La izquierda vuelve a descubrir cómo destruir empleos

 

Impuesto global a los ricos

Hay ideas económicas que fracasan tantas veces que uno pensaría que terminarían jubilándose por vergüenza. Pero algunas propuestas de la izquierda poseen una admirable capacidad de supervivencia: cuando la realidad las derrota, simplemente cambian de nombre, organizan una conferencia internacional y vuelven a presentarlas como una innovación.

La última genialidad es un impuesto mínimo global del 2 % sobre el patrimonio de los multimillonarios, promovido por economistas como Gabriel Zucman, Thomas Piketty y Emmanuel Saez y respaldado políticamente desde distintos sectores de la izquierda internacional. La propuesta pretende que quienes poseen más de 1.000 millones de dólares paguen anualmente, como mínimo, el equivalente al 2 % de su patrimonio.

Suena fantástico si uno supone que las fortunas están guardadas en una gigantesca caja fuerte como la de Rico McPato y que solo es de meter la mano y sacar dinero

El pequeño inconveniente es que buena parte de esa riqueza está invertida en acciones, empresas, maquinaria, tecnología y capital productivo. Es decir: aquello que permite producir, invertir y contratar trabajadores. A pesar de estas explicaciones, ciertos sectores de la prensa insisten en incautar la fortuna a Elon Musk por ser muy trillonario. Claro, ninguno de los que pide este delito quiere poner de su dinero.

Un estudio elaborado por EY para Tholos Foundation y Americans for Tax Reform estimó qué ocurriría con semejante experimento fiscal. En su escenario de menor elusión, calcula que el PIB mundial podría reducirse aproximadamente en 80.000 millones de dólares anuales durante la primera década, mientras se perderían alrededor de dos millones de empleos. A largo plazo, la pérdida anual de producción alcanzaría unos 120.000 millones. 

Conviene aclararlo: se trata de una simulación económica, no de una profecía divina tallada en piedra. Pero el mecanismo que describe es perfectamente conocido y casi siempre sobrepasa las predicciones, sino revisen Venezuela.

Gravar el capital reduce su rentabilidad esperada. Menor rentabilidad puede significar menor inversión. Menor inversión implica menos capital por trabajador, menor productividad y, finalmente, menos crecimiento de salarios y empleo. Aunque ya hemos leído en Argentina que periodistas sueltos de lengua dicen que imprimir no produce inflación si los billetes se fabrican fuera de Argentina.

La izquierda suele responder que solamente pagarán “los ricos”.

Naturalmente. Porque aparentemente las empresas pueden pagar impuestos sin modificar inversiones, precios, salarios, dividendos o decisiones de localización. Una especie de árbol fiscal mágico donde el Estado recoge dinero y nadie cambia su comportamiento.

Europa ya probó el experimento

Lo divertido es que Europa no necesita imaginar qué puede ocurrir.

Durante décadas numerosos países europeos tuvieron impuestos recurrentes sobre el patrimonio. Austria lo eliminó en 1994; Dinamarca en 1997; Alemania en 1997; Finlandia, Islandia y Luxemburgo en 2006; Suecia en 2007. Francia sustituyó en 2018 su impuesto general sobre el patrimonio por otro concentrado fundamentalmente en activos inmobiliarios.

Y esto no lo afirma precisamente una asociación clandestina de empresarios enfadados.

La OCDE ha identificado entre las razones de esas reformas los riesgos de fuga de capitales, la evasión y elusión, los elevados costes administrativos y una recaudación relativamente reducida. La propia organización concluyó que existen argumentos limitados para mantener un impuesto sobre el patrimonio neto cuando ya funcionan adecuadamente los impuestos sobre las rentas del capital y las herencias. 

En otras palabras: varios países probaron el medicamento, descubrieron sus efectos secundarios y lo retiraron. Ahora algunos políticos proponen administrarlo simultáneamente a todo el planeta.

Eso sí que es aprender de la historia.

América Latina tampoco está vacunada contra la imaginación tributaria

En América Latina la tentación es especialmente peligrosa. Países con baja inversión, elevada informalidad, escasa productividad y mercados laborales frágiles actúan algunas veces como si su principal problema económico fuese precisamente que todavía queda demasiado capital privado disponible.

Colombia constituye un ejemplo reciente. Durante 2026 se aprobaron disposiciones extraordinarias que ampliaron la aplicación del impuesto al patrimonio incluso a determinadas personas jurídicas. 

El problema es conceptual: una empresa no es una bolsa inmóvil de dinero esperando ser confiscada. Compite por capital con empresas de otros países. Si un gobierno incrementa persistentemente el coste de invertir, el capital tiene alternativas: no invertir, reducir proyectos, trasladarse o exigir una rentabilidad mayor.

Y quienes no pueden mudarse a Miami, Madrid o Panamá son precisamente muchos trabajadores.

¿Y electoralmente funciona?

Tampoco necesariamente.

España ofrece un ejemplo interesante. Podemos apareció en las elecciones generales de 2015 convertido en fenómeno político y las candidaturas vinculadas al partido alcanzaron 69 diputados y más del 20 % de los votos. En abril de 2019 el espacio de Unidas Podemos descendió a 35 escaños y en noviembre de ese mismo año obtuvo nuevamente 35 en el conjunto de la coalición, mientras el peso parlamentario específicamente atribuible a Podemos siguió deteriorándose posteriormente. Para 2026 terminó siendo un recuerdo perdiendo todas las elecciones autónomicas en España.

