¿cuánto debe destruir un gobierno para que reaccionemos?

 

Hay algo inquietante en el comportamiento humano. Podemos indignarnos por un robo cometido en nuestra casa y, sin embargo, acostumbrarnos a escuchar que desde el poder desaparecieron millones. Podemos enfurecernos cuando alguien vulnera nuestros derechos, pero permanecer relativamente tranquilos mientras un gobierno censura periodistas, restringe libertades, persigue adversarios o utiliza las instituciones para proteger a los suyos como en el caso de países como Nicaragua y Venezuela, ya ni hablar de Cuba.

No necesariamente somos indiferentes. Nos acostumbramos. Y acostumbrarse al abuso es una de las formas más peligrosas de indiferencia.

La corrupción mundial ofrece un buen ejemplo. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International muestra que más de dos tercios de los países evaluados obtienen menos de 50 puntos sobre 100 y que el promedio mundial cayó a 42. Solo 31 países han mejorado significativamente desde 2012; el resto se ha estancado o empeorado. 

Entonces surge una pregunta incómoda. Si sabemos que nos roban, ¿por qué tantas veces seguimos comportándonos como si nada ocurriera?

El abuso también se normaliza

Una explicación está en las normas sociales. Cuando una conducta se vuelve frecuente, nuestra percepción de lo aceptable empieza a deformarse. Lo extraordinario termina convertido en cotidiano, y se comienza a repetir, todos roban y nada les pasa.

Los experimentos sobre corrupción son reveladores. Una investigación publicada en Journal of Economic Behavior & Organization encontró que observar comportamientos corruptos puede producir un efecto de contagio y conformidad. Otro experimento publicado en 2024 comprobó que informar a los participantes de que otros estaban actuando corruptamente aumentaba tanto la probabilidad de participar en corrupción como la magnitud del soborno. 

Traducido al lenguaje de la calle significa algo terrible: cuando todos roban, el robo comienza a parecernos menos excepcional.

Primero nos escandalizan cien mil dólares. Después aparece un caso de diez millones. Luego otro de cien millones. Finalmente escuchamos las cifras mientras desayunamos y seguimos tomando café.

El cerebro acaba incorporando el escándalo al paisaje.

“¿Y qué puedo hacer yo?”

Aquí aparece otro mecanismo. Cuando millones observan el mismo problema, cada individuo puede sentir que su responsabilidad particular es insignificante.

La corrupción se convierte entonces en un problema colectivo. Todos quieren instituciones honestas, pero enfrentarse al poder tiene costos individuales. Denunciar puede significar perder un empleo, sufrir persecución, enfrentarse a procesos judiciales o convertirse en blanco de ataques.

Callarse, en cambio, puede parecer barato.

Y aparece una racionalidad perversa: que proteste otro.

También existe un fuerte sesgo hacia el statu quo. La investigación económica sobre aversión a las pérdidas muestra que las personas pueden preferir mantener una situación conocida antes que asumir los riesgos de cambiarla. En política, este comportamiento puede fortalecer precisamente al orden existente. 

Por eso algunas sociedades soportan gobiernos pésimos durante mucho más tiempo del que parecería razonable.

Todos están molestos, pero nadie habla

El economista Timur Kuran aporta otra pieza extraordinariamente importante. Su teoría de la falsificación de preferencias explica cómo una persona puede rechazar privadamente un régimen y, al mismo tiempo, ocultarlo públicamente porque piensa que está prácticamente sola.

Lo fascinante es que miles o millones pueden estar haciendo exactamente lo mismo.

Cada uno mira alrededor y observa silencio. Interpreta ese silencio como apoyo al gobierno. Como cree encontrarse en minoría, también calla. Su silencio convence al siguiente de que igualmente debe callar.

Así se construye una ficción colectiva.

Kuran mostró además por qué ciertas revoluciones parecen imposibles hasta poco antes de ocurrir. Un acontecimiento aparentemente menor puede revelar de repente que el descontento estaba muchísimo más extendido de lo que todos imaginaban. Entonces la protesta de unos reduce el miedo de otros y puede producirse una cascada. 

Por eso algunos gobiernos parecen eternos el lunes y tambalean el viernes.

Hasta que el problema entra en casa

Hay todavía una explicación más sencilla. Mientras la corrupción sea una cifra, permanece psicológicamente distante.

“Desaparecieron 500 millones” es una abstracción.

Pero cuando falta la medicina de tu madre, asesinan a tu vecino, cierran el negocio de tu hermano, censuran al periodista que seguías, impiden que viajes libremente o la violencia llega a tu calle, la corrupción deja de ser una noticia.

Ahora tiene rostro.

Y ahí cambia el comportamiento.

Por eso resulta peligroso pensar que corrupción, autoritarismo y pérdida de libertades son fenómenos independientes. Freedom House acaba de registrar en Freedom in the World 2026 el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad mundial. En 2025 empeoraron los derechos políticos y las libertades civiles en 54 países y mejoraron solamente en 35. Apenas el 21 % de la población mundial vive hoy en países clasificados como libres. 

No significa que toda corrupción termine inevitablemente en dictadura. Significa algo más prudente y quizá más preocupante, cuando se debilitan los controles al poder, la corrupción encuentra mejores condiciones para sobrevivir y las libertades quedan más expuestas. Transparency International advierte precisamente sobre el deterioro simultáneo de controles democráticos, sociedad civil independiente y mecanismos anticorrupción. 

El verdadero triunfo del corrupto

Un político corrupto no ha ganado completamente cuando roba.

Ha ganado cuando el ciudadano responde: “todos roban”.

Un gobierno abusivo no vence solamente cuando censura a un periodista. Vence cuando los demás periodistas comienzan a censurarse solos.

Y un régimen autoritario alcanza su mayor éxito no cuando necesita policías en cada esquina, sino cuando consigue que millones de personas piensen que protestar, denunciar o simplemente decir lo que piensan ya no vale la pena.

Ahí está la verdadera tragedia.

Las sociedades rara vez pierden sus libertades de golpe. Pueden perderlas lentamente, mientras sus ciudadanos se adaptan a cada nuevo límite creyendo que todavía pueden soportar uno más.

Hasta que llega el día en que la crisis toca su bolsillo, su familia o su propia vida.

Entonces todos preguntan cómo fue posible llegar tan lejos.

Quizá la pregunta correcta debería hacerse mucho antes:

¿cuánto estamos dispuestos a normalizar antes de decidir que ya fue suficiente?

¿Dónde está el límite?
Si sabemos que nos roban, restringen nuestras libertades y deterioran nuestras instituciones, ¿por qué esperamos hasta que el daño nos toca personalmente?

Lee el análisis, compártelo y deja tu opinión. El silencio también ayuda a normalizar aquello que después lamentamos.

Read More

Las elecciones el mayor enemigo de las dictaduras de izquierda

 

Durante décadas, la izquierda latinoamericana construyó el relato de que las elecciones constituyen la máxima expresión de la soberanía popular. Sin embargo, la experiencia contemporánea demuestra una paradoja política: cuando un gobierno abandona los principios democráticos y deriva hacia el autoritarismo, las elecciones libres dejan de ser un instrumento de legitimación y se convierten en la mayor amenaza para su permanencia en el poder. No es casualidad que muchos regímenes de inspiración socialista o populista revolucionaria hayan o estén terminando restringiendo libertades como el caso de Nicaragua, controlando organismos electorales, persiguiendo opositores o manipulando procesos electorales precisamente cuando perciben que la voluntad popular comienza a darles la espalda en el caso de Venezuela.

La teoría de la democracia moderna ofrece una explicación convincente. Robert Dahl sostenía que una democracia requiere competencia política efectiva, participación inclusiva y garantías institucionales. Adam Przeworski, por su parte, definía la democracia como un sistema en el que los partidos pueden perder elecciones y aceptan ese resultado. En consecuencia, el rasgo que diferencia a una democracia de una autocracia no es únicamente la existencia de elecciones, sino la posibilidad real de que quienes gobiernan abandonen el poder cuando así lo decide la ciudadanía.

El problema surge cuando proyectos políticos concebidos para permanecer indefinidamente interpretan una derrota electoral como una amenaza existencial. Desde ese momento, la competencia deja de ser aceptable y las instituciones pasan a ser instrumentos de conservación del poder. El adversario político ya no es visto como un competidor legítimo, sino como un enemigo que debe ser neutralizado mediante reformas constitucionales, control judicial, persecución política o restricciones a la libertad de expresión.

Los casos internacionales son ilustrativos. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega pasó de representar una alternativa democrática a consolidar un régimen ampliamente cuestionado por organismos internacionales debido a la eliminación práctica de la competencia electoral, el encarcelamiento de candidatos presidenciales y la supresión de organizaciones civiles y por último por la suspensión definitiva de elecciones. En Venezuela, el progresivo deterioro institucional redujo considerablemente las garantías de competencia política, mientras el país experimentaba una de las mayores crisis económicas y migratorias de la historia reciente de América Latina. En ambos escenarios, el temor a unas elecciones verdaderamente competitivas terminó siendo un factor determinante para endurecer el control político en las últimas elecciones que participó el ahora preso Nicolás Maduro.

Algo similar puede observarse en Cuba, donde durante más de seis décadas no ha existido una competencia multipartidista que permita una alternancia efectiva en el gobierno. Paradójicamente, las crecientes demandas sociales, las protestas ciudadanas y el acceso a nuevas formas de información evidencian que incluso los sistemas políticos más cerrados enfrentan crecientes dificultades para contener el desgaste de la legitimidad cuando las condiciones económicas empeoran y las expectativas de la población aumentan.

La historia reciente también ofrece ejemplos donde el voto logró abrir procesos de cambio. Polonia, durante el ocaso del bloque soviético, permitió que el movimiento Solidaridad transformara el escenario político mediante procesos electorales que aceleraron la transición democrática. En Chile, el plebiscito de 1988 propuesto por el Gral Agusto Pinochet permitió derrotar institucionalmente la continuidad del régimen militar. Aunque ambos casos corresponden a contextos ideológicos distintos, ilustran un principio universal: cuando existe una verdadera competencia electoral, el ciudadano conserva el instrumento más poderoso para limitar el poder político.

Desde la economía política, esta dinámica también resulta comprensible. Los gobiernos pueden sostener elevados niveles de apoyo mientras distribuyen rentas extraordinarias provenientes de recursos naturales o de elevados niveles de gasto público financiados mediante endeudamiento. Sin embargo, cuando aparecen inflación, escasez, desempleo, deterioro institucional o corrupción, los votantes comienzan a reevaluar sus preferencias. Anthony Downs explicaba que los ciudadanos actúan racionalmente comparando costos y beneficios de las alternativas políticas. El voto deja entonces de responder a identidades ideológicas permanentes para convertirse en un mecanismo de sanción frente al mal desempeño gubernamental.

Precisamente por ello, las elecciones representan el mayor riesgo para cualquier proyecto autoritario, independientemente de su orientación ideológica. