capital puede trasladarse; las oportunidades laborales perdidas no siempre regresan.

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domingo, 8 de noviembre de 2026

Crisis de Ueno Bank y el feriado bancario de Ecuador: las lecciones.

 

Por Dr. John Campuzano Vásquez

La tecnología no elimina los viejos riesgos bancarios

La crisis de ueno bank en Paraguay demuestra que la modernización tecnológica no garantiza una administración financiera responsable. Una entidad puede ofrecer aplicaciones innovadoras, tecnología de punta, pagos inmediatos y millones de cuentas digitales, pero si sus administradores incumplen principios elementales de solvencia y control crediticio, sus depositantes permanecen expuestos.

El Banco Central del Paraguay dispuso el 2 de noviembre de 2026 iniciar el procedimiento de disolución de ueno bank tras comprobar un deterioro patrimonial que situó su solvencia por debajo de la mitad del mínimo regulatorio. La crisis resulta especialmente preocupante por las investigaciones sobre préstamos a empresas vinculadas, una práctica que los ecuatorianos conocen por sus consecuencias devastadoras.

Ecuador, 1999: cuando los bancos financiaban a sus propios grupos

La crisis bancaria ecuatoriana que podría decirse que empezo en 1992-1999 ofrece una experiencia histórica que América Latina no debería olvidar. Durante aquellos años, determinadas instituciones financieras concentraron importantes recursos en empresas relacionadas con sus administradores y accionistas, frecuentemente con garantías insuficientes y controles deficientes.

El caso del Banco del Progreso es revelador. Una auditoría de 1999 identificó aproximadamente 550 millones de dólares en créditos vinculados, mientras su patrimonio negativo alcanzaba 768 millones. Otros bancos presentaron problemas de concentración crediticia, gestión deficiente y exposición excesiva a determinados deudores.

Cuando estas operaciones comenzaron a deteriorarse, las pérdidas amenazaron los recursos confiados por miles de familias. En marzo de 1999, el gobierno decretó un feriado bancario y congeló depósitos. Según la Superintendencia de Bancos, la crisis terminó provocando el cierre del 60% de la banca privada.

El FMI estimó inicialmente un costo fiscal equivalente al 20% del PIB de 1999. Pero el verdadero daño trascendió las estadísticas: ahorros inmovilizados, pérdida de poder adquisitivo, empresas debilitadas y una profunda crisis de confianza.

Conviene precisar que los créditos vinculados no fueron la única causa. También influyeron desequilibrios macroeconómicos, deterioro de carteras, supervisión insuficiente y vulnerabilidades cambiarias.

Paraguay: una advertencia que revive

La Fiscalía paraguaya investiga operaciones realizadas entre 2025 y 2026 mediante préstamos y sobregiros a empresas relacionadas con ueno bank. Según la hipótesis fiscal, determinadas operaciones presentaban montos elevados respecto de la capacidad de pago, garantías insuficientes y documentación deficiente.

Estas presuntas irregularidades todavía se están investigando judicialmente. Sin embargo, su semejanza con los mecanismos identificados históricamente en Ecuador merece una reflexión. Cuando un banco financia a sus propietarios o empresas relacionadas sin controles independientes, el conflicto de interés puede transformar los depósitos de terceros en una fuente de financiamiento privilegiado.

La intermediación bancaria legítima consiste en captar recursos y conceder créditos evaluando cuidadosamente sus riesgos. No consiste en utilizar el banco como caja financiera de sus accionistas.

Henry Simons y la alternativa de una banca más segura

Desde el pensamiento liberal existe una propuesta particularmente interesante: el modelo de Henry C. Simons, impulsor del Plan de Chicago. Simons defendía separar las funciones monetarias de las crediticias mediante depósitos transaccionales respaldados con reservas del 100%.

En una aplicación digital contemporánea, las cuentas destinadas a pagos y custodia podrían mantenerse separadas de los vehículos de inversión y préstamo. Quien quisiera conservar dinero disponible tendría un instrumento de bajo riesgo crediticio. Quien buscara rentabilidad invertiría voluntariamente en activos cuyos riesgos fueran conocidos.

Este diseño reduciría la posibilidad de que los préstamos incobrables comprometieran directamente los fondos destinados a pagos. No obstante, no eliminaría los riesgos operativos, tecnológicos ni las posibles pérdidas de las inversiones.

Liberalismo no significa privilegios para banqueros

La economía liberal defiende la propiedad privada, la competencia y la responsabilidad individual. Precisamente por ello, resulta incompatible con permitir que determinados propietarios bancarios obtengan beneficios particulares mientras transfieren sus pérdidas a depositantes o contribuyentes.

La experiencia ecuatoriana demostró los peligros de combinar supervisión deficiente, garantías públicas mal diseñadas y expectativas de rescate. Una banca moderna necesita límites efectivos a créditos vinculados, auditorías independientes, transparencia sobre beneficiarios finales, adecuada capitalización y mecanismos de resolución que asignen primero las pérdidas a los accionistas.

También necesita autoridades supervisoras que actúen oportunamente, sin privilegios empresariales ni interferencias políticas.