Naturalmente, sería absurdo afirmar que ese descenso ocurrió exclusivamente por sus propuestas tributarias. Los partidos pierden votos por múltiples razones. Pero sí demuestra algo menos ambicioso y bastante incómodo: presentarse como representante exclusivo del pueblo mientras se ofrece cada vez más intervención estatal no garantiza que el pueblo continúe comprando el producto.

El capital no es el enemigo del trabajador

Aquí está el error fundamental.

La izquierda radical imagina una economía dividida entre empresarios que ganan y trabajadores que pierden. Pero sin acumulación de capital difícilmente existen nuevas fábricas, tecnología, maquinaria, emprendimientos o incrementos sostenidos de productividad.

Y sin productividad tampoco existen salarios elevados.

Por eso perseguir fiscalmente al capital hasta hacerlo emigrar puede producir una extraordinaria victoria ideológica: quizá finalmente haya menos millonarios dentro del país.

El pequeño problema será descubrir que también habrá menos inversión, menos empresas y menos empleos.

Pero siempre quedará algún político dispuesto a explicar que el fracaso ocurrió porque todavía no cobramos suficientes impuestos.

¿De verdad se combate la pobreza castigando a quienes invierten, crean empresas y generan empleo? Comparte esta entrada y súmate al debate sobre impuestos, inversión y libertad económica.

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Resultados PISA 2025 en América Latina: la evidencia de un fracaso educativo. Menos Estado en las escuelas, más libertad, competencia y resultados

 

Por Armando José Urdaneta Montiel.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 deberían obligar a América Latina a cuestionar seriamente la manera en que ha organizado sus sistemas educativos. No estamos frente a una dificultad coyuntural ni ante un problema que pueda solucionarse simplemente aumentando presupuestos. Estamos frente a una crisis de resultados que exige preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿tiene sentido continuar confiando la administración de buena parte de la educación a estructuras estatales altamente burocratizadas y susceptibles de politización?

Los resultados son preocupantes. América Latina continúa considerablemente rezagada respecto de los países de la OCDE y varias economías de la región experimentaron retrocesos o estancamientos. Argentina registró su peor resultado histórico en matemáticas desde que participa regularmente en PISA; México retrocedió en matemáticas y lectura; Brasil permanece prácticamente estancado y Chile también deterioró sus resultados en matemáticas y lectura.

Ecuador merece especial atención. Apenas el 20 % de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65 % del promedio de la OCDE. En lectura lo consiguió el 38 %, frente al 69 %, y en ciencias el 40 %, comparado con 74 % en la OCDE. Además, el país obtuvo resultados inferiores a los registrados en 2017 en las tres puntuaciones reportadas: pasó de 377 a 366 puntos en matemáticas, de 409 a 385 en lectura y de 399 a 393 en ciencias.

Estos resultados no demuestran por sí solos que la gestión estatal sea la causa del deterioro. Existen factores socioeconómicos, familiares y culturales que también afectan el aprendizaje. Pero sí deberían acabar con la complacencia respecto de sistemas en los cuales el Estado simultáneamente financia, administra, regula, supervisa y evalúa buena parte del sistema educativo.

El problema fundamental es de incentivos. Cuando la educación depende excesivamente de estructuras burocráticas, las decisiones dejan de responder exclusivamente a criterios pedagógicos y andragógicos  y comienzan a estar condicionadas por intereses políticos, administrativos, sindicales y presupuestarios. Los cargos pueden convertirse en espacios de negociación política; los recursos pueden distribuirse atendiendo a prioridades diferentes del desempeño académico; y las instituciones deficientes pueden continuar funcionando durante décadas sin enfrentar las consecuencias que tendría una organización incapaz de satisfacer a quienes utilizan sus servicios.

En un entorno competitivo, quien ofrece persistentemente un mal servicio pierde usuarios e ingresos. En muchos sistemas educativos ocurre lo contrario: instituciones con resultados deficientes continúan recibiendo estudiantes y presupuesto casi automáticamente. Esta situación genera un problema de moral Hazard (riesgo moral), pues al estar su financiamiento y continuidad escasamente vinculados al desempeño, se debilitan los incentivos para mejorar, innovar y corregir ineficiencias. Un sistema de vouchers asociado a evaluaciones anuales independientes introduciría mayor disciplina por resultados: el financiamiento seguiría al estudiante y las instituciones competirían por demostrar su capacidad efectiva para generar aprendizaje.

¿Por qué no cambiar radicalmente esa lógica?

El Estado no necesita administrar escuelas para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la educación. Financiar la educación y producir resultados son dos cosas completamente diferentes. Esta distinción, fundamental dentro del pensamiento liberal, permite plantearse un sistema en el cual las instituciones educativas sean autónomas, privadas, cooperativas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, mientras el Estado concentra su intervención en garantizar que ningún niño quede excluido por falta de recursos económicos.

Aquí adquiere relevancia el sistema de vouchers educativo. Las familias con capacidad económica podrían financiar directamente la educación de sus hijos. Aquellas que no dispongan de recursos suficientes recibirían un voucher financiado por el Estado. Pero ese dinero no debería entregarse automáticamente a una escuela determinada. El financiamiento acompañaría al estudiante y su familia decidiría dónde utilizarlo.

El principio puede resumirse de una manera sencilla: financiar al estudiante, no a la burocracia educativa. Esto introduciría un elemento prácticamente inexistente en muchos sistemas educativos latinoamericanos: competencia real por los estudiantes.

Pero la libertad de elección necesita información. Por ello, propongo complementar los vouchers con un Sistema Nacional Independiente de Evaluación de Saberes y Conocimientos, mediante pruebas estandarizadas realizadas anualmente a los estudiantes.

Matemáticas, comprensión lectora, ciencias, razonamiento lógico y otras competencias fundamentales deberían evaluarse mediante criterios homogéneos y verificables. Los resultados permitirían construir un ranking público nacional de instituciones educativas.  De esta manera, serían principalmente los resultados educativos y el valor añadido por cada institución, y no las conexiones políticas, los discursos ideológicos o la capacidad de presión de determinados grupos, los que determinarían su prestigio.

Las familias conocerían cuáles instituciones proveen una mejor calidad educativa. Y allí debería aparecer el segundo componente del sistema: los vouchers públicos podrían incorporar incentivos vinculados al desempeño. Las instituciones que demuestren persistentemente mejores resultados, especialmente aquellas capaces de generar grandes avances entre estudiantes procedentes de hogares vulnerables, podrían recibir una mayor ponderación dentro de los programas públicos de financiamiento.

No se trataría simplemente de entregar más dinero a quien obtiene la puntuación absoluta más alta. Eso podría terminar subsidiando diferencias socioeconómicas preexistentes. Se trataría de premiar calidad, progreso, eficiencia y capacidad efectiva de generar aprendizaje.

Una escuela que recibe estudiantes vulnerables y consigue elevar extraordinariamente sus conocimientos debería ser considerada una institución excelente, aunque su puntuación absoluta todavía resulte inferior a la de un establecimiento que recibe estudiantes provenientes de hogares privilegiados. 

La competencia haría el resto. Las mejores escuelas atraerían más estudiantes. Las instituciones exitosas tendrían incentivos para expandirse. Nuevos oferentes podrían ingresar al sistema reproduciendo modelos educativos exitosos. Las instituciones mediocres tendrían que innovar, cambiar profesores, modificar métodos pedagógicos y mejorar su administración. Y aquellas incapaces de producir resultados después de sucesivas evaluaciones deberían perder estudiantes y eventualmente salir del mercado educativo.

Ese mecanismo puede parecer duro, pero mucho más duro resulta condenar durante generaciones a niños de familias pobres a instituciones deficientes simplemente porque tuvieron la mala fortuna de nacer dentro de determinada jurisdicción educativa.

La propia OCDE reconoce que los defensores de la elección escolar sostienen que la competencia puede generar incentivos para que las instituciones respondan mejor a las necesidades de los estudiantes, y recoge investigaciones que encuentran efectos positivos moderados. También advierte sobre problemas reales de información, transporte, costos ocultos y desigualdad en la capacidad de elección. Precisamente por ello un modelo liberal serio no debe ignorar esos problemas: debería diseñar vouchers diferenciados para estudiantes vulnerables y garantizar información transparente sobre resultados.

La discusión tampoco consiste en despreciar a los docentes. Todo lo contrario. Un sistema competitivo permitiría que los buenos profesores fueran identificados, demandados y mejor remunerados. La excelencia docente dejaría de depender fundamentalmente de escalafones burocráticos, antigüedad o decisiones administrativas y estaría mucho más relacionada con competencias, desempeño y resultados.

El Estado conservaría funciones limitadas pero importantes: financiar mediante vouchers a quienes realmente lo necesiten, garantizar estándares básicos, proteger a los menores, impedir fraudes y asegurar que las evaluaciones nacionales sean independientes y técnicamente rigurosas. Lo que dejaría de hacer sería aquello para lo cual la experiencia latinoamericana ofrece demasiados motivos para desconfiar: pretender ser simultáneamente financiador, proveedor, administrador, regulador y juez de su propio desempeño.

Los resultados de PISA 2025 deberían servir como reflexión. PISA evalúa precisamente competencias de estudiantes de 15 años y permite comparar los resultados de más de 90 países y economías. No podemos continuar observando cada nueva evaluación, lamentándonos durante algunas semanas y posteriormente regresando al mismo modelo.

América Latina necesita introducir libertad de elección, competencia y responsabilidad por resultados en su educación.

Que el Estado ayude al estudiante que lo necesita, pero que sean las familias quienes elijan. Que el financiamiento siga al alumno. Que las pruebas anuales revelen quién realmente está enseñando. Que las buenas escuelas puedan crecer y las deficientes tengan que mejorar. Que los buenos docentes sean premiados. Y, sobre todo, que la educación deje de ser un espacio capturado por la política y vuelva a concentrarse en aquello que verdaderamente importa: que nuestros niños aprendan.

Después de décadas intentando reformar estructuras burocráticas que tienden a reproducir sus propias ineficiencias, ha llegado el momento de replantear el debate educativo. La pregunta ya no debería ser cuánto más Estado necesita la educación latinoamericana, sino cuánto espacio estamos dispuestos a devolver a la libertad de elección, la competencia y la responsabilidad por resultados. Por ello el verdadero desafío no es reformar una y otra vez el mismo modelo, sino en que medida podemos liberar del Estado al sistema educativo para devolverla a las familias y a la sociedad.

Si América Latina quiere mejores resultados educativos, debe dejar de financiar estructuras ineficientes y comenzar a financiar a los estudiantes. Comparte esta entrada y súmate al debate: más libertad de elección, más competencia y más responsabilidad por resultados.

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Mercado Libre y el extraño problema de la izquierda con quienes crean riqueza

 

Hay una curiosa paradoja en buena parte del pensamiento marxista latinoamericano. Durante décadas ha denunciado la pobreza produciendo bibliotecas enteras sobre ella, mientras que muchos empresarios (sin manifiestos revolucionarios, asambleas populares ni ministerios de planificación) simplemente se dedicaron a crear negocios capaces de generar ingresos para millones de personas.

El caso de Mercado Libre en Argentina resulta particularmente incómodo para ese relato.

La empresa fundada por Marcos Galperin no reparte riqueza previamente existente: construyó una infraestructura digital que permite crearla. Conecta compradores y vendedores, proporciona medios de pago, logística, crédito, publicidad y tecnología. Es decir, reduce algo que los economistas conocemos bastante bien: los costos de transacción.

Y aquí comienzan los problemas ideológicos.

Según información publicada por la propia compañía, más de 1,8 millones de familias latinoamericanas tienen a Mercado Libre como su principal fuente de ingresos, mientras su ecosistema facilita el comercio de más de 574.000 pequeñas y medianas empresas.

Curiosa manera de “explotar” a la sociedad: permitir que una pequeña empresa encuentre clientes que jamás habría alcanzado desde su local físico.

El capitalismo digital hace algo imperdonable: bajar las barreras de entrada

Antes de Internet, un pequeño comerciante necesitaba local, inventario, publicidad, sistemas de cobro y acceso físico a sus clientes.

Hoy puede comenzar con un teléfono.

Mercado Libre convirtió una gigantesca infraestructura tecnológica en una especie de capital disponible para miles de pequeños empresarios. El emprendedor no necesita construir su propia plataforma de pagos, desarrollar un sistema antifraude o instalar centros logísticos por América Latina.

La plataforma ya realizó esas inversiones.

Naturalmente, cobra por utilizarlas. Y aquí algún nostálgico de Marx podría descubrir horrorizado que estamos ante… un intercambio voluntario de servicios.

El comerciante paga porque espera obtener algo a cambio: acceso a clientes, infraestructura, seguridad, logística y reducción de costos.

Eso no significa que las plataformas sean perfectas. Las comisiones pueden ser discutidas, existe poder de mercado y deben existir reglas de competencia. Pero confundir regulación con destrucción del incentivo empresarial es una receta bastante latinoamericana para terminar regulando magníficamente mercados que dejaron de crecer.

Nubank: otro problema para el manual socialista

Brasil ofrece otro ejemplo extraordinario.

Nubank nació desafiando un sistema bancario tradicional caracterizado por elevados costos y fuertes barreras de entrada.

En 2024 alcanzó los 100 millones de clientes solamente en Brasil, equivalentes aproximadamente al 57 % de la población adulta del país.

Más interesante todavía: entre 2019 y 2023, alrededor de 20,7 millones de brasileños obtuvieron su primera tarjeta de crédito mediante Nubank, y el 43 % de ellos posteriormente también consiguió ahorrar dinero.

Aquí aparece nuevamente el problema conceptual.

Mientras cierta izquierda latinoamericana continúa pensando la inclusión financiera principalmente como una tarea estatal, una empresa privada descubre que atender a millones de ciudadanos ignorados por la banca tradicional también puede ser un magnífico negocio.

Capitalismo 1 – dogmatismo 0.

Rappi y la economía de las oportunidades

Colombia produjo otro caso interesante con Rappi.

Su plataforma permite conectar restaurantes, comercios, consumidores y repartidores. En Ecuador, por ejemplo, Rappi ofrece a restaurantes acceso a millones de usuarios, herramientas digitales de administración, publicidad y una red logística sin que cada establecimiento tenga que desarrollar su propio sistema de distribución.

¿Existen debates legítimos sobre las condiciones laborales de las plataformas? Por supuesto.

Una economía liberal seria no necesita negar problemas para defender mercados. Competencia, transparencia contractual y seguridad jurídica son perfectamente compatibles con la libertad económica.

Lo absurdo comienza cuando la respuesta política consiste en destruir precisamente las plataformas que multiplican las oportunidades económicas.

Lo que Marx no pudo descargar desde la App Store

El gran error de cierta izquierda latinoamericana consiste en seguir interpretando la economía como un juego de suma cero.

Si alguien se vuelve rico, alguien necesariamente tuvo que empobrecerse.

Pero la economía moderna funciona fundamentalmente mediante creación de valor.

Mercado Libre vale miles de millones porque millones de consumidores, vendedores y empresas encuentran útil su ecosistema. Nubank creció porque resolvió problemas que la banca tradicional no estaba solucionando adecuadamente. Rappi encontró valor conectando oferta y demanda mediante tecnología.

La verdadera política contra la pobreza debería preguntarse entonces cómo conseguir más emprendedores, más inversión, más innovación, mayor competencia y más empresas escalables.

