Artistas de izquierda y capitalismo: contradicciones entre fama, política y utopía

 

Dr. John Campuzano Vásquez

Existe una peculiar especie de intelectual que lo conocemos desde hace mucho tiempo, es el que denuncia los horrores del capitalismo desde universidades prestigiosas, plataformas audiovisuales internacionales, residencias situadas en economías de mercado o en conciertos en los que se cobran entradas muy caras. Algunos artistas y escritores presentan sus preferencias políticas como verdades morales superiores y convierten cualquier victoria electoral de sus adversarios en una amenaza para la civilización. La paradoja merece examinarse. Quienes critican el sistema capitalista, se benefician ampliamente de sus mercados, contratos, dólares, derechos de autor y libertades económicas.

Lo cuestionable es que ellos luchan porque otros tengan de todo, pero nada hacen cuando les toca poner su propio dinero, para ellos no hay restricciones económicas, los demás mientras que reclamen "derechos". La coherencia entre discurso y conducta debería importar tanto como la celebridad de quien pronuncia el discurso.

España: cuando la alfombra roja entra en campaña

España es una locura en estos 8 años de gobierno socialista, proporciona ejemplos documentados de movilización cultural. Durante las elecciones generales de 2023, figuras como Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Joan Manuel Serrat respaldaron un manifiesto que solicitaba votar por las formaciones "progresistas" o más bien, grupos que solo reclaman algo que ellos mismos no son capaces de cumplir. Los firmantes expresaron públicamente sus preocupaciones políticas y defendieron sus preferencias electorales, claro escondiendo sus gastos ostentosos y las decenas de propiedades privadas que no están dispuestos a compartir.

La cuestión interesante no es que participen en política, un derecho que poseen como cualquier ciudadano. El problema comienza cuando la fama artística se interpreta como autoridad incuestionable en economía, instituciones o políticas públicas. Dirigir una película extraordinaria no convierte automáticamente a nadie en especialista en productividad, impuestos, inmigración o sostenibilidad fiscal. Hollywood y los estudios cinematográficos españoles producen grandes historias en la mayoría de los casos; los presupuestos públicos, lamentablemente, necesitan algo más que buenos guiones o favoritismo político para financiar películas que nadie termina viendo.

Chile: la memoria histórica y la disputa cultural

En Chile, más de quinientos escritores respaldaron la candidatura de Gabriel Boric en 2021. También participaron actores, músicos y otras personalidades culturales. Muchos expresaron preocupaciones relacionadas con la democracia, los derechos humanos y la memoria de la dictadura militar. Pero hicieron mutis con las metidas de pata de la era Allende

El caso de Isabel Allende merece una distinción fundamental. Su exilio venezolano después del golpe de 1973 forma parte de su trayectoria biográfica documentada. La casa de los espíritus convirtió experiencias familiares, memoria histórica y ficción literaria en una obra internacionalmente reconocida.

Se puede cuestionar la interpretación política de una novela, discutir sus simplificaciones históricas o examinar cómo determinados relatos adquieren influencia cultural. Pero no se puede usar las letras para armar mentiras a la carta y cobrar miles de dólares para que la ficción literaria siga generándoles riqueza

La pregunta legítima es otra: ¿por qué determinadas interpretaciones históricas alcanzan enorme prestigio cultural mientras otras reciben escasa atención? ¿Porqué los agentes de la ultraizquierda se alocan por reescribir la historia, monstrando a los asesinos como almas caritativas y a los agentes del orden como criminales perversos.?

Argentina: artistas, kirchnerismo y el discurso del miedo

Argentina ofrece otro escenario de intensa politización cultural. Durante la campaña presidencial de 2023, distintas personalidades públicas respaldaron a Sergio Massa o manifestaron rechazo hacia Javier Milei. No hubo reparo en militar a favor del oficialismo, no hubo objetividad en los medios tradicionales, o en artistas que son denunciados por recibir financiamiento provincial o local.

En una sociedad democrática, esas preferencias son legítimas. Sin embargo, las advertencias sobre el futuro político deberían distinguir riesgos verificables de pronósticos catastróficos. Presentar toda reforma económica como destrucción inevitable de derechos puede movilizar emocionalmente al público, pero no reemplaza el análisis de inflación, déficit fiscal, inversión o pobreza.

También corresponde reconocer que algunos artistas apoyaron opciones contrarias al kirchnerismo. El mundo cultural no constituye un bloque ideológico uniforme, aunque en Argentina se puede comprobar que sí.

Estados Unidos: prometieron marcharse, pero la realidad fue diferente

Las elecciones estadounidenses han producido declaraciones particularmente teatrales. En 2016, varias celebridades anunciaron o insinuaron que abandonarían el país si Donald Trump llegaba a la presidencia. Cher, Ne-Yo y otras figuras aparecieron en recopilaciones periodísticas de aquellas declaraciones.

Pero hay una diferencia considerable entre amenazar con emigrar, trasladarse efectivamente y renunciar a la ciudadanía. Después de las elecciones de 2024 circularon afirmaciones de Tom Hanks, Robert De Niro, Bruce Springsteen y otras celebridades sobre el peligro de votar a Donald Trump, en acciones que sonaron a activismo frontal a favor de los candidatos demócratas.

La ironía está en el espectáculo político, no en inventar exilios que nunca ocurrieron.

Colombia: la celebridad no sustituye el análisis

Colombia también ha experimentado intensos debates culturales alrededor de la izquierda, la derecha, la paz, la desigualdad y las reformas sociales. Artistas y escritores intervienen legítimamente en estas controversias.

El riesgo aparece cuando los debates se reducen a una confrontación moral entre quienes supuestamente representan al pueblo y quienes serían sus enemigos. Las políticas económicas requieren examinar resultados, financiación y consecuencias institucionales, independientemente del prestigio de sus promotores.

Un actor puede despertar admiración; eso no convierte sus opiniones sobre política tributaria en conclusiones científicas. Incluso se quiere reescribir la memoria histórica de un conflicto añejo en el cual ahora los terroristas del M19 son adalides de la cararidad y la democracia.

El prestigio cultural no concede inmunidad intelectual

La libertad de expresión protege el derecho de artistas e intelectuales a participar en política, incluso cuando sus argumentos resultan discutibles. Esa misma libertad permite examinar sus contradicciones, sus fuentes de financiación y sus afirmaciones públicas.

La fama no sustituye la evidencia. Los premios literarios tampoco garantizan conocimiento económico.

La cultura enriquece el debate cuando abre preguntas; lo empobrece cuando pretende clausurarlas mediante superioridad moral.

