Por Armando José Urdaneta Montiel.
Los resultados de las pruebas PISA 2025 deberían obligar a América Latina a cuestionar seriamente la manera en que ha organizado sus sistemas educativos. No estamos frente a una dificultad coyuntural ni ante un problema que pueda solucionarse simplemente aumentando presupuestos. Estamos frente a una crisis de resultados que exige preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿tiene sentido continuar confiando la administración de buena parte de la educación a estructuras estatales altamente burocratizadas y susceptibles de politización?
Los resultados son preocupantes. América Latina continúa considerablemente rezagada respecto de los países de la OCDE y varias economías de la región experimentaron retrocesos o estancamientos. Argentina registró su peor resultado histórico en matemáticas desde que participa regularmente en PISA; México retrocedió en matemáticas y lectura; Brasil permanece prácticamente estancado y Chile también deterioró sus resultados en matemáticas y lectura.
Ecuador merece especial atención. Apenas el 20 % de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65 % del promedio de la OCDE. En lectura lo consiguió el 38 %, frente al 69 %, y en ciencias el 40 %, comparado con 74 % en la OCDE. Además, el país obtuvo resultados inferiores a los registrados en 2017 en las tres puntuaciones reportadas: pasó de 377 a 366 puntos en matemáticas, de 409 a 385 en lectura y de 399 a 393 en ciencias.
Estos resultados no demuestran por sí solos que la gestión estatal sea la causa del deterioro. Existen factores socioeconómicos, familiares y culturales que también afectan el aprendizaje. Pero sí deberían acabar con la complacencia respecto de sistemas en los cuales el Estado simultáneamente financia, administra, regula, supervisa y evalúa buena parte del sistema educativo.
El problema fundamental es de incentivos. Cuando la educación depende excesivamente de estructuras burocráticas, las decisiones dejan de responder exclusivamente a criterios pedagógicos y andragógicos y comienzan a estar condicionadas por intereses políticos, administrativos, sindicales y presupuestarios. Los cargos pueden convertirse en espacios de negociación política; los recursos pueden distribuirse atendiendo a prioridades diferentes del desempeño académico; y las instituciones deficientes pueden continuar funcionando durante décadas sin enfrentar las consecuencias que tendría una organización incapaz de satisfacer a quienes utilizan sus servicios.
En un entorno competitivo, quien ofrece persistentemente un mal servicio pierde usuarios e ingresos. En muchos sistemas educativos ocurre lo contrario: instituciones con resultados deficientes continúan recibiendo estudiantes y presupuesto casi automáticamente. Esta situación genera un problema de moral Hazard (riesgo moral), pues al estar su financiamiento y continuidad escasamente vinculados al desempeño, se debilitan los incentivos para mejorar, innovar y corregir ineficiencias. Un sistema de vouchers asociado a evaluaciones anuales independientes introduciría mayor disciplina por resultados: el financiamiento seguiría al estudiante y las instituciones competirían por demostrar su capacidad efectiva para generar aprendizaje.
¿Por qué no cambiar radicalmente esa lógica?
El Estado no necesita administrar escuelas para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la educación. Financiar la educación y producir resultados son dos cosas completamente diferentes. Esta distinción, fundamental dentro del pensamiento liberal, permite plantearse un sistema en el cual las instituciones educativas sean autónomas, privadas, cooperativas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, mientras el Estado concentra su intervención en garantizar que ningún niño quede excluido por falta de recursos económicos.
Aquí adquiere relevancia el sistema de vouchers educativo. Las familias con capacidad económica podrían financiar directamente la educación de sus hijos. Aquellas que no dispongan de recursos suficientes recibirían un voucher financiado por el Estado. Pero ese dinero no debería entregarse automáticamente a una escuela determinada. El financiamiento acompañaría al estudiante y su familia decidiría dónde utilizarlo.
El principio puede resumirse de una manera sencilla: financiar al estudiante, no a la burocracia educativa. Esto introduciría un elemento prácticamente inexistente en muchos sistemas educativos latinoamericanos: competencia real por los estudiantes.
Pero la libertad de elección necesita información. Por ello, propongo complementar los vouchers con un Sistema Nacional Independiente de Evaluación de Saberes y Conocimientos, mediante pruebas estandarizadas realizadas anualmente a los estudiantes.
Matemáticas, comprensión lectora, ciencias, razonamiento lógico y otras competencias fundamentales deberían evaluarse mediante criterios homogéneos y verificables. Los resultados permitirían construir un ranking público nacional de instituciones educativas. De esta manera, serían principalmente los resultados educativos y el valor añadido por cada institución, y no las conexiones políticas, los discursos ideológicos o la capacidad de presión de determinados grupos, los que determinarían su prestigio.
