Dr. John Campuzano Vásquez.
En las últimas dos décadas, Estados Unidos ha experimentado uno de los fenómenos más complejos y desafiantes en términos económicos y sociales: el crecimiento sostenido de la inmigración no calificada, muchas veces ilegal, que ha venido a tensionar su mercado laboral, el gasto público, la seguridad ciudadana y la cohesión institucional.
Los datos del Pew Research Center muestran que desde el año 2000, la población inmigrante en EE.UU. ha crecido en más de 25 millones de personas, de las cuales una proporción significativa ha ingresado sin calificaciones laborales mínimas o sin estatus migratorio legal. Esto ha coincidido con un creciente deterioro en áreas fronterizas, el colapso de servicios públicos locales y el resurgimiento de problemas sociales que ya se consideraban superados.
Impacto económico real: entre la ilusión y la carga fiscal
Desde ciertos discursos progresistas se insiste en que “toda inmigración es buena”, pero la realidad es más compleja. Mientras los migrantes calificados contribuyen a la innovación, al crecimiento de industrias clave (como la tecnología o la medicina), los no calificados tienden a insertarse en sectores informales, compitiendo con trabajadores locales por empleos de baja remuneración y generando presiones salariales a la baja.
Un estudio del economista George Borjas de Harvard University ha documentado cómo la inmigración no calificada ha reducido los salarios de los estadounidenses con bajo nivel educativo en aproximadamente un 3% en promedio. Además, muchos de estos trabajadores acceden a programas de asistencia social —educación, salud, subsidios de vivienda— generando una carga fiscal creciente, especialmente en estados como California, Texas y Nueva York.
Inseguridad y descomposición social: el caso de las pandillas
Más allá de lo económico, se ha dado un deterioro evidente en la seguridad. Organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) se han afianzado en ciudades norteamericanas gracias a flujos migratorios no regulados. Grupos con raíces en Centroamérica, a menudo formados por individuos que ingresaron ilegalmente durante oleadas masivas, han convertido barrios enteros en zonas de alto riesgo, afectando a las comunidades hispanas legales que buscan vivir en paz y prosperar.
Nueva York, Los Ángeles y Houston son ejemplos de ciudades que han debido reforzar sus presupuestos de seguridad por el avance de estas pandillas. El resultado ha sido una mayor presencia policial, la estigmatización de ciertos barrios y un desgaste institucional que se traduce en menos recursos para educación o infraestructura.
La respuesta liberal: fronteras ordenadas y mercado funcional
Desde una perspectiva liberal, no se trata de rechazar la inmigración, sino de ordenarla y vincularla al mérito y al mercado. Es decir, abrir las puertas a quienes pueden aportar a la economía, respetar la ley y adaptarse a las reglas del juego institucional. Esto significa:
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Reforma migratoria basada en puntos, como el modelo australiano o canadiense, donde se evalúa idioma, estudios, experiencia laboral y adaptabilidad.
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Cierre de fronteras ilegales: sin soberanía fronteriza no puede haber política migratoria. Esto no es xenofobia, es lógica estatal.
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Desincentivo de subsidios a ilegales: si no hay beneficio para cruzar sin documentos, el flujo disminuirá.
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Promoción del empleo productivo y formalización, evitando que los migrantes ilegales sean explotados por empleadores sin escrúpulos que distorsionan el mercado laboral.
El objetivo no es castigar al migrante, sino proteger a los ciudadanos y al Estado de bienestar que los contribuyentes han sostenido durante décadas. Abrir las fronteras sin control es tan irresponsable como dejar que cualquiera use tu tarjeta de crédito sin tu consentimiento.
¿Sabías que algunas ciudades estadounidenses gastan más en servicios a migrantes ilegales que en seguridad pública?
¿Te interesa saber cómo un enfoque liberal puede frenar el deterioro económico y social causado por una inmigración mal gestionada?