Y hay una diferencia esencial entre imaginar una sociedad perfecta en una novela y demostrar que sus instituciones funcionarían en la realidad.

La utopía puede escribirse sin restricciones presupuestarias. Gobernar una nación, no.

¿Revolucionarios de discurso y capitalistas de bolsillo?

Cuando la fama se confunde con autoridad intelectual, la política corre el riesgo de convertirse en espectáculo.

¿Deben los artistas responder por las ideas económicas que promueven?

Comparte esta reflexión de Ideas Antizurdos y participa en el debate.

Read More

¿Necesitamos un Estado cada vez más grande para vivir mejor?

 

Dr. John Campuzano Vásquez

Existe una contradicción fascinante en la política contemporánea: mientras la tecnología y la IA permite descentralizar actividades económicas, trabajar desde cualquier lugar, emprender sin grandes estructuras y comunicarse sin intermediarios, una parte de las nuevas generaciones vuelve a reclamar un Estado más grande, poderoso y presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Esta paradoja adquiere especial interés al examinar las ideas desarrolladas por el profesor Miguel Anxo Bastos en Lo pequeño es posible, una obra que cuestiona la creencia de que el tamaño territorial y la concentración del poder político constituyen condiciones necesarias para alcanzar prosperidad. La discusión resulta especialmente pertinente en América Latina, donde históricamente se ha confundido la fortaleza institucional con la expansión burocrática y donde todavía persiste la expectativa de que los problemas económicos pueden resolverse ampliando las atribuciones gubernamentales.

La fascinación histórica por el Estado gigantesco

Durante siglos, la grandeza política estuvo asociada con la extensión territorial, la concentración administrativa y la capacidad de movilizar enormes recursos desde un centro de poder. Imperios, monarquías y repúblicas construyeron estructuras destinadas a controlar territorios cada vez mayores. Sin embargo, como plantea el debate desarrollado por Bastos, las ventajas del tamaño no deben darse por supuestas. Administrar una población numerosa puede proporcionar economías de escala en determinadas funciones, pero también incrementar los costos de coordinación, dificultar la representación política y alejar las decisiones de quienes experimentan sus consecuencias. Desde la economía institucional, la pregunta fundamental no es cuántos kilómetros cuadrados administra un gobierno, sino qué incentivos enfrenta, qué controles limitan su actuación y qué resultados produce. Un ministerio no se vuelve eficiente por administrar más provincias, del mismo modo que una burocracia no adquiere mayor conocimiento económico simplemente porque aumenta su presupuesto.

Los jóvenes y el renovado atractivo del Estado protector

Hay una dimensión sociológica que merece especial atención. Entre determinados sectores de jóvenes y adultos de Europa y América Latina se observa interés por propuestas que atribuyen al Estado responsabilidades crecientes en vivienda, educación, empleo, transporte, transición energética y protección social. No toda la juventud comparte esa orientación, también existen movimientos juveniles liberales, libertarios y conservadores que cuestionan abiertamente el intervencionismo. Sin embargo, el atractivo del Estado protector puede comprenderse a partir de experiencias concretas. Jóvenes que enfrentan alquileres elevados, empleos precarios, dificultades para ahorrar y expectativas de movilidad social inferiores a las de generaciones anteriores pueden interpretar la intervención pública como una respuesta a su inseguridad económica. Desde la psicología social, estas preferencias también pueden relacionarse con la búsqueda de certidumbre y protección frente a riesgos percibidos. La paradoja consiste en que ampliar las responsabilidades estatales no garantiza automáticamente disponer de los recursos, la información ni la capacidad administrativa necesarios para cumplirlas.

Estados pequeños, economías abiertas y competencia institucional

La discusión sobre el tamaño político encuentra ejemplos relevantes en Suiza, Singapur y Estonia. Estas experiencias demuestran que la prosperidad no exige necesariamente enormes territorios ni poblaciones gigantescas, aunque sus resultados tampoco pueden atribuirse exclusivamente a su dimensión geográfica. Suiza combina descentralización cantonal, estabilidad institucional y una economía altamente desarrollada. Singapur ha construido una plataforma comercial y logística internacional sobre un territorio reducido, con un Estado que mantiene una intervención significativa en determinadas actividades. Estonia destaca por su digitalización administrativa y apertura económica. Lo interesante es que estos casos obligan a distinguir tamaño territorial, calidad institucional y grado de intervención pública. La fragmentación política puede favorecer la competencia entre jurisdicciones y permitir que ciudadanos y empresas comparen impuestos, regulaciones y servicios, pero también plantea desafíos de coordinación y financiación.

América Latina: centralismo, dependencia y autonomía limitada

En América Latina, el debate adquiere características particulares. Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia han experimentado diferentes grados de centralización política y económica, con gobiernos nacionales que desempeñan funciones decisivas en la asignación de recursos, la infraestructura y la regulación productiva. Cuando los territorios dependen excesivamente de transferencias y autorizaciones centrales, las autoridades locales pueden encontrar dificultades para responder a necesidades específicas. Sin embargo, descentralizar sin mecanismos adecuados de responsabilidad fiscal también puede reproducir ineficiencias a escala regional. La alternativa institucional consiste en establecer competencias claras, fuentes de financiamiento transparentes y controles efectivos. Desde una perspectiva liberal, la subsidiariedad y la competencia entre jurisdicciones ofrecen instrumentos para examinar si determinadas decisiones pueden adoptarse más cerca del ciudadano, sin desconocer aquellas funciones que requieren coordinación nacional.

¿Más Estado significa necesariamente más bienestar?

La existencia de problemas sociales no se niega, ni tampoco se cree ciegamente que los mercados resuelven automáticamente cualquier dificultad. Vivienda, educación, infraestructura y protección frente a riesgos económicos requieren instituciones eficaces. La discusión comienza cuando se identifica la solución de esos problemas exclusivamente con aumentar presupuestos, regulaciones o empresas públicas o en recaudar más impuestos. La economía enseña que los recursos son escasos y que toda intervención tiene costos de oportunidad. También recuerda que la provisión estatal puede resultar apropiada en determinados ámbitos, especialmente ante bienes públicos, externalidades o fallas de mercado. El desafío consiste en comparar alternativas mediante resultados verificables y no mediante la magnitud de las promesas. Una administración más extensa puede ofrecer mejores servicios si dispone de capacidades suficientes, pero también puede acumular obligaciones difíciles de financiar.