Las familias conocerían cuáles instituciones proveen una mejor calidad educativa. Y allí debería aparecer el segundo componente del sistema: los vouchers públicos podrían incorporar incentivos vinculados al desempeño. Las instituciones que demuestren persistentemente mejores resultados, especialmente aquellas capaces de generar grandes avances entre estudiantes procedentes de hogares vulnerables, podrían recibir una mayor ponderación dentro de los programas públicos de financiamiento.
No se trataría simplemente de entregar más dinero a quien obtiene la puntuación absoluta más alta. Eso podría terminar subsidiando diferencias socioeconómicas preexistentes. Se trataría de premiar calidad, progreso, eficiencia y capacidad efectiva de generar aprendizaje.
Una escuela que recibe estudiantes vulnerables y consigue elevar extraordinariamente sus conocimientos debería ser considerada una institución excelente, aunque su puntuación absoluta todavía resulte inferior a la de un establecimiento que recibe estudiantes provenientes de hogares privilegiados.
La competencia haría el resto. Las mejores escuelas atraerían más estudiantes. Las instituciones exitosas tendrían incentivos para expandirse. Nuevos oferentes podrían ingresar al sistema reproduciendo modelos educativos exitosos. Las instituciones mediocres tendrían que innovar, cambiar profesores, modificar métodos pedagógicos y mejorar su administración. Y aquellas incapaces de producir resultados después de sucesivas evaluaciones deberían perder estudiantes y eventualmente salir del mercado educativo.
Ese mecanismo puede parecer duro, pero mucho más duro resulta condenar durante generaciones a niños de familias pobres a instituciones deficientes simplemente porque tuvieron la mala fortuna de nacer dentro de determinada jurisdicción educativa.
La propia OCDE reconoce que los defensores de la elección escolar sostienen que la competencia puede generar incentivos para que las instituciones respondan mejor a las necesidades de los estudiantes, y recoge investigaciones que encuentran efectos positivos moderados. También advierte sobre problemas reales de información, transporte, costos ocultos y desigualdad en la capacidad de elección. Precisamente por ello un modelo liberal serio no debe ignorar esos problemas: debería diseñar vouchers diferenciados para estudiantes vulnerables y garantizar información transparente sobre resultados.
La discusión tampoco consiste en despreciar a los docentes. Todo lo contrario. Un sistema competitivo permitiría que los buenos profesores fueran identificados, demandados y mejor remunerados. La excelencia docente dejaría de depender fundamentalmente de escalafones burocráticos, antigüedad o decisiones administrativas y estaría mucho más relacionada con competencias, desempeño y resultados.
El Estado conservaría funciones limitadas pero importantes: financiar mediante vouchers a quienes realmente lo necesiten, garantizar estándares básicos, proteger a los menores, impedir fraudes y asegurar que las evaluaciones nacionales sean independientes y técnicamente rigurosas. Lo que dejaría de hacer sería aquello para lo cual la experiencia latinoamericana ofrece demasiados motivos para desconfiar: pretender ser simultáneamente financiador, proveedor, administrador, regulador y juez de su propio desempeño.
Los resultados de PISA 2025 deberían servir como reflexión. PISA evalúa precisamente competencias de estudiantes de 15 años y permite comparar los resultados de más de 90 países y economías. No podemos continuar observando cada nueva evaluación, lamentándonos durante algunas semanas y posteriormente regresando al mismo modelo.
América Latina necesita introducir libertad de elección, competencia y responsabilidad por resultados en su educación.
Que el Estado ayude al estudiante que lo necesita, pero que sean las familias quienes elijan. Que el financiamiento siga al alumno. Que las pruebas anuales revelen quién realmente está enseñando. Que las buenas escuelas puedan crecer y las deficientes tengan que mejorar. Que los buenos docentes sean premiados. Y, sobre todo, que la educación deje de ser un espacio capturado por la política y vuelva a concentrarse en aquello que verdaderamente importa: que nuestros niños aprendan.
Después de décadas intentando reformar estructuras burocráticas que tienden a reproducir sus propias ineficiencias, ha llegado el momento de replantear el debate educativo. La pregunta ya no debería ser cuánto más Estado necesita la educación latinoamericana, sino cuánto espacio estamos dispuestos a devolver a la libertad de elección, la competencia y la responsabilidad por resultados. Por ello el verdadero desafío no es reformar una y otra vez el mismo modelo, sino en que medida podemos liberar del Estado al sistema educativo para devolverla a las familias y a la sociedad.
Si América Latina quiere mejores resultados educativos, debe dejar de financiar estructuras ineficientes y comenzar a financiar a los estudiantes. Comparte esta entrada y súmate al debate: más libertad de elección, más competencia y más responsabilidad por resultados.
