Inmigración, votos y ciudadanía

 

La inmigración no debería analizarse desde el odio ni desde la ingenuidad. Ese es el primer punto. Un país serio puede recibir extranjeros, integrarlos, aprovechar su trabajo y respetar su dignidad. Pero también tiene el derecho —y el deber— de proteger sus fronteras, ordenar sus servicios públicos y priorizar a sus ciudadanos y residentes legales. El problema aparece cuando la política migratoria deja de ser una política de Estado y se convierte en una estrategia electoral como lo vienen haciendo los países que se denominan progresistas: abrir puertas, regularizar masivamente y ampliar derechos sociales con la esperanza de convertir dependencia en votos para la política.

En Reino Unido, bajo el gobierno laborista de Keir Starmer, es un mal ejemplo, se habla de “restaurar el control” migratorio ante la pérdida de respaldo en elecciones seccionales. De hecho, el propio gobierno publicó en 2025 un libro blanco para reducir la migración neta y endurecer reglas del sistema migratorio. Pero esa reacción llega después de años de desorden en donde los inmigrantes árabes de confesión musulmana han tomado escuelas, alcaldías e iglesias sin respeto a la ley original, dmeuestra que hay un cambio radical en el imperio: en el año terminado en junio de 2025, la inmigración de largo plazo hacia Reino Unido fue estimada en 898.000 personas, y el 75% correspondió a nacionales no pertenecientes a la UE; aunque la migración neta bajó, el volumen sigue siendo políticamente explosivo con aumento del gasto público financiado por los trabajadores.

El caso británico es especialmente sensible porque la presión migratoria irregular se ha vuelto símbolo de pérdida de autoridad estatal, la Sharia se abre paso en muchos barrios musulmanes de inmigrantes. En 2025, unas 41.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha, representando cerca del 89% de las entradas irregulares detectadas; además, desde 2018, el 95% de quienes llegaron por esa vía solicitaron asilo (todos dicen que vienen de países en guerra o que los quieren matar). No se trata solo de números: se trata de la señal política que recibe el ciudadano común cuando ve que entrar irregularmente puede terminar en permanencia, asistencia y trámite administrativo con grandes beneficios sociales pagados por los que pagan realmente impuestos. 

En España, Pedro Sánchez ha llevado esta lógica a un terreno todavía más radical. El Gobierno aprobó un nuevo Reglamento de Extranjería que amplía vías de regularización por arraigo, reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia exigido en ciertos casos y estima que podrían regularizarse unas 300.000 personas cada año durante tres años. Además, en 2026 se abrió una regularización extraordinaria para extranjeros que hubieran solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026 o que estuvieran en situación irregular y hubieran llegado antes de esa fecha, siempre que cumplieran requisitos básicos. Hasta ahora se puede verificar el gran aporte de esta inmigración de preferencia arabe a la seguridad social o al crecimiento económico del país.

El dato demográfico español confirma la magnitud del cambio: a 1 de enero de 2025 había 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero, y el 24,4% de ellos había llegado en los dos años anteriores. Es decir, no estamos ante un fenómeno marginal, sino ante una transformación acelerada de la composición social del país, en poco tiempo España se quedará sin españoles de origen. Al mismo tiempo, en 2024, 252.476 residentes extranjeros adquirieron la nacionalidad española, cifra que creció 5,1% respecto al año anterior. 

Aquí un punto incómodo: la relación entre inmigración y voto. No todo migrante vota, y decir lo contrario sería falso. Pero los sistemas políticos sí crean rutas hacia derechos políticos. En Reino Unido, pueden registrarse para votar ciudadanos británicos, irlandeses, ciertos ciudadanos de la Commonwealth y, en determinadas elecciones, ciudadanos de la UE o extranjeros calificados según la nación del Reino Unido. En España, los ciudadanos de la UE residentes pueden votar en municipales si cumplen requisitos, y también ciertos extranjeros de países con acuerdos de reciprocidad; además, la nacionalización convierte al antiguo extranjero en elector pleno y más aún cuando el PSOE que gobierna pierde 500 mil votantes según encuestas preliminares.

Cuando un gobierno flexibiliza la regularización, amplía permisos, multiplica ayudas y evita discutir costos reales en vivienda, salud, empleo, educación y seguridad, no está haciendo humanismo; está fabricando clientela política (votos). El ciudadano legal termina pagando impuestos para sostener un sistema que, muchas veces, no le devuelve servicios de calidad. Se le exige solidaridad, pero se le niega prioridad. Se le llama xenófobo si pregunta por el costo fiscal. Se le acusa de insensible si pide control fronterizo. Esa manipulación moral es típica de la izquierda gobernante: convierte el debate público en culpa, no en razón.

Esto no significa culpar al inmigrante. Muchos llegan a trabajar, aportar y escapar de Estados fallidos. La responsabilidad principal es de los gobiernos que usan la migración como sustituto de la política económica, la natalidad, la productividad y la seguridad. En lugar de formar trabajadores nacionales, mejorar salarios, reducir impuestos y ordenar el Estado, prefieren importar población, regularizarla y presentarse como salvadores.

Esto al final es sencillo, una nación que no distingue entre compasión y desorden termina debilitándose. La inmigración legal, selectiva, productiva e integrada puede ser positiva. La inmigración masiva, descontrolada y políticamente administrada para ganar simpatías electorales es otra cosa. Eso ya no es solidaridad; es ingeniería electoral. Y cuando el voto se vuelve más importante que el ciudadano, la democracia deja de representar a la nación y empieza a administrar su reemplazo político.

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Fallos del mercado o fallos del Estado: ¿quién asume los costos?

Dr. Emmanuel Borgucci y Dr. Armando Urdaneta

Ambos, mercado y Estado, constituyen mecanismos inherentemente imperfectos de coordinación económica, cada uno sujeto a limitaciones estructurales propias. Sin embargo, buena parte del debate contemporáneo sigue formulándose en términos dicotómicos más mercado o más Estado, como si la solución residiera en la sustitución de uno por el otro. Esta simplificación no es menor, ya que condiciona la forma en que se interpretan los problemas y se diseñan las respuestas de política.

En este contexto, el argumento que suele presentarse en el debate público parte, en efecto, de tensiones reales, pero con frecuencia incurre en un problema analítico más profundo: la mezcla de planos distintos. Al no distinguir entre tipos de fallos, niveles de análisis e incentivos institucionales, se termina derivando en interpretaciones excesivamente deterministas, donde los resultados parecen inevitables y las alternativas quedan artificialmente restringidas.

Desde una perspectiva analítica, conviene reconocer que los problemas económicos no derivan exclusivamente de fallos de mercado. Externalidades, asimetrías de información o estructuras de poder de mercado son, en muchos casos, invocados como fundamento y no pocas veces como pretexto para la intervención pública. 

Sin embargo, la literatura moderna, en particular la teoría de la elección pública, ha mostrado con claridad que el Estado no es un corrector neutral ni omnisciente, sino un actor sujeto a fallos sistemáticos: captura regulatoria, incentivos políticos de corto plazo y severas limitaciones en la implementación de políticas. A diferencia del mercado, donde los errores tienden a disciplinarse a través de pérdidas y salida de los agentes económicos ineficientes; las fallas del Estado suelen persistir y expandirse, al carecer de mecanismos equivalentes de corrección. En consecuencia, no existe una solución institucional “pura”; pero sí resulta evidente que ambos mercado y Estado operan bajo restricciones estructurales de naturaleza distinta, con implicaciones muy diferentes en términos de responsabilidad y ajuste.

En este contexto, la contribución de Mancur Olson resulta especialmente relevante. Su análisis de la acción colectiva evidencia que, en grupos amplios, los incentivos para la participación son limitados, lo que favorece la aparición de comportamientos como el polizón y la consolidación de grupos de interés organizados. Este fenómeno ayuda a explicar por qué determinadas políticas públicas pueden desviarse de sus objetivos iniciales o ser capturadas por intereses específicos. No obstante, este diagnóstico no implica que toda intervención estatal sea ineficiente, sino que su desempeño depende críticamente del diseño institucional.

Una dimensión adicional del debate se encuentra en la tensión entre universalismo y focalización en la política social. Los programas universales tienden a generar mayor apoyo político y estabilidad, mientras que los esquemas focalizados pueden resultar más eficientes desde el punto de vista fiscal, aunque enfrentan problemas de legitimidad. Sin embargo, reducir los problemas fiscales a esta dicotomía resulta insuficiente. Factores como la estructura de financiamiento, la calidad del gasto y los efectos sobre el crecimiento económico son igualmente determinantes.

Desde una perspectiva histórica, las reformas impulsadas en el Reino Unido a comienzos del siglo XX por H. H. Asquith y David Lloyd George constituyen algunos de los primeros intentos de compatibilizar políticas sociales con disciplina fiscal. Entre las medidas más relevantes destacan la introducción de pensiones para adultos mayores mediante la Old Age Pensions Act (1908), la creación de seguros sociales obligatorios frente a enfermedad y desempleo con la National Insurance Act (1911), y una reforma tributaria progresiva conocida como el People’s Budget de 1909 orientada a financiar estos programas sin abandonar criterios de sostenibilidad fiscal.

No obstante, dichas experiencias se desarrollaron en contextos económicos y demográficos significativamente distintos a los actuales con poblaciones más jóvenes, menor presión sobre los sistemas de bienestar y un alcance más limitado de la intervención estatal, lo que reduce la validez de comparaciones directas con los desafíos contemporáneos.

Ahora bien, más allá de estas consideraciones, existe una dimensión que permite articular el análisis de manera más precisa: la distribución de los costos cuando se producen errores. Cuando el Estado falla, los costos tienden a socializarse a través de impuestos, endeudamiento o inflación. Las decisiones públicas generan consecuencias que recaen sobre el conjunto de los contribuyentes, independientemente de su participación en dichas decisiones.

En contraste, en contextos de mercado relativamente competitivos, los errores empresariales tienden a internalizarse. Las decisiones incorrectas se traducen en pérdidas patrimoniales, quiebras o salida del mercado, lo que constituye un mecanismo disciplinador relevante. Sin embargo, esta característica no es universal. La existencia de externalidades, poder de mercado o riesgo sistémico puede dar lugar a situaciones en las que los costos de decisiones privadas también se trasladan a la sociedad. Las crisis financieras constituyen un ejemplo ilustrativo de este fenómeno.

Por tanto, la distinción entre mercado y Estado no puede formularse en términos absolutos, sino como una diferencia en los mecanismos predominantes de asignación de costos y responsabilidades. Mientras que el mercado tiende, bajo ciertas condiciones, a concentrar las consecuencias de los errores en quienes los generan, el Estado presenta una mayor propensión a distribuir dichos costos de manera difusa.

Por tal motivo, es relevante subrayar que no todas las intervenciones públicas responden a los mismos incentivos ni producen resultados homogéneos. Existen ámbitos como la provisión de bienes públicos o la corrección de externalidades donde la intervención estatal resulta difícilmente sustituible, pero su efectividad depende de la calidad institucional y del diseño de las políticas.

En este sentido, los problemas fiscales y de desempeño de las políticas públicas no pueden atribuirse exclusivamente al tamaño del Estado o a la lógica electoral, sino a una combinación de factores que incluyen instituciones débiles, diseños inadecuados y fallos persistentes en la acción estatal.

Finalmente, la referencia a Platón permite situar el debate en una dimensión normativa más amplia. La idea de un gobierno guiado por el conocimiento contrasta con la realidad de las democracias contemporáneas, caracterizadas por información imperfecta, incentivos electorales y limitaciones en la toma de decisiones colectivas. Este contraste no invalida el sistema, pero sí refuerza la importancia del diseño institucional.

Por ello, el problema central no radica en determinar si el mercado o el Estado fallan ambos lo hacen, sino en comprender quién asume los costos de esos fallos y bajo qué condiciones pueden minimizarse. El desafío analítico y normativo consiste, por tanto, en diseñar arreglos institucionales que limiten la socialización ineficiente de pérdidas y fortalezcan los mecanismos de responsabilidad en ambos ámbitos.

Lee el artículo completo y decide con evidencia: ¿debe pagar la sociedad los errores del poder político?

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Desdolarización: entre la retórica política y la realidad empírica”

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

En los últimos años, diversos sectores políticos y académicos en América Latina han sostenido con notable entusiasmo la inminente erosión del dominio del dólar estadounidense en el sistema financiero internacional. Sin embargo, más allá de las aspiraciones ideológicas, la evidencia empírica disponible sugiere que tales pronósticos han sido, cuando menos, prematuros.

En primer lugar, la preferencia por activos denominados en dólares se intensifica en contextos de incertidumbre financiera. Los flujos de capital continúan dirigiéndose hacia el mercado estadounidense, particularmente hacia instrumentos de renta variable que integran índices como el Dow Jones, S&P 500 y el NASDAQ Composite, así como hacia bonos del Tesoro. Esto refleja una dinámica clásica de “flight to quality”.

A pesar de episodios de corrección en los mercados bursátiles, la tendencia predominante sigue siendo alcista, lo que sugiere ausencia de un quiebre estructural. Desde el punto de vista microeconómico, el incremento en los precios de las acciones responde a un exceso de demanda sobre la oferta, aunque también está influido por expectativas de beneficios futuros y condiciones de liquidez global.

En el ámbito cambiario, tanto el euro como el yuan chino han mostrado una relativa estabilidad frente al dólar, con episodios de depreciación marginal. Esto puede atribuirse, entre otros factores, a diferenciales en política monetaria, particularmente a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos en comparación con el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China.

Por ello, lejos de debilitarse, el dólar ha mantenido e incluso reforzado su posición como principal moneda de reserva, medio de intercambio y unidad de cuenta a nivel global. Según datos del Fondo Monetario Internacional, aproximadamente el ¨58–59% de las reservas internacionales mundiales están denominadas en dólares (2024–2025), muy por encima del euro (~20%) y del yuan (<3%).

En contextos de incertidumbre financiera, los flujos de capital continúan dirigiéndose hacia activos denominados en dólares. Este comportamiento, conocido como “flight to quality”, se refleja en la fuerte demanda de bonos del Tesoro estadounidense. De acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, el mercado de Treasuries supera los 25 billones de dólares, constituyendo el activo seguro más grande y líquido del mundo.

Desde una perspectiva cambiaria, el predominio del dólar es aún más evidente. The Bank for International Settlements (BIS) estima que el dólar participa en cerca del 88–90% de todas las transacciones del mercado cambiario global (FX). Este dato no implica dominio unilateral, pero sí confirma su rol central como moneda de intermediación global.

Asimismo, el rol del dólar en el comercio internacional continúa siendo dominante. Datos de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) indican que el dólar representa aproximadamente el 48–55% de los pagos internacionales (2024–2025), superando ampliamente al euro (~20%) y al yuan (~4–5%).

En términos de financiamiento global, la evidencia es igualmente contundente. Según The Bank for International Settlements (BIS), alrededor del 60% de la deuda internacional emitida está denominada en dólares, lo que refleja la preferencia de gobiernos y corporaciones por esta moneda. A su vez, cerca del 50% del comercio global está facturado en dólares, incluso entre países que no lo utilizan como moneda doméstica.

En este contexto, las narrativas sobre una inminente desdolarización global parecen responder más a aspiraciones políticas que a transformaciones efectivas del sistema financiero internacional. Si bien existen iniciativas impulsadas por economías emergentes para diversificar el uso de monedas incluyendo acuerdos bilaterales y mecanismos alternativos de pago, estas aún no configuran un desafío sistémico capaz de alterar el equilibrio vigente.

En definitiva, el orden monetario internacional sigue girando en torno al dólar estadounidense. Y aunque resulte incómodo para ciertos discursos, la realidad empírica respaldada por datos de organismos internacionales sugiere que, por ahora, la desdolarización sigue siendo más una consigna que una tendencia consolidada.

Antes de repetir consignas sobre el fin del dólar, conviene mirar los datos. Comparte este análisis y ayúdanos a desmontar los relatos económicos que confunden ideología con realidad.

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La expropiación no crea viviendas ni riquezas: destruye confianza, inversión y empleo

 

La vieja tentación de la izquierda española vuelve con el mismo disfraz moral de siempre: “quitar” o castigar severamente a quienes poseen más de una vivienda para, supuestamente, favorecer a quienes no tienen casa. El clima político cada vez más agresivo contra la propiedad privada por parte de dirigentes que acumulan muchas casas, hace que sea risible esa propuesta. Izquierda Unida ha defendido explorar expropiaciones sobre viviendas en desuso de bancos y fondos de inversión; Gabriel Rufián ha planteado que “a partir de la segunda vivienda” deberían aplicarse impuestos muy elevados; y desde Más Madrid se han escuchado discursos abiertamente favorables a “freír a impuestos” y expropiar a quienes acumulen viviendas.

El argumento suena noble y emociona a los sin casa: combatir la especulación, garantizar vivienda, proteger al pobre. Pero la economía no funciona con consignas. Si el Estado convierte al propietario en enemigo público, es miuy simple, el primer efecto no es que aparezcan más casas; el primer efecto es que desaparece la confianza. Y sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay construcción, sin construcción no hay empleo y sin nueva oferta los precios terminan subiendo.

España y los países en el mundo, no necesitan menos propietarios; necesitan más viviendas disponibles, más suelo habilitado, menos trabas urbanísticas, seguridad jurídica y un mercado de alquiler que no trate al arrendador como sospechoso. La construcción no es una actividad menor: a cierre de 2025 concentraba alrededor de 1,56 millones de ocupados y cerca del 7% del empleo en España, según datos difundidos por Randstad con base en estadísticas laborales. Golpear la propiedad inmobiliaria no solo afecta al “rico” imaginario que la izquierda usa como villano una y otra vez; afecta a albañiles, arquitectos, ferreterías, electricistas, transportistas, pequeños ahorradores y familias que compraron un piso como resguardo para su jubilación.

La historia es clara. En Berlín, el famoso control de alquileres congeló rentas desde 2020, pero fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional alemán en 2021. La medida generó incertidumbre, contratos con “rentas sombra” y desincentivos a la oferta. En Alemania, incluso cuando se discute extender controles, el propio sector inmobiliario advierte que esos límites frenan inversión y construcción; en 2024 se terminaron 251.900 apartamentos, muy por debajo del objetivo oficial de 400.000 anuales.

Cataluña ofrece una advertencia más cercana. Estudios sobre el control de alquileres de 2020 encontraron reducciones moderadas en precios, pero también efectos perversos: las viviendas más caras bajaron, mientras las más baratas tendieron a encarecerse al acercarse al techo permitido; otro informe estimó una caída de oferta cercana al 10%. Incluso la evidencia más favorable reconoce rebajas de apenas 4% a 6% y abre el debate sobre efectos posteriores en disponibilidad.

Argentina también lo vivió. La Ley de Alquileres de 2020, hecha para “proteger” al inquilino, terminó generando escasez, informalidad y retiro de inmuebles del mercado. En Buenos Aires, Reporte Inmobiliario estimó una caída de 63% en la oferta de alquileres respecto al período previo a la ley. El resultado fue el clásico fracaso intervencionista: se quiso abaratar por decreto y se terminó reduciendo la cantidad de viviendas disponibles.

Suecia, tantas veces usada como vitrina socialdemócrata, muestra otro costo: controles extensos de alquiler y listas de espera interminables. Estudios sobre Estocolmo describen un sistema con largas colas y asignación rígida; una investigación publicada en Journal of Public Economics señala que el acceso a un contrato regulado puede reducir ingreso laboral y empleo, reflejando distorsiones reales en movilidad y decisiones económicas.

Y cuando la izquierda cruza de la regulación a la expropiación abierta, el daño es más profundo. Venezuela no destruyó su economía por casualidad: su hostilidad hacia los mercados y la propiedad privada debilitó el aparato productivo interno. El Economics Observatory resume que el intervencionismo, los controles y la agresión contra la propiedad privada terminaron paralizando sectores no petroleros. Zimbabwe ofrece otra lección brutal: la reforma agraria forzosa de Mugabe confiscó miles de granjas, hundió exportaciones agrícolas y fue seguida de colapso económico e hiperinflación.

La vivienda es un problema real. Negarlo sería absurdo. Pero la solución no es expropiar, castigar ni convertir el ahorro familiar en delito moral. La solución seria pasa por construir más, liberar suelo, reducir burocracia, proteger contratos, sancionar la ocupación ilegal, focalizar subsidios en familias vulnerables y ampliar vivienda social sin destruir el mercado privado.

La izquierda vende la expropiación como justicia. En realidad, es una fábrica de escasez. Promete casas para todos, pero termina produciendo menos casas, más miedo, menos empleo y más dependencia del político. La propiedad privada no es un capricho burgués: es la base de la inversión, del crédito, del ahorro y de la libertad personal. Cuando el Estado puede decidir cuántas viviendas son “demasiadas”, mañana también decidirá cuánto ingreso es “demasiado”, cuánto ahorro es “injusto” y cuánta libertad puede tolerar.

Antes de aplaudir una expropiación, pregúntese algo sencillo: si mañana el Estado puede quitarle la casa a otro, ¿qué le impedirá venir después por la suya?

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Populismo y dinero ajeno

 

Hay una mentira política que ha funcionado durante décadas en América Latina: hacerle creer al ciudadano que el gobierno “le da gratis” educación, salud, becas, bonos, carreteras, viviendas o medicinas. La frase parece noble, pero es profundamente tramposa. El gobierno no produce riqueza por arte de magia. El gobierno toma recursos de la sociedad mediante impuestos, deuda, renta petrolera, renta minera o emisión monetaria. Luego devuelve una parte, la envuelve en propaganda, le pone rostro de líder salvador y exige gratitud política.

Ese es el verdadero pensamiento mágico fiscal: creer que el dinero público pertenece al gobernante y no al contribuyente. Es una ilusión colectiva muy útil para el populismo, especialmente para la izquierda latinoamericana, que ha convertido el gasto público en una herramienta de control emocional. No se trata solo de administrar recursos; se trata de construir dependencia psicológica.

Desde la psicología de masas, el mecanismo es claro. Primero, se instala una narrativa de víctima: “el pueblo ha sido abandonado”. Luego aparece el redentor: “el líder sí piensa en ustedes”. Después llega el beneficio: bono, beca, medicina, obra pública, subsidio. Finalmente viene la deuda emocional: “si no votas por nosotros, perderás lo que te damos” "perderán sus derechos". Así se reemplaza ciudadanía por clientelismo. El ciudadano deja de preguntarse si el gasto es sostenible y empieza a sentir miedo de perder el favor del Estado.

El populismo entiende muy bien la conducta humana. Sabe que muchas personas valoran más el beneficio inmediato que el costo futuro. Un bono entregado hoy pesa más psicológicamente que una deuda que explotará en diez años. Una carretera inaugurada con cadenas nacionales se recuerda más que el déficit fiscal que la financió. Una beca con foto oficial genera más emoción que el impuesto que la pagó. El resultado es una sociedad entrenada para agradecer al político, no para exigirle cuentas.

Venezuela es el ejemplo más brutal. Durante años, el chavismo usó la renta petrolera para fabricar la imagen de un Estado generoso e invencible. Misiones, subsidios, controles de precios y gasto masivo fueron presentados como justicia social. Pero cuando se desplomó la capacidad productiva y fiscal, el espejismo se rompió. La economía venezolana terminó atrapada en déficit, colapso petrolero, emisión monetaria e hiperinflación, con consecuencias sociales devastadoras.

Ecuador también vivió su versión de esa ilusión durante la bonanza petrolera en el Correato. El gasto público creció de manera acelerada después de 2007, financiado por ingresos petroleros, deuda y expansión estatal. El Banco Mundial señala que el sector público no financiero pasó de representar 21% del PIB en 2006 a 43% en 2014; además, el déficit llegó a cerca de 5% del PIB en 2013-2014 y la deuda pública se duplicó entre 2010 y 2014. Hubo obras, sí; pero también rigidez fiscal, menor espacio de maniobra y dependencia del endeudamiento.

Argentina ofrece otro caso clásico. El kirchnerismo aprovechó el ciclo favorable de commodities para sostener subsidios, transferencias y una narrativa de redistribución permanente. El problema apareció cuando el financiamiento dejó de acompañar ese modelo. La inflación, los subsidios difíciles de desmontar, el déficit fiscal y la fragilidad macroeconómica revelaron que el “modelo nacional y popular Peronista y Kirchnerista” no era magia distributiva, sino gasto político financiado con recursos que se agotaban.

Bolivia, bajo el MAS de Evo Morales y Luis Arce, también se benefició del ciclo del gas. Durante años se vendió la idea de un Estado fuerte, soberano y redistribuidor. Pero la caída de ingresos por hidrocarburos, el deterioro de reservas internacionales y los déficits fiscales mostraron que la bonanza no era eterna. El FMI advirtió sobre déficits de cuenta corriente financiados mediante reducción de reservas, y Reuters reportó la caída de la producción de gas desde 2016 hasta 2023.

La pregunta de fondo no es si un Estado debe invertir en salud, educación o infraestructura. Claro que debe hacerlo. La pregunta seria es otra: ¿con qué recursos?, ¿con qué eficiencia?, ¿con qué sostenibilidad?, ¿con qué transparencia?, ¿con qué resultados? La izquierda populista evita esas preguntas porque rompen el hechizo. Prefiere hablar de derechos sin hablar de costos, de justicia sin hablar de productividad, de pueblo sin hablar de contribuyentes.

El daño más grande de esta mentalidad no es solo económico; es moral y cultural. Enseña que recibir es más importante que producir. Que exigir al Estado es más digno que crear riqueza. Que el político que reparte merece obediencia. Y que todo ajuste fiscal es crueldad de la derecha, aunque el despilfarro previo haya sido irresponsablemente creado por la benevolente izquierda revolucionaria progresista.

Los pueblos maduros entienden que nada es gratis. Los pueblos manipulados creen que el gobierno regala. La diferencia entre ambos es enorme: unos construyen ciudadanía; otros fabrican dependencia. Y cuando la fantasía se acaba, siempre llega la misma factura: deuda, déficit, inflación, impuestos más altos y menos libertad.

Si queremos ciudadanos libres, hay que empezar por desmontar la mentira más cara de todas: el Estado no regala nada; administra dinero ajeno.

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¿Puede el Estado corregir al mercado sin agravar sus propios fallos? Una crítica ampliada a la visión de Stiglitz

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel.

En los últimos años, economistas como Joseph Stiglitz han ganado protagonismo en el debate público al advertir sobre una creciente concentración de la riqueza a nivel global. La afirmación reciente de que el 1 % más rico ha capturado una parte desproporcionada del crecimiento económico ha servido como base para promover una agenda de mayor intervención estatal: impuestos más progresivos, regulación más estricta y políticas redistributivas más ambiciosas. Sin embargo, aunque este diagnóstico parte de fenómenos reales, la prescripción política que se deriva de él merece un análisis más riguroso.

El núcleo del argumento de Stiglitz se sustenta en la existencia de “fallos del mercado”: monopolios, externalidades, desigualdad y, especialmente, asimetrías de información. Desde esta perspectiva, el mercado no es un mecanismo perfecto de asignación de recursos, por lo que requiere correcciones institucionales. No obstante, este enfoque incurre en una omisión relevante: la subestimación sistemática de los fallos del Estado.

La teoría de la elección pública ha mostrado que el Estado no es un ente benevolente ni omnisciente. Los actores políticos legisladores, burócratas, reguladores responden mayoritariamente a incentivos propios, muchas veces vinculados a la reelección, al poder o a intereses particulares. Esto genera fenómenos como la captura regulatoria, donde las mismas industrias que deben ser reguladas influyen en las reglas del juego; o la asignación ineficiente del gasto público, donde los recursos se destinan más a objetivos políticos que a criterios de eficiencia o equidad.

En este contexto, la idea de que el Estado puede corregir los fallos del mercado sin introducir distorsiones adicionales resulta una utopía. De allí, que surja entonces una pregunta fundamental: ¿quién corrige los fallos del Estado? Si los problemas del mercado justifican intervención, los problemas del Estado deberían justificar cautela.

Un elemento central de esta crítica es el problema del conocimiento. Tal como argumentaron economistas de la tradición austriaca como Hayek y Mises, el conocimiento relevante para la toma de decisiones económicas está disperso entre millones de individuos. El sistema de precios, en un mercado libre, actúa como un mecanismo de coordinación que sintetiza esa información. Cuando el Estado interviene de manera significativa ya sea fijando precios, regulando sectores o redistribuyendo recursos corre el riesgo de distorsionar esas señales y generar asignaciones menos eficientes de recursos.

A esto se suma el problema de los incentivos. Las políticas redistributivas, especialmente cuando se intensifican, pueden alterar el comportamiento de los agentes económicos. Impuestos elevados sobre la renta, el capital o el patrimonio pueden desincentivar la inversión, la innovación y el emprendimiento. Si bien la redistribución busca corregir desigualdades, también puede reducir la creación de riqueza, afectando el crecimiento a largo plazo.

Otro aspecto frecuentemente ignorado es la heterogeneidad institucional entre países. Las propuestas de mayor intervención estatal pueden tener efectos distintos dependiendo de la calidad de la gestión Estatal. En economías con instituciones sólidas, bajos niveles de corrupción y alta capacidad administrativa, ciertas políticas pueden funcionar razonablemente bien. Sin embargo, en muchos países en desarrollo donde la presión fiscal ya es significativa el problema no es la falta de intervención, sino la baja calidad del gasto, la ineficiencia técnica y la baja calidad institucional. En estos contextos, ampliar el tamaño del Estado sin mejorar su funcionamiento puede agravar los problemas existentes.

Además, el énfasis en la redistribución suele dejar en segundo plano la importancia del crecimiento económico. La historia económica muestra que los mayores avances en reducción de pobreza han estado asociados a procesos de crecimiento sostenido impulsados por mercados relativamente libres. La redistribución puede aliviar desigualdades, pero difícilmente puede sustituir la generación de riqueza.

Esto no implica negar la existencia de desigualdad ni idealizar el funcionamiento de los mercados. La cuestión es reconocer que tanto el mercado como el Estado son instituciones imperfectas. El error radica en comparar un mercado real con un Estado idealizado. Un análisis más honesto exige comparar realidades: mercados con fallos frente a Estados con limitaciones estructurales.

Desde esta perspectiva, la propuesta de ampliar la intervención estatal como solución generalizada a la desigualdad resulta incompleta. No porque carezca de fundamentos, sino porque ignora los costos asociados a dicha intervención. El problema no es solo identificar fallos, sino entender las consecuencias de intentar corregirlos.

En última instancia, el debate no debería reducirse a una dicotomía entre “más Estado” o “más mercado”. La verdadera cuestión es cómo diseñar instituciones que minimicen los fallos de ambos sistemas. Esto implica reconocer los límites del conocimiento centralizado, respetar los mecanismos de coordinación del mercado y, al mismo tiempo, establecer marcos institucionales que eviten abusos, fomenten la competencia y garanticen igualdad de oportunidades.

La desigualdad es, sin duda, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pero su solución no puede basarse únicamente en una mayor intervención estatal. Requiere una comprensión más equilibrada de los incentivos, la información y las limitaciones institucionales. Solo así será posible avanzar hacia un sistema económico que combine eficiencia y equidad sin sacrificar una por la otra.

¿Y usted qué piensa: el Estado corrige los fallos del mercado o muchas veces termina profundizándolos? Lea, comparta y súmese al debate.

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Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e Internacional Socialista: el mismo perro con diferente collar

 

De qué estamos hablando realmente

Todos estos nombres altisonantes son redes de coordinación de la izquierda, del progresismo y de la socialdemocracia internacional. El Foro de São Paulo nació en julio de 1990 por iniciativa de Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva, con convocatoria del PT brasileño, para reagrupar a la izquierda latinoamericana tras la caída del bloque soviético y frente al avance del siempre enemigo eterno al que denominan "neoliberalismo". El Grupo de Puebla se fundó el 12 de julio de 2019 en Puebla como espacio de articulación de líderes progresistas que actúan, según su propia definición, “a título personal”. Y finalmente la Internacional Socialista, en cambio, es una estructura mucho más antigua y formal: fue fundada en 1951 y se define como una asociación mundial de partidos que buscan el socialismo democrático.

Qué objetivo persiguen

El Foro de São Paulo persigue, desde su origen, el financiamiento y la defensa política de los partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe. Su lenguaje histórico combina antiimperialismo, integración regional, resistencia al neoliberalismo y solidaridad internacional entre fuerzas afines. No opera como un partido único ni como un gobierno supranacional, pero sí como una plataforma de convergencia política que tiene voceros en todos los países de AL.

El Grupo de Puebla tiene un objetivo más renovado y mediático ante el desgaste del FDSP: articular una narrativa progresista iberoamericana, intervenir en debates públicos, denunciar el llamado lawfare, producir manifiestos, y empujar coordinación política, jurídica y parlamentaria. De hecho, el propio grupo impulsó el CLAJUD para combatir lo que define como judicialización de la política, y en 2024 anunció una red parlamentaria para articular iniciativas legislativas en varios países.

La Internacional Socialista persigue algo distinto: mantener una red mundial estable de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas, coordinar posiciones comunes y proyectar una agenda internacional de libertad, justicia social y solidaridad. Su diferencia clave frente a los otros dos espacios es que su discurso institucional está mucho más amarrado al lenguaje del socialismo democrático y de la gobernanza multilateral.

Cómo se financian y qué tan transparentes son

La Internacional Socialista tiene un esquema de financiamiento explícito en sus estatutos: cuotas de afiliación de partidos miembros, contribuciones de organizaciones fraternales o asociadas y donaciones. Es, de los tres casos, el que presenta la arquitectura financiera más clara en su normativa pública.

En el caso del Grupo de Puebla, la información pública revisada muestra con claridad qué dice ser —un espacio independiente de líderes progresistas que participan a título personal—, pero no expone con el mismo nivel de detalle un sistema público de cuotas, donantes o estados financieros auditados en las páginas visibles consultadas. Tienen nula o baja transparencia pública verificable sobre su financiamiento institucional, aunque ellos exigen lo contrario al enemigo imperialista.

Con el Foro de São Paulo ocurre algo parecido o incluso más opaco. La documentación pública encontrada se concentra en declaraciones políticas, encuentros, comunicados y solidaridad internacional, pero no deja a la vista un esquema comparable de rendición financiera pública. 

Qué nivel de injerencia tienen realmente

Estas redes funcionan como un gobierno mundial clandestino con una cadena de mando perfecta. Su fuerza está en cinco frentes: coordinación de relato, legitimación internacional, contactos entre élites políticas, cobertura mediática afín y articulación jurídica o parlamentaria. 

El Foro de São Paulo ha demostrado capacidad de convocatoria regional e incluso extrarregional; ya en 2012 un encuentro del Foro reportaba 800 delegados de 100 partidos y organizaciones de 50 países, muchos de ellos vinculados a grupos terroristas españoles, nicaraguenses, colombianos, y arabes. 

El Grupo de Puebla tiene menos estructura partidaria orgánica, pero más capacidad de influencia narrativa. Reúne expresidentes, exministros, dirigentes y parlamentarios; ha construido redes como CLAJUD y el Grupo Parlamentario de Puebla; y ha intervenido públicamente en crisis nacionales, judiciales y diplomáticas. Su injerencia no suele ser burocrática: es discursiva, jurídica, simbólica y de lobby político regional. Arman delegaciones para presionar por la liberación de sus presos casi siempre vinculados a temas de corrupción o robo de dinero público como el caso de Ecuador con el ex vicepresidente Jorge Glas condenado con sentencia en firme.

La Internacional Socialista es la que tiene mayor alcance formal: agrupa actualmente a 132 partidos y organizaciones de todos los continentes y posee estatus consultivo en Naciones Unidas. Eso le da una plataforma global y un nivel de interlocución institucional que ni el Foro de São Paulo ni el Grupo de Puebla tienen.

Cómo promueven el socialismo mientras defienden gobiernos autoritarios

El mecanismo central no suele ser decir abiertamente “apoyamos la dictadura”, sino algo más eficaz: desplazar la discusión. En vez de centrarse en presos políticos, cierre del pluralismo, censura o fraude electoral, reencuadran el problema como “soberanía”, “antiimperialismo”, “bloqueo”, “no injerencia” o “lawfare”. Ese giro narrativo les permite defender aliados sin asumir el costo moral de defender abiertamente una autocracia.

El Grupo de Puebla es especialmente claro en esto. En su Manifiesto Progresista plantea “defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias” externas. Además, pidió que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran incluidos en la Cumbre de las Américas y expresó solidaridad con Cuba frente a sanciones, sin que ese énfasis venga acompañado de una condena equivalente y frontal a la represión interna de esos regímenes.

Ese respaldo es políticamente serio porque estamos hablando de gobiernos que hoy están ampliamente cuestionados por su carácter autoritario. Freedom House señala que Cuba es un Estado de partido único que prohíbe el pluralismo político; sostiene que Venezuela no funciona como democracia representativa; y Human Rights Watch documenta en Nicaragua represión sistemática, cierres de universidades y ONG, censura y despojo de nacionalidad. Además, V-Dem 2026 reporta que las autocracias cerradas han aumentado y ubica a regímenes como Cuba y Nicaragua entre los casos más duros de cierre autoritario.

El Foro de São Paulo también ofrece abundante evidencia de solidaridad con esos gobiernos. Su ecosistema oficial y afín ha difundido mensajes de apoyo a la Revolución Bolivariana y a Cuba, y en 2022 se reportó que su Grupo de Trabajo ratificó solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Históricamente, además, varias declaraciones del Foro han colocado a Venezuela en el centro de la “batalla” política regional.

Finalmente

Estas redes no necesitan controlar el mundo para ser influyentes. Les basta con algo más simple y más eficaz: coordinar élites, producir relato y aplicar un doble rasero moral. Cuando un abuso lo comete un adversario, hablan de fascismo, persecución y amenaza global; cuando lo comete un aliado de izquierda, hablan de soberanía, sanciones, imperialismo o guerra jurídica. Ahí está su verdadero poder: no en un mando único invisible, sino en la normalización selectiva del autoritarismo.

Si no quieres más propaganda disfrazada de democracia, comparte esta entrada y abre el debate con datos, no con consignas.

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