El tamaño del poder y el futuro de la libertad

La principal provocación intelectual que inspira Lo pequeño es posible consiste en cuestionar una asociación tradicional: que la integración económica y la prosperidad requieren necesariamente estructuras políticas cada vez más grandes. Las economías pueden cooperar, comerciar e integrarse mediante acuerdos sin concentrar todas sus decisiones en una autoridad única. Al mismo tiempo, los Estados pequeños pueden desarrollar administraciones intervencionistas y los grandes pueden establecer instituciones descentralizadas. Por eso, el tamaño territorial no debe confundirse con el alcance del poder gubernamental.

La discusión que Bastos invita a desarrollar resulta especialmente relevante para una generación que busca seguridad económica en un mundo incierto. La pregunta decisiva no es si necesitamos un Estado grande o pequeño por principio, sino qué funciones debe cumplir, cómo financiarlas, quién controla sus decisiones y cuánto espacio conserva el ciudadano para elegir. Una sociedad próspera necesita instituciones capaces de resolver problemas colectivos sin convertir la dependencia política en condición permanente de la vida económica.

Tal vez el verdadero desafío contemporáneo no consista en construir gobiernos que prometan ocuparse de absolutamente todo, sino en diseñar instituciones que sepan reconocer sus límites. Porque la libertad no depende exclusivamente del tamaño del territorio, sino también de cuánto poder concentra quien lo gobierna.

¿Más Estado significa más bienestar o menos libertad?

Miguel Anxo Bastos, en Lo pequeño es posible, cuestiona el mito de que los Estados gigantes garantizan prosperidad.

¿Necesitamos gobiernos más grandes o ciudadanos más libres?

Comparte esta reflexión de Ideas Antizurdos. ¡Abramos el debate!

Read More

¿Por qué la gente sigue a los caudillos? Psicología del populismo y fanatismo político

 

Dr. John Canmpuzano Vásquez

América Latina posee una curiosa tradición: algunos políticos sobreviven electoralmente a crisis económicas, denuncias de corrupción, restricciones institucionales y resultados gubernamentales cuestionados. Cuanto más controvertido resulta el personaje, más apasionadamente puede defenderlo una parte de sus seguidores.

¿Cómo explicar que Perón siga inspirando movimientos políticos décadas después de su muerte, que Cristina Fernández conserve militantes incondicionales o que Fidel Castro y Hugo Chávez continúen siendo venerados por determinados sectores?

La respuesta no está solamente en la ideología. Está también en la psicología humana.

1. La identidad política sustituye al pensamiento crítico

La teoría de la identidad social explica que las personas construyen parte de su autoestima mediante su pertenencia a grupos. Cuando alguien se define como peronista, chavista, correista o castrista, cuestionar al líder puede sentirse como cuestionar su propia identidad.

La psicología denomina razonamiento motivado al proceso mediante el cual interpretamos selectivamente la información para proteger nuestras creencias. Nadie quiere encontrar la verdad.

Así, una denuncia contra el adversario confirma su culpabilidad; una denuncia contra nuestro líder demuestra, supuestamente, una conspiración o una persecución política. ¡Extraordinario sistema de justicia emocional: el culpable siempre pertenece al partido contrario!

2. La disonancia cognitiva: justificar lo injustificable

Leon Festinger explicó que las contradicciones entre nuestras creencias y la realidad producen malestar psicológico. Quien dedicó veinte años a defender un proyecto político enfrenta un problema cuando aparecen evidencias desfavorables.

Reconocer el error significa aceptar que pudo haberse equivocado durante décadas. Resulta psicológicamente más cómodo responsabilizar al imperialismo, los empresarios, los medios de comunicación o los enemigos internos.

La realidad puede cambiar; la excusa permanece disponible.

3. El caudillo como figura protectora

Max Weber describió la autoridad carismática: aquella que descansa en las cualidades extraordinarias atribuidas a una persona. Perón construyó una identificación duradera con sectores trabajadores argentinos. Chávez cultivó una relación emocional directa con sus seguidores. Fidel Castro vinculó su liderazgo con la identidad revolucionaria cubana.

Sus partidarios no necesariamente evalúan cada política pública mediante indicadores económicos. También recuerdan reconocimiento social, beneficios materiales, pertenencia colectiva o experiencias históricas que consideran valiosas.

La lealtad puede sobrevivir incluso cuando los resultados posteriores deterioran aquella percepción inicial.

4. Cristina Fernández y Evo Morales

Cristina Fernández de Kirchner recibió una condena por corrupción en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema argentina en junio de 2025. Sin embargo, mantiene seguidores que consideran que su trayectoria política y los beneficios atribuidos a sus gobiernos justifican su apoyo, mientras otros interpretan el proceso judicial como persecución política que le impide ser votada en elecciones.

Evo Morales enfrenta procesos penales y órdenes de captura en Bolivia, pero sus acusaciones no lo han llevado a condenas firmes. Su arraigo entre determinados sectores sociales y organizaciones cocaleras ayuda a explicar la persistencia de su respaldo.

En ambos casos aparece una tensión fundamental: ¿debe la identidad política modificar los criterios utilizados para juzgar la conducta de un dirigente?

5. Clientelismo: cuando la lealtad también tiene incentivos económicos

No toda fidelidad política es emocional. El clientelismo aparece cuando recursos, empleos, contratos o beneficios públicos se vinculan con relaciones de apoyo político. Quien depende de una estructura partidista para conservar oportunidades puede enfrentar costos reales al abandonarla, y por eso intenta seguir vigente en la retina de su líder histórico.

El problema no es que los ciudadanos pobres sean incapaces de razonar. Es que determinadas instituciones pueden convertir la dependencia política en una estrategia de supervivencia. Aquí la economía institucional resulta indispensable: los incentivos también condicionan las decisiones políticas.

 6. ¿Ideología o psicología?

La ideología proporciona el relato: revolución, justicia social, nación, pueblo o libertad. La psicología proporciona mecanismos de adhesión: identidad, pertenencia, miedo a reconocer errores y necesidad de coherencia. La sociología explica las redes familiares, territoriales y culturales que transmiten esas lealtades. Y la economía política identifica los incentivos materiales que pueden reforzarlas.

Ninguna dimensión explica por sí sola el fenómeno. Desde una perspectiva liberal, la respuesta institucional consiste en impedir que la suerte de una nación dependa de la supuesta virtud de un caudillo.

Separación de poderes, prensa libre, justicia independiente, alternancia y límites constitucionales permiten controlar incluso a gobernantes populares. Porque ningún líder, por carismático que sea, debería convertirse en propietario de la conciencia de sus seguidores.

La democracia necesita ciudadanos capaces de exigir cuentas a sus dirigentes, no creyentes dispuestos a absolverlos anticipadamente. Y una advertencia final: cuando alguien considera que su líder jamás puede equivocarse, probablemente ya no está defendiendo una idea política.