La lección que América Latina debe aprender

Ecuador sufrió las consecuencias de una crisis sistémica. Paraguay enfrenta un procedimiento de resolución bancaria cuyo alcance todavía debe evaluarse. Son episodios distintos, pero comparten una advertencia institucional.

La confianza financiera desaparece cuando el depositante descubre que su dinero fue expuesto a riesgos que nunca aceptó conscientemente.

Ni las aplicaciones digitales ni las campañas publicitarias pueden sustituir una gestión prudente. La verdadera modernización bancaria exige competencia, innovación, transparencia y responsabilidad patrimonial.

Porque la libertad económica no consiste en permitir que unos pocos jueguen con el dinero ajeno.

Consiste en garantizar que quienes toman riesgos asuman sus consecuencias, sin convertir a los ahorristas en víctimas ni a los contribuyentes en salvadores obligatorios de los malos banqueros.

¿Hemos aprendido realmente las lecciones del feriado bancario ecuatoriano?

Paraguay enfrenta una nueva crisis bancaria y las investigaciones sobre créditos vinculados recuerdan prácticas que perjudicaron gravemente a miles de ahorristas ecuatorianos.

¿Deberían los bancos separar los depósitos destinados a pagos de las inversiones sometidas a riesgo?

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jueves, 5 de noviembre de 2026

Elecciones de EE. UU. 2026: impacto en Irán, Israel, México y Brasil

 

Por Dr. John Campuzano Vásquez.

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 han alterado profundamente el equilibrio institucional estadounidense. La recuperación demócrata del Senado y la Cámara de Representantes significa que Donald Trump deberá afrontar los últimos dos años de su presidencia frente a un Congreso controlado por la oposición. Pero reducir este acontecimiento a una disputa entre republicanos y demócratas sería desconocer sus consecuencias internacionales.

Estados Unidos continúa siendo una potencia determinante para la seguridad, el comercio y las finanzas mundiales. Por ello, una modificación de sus equilibrios políticos puede influir en decisiones estratégicas adoptadas a miles de kilómetros de Washington.

La cuestión fundamental es comprender qué puede cambiar y cuáles son los límites institucionales de ese cambio.

El poder del Congreso frente al presidente

Los demócratas tendrán capacidad para controlar comisiones legislativas, investigar decisiones gubernamentales, condicionar asignaciones presupuestarias y examinar nombramientos diplomáticos y militares. Sin embargo, Trump conserva el poder de veto presidencial, que únicamente puede superarse mediante mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

Además, numerosas iniciativas requieren superar el filibusterismo del Senado, cuyo cierre generalmente exige 60 votos. Por tanto, la victoria demócrata no implica automáticamente un cambio de política exterior. Significa que el presidente encontrará nuevos controles, mayor resistencia institucional y posibles bloqueos presupuestarios.

La pregunta geopolítica no es si Trump pierde todo su poder, sino cómo utilizará las atribuciones que todavía conserva.

Irán: entre la negociación y una escalada peligrosa

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero de 2026 ha tenido consecuencias sobre los mercados energéticos y el costo de vida estadounidense. Eso indudablemente incidió en muchos votantes republicanos acostumbrados a medir el comportamiento de sus economías personales.

El nuevo Congreso podría incrementar las investigaciones sobre la conducción militar, exigir información pública y utilizar sus facultades presupuestarias para presionar hacia una solución negociada. Un primer escenario sería la apertura de negociaciones más intensas sobre seguridad regional y capacidades nucleares iraníes. Otro escenario, igualmente relevante, surgiría si Teherán interpretara el resultado electoral como una señal de debilidad estadounidense.

Esa percepción podría endurecer las posiciones negociadoras y aumentar el riesgo de nuevos enfrentamientos. La estabilidad del golfo Pérsico resulta decisiva para el petróleo, los seguros marítimos y los costos internacionales del transporte.

Una negociación exitosa podría reducir incertidumbre energética; una escalada prolongada encarecería la actividad económica mundial. Lo primero tiene más fuerza al lidiar con fanáticos religiosos como son los ayatolas.

Israel: una alianza que enfrentará mayor supervisión

Israel constituye otro escenario de transformación. Durante décadas ha contado con amplio respaldo estadounidense, pero existen diferencias crecientes dentro del Partido Demócrata sobre la asistencia militar y las operaciones israelíes en Gaza y otros territorios.

Con el control legislativo, los demócratas podrían promover restricciones a determinadas transferencias de armamento, exigir condiciones para la asistencia y aumentar la supervisión de las operaciones militares. La asistencia con dinero ya no será una moneda de cambio, el presidente Trump y el ministro Netanyahu están de acuerdo en eliminar esa dependencia que necesitaba múltiples apoyos en el Congreso y el Senado.

Sin embargo, estas propuestas también encontrarían diferencias internas y una eventual oposición presidencial. Para Israel, el desafío consistirá en preservar relaciones institucionales duraderas con Estados Unidos, independientemente del partido gobernante.

La dimensión económica tampoco debe ignorarse: la inestabilidad regional perjudica inversiones, comercio y expectativas de crecimiento.

