Dr. John Campuzano Vásquez.
En América Latina, y muy especialmente en países como Ecuador, se ha vuelto una práctica común inflar el tamaño del Estado con instituciones, secretarías, observatorios, viceministerios y agencias públicas que, en la mayoría de los casos, son funcionalmente redundantes o inútiles. Estos organismos rara vez se someten a auditorías serias sobre su impacto o productividad. No sorprende entonces que el gasto público crezca con facilidad, mientras que reducirlo se convierte en una batalla política y administrativa casi imposible de librar.
Tal como se menciona en el artículo del Cato Institute, titulado “Doge no puede recortar el gobierno sin el Congreso”, incluso cuando hay voluntad política de adelgazar el Estado, los mecanismos constitucionales, legales y políticos se encargan de frenar cualquier intento. El caso de Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, es un excelente ejemplo: mientras el nuevo gobierno presenta una postura clara y firme para desmontar el Estado obeso que heredó, se topa con el muro infranqueable del Congreso, las normas vigentes y los intereses enquistados en cada rincón de la administración pública.
El populismo del “Estado protector”
La izquierda ha sido muy hábil en vender la narrativa de que el “Estado presente” es sinónimo de justicia, equidad y derechos sociales. Pero esta visión ha sido utilizada para justificar la creación de organismos paralelos, muchos de ellos solo para ofrecer puestos a activistas o aliados políticos. A esto se suma la resistencia de los sindicatos del sector público, que reaccionan con huelgas, protestas y demandas ante el más mínimo intento de reforma.
¿Quién evalúa si realmente necesitamos una Dirección Nacional de Saberes Ancestrales o un Observatorio de Género Interseccional? Nadie. Se crean por decreto o ley, se les asigna un presupuesto, y luego quedan flotando en la estructura estatal sin que la ciudadanía sepa si hacen algo útil o si siquiera funcionan. La evaluación por resultados brilla por su ausencia.
Reducir el Estado no significa eliminar derechos
Reducir el tamaño del Estado no es sinónimo de privatizar todo ni de abandonar a los más vulnerables. Muy por el contrario, se trata de optimizar recursos, canalizarlos a donde sí son necesarios (como salud o educación) y eliminar el despilfarro. Un Estado más pequeño, más enfocado y mejor gestionado puede ofrecer servicios públicos de calidad sin asfixiar al sector productivo con impuestos, regulaciones y burocracia interminable.
La eficiencia estatal es una condición necesaria para el desarrollo. Y en países con presupuestos limitados, no podemos darnos el lujo de mantener elefantes blancos que consumen millones sin generar ningún retorno social. Como decía Ronald Reagan, “El gobierno no es la solución a nuestros problemas; el gobierno es el problema”.
¿Qué se necesita para un Estado más eficiente?
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Auditorías de desempeño: Todos los organismos públicos deben demostrar con indicadores si su existencia tiene impacto real.
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Transparencia presupuestaria: Que cada ciudadano pueda ver cuánto cuesta mantener determinada oficina pública y qué produce.
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Reforma constitucional: Que permita disolver entes ineficientes sin que el Congreso actúe como obstáculo permanente.
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Incentivos al retiro voluntario: Para disminuir el peso de la nómina pública sin recurrir al despido masivo.
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Educación ciudadana: Para desmontar el mito de que más Estado es siempre mejor.
Conclusión
Es fácil agrandar el Estado: basta con una firma y un discurso populista. Pero reducirlo requiere valentía, estrategia y, sobre todo, una ciudadanía que entienda que el tamaño del gobierno importa. No se trata de dejar al ciudadano desprotegido, sino de protegerlo de un aparato estatal que, al volverse insostenible, termina asfixiando al país entero con impuestos y otras cargas que solo pagan los mismos de siempre.
¿Y tú qué opinas?
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¿Crees que el tamaño del Estado debería reducirse en tu país?
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¿Conoces algún organismo público que no cumple ninguna función real?
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¿Qué áreas del gobierno crees que deben priorizarse y cuáles deberían desaparecer?
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¿Es posible tener un Estado eficiente sin caer en la trampa del clientelismo político?
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¿Estás de acuerdo con que reducir el gasto público es una vía hacia mayor libertad económica?
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