Está defendiendo una fe.

¿Defiendes ideas o defiendes políticos?

El verdadero peligro del populismo comienza cuando dejamos de evaluar los resultados de nuestros gobernantes y empezamos a justificar cualquier conducta por fidelidad a un líder.

Comparte esta reflexión de Ideas Antizurdos y participa en el debate: ¿por qué tantas personas mantienen su apoyo a determinados caudillos incluso frente a evidencias que contradicen sus expectativas?

Una sociedad libre necesita ciudadanos críticos, no seguidores incondicionales.

Read More

Sectores estratégicos: cuando el monopolio estatal frena la economía

 

Por: John Campuzano Vásquez

América Latina tiene una extraordinaria habilidad para convertir los problemas económicos en declaraciones constitucionales. Cuando un servicio resulta indispensable, algunos gobiernos consideran que la solución consiste en declararlo estratégico, reservar su administración al Estado y prometer que funcionará en beneficio de todos.

La electricidad debe ser estratégica. El agua también. Los puertos, las carreteras, los hidrocarburos y las telecomunicaciones, luego se inflama a los ciudadanos con los discursos nacionalistas y se pide una Constituyente para bendecir la genial idea.

Hasta ahí, el discurso parece impecable.

Pero existe una pregunta bastante menos emocionante que redactar artículos constitucionales: ¿quién invertirá, mantendrá las máquinas, renovará las redes y responderá cuando el servicio deje de funcionar?

Porque una central eléctrica no produce energía gracias a un discurso presidencial de un presidente ultra nacionalista o revolucionario. Necesita turbinas, repuestos, técnicos, combustible, mantenimiento y financiamiento.

Y las constituciones, por muy revolucionarias que sean, todavía no producen megavatios.

Ecuador: cuando lo estratégico se convierte en responsabilidad estatal

La Constitución ecuatoriana de 2008 ofrece un ejemplo especialmente relevante.

Su artículo 313 reserva al Estado la administración, regulación, control y gestión de sectores estratégicos, incluyendo energía, telecomunicaciones, hidrocarburos y agua. El artículo 314 le atribuye responsabilidad sobre servicios como electricidad, agua potable, vialidad e infraestructura portuaria y aeroportuaria.

El artículo 316, en su formulación original, contempló mecanismos de delegación, pero dentro de un esquema que otorgaba prioridad a la gestión estatal. El problema económico aparece cuando esa preferencia institucional restringe innecesariamente la entrada de operadores, inversionistas y tecnologías con el argumento que se llevan el dinero a cambio de tarifas elevadas que castigan a los que menos tienen.

La infraestructura necesita recursos durante décadas. Si el presupuesto público resulta insuficiente, si las tarifas no cubren los costos o si las decisiones de inversión dependen de prioridades electorales, el sistema comienza a acumular deterioro.

Primero se posterga una reparación.

Después se retrasa la compra de equipos.

Finalmente, cuando llega una emergencia, descubrimos que el verdadero sector estratégico era el mantenimiento que nadie financió.

Venezuela: la factura de la desinversión

Venezuela proporciona una advertencia particularmente seria.

Después de la nacionalización y centralización del sistema eléctrico en 2007, la gestión quedó progresivamente concentrada en estructuras estatales.

Durante años se acumularon dificultades operativas, problemas de mantenimiento, pérdida de capacidades técnicas e insuficiencia de inversiones.

En agosto de 2024, un apagón masivo afectó gran parte del país. Mientras el Gobierno venezolano atribuyó la interrupción a un supuesto ataque, la realidad es que el mantenimiento deficiente y la falta de inversión son los factores fundamentales de la fragilidad del sistema, que a la fecha sigue manteniendo esa falta de energía temporalmente.

Las consecuencias de un apagón exceden ampliamente la incomodidad doméstica.

Una fábrica pierde producción. Un comercio pierde inventarios refrigerados. Un hospital necesita generación de emergencia. El transporte se interrumpe y las telecomunicaciones sufren.

Cuando falla la electricidad, no se paraliza solamente una empresa pública: se compromete la productividad de toda la economía.

La nacionalización, por sí sola, no explica cada falla venezolana. También importan las decisiones presupuestarias, la gestión técnica, los controles, las condiciones macroeconómicas y la crisis institucional. Pero precisamente esa complejidad demuestra que concentrar la propiedad no garantiza capacidad para administrar.

Bolivia: nacionalizar no significa multiplicar la inversión

Bolivia incorporó en su Constitución de 2009 un modelo de economía plural, con fuerte presencia estatal en recursos naturales y sectores considerados estratégicos.

Los artículos 309, 349 y 351 establecen funciones de administración pública y control estratégico, aunque también permiten cooperativas, empresas mixtas y determinadas formas de participación privada.

La nacionalización de empresas eléctricas y de hidrocarburos fortaleció el control estatal sobre actividades fundamentales.

Sin embargo, apropiarse de activos productivos no equivale a generar automáticamente nuevas inversiones.

Una empresa puede cambiar de propietario mediante decreto. Pero para ampliar su capacidad necesita tecnología, técnicos especializados, mantenimiento y capital.

El desafío boliviano demuestra por qué debe distinguirse entre capturar rentas de recursos existentes y desarrollar capacidad productiva futura.

Nacionalizar una instalación es una decisión política. Mantenerla funcionando eficientemente es una tarea económica y técnica permanente.

Argentina: el costo de las empresas públicas y el retorno del capital privado

Argentina ofrece un caso diferente: su Constitución no establece una reserva estatal general comparable a la ecuatoriana. Las nacionalizaciones y privatizaciones han respondido principalmente a leyes y decisiones de política económica.

Durante el kirchnerismo se reestatizaron empresas como Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El debate sobre AySA volvió a cobrar fuerza en octubre de 2026. El Gobierno de Javier Milei impulsó la venta del 90 % de las acciones estatales, con una oferta económica de 340,2 millones de dólares y compromisos de inversión superiores a 2.000 millones de dólares anunciados por las autoridades.

Los defensores de la privatización argumentan que el capital privado puede reducir la dependencia de subsidios y mejorar la eficiencia. Sus críticos advierten sobre posibles aumentos tarifarios y dificultades de acceso para hogares vulnerables.

El resultado dependerá del cumplimiento de las inversiones, de la regulación y de la calidad del servicio.

La cuestión económica fundamental no es quién pronuncia el discurso más emotivo sobre el agua, sino quién garantiza que llegue permanentemente al grifo del consumidor, a un costo sostenible.

El monopolio estatal también tiene costos

La teoría económica distingue los monopolios naturales, frecuentes en redes de agua y distribución eléctrica, de actividades donde pueden operar múltiples empresas competitivas.

No tiene sentido construir cinco redes de tuberías paralelas en una misma calle. Pero eso tampoco obliga a que una sola empresa estatal realice todas las actividades relacionadas con el servicio.

Pueden existir operadores privados regulados, concesiones competitivas, generación eléctrica abierta a distintos inversionistas y mecanismos de evaluación del desempeño.

El problema de un monopolio mal regulado es que puede debilitar los incentivos para reducir costos, innovar y mejorar la calidad.

Y cuando una empresa estatal enfrenta restricciones presupuestarias blandas, puede continuar operando con pérdidas financiadas mediante transferencias públicas.

El ciudadano termina pagando dos veces: como contribuyente y como usuario.

El verdadero sector estratégico es la productividad

Hay una lección común en estos cuatro países.

Declarar estratégico un servicio no lo vuelve eficiente. Nacionalizar una empresa no garantiza inversión. Y privatizarla tampoco asegura buenos resultados sin competencia, regulación y contratos exigibles.

Lo decisivo es construir instituciones capaces de garantizar continuidad, inversiones oportunas, mantenimiento, transparencia y responsabilidad empresarial.

Desde una perspectiva liberal, el Estado debería concentrarse en establecer reglas claras, proteger la propiedad, garantizar contratos, vigilar monopolios y facilitar inversiones.

No necesita ser propietario de cada máquina para proteger el interés público.

Porque el ciudadano no necesita que el transformador eléctrico, el puerto, la carretera o la planta de tratamiento pertenezcan simbólicamente al pueblo.

Necesita que funcionen.

Y cuando una economía paraliza fábricas, comercios y hospitales por servicios deficientes, el verdadero fracaso no se mide por el número de empresas públicas o privadas.

Se mide en productividad perdida, inversión que no llega y oportunidades de desarrollo desperdiciadas.

¿De qué sirve declarar estratégicos los servicios públicos si después faltan electricidad, agua, mantenimiento e inversiones?

La infraestructura no funciona con discursos políticos, sino con capital, tecnología, gestión eficiente y reglas claras.

Comparte este análisis de Ideas Antizurdos y participa en el debate: ¿debe el Estado concentrar la propiedad de los sectores estratégicos o garantizar que empres

as públicas y privadas compitan por ofrecer mejores resultados?

La verdadera soberanía económica no consiste en controlar más empresas, sino en disponer de servicios que permitan producir, invertir y prosperar.

Read More

Desnutrición infantil: la factura que Venezuela hereda del Socialismo del Siglo XXI

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

La desnutrición infantil suele abordarse como un problema sanitario y humanitario asociado con las dificultades de los hogares para acceder a una alimentación suficiente y de calidad. Sin embargo, desde una perspectiva económica, esta interpretación resulta incompleta. Un niño afectado por desnutrición puede experimentar deterioros en su desarrollo físico y cognitivo que posteriormente se reflejen en su desempeño educativo, acumulación de capital humano y productividad durante la vida adulta. En consecuencia, la desnutrición infantil no solo representa una privación presente, sino también un potencial condicionante del crecimiento económico futuro.

Esta cuestión adquiere especial relevancia en Venezuela. Nieto-Martínez et al. (2025), utilizando información de seguimiento de 1.257 participantes del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica (EVESCAM), identificaron importantes manifestaciones de vulnerabilidad relacionadas con inseguridad alimentaria, interrupción de servicios públicos, dificultades de acceso a medicamentos, transporte y perturbaciones de la educación infantil. Los autores encontraron, además, que los grupos de menor nivel socioeconómico estaban particularmente expuestos a varias de estas dimensiones de vulnerabilidad. 

La persistencia del problema nutricional también ha llevado a estudiar directamente la atención de la desnutrición aguda en el país. UNICEF (2025) desarrolló una investigación de cohorte, multicéntrica y prospectiva para evaluar el tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa sin complicaciones en Venezuela. El estudio comprendió 15 centros ambulatorios de atención nutricional localizados en Distrito Capital y los estados Miranda, La Guaira y Bolívar. Esta investigación confirma la necesidad de generar evidencia específicamente venezolana para diseñar intervenciones adaptadas a las características del país. 

El problema adquiere una dimensión económica todavía mayor cuando se considera su mecanismo de transmisión intertemporal. La hipótesis puede expresarse mediante la siguiente secuencia: desnutrición infantil → menor rendimiento académico → mayor riesgo de deserción escolar → menos años de escolaridad → menor capital humano → menor productividad laboral → menor crecimiento económico de largo plazo. A este mecanismo puede agregarse un canal social asociado con los efectos de la exclusión educativa y laboral.

El primer eslabón comienza durante la infancia. Una nutrición inadecuada en etapas críticas puede comprometer capacidades físicas y cognitivas que posteriormente son necesarias para el aprendizaje. En este sentido, la evidencia internacional longitudinal muestra que mejorar la nutrición durante los primeros años puede producir efectos educativos persistentes. Maluccio et al. (2009), utilizando información longitudinal de Guatemala, encontraron que una intervención nutricional temprana produjo efectos observables aproximadamente un cuarto de siglo después: entre las mujeres, la exposición a una mejor suplementación nutricional estuvo asociada con 1,2 grados adicionales de escolaridad, además de mejoras en comprensión lectora y capacidad cognitiva tanto en hombres como en mujeres. 

Estos resultados permiten comprender por qué la desnutrición puede convertirse en una restricción para la acumulación de capital humano. Si las deficiencias nutricionales deterioran las capacidades de aprendizaje y estas, a su vez, dificultan la trayectoria educativa, el problema inicial puede transmitirse hacia menores niveles de escolaridad. No se trata de afirmar que todo niño desnutrido tendrá bajo rendimiento o abandonará la escuela. La pobreza, la calidad educativa, las características familiares y las condiciones institucionales también intervienen. El argumento consiste en reconocer que la nutrición constituye uno de los factores capaces de modificar las oportunidades posteriores de acumulación de capacidades.

La conexión entre nutrición y economía se vuelve aún más evidente cuando se examinan los resultados laborales en la adultez. Hoddinott et al. (2008) estudiaron 1.424 adultos que habían participado durante su infancia en una intervención nutricional desarrollada en Guatemala. Entre los hombres expuestos a una suplementación nutricional de mayor calidad entre los cero y dos años, los salarios por hora fueron aproximadamente 46 % superiores. Los autores interpretaron estos resultados como evidencia de que las inversiones nutricionales durante la primera infancia pueden producir importantes beneficios económicos de largo plazo. 

Por tanto, el mecanismo no necesariamente opera únicamente a través de la educación. La desnutrición infantil también podría afectar directamente la productividad futura mediante sus consecuencias sobre el desarrollo físico, cognitivo y las capacidades laborales. Esto permite plantear dos canales simultáneos: uno educativo, mediante rendimiento, escolaridad y capital humano, y otro productivo, mediante los efectos de las condiciones nutricionales tempranas sobre las capacidades del trabajador adulto.

Existe además un posible canal social. Una mayor deserción escolar y una menor acumulación educativa pueden restringir las oportunidades laborales y reducir el costo de oportunidad de determinadas conductas de riesgo. Sin embargo, sería incorrecto establecer una relación determinista entre abandono escolar y delincuencia. Esta última responde a múltiples factores económicos, familiares, sociales e institucionales. En consecuencia, dentro del mecanismo propuesto resulta más apropiado hablar de una probabilidad de involucramiento delictivo condicionada por factores socioeconómicos, y no de delincuencia como consecuencia inevitable de la deserción.

Desde esta perspectiva, Venezuela enfrenta una potencial acumulación de costos intertemporales. El costo económico de la desnutrición infantil no debería calcularse exclusivamente mediante los recursos necesarios para atender al niño actualmente afectado. También deberían considerarse los aprendizajes potencialmente perdidos, la menor escolaridad, las capacidades laborales que podrían dejar de desarrollarse, los ingresos futuros no generados y las pérdidas de productividad agregada.

Esta interpretación modifica también el significado de la política nutricional. Los recursos destinados a prevenir la desnutrición durante los primeros años no deberían concebirse exclusivamente como gasto social, sino también como inversión en capital humano. La evidencia longitudinal disponible demuestra que los beneficios de una intervención nutricional pueden continuar manifestándose décadas después mediante mejores resultados educativos y laborales (Hoddinott et al., 2008; Maluccio et al., 2009). 

Venezuela dispone de importantes recursos naturales, pero la capacidad de una economía para crecer sostenidamente depende también de la calidad del capital humano que logra acumular. La inseguridad alimentaria, las dificultades educativas y las restricciones de acceso a servicios esenciales documentadas en el país constituyen, por tanto, un problema que trasciende la coyuntura (Nieto-Martínez et al., 2025). Prevenir la desnutrición infantil significa proteger simultáneamente salud, educación y capacidad productiva. Por ello, la pregunta económica fundamental no es solamente ¿cuánto cuesta combatir hoy la desnutrición infantil en Venezuela?, sino ¿cuánto capital humano, productividad y crecimiento económico podría perder el país mañana si no lo hace oportunamente?.

¿Cuánto futuro económico está perdiendo Venezuela por la desnutrición infantil?

Un niño que hoy no recibe una alimentación adecuada puede convertirse mañana en un adulto con menores oportunidades educativas, laborales y económicas. La desnutrición no es solamente una tragedia social: es una amenaza para el capital humano, la productividad y el crecimiento de toda una nación.

Comparte este análisis de Ideas Antizurdos y participa en el debate. Venezuela no podrá construir una economía próspera si descuida la nutrición, la educación y el desarrollo de sus futuras generaciones.

Referencias

Hoddinott, J., Maluccio, J. A., Behrman, J. R., Flores, R., & Martorell, R. (2008). Effect of a nutrition intervention during early childhood on economic productivity in Guatemalan adults. The Lancet, 371(9610), 411–416. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60205-6 ScienceDirect

Maluccio, J. A., Hoddinott, J., Behrman, J. R., Martorell, R., Quisumbing, A. R., & Stein, A. D. (2009). The impact of improving nutrition during early childhood on education among Guatemalan adults. The Economic Journal, 119(537), 734–763. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2009.02220.x Wiley Online Library

Nieto-Martínez, R., Babagoli, M. A., Gonzalez-Rivas, J. P., Ugel, E., Duran, M., Marulanda, M. I., Mechanick, J. I., & Danaei, G. (2025). Characterizing the Venezuelan situation between 2014–2020 in a population-based study using seven key indicators. BMC Public Health, 25, Article 2133. https://doi.org/10.1186/s12889-025-23125-0 Springer Nature Link

UNICEF. (2025). Evaluación del tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa, sin complicaciones: Informe final del proyecto de investigación. UNICEF Venezuela. Informe oficial de UNICEF Venezuela UNICEF

Read More

América Latina gira a la derecha

 

Cuando el elector se cansa de que le prometan igualdad y comienza a exigir resultados

Durante buena parte de los primeros años de esta década parecía que América Latina había regresado definitivamente a la izquierda. Lula da Silva recuperó Brasil, Gabriel Boric llegó al poder en Chile, Gustavo Petro conquistó Colombia y Andrés Manuel López Obrador consolidó el dominio de Morena en México.

El mapa de 2026 es muy diferente.

Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia han girado hacia opciones de derecha, centroderecha o liberal-conservadoras. A ellos se suman otros gobiernos alejados de la izquierda regional. Analistas consideran que las recientes victorias conservadoras han consolidado un desplazamiento regional hacia la derecha, cansados de los mismos lemas y canciones que prometen igualdad social y de todo.

Estamos, en buena medida, ante algo sencillo y políticamente demoledor: votantes cansados de gobiernos que prometieron transformaciones sociales y llevan décadas sin cambios profundos, no resolvieron satisfactoriamente problemas cotidianos como inseguridad, bajo crecimiento, informalidad y deterioro institucional. Pero insisten en que les falta más tiempo y que hay que evitar perder lo ganado

Milei rompió el tablero

Javier Milei representa probablemente la ruptura más radical.

No llegó prometiendo administrar mejor el Estado benefactor. Llegó cuestionando sus fundamentos: déficit fiscal, intervencionismo, regulaciones, inflación, empresas públicas y una estructura política que denominó “la casta”.

Su importancia regional excede los resultados concretos de Argentina. Milei consiguió algo que durante décadas parecía electoralmente imposible: hacer políticamente atractivas palabras como ajuste, equilibrio fiscal, propiedad privada y reducción del Estado.

El elector argentino castigó una situación económica extrema de Peronismo y conductas K, pero abrió además un espacio intelectual que otras derechas latinoamericanas observan cuidadosamente.

Chile, Bolivia, Perú y Colombia: el péndulo cambió

El fenómeno continuó.

José Antonio Kast ganó en Chile; Rodrigo Paz lo hizo en Bolivia; Keiko Fujimori se impuso en Perú y Abelardo de la Espriella ganó en Colombia. Como se interpreta esto en la victoria colombiana,  seguro el  impulso dado por Petro a la inacción frente al crimen, elevó las preocupaciones económicas y sociales, el famoso pacto histórico terminó cansando a los colombianos.

El patrón importa.

Colombia eligió en 2022 por primera vez un presidente claramente de izquierda. Cuatro años después eligió a un candidato de derecha.

Chile pasó de Boric a Kast.

Bolivia, después de dos décadas marcadas fundamentalmente por el MAS, también cambió de dirección.

¿Descubrieron millones de latinoamericanos repentinamente a Hayek?

Probablemente no.

Descubrieron algo mucho más elemental: las buenas intenciones y las mentiras no constituyen resultados de gobierno.

Brasil acaba de enviar la señal más poderosa

El acontecimiento más reciente proviene de Brasil.

Este 4 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva sufrió una importante derrota en la primera vuelta presidencial. Flávio Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47%, frente al 45,16% de Lula. Habrá segunda vuelta el 25 de octubre; por tanto, se vienen tiempos de cambio en todo sentido en Brasil, ese poderoso país detenido por las políticas socialistas que no han cambiado nada en el Nordeste del país.

Y existe un dato todavía más revelador: respecto de 2022, Lula redujo su porcentaje de votos en 25 de las 27 unidades federativas brasileñas y perdió aproximadamente 3,4 millones de votos. 

Mientras tanto, el Partido Liberal avanzó espectacularmente en el Congreso y se convirtió en la principal fuerza tanto de la Cámara como del Senado y del Congreso.

Brasil no ha terminado de votar. Pero el mensaje político ya resulta difícil de ignorar.

El problema de la “justicia social” aparece cuando no produce prosperidad

Aquí está el centro del asunto.

Justicia social, igualdad, inclusión y redistribución son conceptos electoralmente poderosos. El problema comienza cuando el ciudadano comprueba que la retórica distributiva no sustituye crecimiento, seguridad, empleo formal ni estabilidad económica.

La igualdad tampoco responde por sí misma a la pregunta fundamental de cualquier economía: ¿qué instituciones permiten producir más?

Para distribuir riqueza primero tiene que existir riqueza.

Para financiar derechos sociales hacen falta contribuyentes.

Para recaudar impuestos sostenidamente hacen falta empresas rentables.

Y para que alguien invierta durante veinte años necesita cierta seguridad de que un gobierno futuro no modificará arbitrariamente impuestos, contratos o derechos de propiedad.

Por eso la propiedad privada importa mucho más que como reivindicación ideológica de “los ricos contra los pobres”. Para millones de ciudadanos significa su casa, sus ahorros, su pequeño negocio, su vehículo de trabajo y aquello que esperan dejar a sus hijos.

El elector quiere orden, propiedad y previsibilidad

La seguridad constituye otra pieza decisiva. Análisis recientes coinciden en que crimen organizado, violencia e incapacidad estatal han contribuido al giro electoral regional, la izquierda con sus políticas woke permisivas ha cansado a una ciudadía que pierde sus propiedades con el visto bueno de la justicia o de los que están en el poder.

Esto produce una paradoja especialmente incómoda para cierta izquierda latinoamericana.

Durante años prometió un Estado más grande para proteger al ciudadano socialmente. Sin embargo, muchos ciudadanos perciben que ese Estado puede cobrar impuestos, regular empresas y repartir subsidios mientras demuestra enormes dificultades para realizar una de sus funciones más elementales: proteger personas y propiedades frente al delincuente.

Cuando eso ocurre, cambia la jerarquía de prioridades.

El elector puede comenzar a preferir seguridad antes que nuevas promesas redistributivas, estabilidad antes que otra “transformación histórica” y crecimiento antes que un nuevo catálogo de derechos financiados con recursos que alguien tendrá que producir.

Pero la derecha puede cometer exactamente el mismo error

Conviene no celebrar prematuramente una supuesta era liberal.

El péndulo latinoamericano puede regresar.

Si la nueva derecha sustituye populismo izquierdista por populismo derechista; si promete beneficios que tampoco puede financiar; si desprecia instituciones; o si confunde autoridad con arbitrariedad, terminará decepcionando exactamente igual.

La oportunidad es otra.

Propiedad privada, disciplina fiscal, seguridad jurídica, competencia, apertura económica, seguridad ciudadana y límites al poder político.

No porque sean consignas “de derecha”, sino porque constituyen condiciones importantes para invertir, emprender y planificar a largo plazo.

América Latina quizá no esté enamorándose de la derecha.

Puede estar simplemente desenamorándose de una izquierda que prometió igualdad cuando sus electores empezaron a exigir prosperidad, seguridad y resultados.

Y esa diferencia explica mucho mejor el nuevo mapa político del continente.

¿América Latina se está volviendo liberal o simplemente se cansó de gobiernos que prometieron igualdad sin conseguir suficiente crecimiento y seguridad? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre el nuevo mapa político latinoamericano.

Read More

Okupación y derecho a la vivienda: ¿quién protege la propiedad privada?

 

xiste una extraordinaria facilidad política para transformar necesidades en derechos. Necesitamos alimentación, educación, atención médica y vivienda. De esa realidad algunos dan un salto mucho más discutible: si alguien necesita una vivienda y otra persona posee una que no utiliza o alquila, ¿por qué no debería ocuparla?

Respuesta. Porque tiene dueño.

Parece una respuesta demasiado sencilla para nuestros tiempos, pero detrás de ella se encuentra uno de los fundamentos intelectuales del liberalismo: la propiedad privada establece una frontera entre aquello que legítimamente pertenece a una persona y aquello sobre lo cual los demás —incluido el Estado— no pueden disponer arbitrariamente.

La vivienda digna o bien construida, puede constituir un objetivo legítimo de política pública. Otra cuestión completamente diferente es sostener que esa necesidad genera automáticamente un derecho sobre la vivienda concreta de otra persona.

Locke: la sociedad existe también para proteger lo que es nuestro

La discusión tiene varios siglos.

John Locke sostuvo en su Segundo tratado sobre el gobierno civil que los individuos se incorporan a la sociedad política buscando la preservación mutua de sus “vidas, libertades y posesiones”, elementos que agrupaba bajo una concepción amplia de propiedad.

La idea es fundamental.

La propiedad no existe porque el gobierno graciosamente permita que tengamos cosas. Desde la perspectiva lockeana, ocurre aproximadamente al contrario: una de las razones por las cuales necesitamos instituciones, leyes y jueces es precisamente para garantizar derechos frente a la invasión de terceros.

Por eso la okupación plantea un problema mucho más profundo que encontrar una familia viviendo en una casa vacía.

La pregunta relevante es: ¿quién decide legítimamente sobre esa casa?

Si la respuesta deja de ser su propietario y pasa a ser cualquiera que considere necesitarla más, el concepto mismo de propiedad comienza a vaciarse.

La necesidad no transmite títulos de propiedad

Aquí aparece la gran confusión.

Que alguien necesite vivienda no significa que tenga derecho a tu vivienda.

Que alguien necesite comida tampoco significa que pueda entrar en un supermercado y llevarse gratuitamente lo que necesite. Que una persona necesite transporte no le concede la propiedad del automóvil estacionado del vecino.

Las sociedades civilizadas crean mecanismos para atender situaciones de necesidad sin convertir al ciudadano escogido accidentalmente en financiador forzoso de la política social.

El principio fue expresado brillantemente por Frédéric Bastiat en La Ley: “no es porque los hombres hayan promulgado leyes que la personalidad, la libertad y la propiedad existen”; sostenía que precisamente porque esas realidades preexisten, los hombres establecen leyes para protegerlas. 

La consecuencia liberal es contundente: la ley debería proteger la propiedad, no seleccionar políticamente cuándo resulta aceptable vulnerarla.

“Pero pertenece a un fondo buitre”

Y entonces aparece el argumento favorito: la vivienda no pertenece a una humilde familia, sino a un banco, una inmobiliaria o uno de esos temibles “fondos buitres”.

¿Y?

Podemos criticar sus prácticas comerciales. Podemos exigir que cumplan contratos, regulaciones e impuestos. Podemos perseguir judicialmente cualquier ilegalidad que cometan.

Pero existe un principio jurídico extremadamente peligroso si lo abandonamos: los derechos no deberían depender de cuánto nos simpatice su titular.

Hoy justificamos ocupar la propiedad de un fondo.

Mañana será la vivienda de alguien que posee tres apartamentos.

Después, la del propietario de dos.

¿Dónde exactamente aparece la frontera?

La respuesta lógica es mucho menos emocionante: en la ley y en el derecho de propiedad, no en la simpatía política que despierte el propietario frente a agrupaciones autodenominadas sociales.

Si queremos vivienda social, paguémosla entre todos

Este es probablemente el punto más importante.

Si una sociedad considera necesario proporcionar vivienda social a determinadas familias, puede hacerlo democráticamente.

Que el Estado construya vivienda con los impuestos que roba a las personas.

Que subsidie temporalmente alquileres a hogares vulnerables.

Que libere suelo.

Que elimine restricciones absurdas a la construcción.

Que facilite mayor oferta inmobiliaria.

Que establezca programas transparentes financiados mediante el presupuesto público.

Pero no llamemos “política social” a colocar el costo sobre el propietario cuya vivienda fue ocupada.

Si la política beneficia a la sociedad, debe financiarla la sociedad o los políticos?.

Convertir una propiedad privada en vivienda social de facto significa privatizar el costo de una decisión supuestamente colectiva.

Curiosa solidaridad aquella en la que todos somos solidarios utilizando la casa de otro.

Mises: propiedad no significa defender a los ricos

Ludwig von Mises llevó el argumento todavía más lejos. En Liberalismo, resumió provocativamente el programa liberal en una palabra: “propiedad”, entendida fundamentalmente como propiedad privada de los medios de producción.

Pero Mises hizo una precisión que suele desaparecer del debate: el liberalismo no defiende la propiedad privada simplemente para beneficiar a los propietarios. La defiende porque considera que una economía organizada sobre derechos de propiedad genera cooperación, inversión y mayores niveles de producción. 

Aplicado a la vivienda, el razonamiento económico resulta bastante claro.

Si construir o alquilar implica un riesgo creciente de no recuperar el inmueble, cambia el cálculo económico del propietario.

Algunos exigirán mayores garantías.

Otros incorporarán ese riesgo al alquiler.

Otros retirarán sus viviendas del mercado.

Y potenciales inversionistas pueden decidir construir en otra actividad o jurisdicción.

La inseguridad jurídica tiene precio.

Y muchas veces termina pagándolo precisamente quien busca vivienda.

Una casa vacía continúa teniendo propietario

Otro argumento frecuente sostiene que una vivienda vacía estaría socialmente “desperdiciada”.

Puede estarlo.

Pero nuevamente debemos preguntarnos quién decide.

Un automóvil utilizado solamente los fines de semana pasa la mayor parte del tiempo estacionado. Una habitación de nuestra casa puede permanecer vacía. Una parcela puede no estar siendo explotada con su máxima productividad.

Si el criterio para conservar una propiedad fuese demostrar constantemente que estamos haciendo con ella el uso que otra persona considera socialmente óptimo, ya no tendríamos auténtica propiedad privada, sino una concesión condicionada por terceros.

Eso no significa que la propiedad carezca de límites. Ningún liberalismo jurídicamente serio sostiene que poseer algo autorice a contaminar la propiedad vecina, incumplir contratos o causar daños a terceros.

Significa algo diferente: las restricciones necesitan reglas generales, procedimientos legales y garantías.

La solidaridad no requiere destruir la propiedad

Una persona desalojada con niños merece una respuesta humanitaria.

Una familia sin vivienda merece políticas públicas eficaces.

Un propietario también merece que su casa continúe siendo suya.

Estas afirmaciones no son contradictorias.

El error comienza cuando convertimos al propietario en responsable individual de solucionar un problema social que corresponde a toda la comunidad.

Bastiat entendió perfectamente esa frontera cuando vinculó personalidad, libertad y propiedad, considerando la ley como organización colectiva de la legítima defensa de esos derechos. 

La tradición liberal contiene aquí una enseñanza extraordinariamente vigente.

Ayudar al necesitado no requiere entregar lo ajeno.

El Estado puede construir vivienda social. Puede proporcionar asistencia. Puede crear mejores condiciones para que aumente la oferta. Puede proteger a familias vulnerables.

Pero el derecho a recibir ayuda para acceder a una vivienda no puede convertirse silenciosamente en derecho a quedarse con la vivienda de otro.

Porque una sociedad donde la propiedad solamente se respeta mientras nadie manifieste necesitarla más que su propietario no ha descubierto una forma superior de solidaridad.

Ha convertido la propiedad en algo provisional.

Y cuando nadie puede estar seguro de conservar aquello que legítimamente adquiere, trabaja, ahorra o construye, el problema ya no afecta únicamente a los propietarios.

Afecta a la libertad de todos.

¿Debe una sociedad resolver la escasez de vivienda debilitando la propiedad privada o aumentando las oportunidades para acceder a ella? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre vivienda, libertad y propiedad.

Read More