El discurso climático y el control social: vivir como los antepasados.

 

Dr. John Campuzano Vásquez

Durante la última década de este siglo XXI, el discurso climático pasó de ser una preocupación científica legítima a convertirse en un instrumento político de alto impacto desde Naciones Unidas. En 2026, esta transformación ya no es sutil: la llamada agenda verde se ha consolidado como una nueva forma de control social, especialmente promovida por gobiernos y movimientos de izquierda que encontraron en el miedo ambiental un reemplazo eficaz para la agotada lucha de clases.

No se trata de negar los cambios climáticos que históricamente se han dado ni de relativizar la necesidad de cuidar el entorno. El problema actual es otro: el uso ideológico del ambientalismo para justificar más Estado, más impuestos, más regulación y menos libertad individual, así como el apoyo a organizaciones denominadas ambientalistas sobre todo en países en desarrollo.

Del dato científico al dogma político

El ambientalismo clásico se apoyaba en evidencia, debate técnico y gradualismo. El ambientalismo político actual funciona como un dogma moral: no admite discusión, clasifica a los ciudadanos entre “responsables” y “enemigos del planeta” y convierte cualquier objeción económica en una herejía ética.

Hoy, cuestionar una política verde (por costosa, ineficiente o regresiva) no te convierte en una persona crítica, sino en un “negacionista”. Así, el debate público se clausura y el relato avanza sin contrapeso. Los buenos son los que defienden el no aprovechamiento de minerales o el uso de medios tecnológicos que permiten mejoras en la vida de los ciudadanos del mundo.

La nueva culpa: contaminar es el nuevo pecado

La izquierda entendió algo clave: el trabajador ya no se siente oprimido por el capital como antes, pero sí puede sentirse culpable por su huella de carbono o la contaminación de los ríos. El resultado es una mutación estratégica: la conciencia de clase fue reemplazada por la culpa climática.

Ahora el ciudadano promedio es responsable de:

• el clima,

• el consumo,

• el transporte,

• la dieta,

• los grupos minoritarios

• la forma de vivir.

Mientras tanto, las élites políticas y burocráticas que predican sacrificio:

• viajan en jets privados,

• amplían el gasto público,

• multiplican organismos “verdes”,

• viven fuera de las restricciones que imponen.

El mensaje es claro: el ajuste siempre lo paga el de abajo, pero ahora en nombre del planeta.

Regulaciones verdes, efectos grises

En 2026, los efectos económicos de esta agenda ya son visibles:

• Pequeños agricultores asfixiados por normas ambientales diseñadas desde escritorios urbanos en la Comisión Europea.

• Pymes castigadas por costos regulatorios que solo grandes corporaciones pueden absorber.

• Clases medias empujadas a pagar impuestos “verdes” mientras su poder adquisitivo cae.

• Países pobres obligados a frenar su desarrollo en nombre de estándares fijados por países ricos… que ya se desarrollaron contaminando.

El ambientalismo ideológico no reduce desigualdades: las profundiza, pero con lenguaje moralizante que impide cuestionarlo.

El planeta como excusa para más poder

Cada crisis necesita un enemigo y una solución centralizada. El clima cumple hoy ambas funciones. Bajo su bandera se legitiman:

• nuevos impuestos,

• controles al consumo,

• restricciones a la movilidad,

• vigilancia digital,

• planificación central “sostenible”.

No es casual que los mismos sectores que defendieron cuarentenas eternas, censura “por el bien común” y expansión del Estado sin límites, hoy impulsen la agenda verde con idéntica lógica: obediencia primero, debate después.

El resultado no es un planeta más limpio, sino ciudadanos más controlados.

El mito del mundo verde sin minería

Aquí aparece una de las contradicciones más profundas del ambientalismo ideológico actual: su negación de la realidad material. Muchos de sus defensores exigen un mundo “sostenible”, “verde” y altamente tecnificado, pero al mismo tiempo rechazan la actividad que hace posible ese mismo mundo: la minería.

Paneles solares, aerogeneradores, baterías de litio, autos eléctricos, redes digitales, teléfonos inteligentes, hospitales modernos, sistemas de agua potable y transporte masivo dependen de minerales y metales extraídos de la tierra. No existe transición energética sin cobre, litio, níquel, cobalto, hierro o tierras raras. Negarlo no es ambientalismo: es pensamiento mágico.

El discurso ambientalista más radical propone, implícitamente, un retorno a una especie de mundo imaginario, donde el desarrollo ocurre sin extracción, sin industria y sin impacto. Una invocación romántica a una vida “natural” que nunca fue tan idílica como se la pinta.

Ese pasado idealizado estuvo marcado por:

• menor esperanza de vida,

• alta mortalidad infantil,

• enfermedades sin tratamiento,

• pobreza estructural,

• dependencia absoluta del clima y la naturaleza.

Paradójicamente, quienes glorifican ese pasado lo hacen desde la comodidad que brinda la modernidad: salud, energía, tecnología y comunicación, todas imposibles sin minería.

Progreso responsable versus fantasía regresiva

El problema no es la actividad minera en sí, sino cómo se gestiona. Un debate serio debería centrarse en minería responsable, innovación tecnológica, controles ambientales eficientes y beneficios reales para las comunidades. Sin embargo, el ambientalismo ideológico evita ese enfoque porque necesita enemigos absolutos, no soluciones complejas.

Pretender que el mundo avance sin metales es tan absurdo como exigir agricultura sin suelo o medicina sin ciencia. Es una postura que no busca resolver problemas reales, sino construir un relato moral, aunque ese relato choque frontalmente con la realidad económica, tecnológica y humana.

Conclusión

En 2026, el debate ya no es climático. Es político, económico y cultural.

La pregunta no es si debemos cuidar el planeta (eso es evidente), sino quién decide cómo, a qué costo y sobre los hombros de quién.

Un planeta cuidado no se construye negando la historia ni renunciando al progreso. Se construye asumiendo la complejidad del desarrollo, aceptando que la modernidad tiene costos, y apostando por soluciones responsables, no por fantasías regresivas que solo sirven para justificar más poder y menos libertad.

¿Cuidar el planeta o controlar al ciudadano? Déjanos tu opinión y comparte este análisis.

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Veinticinco años de subordinación del derecho natural al derecho positivo en América Latina

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

Entre el 2000 y 2025, América Latina vivió una de las etapas más intensas de gobiernos de izquierda y centro-izquierda de su historia reciente. Desde la llamada marea rosa hasta sus reediciones más moderadas, estos proyectos compartieron un objetivo central: expandir el Estado de Bienestar como vía para corregir desigualdades estructurales. Sin embargo, en ese intento reapareció una disputa clásica entre la teoría política y jurídica: la contradicción entre el derecho natural y el derecho positivo, especialmente en lo relativo a la intervención estatal en la economía.

Las administraciones progresistas de la región justificaron su accionar en nombre de la justicia social y la redistribución del ingreso. Programas de transferencias, ampliación del gasto social, nacionalizaciones estratégicas y regulaciones más estrictas del mercado fueron presentados como mecanismos legítimos para garantizar derechos sociales básicos. Desde el derecho positivo, estas políticas encontraron sustento legal y respaldo democrático. El Estado, mediante la ley, redefinió los límites de la propiedad, del mercado y de la autonomía individual en función del supuesto bien común.

No obstante, este avance tuvo un costo altísimo en términos de avance social. Desde la óptica del derecho natural, muchas de estas políticas implicaron restricciones significativas a libertades consideradas originarias: la libre disposición de la propiedad, la iniciativa privada y la autonomía económica. En algunos países, la expansión del Estado no solo reguló, sino que sustituyó al mercado, debilitando incentivos, concentrando poder y erosionando contrapesos institucionales. Allí, la tensión dejó de ser teórica para convertirse en un problema político tangible.

Los gobiernos de centro-izquierda intentaron resolver esta contradicción mediante fórmulas más equilibradas: intervención selectiva, respeto formal a la propiedad privada y énfasis en políticas redistributivas sin ruptura institucional. Aun así, incluso estos modelos descansaron en una premisa clara: el derecho positivo puede y debe limitar los derechos individuales si el objetivo es garantizar igualdad material. El debate no fue si el Estado debía intervenir, sino cuánto y hasta dónde.

El filósofo John Locke sería, probablemente, el crítico más severo. Para el liberal inglés, el Estado existe ante todo para proteger derechos naturales previos, especialmente la propiedad, la libertad y la seguridad jurídica. Desde su marco teórico, muchos procesos latinoamericanos, como el aumento sostenido de la carga fiscal, intervenciones discrecionales, nacionalizaciones y debilitamiento de contrapesos institucionales representarían una violación del contrato original. Cuando el Estado deja de ser garante y se convierte en redistribuidor permanente, el derecho positivo deja de servir al derecho natural y comienza a erosionarlo. Desde una lectura lockeana, buena parte de la “tragedia latinoamericana” radica en haber sacrificado la protección de derechos individuales en nombre de una igualdad material que nunca se produjo en la realidad.

La experiencia latinoamericana demuestra que el Estado de Bienestar no es ideológicamente neutro. Su implementación exige elegir entre prioridades en conflicto. Cuando la intervención se expande sin límites claros, el derecho positivo corre el riesgo de vaciar de contenido al derecho natural. Pero cuando se absolutizan los derechos individuales, la desigualdad estructural se perpetúa. El desafío pendiente para la región no es eliminar esta contradicción porque es inherente al modelo de sociedad democrática, sino administrarla con instituciones sólidas, responsabilidad fiscal y respeto efectivo a las libertades.

En definitiva, los gobiernos de izquierda y centro-izquierda en América Latina mostraron que el Estado de Bienestar es tanto una promesa de justicia como una fuente permanente de tensión jurídica y política. Ignorar ese conflicto no lo resuelve; asumirlo críticamente es el primer paso para evitar que la búsqueda de igualdad termine socavando los derechos que pretende proteger.

Si crees que la igualdad no puede construirse sacrificando la libertad, comparte este artículo y súmate al debate. Pensar distinto también es un acto de responsabilidad.

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¿Conciencia Social o Estrategia de Dominación?

 

Cómo la izquierda contemporánea usa discurso de clases para perpetuarse en el poder

En muchos países de América Latina la izquierda radical —tanto en sus expresiones populistas como en sus formas de “socialismo del siglo XXI”— ha logrado construir un relato político poderoso que apela directamente a los sectores populares. Este relato se basa en un diagnóstico de la sociedad profundamente dividida entre “pueblo” y “élite”, donde los primeros son moralmente superiores, víctimas de un sistema injusto, y los segundos encarnan la explotación económica y cultural. A partir de este esquema se genera un discurso que combina lucha de clases y conciencia social como instrumentos no solo de movilización, sino de dominio político constante.

1. La lucha de clases como narrativa hegemónica

Históricamente, la izquierda marxista señaló que las clases sociales enfrentadas son el motor de la historia. Hoy, muchos líderes de izquierda han adoptado esa idea, no tanto como una herramienta analítica para transformar estructuras productivas, sino como un discurso identitario que construye un nosotros frente a un ellos. Esa dicotomía permanente entre pobres y ricos, buenos contra malos, o entre pueblo y élite, cumple tres funciones concretas:

• Identificar enemigos: La élite y el “sistema de derecha” se convierten en responsables absolutos de todos los problemas y desigualdades.

• Simplificar la realidad: La complejidad social y económica se reduce a un conflicto moral binario, los que tienen oportunidades y los que estan condenados a la pobreza.

• Cohesión política: El pueblo —definido por su sufrimiento y supuesta moral superior— se presenta como un bloque homogéneo que debe permanecer unido contra el adversario, debe hacerlo para sobrevivir al maldito capitalismo.

Esa narrativa no necesariamente desnuda explotación estructural real, sino que transforma la lucha socioeconómica en una herramienta de poder político continuo que usa los medios a su alcance para impregnarla en la mente de los votantes pobres.

2. Conciencia social y retórica clientelista

La llamada “conciencia social” en discursos de izquierda suele presentarse como un motor para la justicia, la solidaridad y la igualdad. Sin embargo, en varios contextos se ha usado de forma instrumental: se valora más la identificación con el discurso que la transformación de condiciones concretas. Esto es especialmente visible cuando líderes apelan a lo que algunos críticos han llamado retórica de la dependencia: sostener que los pobres deben identificarse permanentemente con el proyecto político del líder para que el proyecto no sucumba, para que la Patria Grande siga vigente.

Un ejemplo resonante de cómo este tipo de discurso circula —y a veces se distorsiona— es una frase de Gustavo Petro que fue difundida en redes: “cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derechas”. Es decirle a la gente toma conciencia frente al consumismo que es malo para tí, pero no para los dirigentes.

Para algunos sectores de la izquierda, la clase media emergente y sus valores asociados (consumo, movilidad económica individual y estudios) pueden percibirse como un obstáculo para impulsar proyectos de transformación colectivista. Allí se juega la idea de “conciencia social” como instrumento político, cuando más bien debería ser un proceso de emancipación individual y colectiva.

3. Líderes latinoamericanos y el discurso de las clases

En la práctica, dirigentes como Hugo Chávez, Nicolas Maduro, Evo Morales o Rafael Correa han articulado sus discursos desde una lógica populista que enfrenta al “pueblo” contra la “élite”, apelando no solo a justicia social sino a lealtad política permanente.

• Hugo Chávez construyó un relato de revolución permanente en torno a la Bolivarianidad, enfatizando que su proyecto representaba a los excluidos y criticando sistemáticamente el mercado como un enemigo de ese pueblo. Su discurso sobre la identidad popular y la lucha contra el “imperio” dotó de sentido político a la oposición entre clases sociales, usando las expropiaciones y las bajadas de precios autoritarias como un emblema de apego al pueblo.

• Evo Morales, desde Bolivia, capitalizó la identidad indígena y campesina como motor de su legitimidad, promoviendo una narrativa moral sobre la defensa de los excluidos. El uso persistente de la oposición “pueblo vs sistema” para consolidar poder político fue una característica del gobierno del MAS, los blancos vs los indígenas.

• Rafael Correa también empleó la retórica de la lucha contra una oligarquía tradicional, combinada con programas sociales que reforzaron su base electoral vinculada a sectores populares. La idea era usar de manera permanente la palabra pelucones como un calificativo peyorativo a todos los que para ellos no eran pobres.

Ninguno de estos dirigentes ha promovido explícitamente mantener a la gente pobre como estrategia electoral. Sin embargo, sí es claro que el discurso de confrontación de clases y la exaltación de una conciencia social unificada se utilizan como mecanismos potentes para mantener cohesión política y, por ende, apoyo electoral.

4. ¿Estrategia o simplificación peligrosa?

Usar la lucha de clases y la conciencia social como herramientas de dominación política es problemático cuando se convierte en discurso binario y ritualizado, más que en un proceso de emancipación real. No se trata simplemente de abolir desigualdades, sino de propiciar que las personas desarrollen capacidades, autonomía y movilidad social sin estar permanentemente definidas por una identidad de victimización o dependencia política.

Cuando el discurso se instrumentaliza como un dispositivo para generar fidelidad electoral —más allá de los cambios estructurales— se corre el riesgo de convertir la política en un ciclo de promesas sin rendición de cuentas, donde la conciencia social se transforma en lealtad acrítica ante robos y la corrupción tal como se demuestra en los países de corriente socialista o progresista.

La izquierda contemporánea en América Latina ha construido discursos poderosos alrededor de la lucha de clases y la conciencia social. Estos discursos han sido efectivos para movilizar a sectores que históricamente han sufrido exclusión. Sin embargo, cuando la narrativa se instrumentaliza para perpetuar dominación política sin transformación estructural concreta,  se convierte en un mecanismo de poder y de perpetuación política apelando a la democracia del voto o de las mayorías empobrecidas.  

No compres el relato, analízalo.
Si crees que la pobreza no debe ser una identidad política y que la conciencia social no puede usarse como cadena ideológica, comparte este artículo, comenta y abre el debate. Pensar críticamente también es un acto de rebeldía.

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El Estado obeso y la confiscación silenciosa de la propiedad.

Dr. Armando José Urdaneta Montiel.

El crecimiento desbordado del Estado, financiado con más impuestos y emisión monetaria, confisca el derecho de propiedad sin necesidad de expropiaciones abiertas. Mediante una presión fiscal creciente y un “impuesto inflacionario” que erosiona salarios y ahorros, los gobiernos van confiscando silenciosamente la capacidad de ahorro y por ende de acumular capital de familias y empresas, desincentivando trabajo, la inversión e innovación. En lugar de reducir la pobreza, este modelo estatista termina frenando la productividad y el crecimiento, mientras las élites políticamente conectadas se protegen mejor de la inflación y la carga tributaria, profundizando las desigualdades que el colectivismo afirma combatir.

Hobbes, Locke y Rousseau frente al Estado fiscal-inflacionario

Este proceso tiene una lectura profunda a la luz del contrato social. Hobbes justificó el Leviatán para escapar de la guerra de todos contra todos, donde la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. El soberano debía asegurar la paz y la seguridad, incluyendo la protección de bienes frente a la violencia. Cuando el propio Estado se vuelve agresor patrimonial a través de impuestos confiscatorios e inflación deliberada, deja de ser solución y se aproxima al mismo caos que pretendía conjurar.

Locke fue más claro aún: la propiedad, fruto del trabajo, es un derecho natural y el gobierno se instituye para salvaguardarla; si el Estado la vulnera, rompe el contrato que lo legitima. No importa si la confiscación es abierta (expropiación directa) o gradual (impuesto excesivo, inflación, controles que destruyen el valor de los activos): en todos los casos el principio liberal se viola.

Rousseau, por su parte, vio en la institución de la propiedad el inicio de la sociedad civil y, al mismo tiempo, la fuente potencial de desigualdad. Pero su respuesta no fue entregar toda la economía al Estado, sino someterla a reglas expresadas por la voluntad general. Convertir al gobierno en propietario de facto de la riqueza vía fiscalidad e inflación descontrolada no es rousseauniano: es la negación de la libertad cívica en nombre de una igualdad ilusoria. 

Desarrollo con Estado limitado, no con Estado voraz

La macroeconomía del desarrollo permite comparar modelos con fuerte protección de la propiedad y reglas de mercado relativamente estables con aquellos marcados por intervencionismo confiscatorio. Experiencias donde se respetan los derechos de propiedad, se modera el tamaño del Estado y se mantienen finanzas públicas y monetarias razonablemente sanas han logrado combinar crecimiento sostenido con reducciones significativas de pobreza y mejoras en bienestar, aun con desafíos de desigualdad. 

La alternativa colectivista ya sea con retórica revolucionaria o con lenguaje moderado de “Estado social” tiende a derivar en economías estancadas, inflacionarias y dependientes del poder político, donde el ciudadano se vuelve súbdito fiscal y rehén monetario. El Estado se presenta como salvador, pero para poder “salvar” necesita primero debilitar la capacidad de los individuos y empresas de sostenerse por sí mismos.

La verdadera discusión no es Estado sí o Estado no, sino qué Estado y para qué. Un Estado fuerte en proteger la vida, la libertad y la propiedad, y débil en sus ambiciones de dirigir la economía y redistribuirlo todo, es compatible con el contrato social clásico y con el desarrollo. Un Estado obeso, financiado por impuestos asfixiantes e inflación crónica, es incompatible con ambos: destruye incentivos, corroe la confianza y termina confiscando aquello que prometió garantizar.

¿Crees que el Estado protege o erosiona la propiedad privada? Deja tu comentario y sigue el blog para más análisis económicos claros y sin rodeos.

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Correlación y causalidad: el refugio retórico frente a los argumentos irrebatibles

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

En el debate económico contemporáneo suele apelarse, casi como reflejo automático, a la distinción entre correlación y causalidad para descalificar argumentos irrefutables. Se exige “más evidencia”, “mejores modelos” o “series más largas” cada vez que se cuestiona la expansión del gasto público. Sin embargo, hay hechos que pertenecen al terreno de la lógica económica elemental, no al de las correlaciones débiles, ni a las regresiones oportunamente especificadas. Uno de ellos es el vínculo entre gasto estatal creciente y el avance sistemático sobre el derecho de la propiedad privada de quienes generan la riqueza, trabajadores y empresarios.

En una economía de libre empresa, el ingreso que cada individuo obtiene en el mercado es la contrapartida de valor que otros le reconocen voluntariamente a sus bienes o servicios. Ese ingreso es, por definición, expresión de su propiedad: primero en forma de salario, honorarios o beneficios empresariales, luego en forma de ahorro y capital acumulado. 

Cuando el Estado decide gastar más de lo que ya recauda, no aparece una nueva fuente mágica de recursos; se abre, necesariamente, una de tres vías: más impuestos explícitos, más deuda que serán impuestos futuros, o más emisión monetaria que actúa como impuesto inflacionario. En los tres casos, el resultado económico esencial es el mismo: una transferencia coactiva de poder adquisitivo desde los individuos productivos hacia la burocracia pública.

Desde esta perspectiva, no hace falta un sofisticado aparato estadístico para comprender el mecanismo. Si el Estado aumenta la presión tributaria sea ampliando la base impositiva, elevando tasas o creando figuras nuevas reduce el ingreso disponible de los ciudadanos. Se trata de un enunciado contable: cada unidad monetaria que administra el aparato estatal es una unidad que ya no administra quien la generó. Lo mismo ocurre cuando el financiamiento se apoya en la inflación. 

La expansión de la oferta de dinero, utilizada para cubrir déficit, diluye el poder de compra del stock monetario existente; el llamado “impuesto inflacionario” no es más que la pérdida de capital de quienes tienen dinero en efectivo o ingresos fijos, en beneficio del emisor de la moneda, que recibe primero el dinero nuevo antes de que los precios se ajusten. No hay aquí misterio econométrico, sino una relación lógica entre medios de pago creados y poder de compra expropiado.

El colectivismo intenta, una y otra vez, matizar este efecto. Se habla de “redistribución”, de “solidaridad” o de “corrección de desigualdades de mercado”, como si el cambio de manos de los recursos fuese neutral para la creación de riqueza. Pero la economía de libre empresa se sustenta precisamente en el principio inverso: que la coordinación descentralizada de millones de decisiones privadas, bajo un sistema de precios libres y propiedad bien definida, es la mejor forma conocida de asignar recursos escasos. 

Cuando el Estado expande su gasto más allá de sus funciones esenciales y reclama una proporción creciente del ingreso nacional, desplaza necesariamente proyectos privados, ahorro productivo e inversión que habrían existido de otro modo. Esa sustitución no es meramente financiera; es civilizatoria: cambia quién decide qué se produce, cómo, dónde y para quién.

La retórica colectivista suele reducir esta crítica a una supuesta “obsesión” con la propiedad, como si se tratara de un capricho ideológico. Pero la propiedad privada no es un fetiche jurídico: es el mecanismo institucional que vincula responsabilidad, incentivos y cálculo económico. Donde la propiedad se respeta, los individuos tienen motivos para ahorrar, invertir, innovar y cuidar el capital acumulado. 

Donde se la confisca ya sea vía expropiación directa, impuestos confiscatorios o inflación crónica el mensaje es claro: lo que hoy se crea mañana puede ser arrebatado. La consecuencia inevitable es menos acumulación de capital, menor productividad y, por tanto, menores salarios reales a largo plazo.

Por eso no basta con decir que “el gasto del Estado puede ser bueno o malo según cómo se use”. Esa frase, tan cómoda como vacía, esquiva la cuestión central: que cada unidad monetaria adicional que el sector público decide gastar, implica, en algún punto del tiempo, una unidad monetaria menos en manos de quién lo generó legítimamente. El problema no es solo de eficiencia, sino de legitimidad moral. Si se acepta que el Estado puede expandir indefinidamente su apropiación de recursos bajo etiquetas nobles, se ha renunciado de hecho a la idea de derecho de propiedad para reemplazarla por un derecho condicional: los individuos conservan lo suyo solo mientras el poder político lo considere oportuno.

La defensa de una economía de capitalismo de libre empresa no se basa en la negación de toda función estatal, sino en su acotamiento estricto. Un gobierno limitado, financiado con impuestos moderados y predecibles, dedicado a proteger la vida, la libertad y la propiedad, puede ser compatible con un orden de mercado dinámico. Pero cuando el gasto público se transforma en objetivo en sí mismo y la respuesta habitual a cualquier problema social es “que el Estado gaste más”, el sistema entra en una lógica de confiscación creciente: más presupuesto significa más presión fiscal, más deuda, más inflación o alguna combinación de las tres, todas a costa del bolsillo y la libertad de quienes producen.

No hace falta, entonces, refugiarse en tecnicismos sobre correlaciones y causalidades para ver lo evidente. Si se acepta que el Estado solo puede gastar lo que previamente ha detraído por impuestos, por endeudamiento o por inflación, se sigue de manera directa que el aumento permanente del gasto estatal es incompatible con la preservación robusta de la propiedad privada. Que algunos prefieran adornar esta realidad con eufemismos no cambia el fondo del asunto: cada vez que el aparato público se expande, lo hace sobre la base de recursos que ya no están en manos de quienes los generaron. Y en una economía de libre empresa, eso significa menos libertad para decidir, menos capital para invertir y menos riqueza para todos.

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Derecho internacional: el gran ausente frente a las dictaduras y sus migraciones forzadas

 

Durante décadas, el derecho internacional ha sido presentado como el gran dique de contención frente a los abusos del poder. Tratados, convenciones, resoluciones y declaraciones solemnes prometieron proteger derechos humanos, frenar dictaduras y evitar tragedias humanitarias. La realidad, sin embargo, es mucho menos épica: las peores dictaduras del mundo han aprendido a convivir con ese derecho, a burlarlo y, en muchos casos, a utilizarlo como escudo retórico mientras destruyen a sus sociedades desde dentro.

El caso reciente de Venezuela, tras las acciones anunciadas por Donald Trump en enero de 2026, volvió a desnudar una verdad incómoda: el derecho internacional solo funciona cuando coincide con el equilibrio de poder. Cuando no, se convierte en un lenguaje elegante para justificar la inacción.

Dictaduras que violan la norma… sin consecuencias

La historia contemporánea está plagada de ejemplos. Cuba ha ignorado durante más de seis décadas resoluciones de organismos internacionales sobre derechos civiles y políticos. Corea del Norte ha violado sistemáticamente tratados nucleares y de derechos humanos sin que ello haya modificado la naturaleza del régimen. Siria cruzó todas las líneas posibles durante su guerra civil, incluyendo el uso de armas químicas, mientras el derecho internacional se debatía entre comunicados y vetos cruzados.

En América Latina, Venezuela representa uno de los casos más dramáticos. Durante años, informes de la ONU, de la OEA y de organizaciones internacionales documentaron ejecuciones extrajudiciales, persecución política y colapso institucional. ¿Resultado práctico? Ninguno. El régimen sobrevivió, mientras el país se vaciaba.

La lección es clara: las dictaduras aprendieron que violar el derecho internacional tiene costos simbólicos, no costos reales.

Migraciones masivas: daño colateral o estrategia deliberada

Uno de los efectos más visibles de esta impunidad es la migración forzada. Más de siete millones de venezolanos abandonaron su país en poco más de una década. Lo mismo ocurrió con los cubanos en distintas oleadas, con los sirios hacia Europa o con los norcoreanos que logran escapar.

Pero aquí conviene decirlo sin rodeos: estas migraciones no son solo una tragedia humanitaria; también funcionan como válvula de escape económica y política para las dictaduras.

Cuando una economía colapsa por controles de precios, destrucción de la propiedad privada y corrupción estatal, la emigración reduce presión interna: menos bocas que alimentar, menos protestas, menos desempleados visibles. Además, las remesas enviadas por los migrantes se convierten en una fuente indirecta de divisas que termina sosteniendo al mismo sistema que los expulsó.

En el caso venezolano, las remesas pasaron a ser un componente relevante del ingreso de muchos hogares, mientras el Estado seguía controlando sectores estratégicos y reprimiendo disidencias. El derecho internacional observó el fenómeno, lo describió con precisión… y no hizo nada.

Economía autoritaria y legalidad decorativa

Las dictaduras modernas ya no dependen únicamente de la represión abierta. Han desarrollado modelos económicos funcionales a su permanencia: economías cerradas, extractivismo controlado, alianzas geopolíticas selectivas y uso instrumental de la legalidad internacional.

Firmar tratados que luego se incumplen no es un error: es parte del juego. Participar en foros multilaterales no implica aceptar sus reglas, sino ganar tiempo, legitimidad y acceso a recursos. Mientras tanto, la población paga el precio en forma de pobreza, exilio y pérdida de libertades.

El derecho internacional, concebido para proteger a los individuos frente al poder, termina muchas veces protegiendo al poder frente a los individuos.

El espejismo moral del multilateralismo

Aquí aparece la gran contradicción: instituciones que producen informes impecables, pero carecen de mecanismos para imponer consecuencias. Se condena con palabras, se archiva con tecnicismos y se posterga con diplomacia. La moral se delega al lenguaje; la acción, a nadie.

Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en si ciertas acciones “violan” el derecho internacional, sino en por qué ese derecho ha tolerado durante décadas violaciones masivas sin alterar el equilibrio de poder que las sostiene.

Cuando la norma no actúa, el poder ocupa su lugar. No es una provocación ideológica; es una constatación histórica.

Lo que incómoda

Las oleadas migratorias que hoy sacuden América Latina y Europa no son accidentes: son el síntoma de un orden internacional incapaz de frenar regímenes que destruyen economías y sociedades enteras. Mientras el derecho internacional siga siendo un catálogo de buenas intenciones sin consecuencias reales, las dictaduras seguirán burlándolo, exportando pobreza y utilizando a sus propios ciudadanos como variable de ajuste.

La historia ya dio su veredicto. La pregunta es cuánto tiempo más se insistirá en ignorarlo.

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Macrorreformas pro mercado y bloqueo microinstitucional: por qué la economía “mejora” pero tu vida no

Por: Dr Armando Urdaneta 

En América Latina se repite una escena conocida: llega un nuevo gobierno de derecha o liberal, anuncia reformas “pro mercado”, ordena las cuentas públicas, baja el déficit, abre el comercio… y los números macroeconómicos empiezan a verse mejor. Sin embargo, para mucha gente común —jóvenes, emprendedores, trabajadores— la vida diaria no mejora al mismo ritmo. El empleo sigue siendo precario, emprender es difícil y la informalidad continúa siendo la norma. Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿nos están engañando o el mercado no funciona?

Desde una mirada liberal, la respuesta es más incómoda de lo que suelen decir los discursos políticos. El problema no está tanto en las reformas económicas generales, sino en algo más profundo y menos visible: las instituciones que regulan la vida cotidiana.

Cuando la macro va bien, pero la micro se traba

Las reformas pro mercado suelen ordenar la “macro”: inflación más baja, finanzas públicas más sanas, mayor apertura al comercio y más inversión potencial. Eso es importante, porque sin estabilidad general ninguna economía crece de verdad. El problema es que la macroeconomía no vive sola. Para que esos avances se sientan en la calle, hacen falta reglas claras, justicia que funcione y un Estado que no cambie las normas cada seis meses.

Cuando eso no existe, pasa lo que vemos en muchos países de la región:

• Abrir un negocio es caro y lento.

• Las leyes cambian constantemente.

• Los contratos no se respetan.

• La corrupción y la inseguridad agregan riesgos extra.

En ese contexto, el empresario racional —el que piensa con los pies en la tierra— no invierte a largo plazo, no contrata más gente y muchas veces prefiere mantenerse informal o irse a otro país.

El verdadero cuello de botella: las instituciones

Aquí aparece una idea clave que casi nunca se discute en serio: no basta con “menos Estado” o “más mercado” si el Estado que queda funciona mal. El mercado necesita reglas básicas para operar: propiedad privada protegida, contratos que se cumplan y normas estables. Sin eso, no hay competencia sana ni oportunidades reales.

Cuando la justicia es lenta, las regulaciones cambian según el humor político y los burócratas tienen demasiado poder discrecional, el resultado no es más igualdad, sino menos oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes y los pequeños emprendedores.

Reformas eternas y desconfianza

Otro problema típico de América Latina es la llamada “reforma permanente”. Cada gobierno cambia leyes, impuestos y reglas del juego para “corregir” lo que hizo el anterior. El mensaje implícito es claro: nada es estable. Y si nada es estable, nadie planifica a largo plazo.

Invertir, contratar, capacitar trabajadores o innovar requiere tiempo y previsibilidad. Sin eso, la economía se vuelve defensiva: negocios pequeños, poco crecimiento y mucha informalidad. Así se explica por qué la macro puede mejorar mientras la microeconomía sigue estancada.

¿Por qué entonces muchos culpan al mercado?

Porque es más fácil. Cuando la gente no ve mejoras concretas, algunos líderes dicen que “las reformas solo beneficiaron a las élites”. Esa narrativa ignora que sin instituciones sólidas no hay forma de que la riqueza se expanda y se distribuya. El problema no es que el mercado funcione “demasiado”, sino que funciona a medias, atrapado en un entorno legal débil.

Paradójicamente, esta frustración suele terminar en pedidos de más intervencionismo estatal, lo que empeora aún más el problema original: más discrecionalidad, más incertidumbre y menos inversión.

La lección clave

Desde una sociología liberal, la conclusión es clara y directa:

• La macroeconomía depende en gran parte del gobierno central.

• La microeconomía depende de todas las instituciones juntas: leyes, jueces, reguladores y gobiernos locales.

Si estas fallan, ningún ajuste macro va a traducirse en mejores empleos, salarios o emprendimientos sostenibles.

En pocas palabras

No es cierto que las reformas pro mercado estén condenadas al fracaso. Tampoco es verdad que el mercado sea el enemigo. El verdadero bloqueo está en las instituciones que no permiten que las oportunidades se multipliquen.

Si América Latina quiere dejar atrás el ciclo de frustración y retrocesos, el debate no debería ser “Estado versus mercado”, sino cómo construir reglas claras, estables y justas para que la libertad económica funcione de verdad.

Porque sin eso, la macro puede brillar… pero la vida real seguirá apagada.

Si te interesa entender la economía sin consignas ni mitos, con ideas claras sobre libertad, reglas justas y oportunidades reales, sigue el blog Ideas Anti-Zurdos. Aquí analizamos la realidad como es, no como algunos quieren venderla.

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