Hablar de Irán, no es referirse a un país con un simple gobierno autoritario más. Estamos ante un sistema donde el poder político y el poder religioso se fusionan para controlar la vida pública, la economía y la moral privada. La República Islámica nació en 1979 bajo la doctrina del velayat-e faqih —la tutela del jurista islámico—, que coloca al líder supremo y a los órganos clericales por encima de la competencia política normal. Además, tiene un Consejo de Guardianes que puede vetar leyes y filtrar candidatos para elecciones, de modo que la voluntad ciudadana queda subordinada a la obediencia ideológica, no llega nadie sin autorización religiosa.
Ese diseño institucional no es un detalle menor: es la negación misma del liberalismo universal. El liberalismo parte de una idea simple pero poderosa: ninguna persona, iglesia, partido o caudillo debe tener poder absoluto sobre la conciencia, la propiedad, la palabra o el proyecto de vida de los demás. En Irán ocurre lo contrario. Freedom House clasifica al país como “No Libre”, con una puntuación de apenas 11 sobre 100 en libertad general, y 13 sobre 100 en libertad en internet. La misión internacional de la ONU también ha documentado que las mujeres siguen expuestas a arrestos, vigilancia, castigos y coerción por desafiar el uso obligatorio del hiyab. Sin embargo, este país preside comisiones de Derechos Humanos o de la Mujer, toda una contradicción al interior de la ONU.
Desde lo económico, sabemos que el mercado no funciona solo con compradores y vendedores. Funciona con reglas estables, propiedad protegida, contratos confiables, información libre, competencia abierta y límites claros al poder político. Pero, cuando el Estado se convierte en vigilante moral, árbitro ideológico y actor económico privilegiado al mismo tiempo, el mercado deja de ser un espacio de cooperación voluntaria y se transforma en un sistema de obediencia, favores y miedo. Esa es, en esencia, la perversión económica de un gobierno teocrático.
Irán ofrece una prueba concreta de ese problema. El Banco Mundial reconoce que la economía iraní ha crecido por la recuperación del sector petrolero, pero también advierte que el crecimiento se moderaría a un promedio de 2,8% entre 2024/25 y 2026/27, en un contexto de sanciones, tensiones geopolíticas, escasez energética, restricciones de liquidez y deterioro del capital. El mismo informe señala que el sector privado enfrenta incertidumbre macroeconómica y un clima de inversión incierto. A esto se suma una inflación persistentemente alta: el Banco Mundial reportó 40,7% en 2023/24 y el FMI proyecta 41,6% para 2026.
Pero sería un error atribuir todos los males de Irán únicamente a las sanciones. Las sanciones pesan, sin duda. Sin embargo, la estructura interna del régimen agrava el daño. Documentos del Banco Mundial muestran que el crédito al sector privado es bajo porque los bancos estatales tienden a dar acceso preferencial a las empresas públicas. Además, muchos de los grandes negocios están en manos del Estado o de fundaciones cuasi públicas religiosas, los llamados bonyads. En la práctica, eso significa que quien está cerca del poder religioso compite con ventaja, mientras el emprendedor independiente carga con más incertidumbre, menos financiamiento y menor protección institucional.
Aquí está el punto central: una teocracia no solo restringe libertades civiles; también destruye la lógica moral del mercado. El mercado libre, bien entendido, no es selva ni abuso. Es un orden donde millones de personas cooperan pacíficamente sin imponerse por la fuerza. La teocracia, en cambio, reemplaza esa cooperación por disciplina ideológica. De hecho, la ONU ha señalado que en Irán no solo se castiga a quienes disienten, sino que incluso se ha presionado a empresas y particulares para hacer cumplir reglas obligatorias sobre vestimenta femenina. Es decir, el Estado convierte a actores privados en extensiones de la policía moral. Eso no es mercado; es colonización política de la sociedad civil.
También por eso el caso iraní es una violación frontal del liberalismo universal. No hablamos solo de eficiencia económica, sino de principios: igualdad ante la ley, libertad de conciencia, libertad de empresa, libertad de expresión y límites al poder. En Irán, las elecciones no cumplen estándares democráticos: el Consejo de Guardianes filtra candidaturas, excluye voces no alineadas y deja fuera incluso a figuras centristas o reformistas. Reuters describió la elección presidencial de 2024 como una contienda “estrechamente controlada”, y Freedom House subraya que el marco electoral iraní no satisface estándares internacionales.
Ser permisivos con estos países, es elegir olvidar la libertad y el poder decidir libremente: la libertad no es un lujo occidental ni una moda académica; es la condición mínima para que una sociedad respire, produzca, innove y conviva sin miedo. Un régimen teocrático como el iraní no solo persigue mujeres, opositores o minorías; también asfixia el emprendimiento, deforma los incentivos y reemplaza la creación de valor por la lealtad al poder. Donde manda el dogma armado, el ciudadano deja de ser persona y pasa a ser súbdito. Y donde el poder decide quién puede hablar, competir, invertir o vestir, el mercado ya no es libre: es apenas una escenografía bajo vigilancia.
Defender la libertad no es retórica: es impedir que el poder político o religioso convierta a la sociedad en una cárcel moral y económica. Comparte esta entrada si crees que sin libertad no hay prosperidad posible.