México: oportunidades y riesgos para la integración productiva

La relación con México tiene una naturaleza diferente. Combina seguridad fronteriza, migración, comercio e integración industrial. En julio de 2026, Estados Unidos decidió no extender automáticamente el T-MEC en sus condiciones actuales. El acuerdo permanece vigente, pero entró en un proceso de revisiones anuales.

El nuevo Congreso podría reforzar el seguimiento de las negociaciones comerciales, exigir mayor transparencia y cuestionar determinadas políticas arancelarias. Para México, esto plantea dos escenarios. Una negociación institucionalmente más previsible podría favorecer inversión y cadenas productivas norteamericanas. En cambio, mayores disputas comerciales podrían retrasar proyectos industriales y dificultar el aprovechamiento del nearshoring.

La presidenta Claudia Sheinbaum deberá gestionar esta relación sin desconocer la dependencia comercial entre ambas economías.

Brasil: Lula frente a una oportunidad diplomática

Brasil añade una dimensión particularmente interesante. Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección el 25 de octubre de 2026, mientras mantiene relaciones complejas con Trump. Las tensiones comerciales, las sanciones estadounidenses y las diferencias sobre soberanía han deteriorado el diálogo bilateral.

Un Congreso demócrata podría intensificar la supervisión de esas medidas y favorecer espacios de cooperación ambiental, comercial y diplomática. Pero Lula enfrenta otra realidad: China es fundamental para las exportaciones brasileñas y Brasil participa activamente en los BRICS.

Su desafío será conservar autonomía estratégica sin convertir el multipolarismo en un conflicto permanente con Washington. Los minerales críticos, la energía y el comercio agrícola podrían convertirse en espacios de negociación particularmente relevantes, aunque los Estados Unidos ha tomado precauciones para evitar dependencia de un gobierno con marcada línea socialista.

El desafío económico de la nueva correlación política

Desde una visión liberal, existe una advertencia adicional. El fortalecimiento de corrientes "progresistas" dentro del Partido Demócrata podría ampliar el debate sobre impuestos, regulación, subsidios y propiedad pública.

Sin embargo, una mayoría demócrata no equivale a una mayoría socialista (bueno por ahora eso se creería), ni permite modificar unilateralmente las garantías constitucionales de propiedad privada.

El verdadero interrogante económico consiste en determinar si las nuevas políticas favorecerán competencia, inversión y productividad o incrementarán las distorsiones regulatorias que ayuden a que los alcaldes y gobernadores demócratas tengan más votantes.

Las economías abiertas necesitan reglas previsibles, estabilidad contractual y respeto por la iniciativa privada.

Un mundo que ya no espera a Washington

Estas elecciones confirman que las decisiones domésticas estadounidenses tienen consecuencias internacionales. Irán observará las posibilidades de negociación; Israel reconsiderará sus relaciones legislativas y como votan los judíos americanos en las Cámaras; México defenderá sus cadenas productivas y Brasil intentará ampliar su margen diplomático.

No existe un desenlace predeterminado.

Lo que sí resulta evidente es que el poder estadounidense estará más condicionado institucionalmente en un mundo donde otras potencias buscan mayor autonomía.

La lección para América Latina es fundamental: hay que cerrar filas con los Estados Unidos, antes que buscar como país construir un desarrollo sostenible dependiendo de China o Brasil. La cercanía con los Estados Unidos y los largos años de cooperación son las cartas que deben guiar las políticas diplomática.

La competitividad, la diversificación comercial y la seguridad jurídica siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar la incertidumbre geopolítica.

¿Puede una elección legislativa en Estados Unidos cambiar el equilibrio geopolítico mundial?

Las decisiones del Congreso estadounidense tienen consecuencias que trascienden sus fronteras: afectan conflictos internacionales, inversiones, mercados energéticos y acuerdos comerciales.

¿Qué país crees que experimentará los cambios más importantes: Irán, Israel, México o Brasil?

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La geopolítica no se comprende desde las consignas, sino desde el análisis de los intereses, las instituciones y sus consecuencias económicas.

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domingo, 1 de noviembre de 2026

Solzhenitsyn lo advirtió: la decadencia de Occidente comienza desde dentro

 


Por Dr. John Campuzano Vásquez

El 8 de junio de 1978, Aleksandr Solzhenitsyn pronunció en la Universidad de Harvard un discurso que Occidente escuchó con incomodidad, pero que probablemente nunca terminó de comprender. El escritor ruso, superviviente del sistema concentracionario soviético y testigo directo de los horrores del totalitarismo comunista, no acudió a celebrar la superioridad de las democracias occidentales. Acudió a advertirles que podían perder su grandeza sin necesidad de ser conquistadas militarmente.

En su intervención, titulada Un mundo dividido, denunció la pérdida del coraje cívico, el materialismo, la decadencia espiritual y una concepción de los derechos desvinculada de las responsabilidades individuales. Pero formuló una observación todavía más incómoda: Occidente había llegado a identificar el progreso humano con la satisfacción creciente de necesidades materiales, como si la prosperidad económica pudiera sustituir las virtudes que hacen posible una civilización libre.

Cuarenta y ocho años después, esa advertencia merece examinarse bajo dos fenómenos que están redefiniendo nuestro tiempo: la expansión de Estados de bienestar sometidos a crecientes tensiones fiscales y la transición hacia un orden internacional en el que Occidente ya no ejerce un predominio indiscutido.

La pregunta es inevitable: ¿estamos presenciando una civilización que pierde competitividad mientras sus gobiernos prometen niveles de bienestar a todo el que llegue o cruce sus fronteras y que sus economías encuentran cada vez más difíciles de sostener?

La gran confusión: creer que el bienestar se decreta

El Estado de bienestar surgió como una respuesta institucional a problemas reales: pobreza, enfermedad, desempleo, vejez y desigualdad de oportunidades. Sus conquistas sociales no deben ignorarse. Pero reconocer esa contribución histórica tampoco obliga a aceptar que cualquier ampliación del gasto público representa automáticamente un avance civilizatorio o que es de entregar servicios a todos los que no han aportado nada en su vida productiva.

La confusión intelectual de buena parte del progresismo contemporáneo: considerar que la legitimidad moral de una necesidad garantiza la viabilidad económica de financiarla y que esta se convierta en un derecho humano. Que una prestación sea socialmente deseable no significa que resulte fiscalmente sostenible. Que un gobierno proclame un nuevo derecho tampoco implica que existan los recursos productivos para materializarlo.

Los derechos económicos exigen recursos; los recursos requieren producción; y la producción depende de inversión, trabajo, innovación y productividad. Esta cadena causal, elemental para cualquier economista, parece desaparecer cuando comienza la competencia electoral o la búsqueda de la protesta social.

Los políticos prometen pensiones más generosas, mayores subsidios, reducciones de jornadas laborales y nuevos servicios estatales, incluso a aquellos que nunca aportaron a la seguridad social como en el caso argentino con Cristina Fernández. Rara vez explican con igual entusiasmo quién asumirá los costos, qué impuestos serán necesarios o qué actividades productivas deberán crecer para financiar tales compromisos.

El problema no es la solidaridad. Es la irresponsabilidad de prometer solidaridad sin atender sus condiciones de sostenibilidad. El Fondo Monetario Internacional advirtió en abril de 2026 que la deuda pública mundial se situó cerca del 94 % del PIB en 2025 y podría alcanzar el 100 % en 2029. Entre las fuentes de presión fiscal identifica necesidades sociales crecientes, gastos de defensa e intereses de la deuda.

Estas cifras no demuestran que el Estado de bienestar sea la única causa del endeudamiento. Sí muestran que las promesas públicas deben competir por recursos cada vez más comprometidos. La aritmética fiscal tiene una virtud desagradable para el populismo: no responde a discursos.

Cuando la protección social sustituye a la responsabilidad

Solzhenitsyn identificó un problema de carácter moral que trasciende las finanzas públicas: una sociedad acostumbrada a niveles crecientes de comodidad puede perder la disposición a asumir riesgos, sacrificios y responsabilidades colectivas. Se vuelve anodina y fácil de conquistar al no querer defenderse de sus invasores los cuales se disfrazan de maltratados por la violencia o por conflictos sociales inexistentes.

Su crítica no consistía en negar la protección a los vulnerables, sino en cuestionar la idea de que la felicidad humana pudiera reducirse al consumo, la seguridad material y la expansión permanente de beneficios.

Esta distinción resulta fundamental.

Una protección social bien diseñada puede fortalecer la libertad individual al facilitar educación, salud y oportunidades. Pero un sistema que desincentiva el trabajo, castiga la acumulación de capital o vuelve políticamente intocable cualquier gasto puede terminar comprometiendo la riqueza que pretende distribuir.

La diferencia reside en los incentivos.

Cuando trabajar más significa perder beneficios de manera abrupta; cuando contratar trabajadores implica cargas desproporcionadas; cuando emprender requiere superar una montaña de permisos, impuestos y obligaciones administrativas, la economía comienza a penalizar precisamente las conductas que necesita promover.

El ciudadano deja de ser visto principalmente como creador de valor y pasa a convertirse en destinatario de prestaciones. El empresario deja de ser reconocido como agente de innovación y comienza a ser tratado, con demasiada frecuencia, con violencia y como una fuente inagotable de recaudación.

Así surge una dependencia política peligrosa: gobiernos que necesitan ampliar sus promesas para conservar apoyo electoral y sociedades que exigen nuevas prestaciones sin discutir cómo financiarlas.

Ahora bien, el Estado de bienestar destruye lentamente la competitividad. Dinamarca, Suecia y otras economías europeas son un ejemplo que una protección social considerable puede temporalmente coexistir con mercados dinámicos, instituciones eficaces y empresas competitivas. Aunque la avalancha de refugiados y de inmigrantes no cotizantes roe los pilares de sus servicios educativos y sociales.

Occidente sigue pensando como si el mundo fuera unipolar

La segunda gran debilidad occidental es estratégica.

Durante las décadas posteriores a la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados disfrutaron de una posición económica, tecnológica, militar e institucional extraordinaria. Aquella superioridad favoreció la percepción de que la expansión de la democracia liberal y de las instituciones occidentales constituía una tendencia histórica prácticamente irreversible.

Pero la historia nunca firmó ese compromiso.

China se convirtió en una potencia industrial y tecnológica de primer orden. India amplió su peso económico y geopolítico. Las potencias del Golfo fortalecieron su capacidad financiera y diplomática. Otros países emergentes comenzaron a diversificar alianzas, mercados y relaciones estratégicas.

El resultado no es necesariamente un sistema multipolar plenamente consolidado, sino una distribución del poder mucho más disputada. El Munich Security Report 2025 describe este proceso mediante el concepto de multipolarización: una transformación simultánea de las relaciones materiales de poder y de las visiones sobre cómo debe organizarse el mundo.

Occidente enfrenta, por tanto, una realidad que ya no puede administrar exclusivamente mediante su autoridad histórica.

Y aquí Solzhenitsyn resulta especialmente pertinente.

En Harvard recordó que el mundo no podía reducirse a dos bloques políticos. Identificó tradiciones civilizatorias como China, India y el mundo musulmán, cuya comprensión exigía reconocer diferencias históricas y culturales profundas.

No formuló la teoría geopolítica contemporánea del multipolarismo. Pero sí cuestionó la pretensión occidental de interpretar todas las sociedades desde sus propias categorías.

Casi medio siglo después, esa observación mantiene una vigencia notable.

Occidente no puede competir eficazmente en un mundo plural si continúa suponiendo que sus preferencias políticas serán aceptadas como normas universales por el simple hecho de proceder de Occidente.

Tampoco debe confundirse el reconocimiento del multipolarismo con la aceptación del autoritarismo. Comprender que existen potencias con intereses diferentes no obliga a legitimar sus prácticas represivas ni a renunciar a la defensa de las libertades individuales.

Significa abandonar la ingenuidad estratégica y reconocer que la influencia internacional debe sostenerse mediante capacidades reales.

La competencia del siglo XXI se decide en productividad

Durante buena parte del siglo XX, el poder internacional se medía principalmente mediante territorios, ejércitos, recursos naturales y capacidad industrial. Hoy esas variables siguen siendo importantes, pero se complementan con otras: semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital, investigación científica, energía, logística y capital humano especializado.

La disputa internacional se desarrolla cada vez más alrededor de la capacidad de producir conocimiento y convertirlo en ventajas económicas. El FMI, en sus perspectivas de octubre de 2026, identifica tanto oportunidades de crecimiento asociadas a la inteligencia artificial como riesgos derivados de tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y vulnerabilidades fiscales.

Esta combinación obliga a reconocer una verdad incómoda: las economías que no eleven su productividad enfrentarán mayores dificultades para sostener sus compromisos sociales y su influencia internacional.

No basta con disponer de universidades si la formación no responde a las necesidades productivas. No basta con financiar investigación si los resultados no llegan a las empresas. Tampoco basta con anunciar estrategias de transformación digital mientras la burocracia dificulta la creación y expansión de nuevos negocios.

El liderazgo económico requiere una cultura institucional que premie la innovación, permita asumir riesgos y acepte la competencia como mecanismo de aprendizaje. Sin embargo, ciertos gobiernos parecen más interesados en administrar la distribución del ingreso existente que en ampliar las capacidades necesarias para generarlo.

La redistribución puede modificar quién recibe la riqueza. La productividad determina cuánto puede producir una sociedad y, por tanto, cuánto bienestar sostenible puede financiar.

El costo político de decir la verdad

Existe una dificultad adicional: reformar el Estado de bienestar exige explicar sacrificios que rara vez producen beneficios electorales inmediatos. Resulta más sencillo prometer nuevos subsidios que corregir sistemas de pensiones financieramente desequilibrados. Es más popular anunciar derechos que reconocer restricciones presupuestarias. Y suele ser más rentable políticamente proteger sectores establecidos que permitir una competencia capaz de desplazar empresas ineficientes.

Esta dinámica no pertenece exclusivamente a la izquierda. Gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas también han pospuesto reformas por temor a enfrentar costos políticos. Lo que distingue al estatismo populista es convertir esa postergación en doctrina: presentar cualquier restricción fiscal como insensibilidad social y cualquier exigencia de productividad como una amenaza contra los trabajadores.

Pero la realidad económica no desaparece porque resulte ideológicamente incómoda.

Cuando una sociedad posterga indefinidamente sus decisiones, los ajustes terminan llegando por vías menos controlables: inflación, impuestos futuros, menor inversión, deterioro de servicios o crisis de deuda. La verdadera responsabilidad política consiste en evitar que la solidaridad presente se financie mediante obligaciones insostenibles para las generaciones futuras.

La decadencia no es inevitable, pero la complacencia sí es peligrosa

Sería exagerado anunciar el colapso inevitable de Occidente. Sus universidades, instituciones científicas, mercados de capitales, sistemas jurídicos y capacidades tecnológicas conservan fortalezas extraordinarias.

La cuestión no es si Occidente está condenado, sino si sus sociedades disponen del liderazgo necesario para corregir sus contradicciones antes de que se profundicen. Necesitan sistemas de protección social que no castiguen el trabajo; Estados capaces de evaluar y retirar programas ineficaces; mercados abiertos a la competencia; políticas educativas conectadas con la innovación; y ciudadanos conscientes de que ningún derecho económico puede sostenerse al margen de las capacidades productivas.

También necesitan comprender que el multipolarismo exige cooperación, realismo diplomático y capacidad de competir sin recurrir permanentemente al proteccionismo. El bienestar verdadero no se mide por la cantidad de promesas estatales, sino por la capacidad de las personas para desarrollar vidas dignas, autónomas y productivas.

La advertencia que seguimos sin escuchar

En 1978, Solzhenitsyn no pidió a Occidente que imitara al comunismo soviético. Tampoco sostuvo que debía renunciar a sus libertades. Le recordó algo más exigente: ninguna civilización puede sostenerse únicamente sobre la abundancia material, la legalidad formal y la convicción de su propia superioridad.

La libertad requiere responsabilidad. La prosperidad exige esfuerzo productivo. Y el liderazgo internacional demanda capacidades que deben renovarse constantemente. Hoy, mientras nuevas potencias disputan espacios económicos y tecnológicos, Occidente corre el riesgo de gastar demasiada energía política en distribuir beneficios y demasiado poca en construir las condiciones necesarias para financiarlos.

La amenaza no consiste en que exista un Estado de bienestar. Consiste en convertirlo en una maquinaria de promesas ilimitadas, dependencia política y resistencia a las reformas productivas. Eso sí puede debilitar las bases económicas e institucionales de las democracias occidentales.

La gran ironía histórica sería que Occidente, después de resistir al totalitarismo soviético, terminara comprometiendo su propio futuro no por una derrota militar, sino por incapacidad para reconocer los límites de sus decisiones económicas.

Solzhenitsyn nos obligó a mirar una posibilidad que pocos querían contemplar: las civilizaciones también pueden erosionarse desde dentro. Y si algo debería comprender Occidente en 2026 es que el mundo ya no le garantiza el liderazgo.

La libertad no se hereda indefinidamente, la competitividad no se decreta y la prosperidad jamás puede sostenerse repartiendo lo que una sociedad ha dejado de producir.

Fuentes para respaldar la publicación

He contrastado los principales argumentos con estas referencias:

¿Está Occidente perdiendo su libertad y competitividad por sus propias decisiones?

Solzhenitsyn lanzó una advertencia en Harvard hace casi medio siglo. Hoy, cuando nuevas potencias desafían el liderazgo occidental, vale la pena preguntarse si nuestros gobiernos están creando prosperidad o simplemente repartiendo promesas que las próximas generaciones deberán pagar.

¿El Estado de bienestar protege la libertad o puede terminar debilitándola?

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miércoles, 28 de octubre de 2026

América Latina: estatismo, baja productividad y atraso tecnológico

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

América Latina lleva décadas intentando resolver una paradoja que parece no tener fin: dispone de abundantes recursos naturales, una población cada vez más escolarizada y enormes oportunidades comerciales, pero continúa rezagándose frente a las economías más dinámicas del mundo. Mientras las naciones asiáticas han transformado sus estructuras productivas mediante la innovación, la acumulación de capital y la incorporación de tecnología, buena parte de nuestra región permanece atrapada en ciclos de crecimiento insuficiente, informalidad laboral y dependencia de actividades de escaso valor agregado. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué una región con tantas potencialidades sigue siendo incapaz de convertirlas en prosperidad sostenida?

La respuesta comienza por una variable que suele estar ausente del debate político: la productividad. El crecimiento económico no depende exclusivamente de incorporar más trabajadores o aumentar la inversión, sino de producir más y mejores bienes y servicios utilizando eficientemente los recursos disponibles. Paul Krugman advirtió que la productividad no lo es todo, pero a largo plazo es casi todo. América Latina representa una demostración preocupante de esta afirmación. Su persistente rezago en productividad laboral y productividad total de los factores revela que el problema no consiste únicamente en cuánto capital se acumula, sino en la eficiencia con que se combina con el trabajo. Sin mejoras sostenidas de productividad, los salarios reales encuentran límites, la competitividad se deteriora y las posibilidades de reducir estructuralmente la pobreza se debilitan.

Sin embargo, esta improductividad no surge espontáneamente. Es también consecuencia de un entramado institucional que frecuentemente sustituye los incentivos económicos por privilegios políticos. Durante décadas, numerosos gobiernos latinoamericanos han confundido desarrollo productivo con expansión burocrática, proteccionismo empresarial y multiplicación de programas asistenciales. La intervención estatal, cuando carece de disciplina fiscal, evaluación de resultados y mecanismos de rendición de cuentas, puede convertirse en un instrumento de distribución de rentas antes que de creación de riqueza. James Buchanan explicó, desde la teoría de la elección pública, que los funcionarios y actores políticos también responden a incentivos particulares. Ignorar esta realidad equivale a suponer ingenuamente que toda intervención gubernamental persigue automáticamente el bienestar colectivo. El verdadero desafío no consiste en eliminar al Estado, sino en limitar su discrecionalidad, mejorar la eficiencia técnica del gasto público y concentrar sus funciones en generar condiciones institucionales favorables para la inversión, la competencia y el emprendimiento.

La informalidad constituye otra expresión de este fracaso institucional. Millones de latinoamericanos desarrollan actividades económicas de baja productividad, no necesariamente porque rechacen la formalidad, sino porque incorporarse al sistema legal puede representar elevados costos tributarios, regulatorios y administrativos. Cuando registrar una empresa, contratar trabajadores o cumplir obligaciones burocráticas resulta excesivamente costoso, la informalidad termina convirtiéndose en una respuesta racional frente a incentivos adversos. A ello se añade una revolución tecnológica que amenaza con ampliar las brechas existentes. La inteligencia artificial, la automatización y los servicios digitales ofrecen oportunidades extraordinarias para incrementar la productividad y exportar conocimiento, pero su aprovechamiento exige instituciones confiables, capital humano pertinente, acceso al financiamiento y mercados abiertos a la innovación. Una economía que dificulta la creación de empresas y protege actividades ineficientes difícilmente podrá incorporarse exitosamente a esta transformación.

La experiencia asiática ofrece lecciones que América Latina no debería continuar ignorando. Corea del Sur, Singapur y China, con instituciones y estrategias económicas diferentes, comprendieron la importancia de elevar las capacidades productivas, incorporar tecnología y competir internacionalmente. Sus experiencias no constituyen una receta única ni demuestran que cualquier intervención estatal sea exitosa. Por el contrario, muestran la relevancia de establecer incentivos, exigir resultados y evitar que la protección empresarial se convierta en un privilegio permanente. Mientras varias economías asiáticas utilizaron el acceso a mercados internacionales como mecanismo de aprendizaje y disciplina competitiva, numerosos países latinoamericanos prolongaron esquemas de protección que permitieron sobrevivir a empresas incapaces de competir sin respaldo gubernamental. La diferencia fundamental no reside simplemente en cuánto interviene el Estado, sino en la calidad de las instituciones y los incentivos que orientan las decisiones productivas.

América Latina necesita abandonar la falsa disyuntiva entre un Estado omnipresente y un mercado desprovisto de instituciones. Los mercados competitivos constituyen mecanismos fundamentales para coordinar decisiones, asignar recursos y estimular innovaciones, pero requieren seguridad jurídica, protección de derechos de propiedad y reglas que impidan privilegios coercitivos. Del mismo modo, la acción pública debe justificarse por sus resultados y no por sus intenciones. Ninguna sociedad puede distribuir indefinidamente una riqueza que no produce. La verdadera transformación latinoamericana comenzará cuando sus gobiernos comprendan que combatir la pobreza exige mucho más que administrar subsidios: requiere liberar las capacidades empresariales, elevar la productividad y construir instituciones que permitan a los ciudadanos prosperar mediante su propio esfuerzo. El desarrollo no se decreta, la prosperidad no se improvisa y la riqueza no nace de la voluntad política: se construye produciendo, innovando y compitiendo.

🌎 América Latina no necesita más promesas políticas: necesita producir, innovar y competir.

¿Crees que el estatismo, la burocracia y la falta de innovación están frenando nuestro desarrollo económico?

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domingo, 25 de octubre de 2026

Extrema izquierda y fuerzas del orden: la batalla por el poder y el relato

 


Dr. John Alexander Campuzano Vásquez

El uniforme como enemigo ideológico

Existe una contradicción que atraviesa la historia de los movimientos revolucionarios autoritarios: pueden denunciar a las fuerzas policiales y militares como instrumentos de opresión cuando estas protegen un gobierno adversario, pero convertirlas en pilares indispensables del poder cuando controlan el Estado. Las denuncias permanentes a las actuaciones policiales es la forma que siempre usan los extremistas cuando no los dejan destruir las plazas o las calles. Para los políticos y tira piedras, ser policía  solo sirve si el gobierno les pertenece, ahí piden el respeto a la Constitución.

Desde la sociología política, esta conducta puede interpretarse como una disputa por la legitimidad del monopolio estatal de la fuerza, concepto desarrollado por Max Weber. Para los proyectos revolucionarios que pretenden sustituir integralmente el orden institucional, controlar los aparatos coercitivos puede resultar tan importante como conquistar el gobierno. No se trata necesariamente de eliminar la policía, sino de determinar a quién obedece y meter miedo en cada actuación que hagan.

La palabra «fascista» como arma política

En todas las confrontaciones ideológicas, llamar fascista a un policía, un militar o un adversario político es la estrategia de deslegitimación que llama a los medios de comunicación. La etiqueta sustituye el examen de conductas concretas por una condena moral absoluta sin lugar a dudas. Una institución puede cometer abusos, necesitar reformas o actuar incorrectamente sin que todos sus integrantes sean lo que les gritan. Una ideología fascista se visibiliza en lños enmascarados delincuentes que crean caos y no respetan la ley o quieren imponer sus ideas con el garrote.