Porque una sociedad no sale de la pobreza repartiendo indefinidamente lo que ya existe.

Sale de ella aumentando productividad, acumulando capital, innovando y permitiendo que millones de personas participen en mercados cada vez más grandes.

La ironía latinoamericana es extraordinaria, mientras algunos políticos todavía buscan en Marx la explicación de cómo distribuir riqueza, miles de emprendedores están frente a una computadora intentando descubrir cómo crearla.

Quizá algún día los primeros entiendan a los segundos.

Mientras tanto, sería prudente que al menos no los estorben.

¿La pobreza se combate persiguiendo al empresario que prospera o creando las condiciones para que aparezcan miles como él? Comparte este artículo y abre el debate. En Ideas Antizurdos preferimos discutir cómo crear riqueza antes que seguir perfeccionando las teorías para repartir pobreza.

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El mito del apocalipsis poblacional.

 

Durante décadas nos han querido vender el mismo cuento de terror: que la Tierra no aguanta más, que somos demasiados en el planeta y que la única forma de salvar el mundo es apretarnos el cinturón, consumir menos y dejar de tener hijos. Este catastrofismo, vestido con piel de cordero ecológica y predicado por agendas políticas que adoran el control social, parte de una premisa profundamente falsa: tratar al ser humano como una plaga consumidora y no como la mente creadora capaz de multiplicar los recursos.

Pero, ¿por qué seguimos comprando este discurso apocalíptico si la realidad empírica es aplastante? El médico y estadístico Hans Rosling lo diagnosticó a la perfección: el ser humano padece un «instinto de negatividad». En su obra Factfulness, Rosling demostró cómo nuestro cerebro está programado para prestar atención desproporcionada a las malas noticias y a los pronósticos fatales, ignorando el progreso gradual y silencioso. Si hacemos a un lado los dogmas y miramos los datos como exigía Rosling, el mito malthusiano de que la población crece más rápido que nuestra capacidad de producir colapsa. La inteligencia humana no solo desmonta esta narrativa del miedo, sino que demuestra que el verdadero motor del progreso es la abundancia, no la miseria programada.

El verdadero fenómeno demográfico: El colapso, no la superpoblación

El primer gran engaño de la agenda antinatalista es ocultar la realidad de las cifras. Los datos demográficos globales muestran que el mundo no se está desbordando; se está envejeciendo a pasos agigantados.

• La caída de las tasas de fertilidad: Para mantener una población estable se necesita una tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. Hoy, más del 50 % de la población mundial vive en países con tasas por debajo de este nivel. En Europa, Asia Oriental y buena parte de América Latina, la fertilidad ha caído a mínimos históricos (1,2 a 1,5 hijos por mujer).

• El "invierno demográfico": Potencias económicas y países en desarrollo enfrentan por primera vez la amenaza real de un vaciamiento poblacional. Corea del Sur registra tasas de 0,72 hijos por mujer, y naciones enteras verán reducida su población a la mitad antes de que termine este siglo.

• El freno al crecimiento global: Las proyecciones de las propias Naciones Unidas reconocen que la población mundial alcanzará un pico a mediados de siglo y comenzará a decrecer de forma irreversible. La "bomba poblacional" no explotó; se desactivó sola por cambios socioeconómicos.

Promover la reducción de la población ante este panorama no es salvar el planeta: es empujar a la civilización a una crisis de sostenibilidad fiscal, falta de fuerza laboral y estancamiento social.

Innovación y productividad: La prueba de que la escasez es un mito

El fatalismo comete un error metodológico absurdo: asume que la tecnología y los recursos son estáticos. Creen que si hoy se necesita un acre de tierra para alimentar a una persona, mañana necesitaremos diez mil acres para diez mil personas. La historia de la ciencia demuestra exactamente lo contrario.

Productividad Agrícola Global (1960 - Presente)

• Superficie cultivada: ▲ ~10-15% (Crecimiento marginal)

• Población mundial: ▲ ~200% (De 3.000 a 8.000 millones)

• Producción de granos: ▲ ~300% (Rendimiento multiplicado)

1. La Revolución Verde y la ciencia agrícola Gracias a genetistas y agrónomos como Norman Borlaug, la biotecnología, los fertilizantes modernos y el riego de precisión multiplicaron el rendimiento agrícola sin necesidad de deforestar el planeta. Hoy producimos más alimentos por hectárea que en cualquier otro momento de la historia humana, logrando que el porcentaje de desnutrición global caiga a sus niveles más bajos registrados.
2. Eficiencia energética y tecnológica La ciencia ha demostrado que el crecimiento económico se ha desacoplado del consumo bruto de materias primas. Los ordenadores modernos consumen una fracción de la energía de sus antecesores y pesan gramos en lugar de toneladas. La eficiencia de los motores, la energía nuclear, la agricultura vertical y la desalinizadora masiva de agua demuestran que la creatividad humana convierte problemas de escasez en escenarios de abundancia.
3. El mercado y el sustituto infinito El economista Julian Simon demostró en su famosa apuesta contra los ambientalistas catastrofistas que el precio de los recursos naturales tiende a bajar con el tiempo cuando hay libertad para innovar. Cuando un recurso se vuelve escaso, el precio sube, la inteligencia humana investiga y crea un sustituto más barato y eficiente (como la fibra óptica reemplazando toneladas de cable de cobre). El recurso definitivo no es el petróleo ni el agua: es el cerebro humano.

Frente al decrecimiento: Abundancia, razón y desarrollo

Exigir la "reducción del consumo" y el "decrecimiento económico" es una receta para perpetuar la pobreza en los países en desarrollo e imponer un racionamiento autoritario en los desarrollados. Los problemas ambientales no se resuelven volviendo a la cueva ni castigando el progreso, sino acelerando la investigación científica, capitalizando la producción y permitiendo que la tecnología resuelva las eficiencias energéticas y climáticas.

Si queremos enterrar el fatalismo climático con datos duros, pensadores como Steven Pinker y el ensayista sueco Johan Norberg nos dan la estocada final. En su defensa de los ideales de la Ilustración, Pinker demuestra con un volumen abrumador de datos que la aplicación de la razón, la ciencia y el humanismo nos ha sacado de la época más violenta, enferma y miserable de nuestra historia.

Esta es la verdad que aterroriza a los promotores del decrecimiento: el libre mercado y la industrialización no son los verdugos de la Tierra, son sus salvadores. Mientras el activismo de sofá nos exige volver a un pasado preindustrial idílico, Pinker y Norberg nos recuerdan que esa época supuestamente "ecológica" era en realidad una trampa de mortalidad infantil, hambrunas cíclicas y enfermedades crónicas. Ser optimistas respecto a nuestro futuro no es un acto de fe ciega, es la única conclusión racional y lógica derivada de la evidencia empírica.

El desarrollo económico sigue una regla inquebrantable probada por la historia: a mayor riqueza, mayor capacidad tecnológica para proteger el entorno. Hoy, las naciones capitalistas más desarrolladas son precisamente las que están reforestando sus territorios, limpiando sus ríos y liderando la eficiencia energética. Por el contrario, la pobreza es el mayor contaminante. Prohibir el desarrollo económico, demonizar el capital y forzar el "decrecimiento" no salvará un solo árbol; únicamente condenará a las naciones en vías de desarrollo a la miseria eterna.

La salida nunca es apagar la máquina del ingenio humano, es darle más libertad para operar. El ser humano no es una plaga ni una amenaza para la Tierra; es su único administrador inteligente. Frente al miedo y el control, la respuesta es contundente: más libertad, más ciencia y más desarrollo.

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Índice de Corrupción 2025

 

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Políticos populistas y economistas colectivistas

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

Durante décadas, buena parte del debate económico latinoamericano ha estado dominado por la idea de que el gasto público constituye prácticamente el principal instrumento para estimular la actividad productiva. Según esta concepción, cuando la economía se desacelera, el Estado debe gastar más, impulsar la demanda agregada y orientar los recursos hacia los sectores considerados prioritarios. Si los ingresos resultan insuficientes, se recurre al déficit fiscal, bajo la promesa de que el crecimiento futuro generará los recursos necesarios para corregir el desequilibrio.

Este razonamiento parte de un error fundamental: considerar que el Estado crea los recursos que distribuye. En realidad, todo dólar gastado por el gobierno debe ser obtenido previamente de la sociedad o respaldado por obligaciones futuras. El Estado no genera riqueza por el simple hecho de gastar; redistribuye recursos producidos por ciudadanos y empresas.

Cuando el gasto público supera los ingresos, el déficit debe cubrirse de tres maneras: mayores impuestos, endeudamiento o emisión monetaria. Los impuestos reducen inmediatamente el ingreso disponible de familias y empresas; la deuda posterga el costo y compromete la recaudación futura; y la emisión monetaria deteriora el poder adquisitivo mediante la inflación. En términos sencillos, las alternativas son impuestos hoy, impuestos mañana o impuesto inflacionario. 

Por consiguiente, no existe gasto público gratuito. La discusión no debe limitarse a determinar cuánto gasta el gobierno, sino establecer qué funciones debe cumplir, qué resultados produce, quién asume los costos y qué actividades privadas son desplazadas. Incluso cuando el gasto persigue un propósito socialmente deseable, sus beneficios deben compararse con el costo de oportunidad de los recursos utilizados.

El Estado, debe limitar sus responsabilidades fundamentales a la protección de la vida, la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Esto requiere instituciones eficaces de seguridad, justicia y defensa, acompañadas de un marco jurídico que garantice la igualdad ante la ley. El problema comienza cuando el Estado abandona esas funciones esenciales y pretende convertirse simultáneamente en empresario, planificador, empleador, prestamista, regulador y benefactor universal.

Cuantas más responsabilidades asume el poder público, mayores son los impuestos y el endeudamiento necesarios para financiarlas. Esta expansión no constituye únicamente un problema presupuestario; también reduce la libertad individual. Cada recurso administrado políticamente deja de ser asignado por quienes lo produjeron, y cada decisión económica transferida al gobierno disminuye la capacidad de las personas para consumir, ahorrar, invertir, emprender y asumir las consecuencias de sus elecciones.

Aunque una expansión fiscal puede incrementar temporalmente algunos componentes de la demanda agregada, ello no significa que produzca riqueza de manera automática. La demanda monetaria no crea por sí sola bienes, servicios ni capacidad productiva. Para producir más se necesitan ahorro, inversión, trabajo, capital, conocimiento, tecnología y seguridad jurídica. Cuando se estimula el consumo sin ampliar la oferta, aparece la inflación, crecimiento de las importaciones, desequilibrios externos, desplazamiento de la inversión privada o escasez.

El gasto público tampoco surge en el vacío. Para utilizar recursos, el Estado debe retirarlos del sector privado mediante impuestos o competir por ellos a través del endeudamiento. El incremento visible del gasto puede ocultar inversiones que dejaron de realizarse, empleos que no fueron creados y emprendimientos que nunca llegaron a desarrollarse. Mientras los inversionistas privados arriesgan su patrimonio y responden por sus errores, los funcionarios administran recursos ajenos y trasladan las consecuencias de sus decisiones a los contribuyentes.

La deuda pública puede contribuir al desarrollo cuando financia bienes públicos e infraestructura productiva cuyos beneficios sociales superan sus costos. Sin embargo, si se utiliza para sostener burocracia, gasto corriente, subsidios indiscriminados o proyectos de baja rentabilidad, no genera capacidad suficiente para pagarla. Endeudarse no elimina el costo de una política: simplemente lo traslada hacia el futuro.

La sostenibilidad fiscal depende de la relación entre el costo del financiamiento, el crecimiento económico y la productividad de los recursos invertidos. Si un país se endeuda a una tasa superior a su ritmo de crecimiento y no mejora su capacidad productiva, enfrentará dificultades para cumplir sus compromisos futuros. El gobierno deberá aumentar impuestos, recortar gastos, refinanciar obligaciones o incumplir la deuda. En países con moneda propia también recurren a la emisión, trasladando el ajuste a toda la población mediante inflación.

Cuando el crecimiento económico prometido no se materializa, aparece un círculo recurrente: aumenta el gasto, surge el déficit, se contrata deuda y posteriormente se elevan los impuestos. La carga recae sobre trabajadores, ahorradores, emprendedores y empresas. Una presión tributaria excesiva reduce la rentabilidad de la inversión, desalienta la formalización y favorece la evasión, la informalidad y la salida de capitales.

Simultáneamente, algunos grupos buscan subsidios, contratos, aranceles, exenciones y regulaciones favorables. Esto no representa una economía de mercado, sino un capitalismo de amigos, en el cual las ganancias dependen más de la cercanía con el poder que de la capacidad para satisfacer al consumidor. El liberalismo minarquista rechaza tanto el estatismo como los privilegios empresariales concedidos políticamente.

Defender un Estado limitado no significa promover un Estado inexistente o incapaz. Se necesita un Estado reducido en atribuciones, pero firme y eficiente dentro de ellas. La paradoja latinoamericana consiste en tener gobiernos extensos para intervenir, regular y redistribuir, pero débiles para controlar la delincuencia, impartir justicia, proteger la propiedad y garantizar la igualdad ante la ley.

América Latina no necesita un Estado que pretenda ser el motor de la economía, sino uno que permita funcionar a sus verdaderos motores: el talento, el trabajo, el ahorro, la inversión, la innovación y el emprendimiento. La prosperidad no nace del decreto, del déficit ni de la expansión burocrática. Surge cuando las personas pueden crear, intercambiar y progresar bajo reglas generales, estables e iguales para todos.

Si este análisis le hizo sentido, compártalo y deje su opinión. En Idea Antizurdos defendemos menos estatismo, más libertad y más sentido común.

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América Latina: cuando el Estado pretende administrar la vida de sus ciudadanos

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

América Latina no solo enfrenta un problema económico; también padece una concepción equivocada acerca del papel que deben desempeñar el Estado, el mercado y los ciudadanos. Durante décadas se ha extendido la idea de que el Gobierno debe resolver tanto los desequilibrios macroeconómicos como los problemas económicos particulares de cada persona, familia y empresa. El resultado ha sido la consolidación de sociedades dependientes, en las cuales numerosos sectores esperan que el poder político determine qué producir, a quién proteger, qué precios cobrar y cómo distribuir la riqueza.

Es indiscutible que corresponde al Gobierno preservar la estabilidad macroeconómica. Mantener unas finanzas públicas sostenibles, evitar la emisión monetaria irresponsable, controlar la inflación, garantizar la seguridad jurídica y establecer reglas previsibles son obligaciones esenciales del Estado. Sin embargo, una cosa es crear las condiciones institucionales para que la economía funcione y otra muy diferente pretender administrar la economía doméstica de cada ciudadano y decidir permanentemente cuáles empresas deben sobrevivir.

El problema comienza cuando el Estado intenta “arreglar la microeconomía” mediante subsidios generalizados, privilegios tributarios, aranceles proteccionistas, controles de precios y transferencias permanentes. Estas intervenciones suelen justificarse en nombre de la justicia social, la protección del empleo o la defensa de la industria nacional. No obstante, con frecuencia terminan protegiendo empresas ineficientes, encareciendo los bienes consumidos por las familias y castigando fiscalmente a quienes producen, invierten y generan empleo.

Cuando se protege indefinidamente a una empresa mediante aranceles, no se elimina su ineficiencia: se traslada su costo al consumidor. La familia termina pagando productos más caros y de menor calidad para sostener artificialmente a sectores que no han desarrollado la capacidad de competir. Del mismo modo, cuando el sistema tributario trata al empresario exitoso como sospechoso y convierte la generación de riqueza en una conducta que debe penalizarse, se debilitan los incentivos para invertir, innovar y ampliar la producción.

La redistribución tampoco puede concebirse como un simple proceso de quitarles recursos a quienes producen para entregárselos indiscriminadamente a quienes no producen. Una sociedad necesita mecanismos de solidaridad para proteger a las personas que realmente no pueden valerse por sí mismas. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una asistencia focalizada, temporal y evaluable, y un sistema político que transforma el asistencialismo en una forma permanente de dependencia electoral.

El subsidio que no promueve autonomía puede terminar atrapando al beneficiario. Si una persona pierde las ayudas cuando consigue un empleo formal o aumenta sus ingresos, el propio sistema crea incentivos para permanecer en la informalidad. En lugar de constituir un puente hacia la independencia económica, la asistencia pública se convierte en una barrera que castiga el esfuerzo y perpetúa la dependencia.

Esta concepción paternalista también ha penetrado una parte importante de la enseñanza económica latinoamericana. En muchas aulas se presenta la intervención estatal como la respuesta inmediata frente a cualquier dificultad y se concede poca atención a los costos, los incentivos y las consecuencias no previstas de esas decisiones. Se enseña a identificar una supuesta falla del mercado, pero no siempre se estudian con el mismo rigor las fallas del Estado: captura regulatoria, corrupción, burocracia, búsqueda de rentas, clientelismo, desinformación y utilización política del gasto público.

El pobre desempeño económico regional obliga a revisar críticamente este paradigma. América Latina y el Caribe albergan aproximadamente el 8 % de la población mundial, pero generan apenas alrededor del 6 % al 7 % del PIB global medido a precios corrientes. Más preocupante todavía es que, según la CEPAL, entre 2015 y 2024 la región registró un crecimiento promedio anual cercano al 1 %, lo que implicó un virtual estancamiento del PIB por habitante. La propia institución atribuye esta situación, entre otros factores, al bajo nivel de inversión y a la débil productividad laboral (CEPAL).

La explicación de este rezago no puede reducirse exclusivamente al tamaño del Estado. También intervienen la inestabilidad política, la inseguridad, la deficiente calidad educativa, la informalidad, la insuficiente infraestructura y la debilidad institucional. Sin embargo, muchos de estos problemas se agravan cuando el aparato estatal concentra sus esfuerzos en repartir privilegios y administrar actividades productivas, en lugar de garantizar las condiciones generales necesarias para el desarrollo.

El Estado no debe desaparecer. Debe concentrarse en cumplir correctamente sus funciones esenciales: proteger la vida, la libertad y la propiedad; garantizar la igualdad ante la ley; administrar justicia; preservar la seguridad; mantener la estabilidad macroeconómica; construir infraestructura pública y atender, de manera focalizada, a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad real.

La política fiscal tampoco tiene como propósito principal financiar indefinidamente el asistencialismo. Su función consiste en obtener los recursos necesarios para proporcionar bienes públicos, corregir externalidades debidamente demostradas y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Para ello, los ingresos y gastos deben estar incorporados de manera transparente en el presupuesto aprobado conforme al ordenamiento jurídico. Los recursos extraordinarios no pueden utilizarse discrecionalmente por la sola voluntad de un gobernante: deben registrarse, justificarse y ejecutarse respetando las normas presupuestarias.

La disciplina fiscal no es una obsesión contable. Cuando un Gobierno gasta sistemáticamente más de lo que recauda, alguien termina pagando la diferencia: los contribuyentes, mediante nuevos impuestos; los ahorristas y consumidores, mediante inflación; o las generaciones futuras, mediante una mayor deuda pública. Por ello, el equilibrio presupuestario representa una obligación ética además de económica.

Superar el estancamiento latinoamericano exige abandonar la idea de que toda necesidad social crea automáticamente un derecho a recibir recursos del Estado. Los derechos fundamentales deben proteger a las personas frente a la violencia, la arbitrariedad y la expropiación; no pueden convertirse en una autorización ilimitada para apropiarse de los ingresos ajenos ni para prometer beneficios que las finanzas públicas no pueden sostener.

La prosperidad no se decreta ni se distribuye antes de ser creada. Surge cuando existen instituciones confiables, estabilidad monetaria, libertad económica, competencia, inversión, innovación, educación de calidad y respeto a la propiedad. El papel del Estado consiste en establecer y hacer cumplir esas reglas generales, no en sustituir las decisiones de millones de ciudadanos.

América Latina necesita menos paternalismo y mayor autonomía individual; menos privilegios sectoriales y mayor competencia; menos discrecionalidad política y más seguridad jurídica. La verdadera justicia social no consiste en igualar a todos en la dependencia, sino en construir instituciones que permitan a cada persona progresar mediante su esfuerzo, su iniciativa y su capacidad creadora.

Mientras los gobiernos latinoamericanos continúen ofreciendo resolver cada problema particular, seguirán descuidando aquello que solamente ellos pueden garantizar: estabilidad, justicia, seguridad, infraestructura y reglas claras. La región no saldrá del estancamiento sustituyendo la libertad por tutela estatal, sino devolviendo a los ciudadanos la responsabilidad y el derecho de construir su propio destino.

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