Dr. Armando José Urdaneta Montiel
Durante décadas, buena parte del debate económico latinoamericano ha estado dominado por la idea de que el gasto público constituye prácticamente el principal instrumento para estimular la actividad productiva. Según esta concepción, cuando la economía se desacelera, el Estado debe gastar más, impulsar la demanda agregada y orientar los recursos hacia los sectores considerados prioritarios. Si los ingresos resultan insuficientes, se recurre al déficit fiscal, bajo la promesa de que el crecimiento futuro generará los recursos necesarios para corregir el desequilibrio.
Este razonamiento parte de un error fundamental: considerar que el Estado crea los recursos que distribuye. En realidad, todo dólar gastado por el gobierno debe ser obtenido previamente de la sociedad o respaldado por obligaciones futuras. El Estado no genera riqueza por el simple hecho de gastar; redistribuye recursos producidos por ciudadanos y empresas.
Cuando el gasto público supera los ingresos, el déficit debe cubrirse de tres maneras: mayores impuestos, endeudamiento o emisión monetaria. Los impuestos reducen inmediatamente el ingreso disponible de familias y empresas; la deuda posterga el costo y compromete la recaudación futura; y la emisión monetaria deteriora el poder adquisitivo mediante la inflación. En términos sencillos, las alternativas son impuestos hoy, impuestos mañana o impuesto inflacionario.
Por consiguiente, no existe gasto público gratuito. La discusión no debe limitarse a determinar cuánto gasta el gobierno, sino establecer qué funciones debe cumplir, qué resultados produce, quién asume los costos y qué actividades privadas son desplazadas. Incluso cuando el gasto persigue un propósito socialmente deseable, sus beneficios deben compararse con el costo de oportunidad de los recursos utilizados.
El Estado, debe limitar sus responsabilidades fundamentales a la protección de la vida, la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Esto requiere instituciones eficaces de seguridad, justicia y defensa, acompañadas de un marco jurídico que garantice la igualdad ante la ley. El problema comienza cuando el Estado abandona esas funciones esenciales y pretende convertirse simultáneamente en empresario, planificador, empleador, prestamista, regulador y benefactor universal.
Cuantas más responsabilidades asume el poder público, mayores son los impuestos y el endeudamiento necesarios para financiarlas. Esta expansión no constituye únicamente un problema presupuestario; también reduce la libertad individual. Cada recurso administrado políticamente deja de ser asignado por quienes lo produjeron, y cada decisión económica transferida al gobierno disminuye la capacidad de las personas para consumir, ahorrar, invertir, emprender y asumir las consecuencias de sus elecciones.
Aunque una expansión fiscal puede incrementar temporalmente algunos componentes de la demanda agregada, ello no significa que produzca riqueza de manera automática. La demanda monetaria no crea por sí sola bienes, servicios ni capacidad productiva. Para producir más se necesitan ahorro, inversión, trabajo, capital, conocimiento, tecnología y seguridad jurídica. Cuando se estimula el consumo sin ampliar la oferta, aparece la inflación, crecimiento de las importaciones, desequilibrios externos, desplazamiento de la inversión privada o escasez.
El gasto público tampoco surge en el vacío. Para utilizar recursos, el Estado debe retirarlos del sector privado mediante impuestos o competir por ellos a través del endeudamiento. El incremento visible del gasto puede ocultar inversiones que dejaron de realizarse, empleos que no fueron creados y emprendimientos que nunca llegaron a desarrollarse. Mientras los inversionistas privados arriesgan su patrimonio y responden por sus errores, los funcionarios administran recursos ajenos y trasladan las consecuencias de sus decisiones a los contribuyentes.
La deuda pública puede contribuir al desarrollo cuando financia bienes públicos e infraestructura productiva cuyos beneficios sociales superan sus costos. Sin embargo, si se utiliza para sostener burocracia, gasto corriente, subsidios indiscriminados o proyectos de baja rentabilidad, no genera capacidad suficiente para pagarla. Endeudarse no elimina el costo de una política: simplemente lo traslada hacia el futuro.
La sostenibilidad fiscal depende de la relación entre el costo del financiamiento, el crecimiento económico y la productividad de los recursos invertidos. Si un país se endeuda a una tasa superior a su ritmo de crecimiento y no mejora su capacidad productiva, enfrentará dificultades para cumplir sus compromisos futuros. El gobierno deberá aumentar impuestos, recortar gastos, refinanciar obligaciones o incumplir la deuda. En países con moneda propia también recurren a la emisión, trasladando el ajuste a toda la población mediante inflación.
Cuando el crecimiento económico prometido no se materializa, aparece un círculo recurrente: aumenta el gasto, surge el déficit, se contrata deuda y posteriormente se elevan los impuestos. La carga recae sobre trabajadores, ahorradores, emprendedores y empresas. Una presión tributaria excesiva reduce la rentabilidad de la inversión, desalienta la formalización y favorece la evasión, la informalidad y la salida de capitales.
Simultáneamente, algunos grupos buscan subsidios, contratos, aranceles, exenciones y regulaciones favorables. Esto no representa una economía de mercado, sino un capitalismo de amigos, en el cual las ganancias dependen más de la cercanía con el poder que de la capacidad para satisfacer al consumidor. El liberalismo minarquista rechaza tanto el estatismo como los privilegios empresariales concedidos políticamente.
Defender un Estado limitado no significa promover un Estado inexistente o incapaz. Se necesita un Estado reducido en atribuciones, pero firme y eficiente dentro de ellas. La paradoja latinoamericana consiste en tener gobiernos extensos para intervenir, regular y redistribuir, pero débiles para controlar la delincuencia, impartir justicia, proteger la propiedad y garantizar la igualdad ante la ley.
América Latina no necesita un Estado que pretenda ser el motor de la economía, sino uno que permita funcionar a sus verdaderos motores: el talento, el trabajo, el ahorro, la inversión, la innovación y el emprendimiento. La prosperidad no nace del decreto, del déficit ni de la expansión burocrática. Surge cuando las personas pueden crear, intercambiar y progresar bajo reglas generales, estables e iguales para todos.