El fascismo posee características históricas identificables: ultranacionalismo autoritario, rechazo del pluralismo político y subordinación de las libertades individuales a un proyecto estatal totalizante. Convertirlo en sinónimo de cualquier intervención policial vacía el concepto de significado, con lo cual se crea a propósito una narrativa de buenos (protestantes, quema llantas) contra malos que paran la protesta.

Ejemplos de estas mentiras: denunciar torturas, desapariciones o ejecuciones como propaganda revolucionaria o anti sistema, en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú ha servido para castigar a los agentes del orden y santificar a los criminales. Cuando existen pruebas, son delitos que deben investigarse y sancionarse, independientemente de la ideología del gobierno, pero para un extremista solo se necesita el ruido sin pruebas.

Chile: la violencia que el relato no puede seleccionar

Las protestas chilenas de 2019 permiten examinar simultáneamente la violencia contra las instituciones y los supuestos abusos de agentes estatales. Human Rights Watch (institución privada plenamente identificada con el caos) no pudo ignorar que, entre octubre y noviembre, 1.896 carabineros resultaron lesionados, 127 de ellos gravemente. Hubo ataques con piedras y cócteles Molotov, además de destrucción de propiedades públicas y privadas.

Esas cifras cuestionan cualquier relato que describa todos los acontecimientos como manifestaciones completamente pacíficas. Sin embargo, la misma organización documentó para parecer equilibrada, uso excesivo de la fuerza y graves lesiones de manifestantes, incluidas heridas oculares. Sin determinar que es uso excesivo de la fuerza cuando los criminales atacan con armas a los agentes del orden.

La conclusión institucional es contundente: la violencia contra un policía no se convierte en legítima por invocar una revolución. 

Venezuela: cuando la revolución controla las armas

Venezuela ofrece un contraste particularmente revelador. El gobierno surgido del proyecto chavista ha presentado históricamente su aparato de seguridad como defensor de la revolución. Sin embargo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentó en septiembre de 2025 un patrón de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución de opositores.

La misión señaló la participación de fuerzas estatales en al menos 12 de las 25 muertes registradas durante las protestas postelectorales del 29 y 30 de julio de 2024. Aquí aparece la cuestión decisiva: una fuerza armada no protege la democracia simplemente porque sus autoridades invoquen al pueblo, la soberanía o una revolución. La protege cuando obedece normas constitucionales, acepta controles independientes y no se convierte en instrumento de persecución política. En este punto, los extremistas que no gobiernan en Ecuador o Argentina, aplauden el uso de la fuerza extrema en Venezuela, con lo que demuestran que solo es una estrategia de destrucción del orden.

Cuba: el orden revolucionario contra la disidencia

Las protestas cubanas del 11 de julio de 2021 también muestran qué ocurre cuando las fuerzas de seguridad se subordinan a un proyecto político que restringe la competencia democrática. Human Rights Watch investigó más de 155 casos de represión, incluidas detenciones arbitrarias, malos tratos y procesos judiciales abusivos. Y otra vez silencio de partidos políticos de extrema izquierda y de organizaciones sociales afines a este régimen sanguinario.

Las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, según la organización. La respuesta estatal incluyó actuaciones de la policía, los servicios de inteligencia y unidades especiales. La paradoja es evidente: un poder político que reivindica su origen revolucionario puede terminar tratando como amenaza a ciudadanos que reclaman libertades. 

Conmoción interna: el límite que ninguna ideología puede borrar

Los Estados tienen la obligación de enfrentar ataques armados, proteger instalaciones y restablecer la seguridad. También pueden adoptar medidas extraordinarias cuando concurren las condiciones constitucionales correspondientes. Pero una declaración de emergencia no convierte cualquier uso de la fuerza en legal.

La necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas siguen siendo exigibles. Tampoco toda protesta violenta constituye una guerra civil cuando es pacífica. Lo malo, es que inician diciéndose pacíficas hast que toman las calles. La defensa del orden democrático exige máxima atención para detener a los agitadores y criminales que salen a las calles. La crítica revolucionaria se pierde cuando se queman negocios, golpea a la gente que quiere trabajar y se romantiza ataques contra agentes públicos.

¿Destruir el Estado o apropiarse de él?

La experiencia de regímenes revolucionarios autoritarios permite formular una hipótesis política: los movimientos de extrema izquierda no pretenden eliminar el aparato coercitivo, sino reorganizarlo para asegurar la continuidad de su proyecto y restringir la oposición. Por eso añoran como en España el mando de la seguridad estatal para proteger invasores o políticos opositores, tratando de evitar los controles judiciales efectivos.

La democracia necesita policías y militares profesionales, no guardianes de un partido. Necesita ciudadanos capaces de denunciar abusos sin justificar la violencia contra los uniformados. Porque la prueba de una institución democrática no es a quién proclama defender, sino si protege también los derechos de quienes cuestionan al gobierno.

El verdadero peligro comienza cuando la fuerza pública deja de servir a la Constitución y pasa a servir a una ideología.

¿Odian a la policía o simplemente quieren controlarla?

Algunos movimientos revolucionarios denuncian la represión cuando están en la oposición, pero la ejercen cuando concentran el poder.

¿Defensa de los derechos humanos o doble moral política?

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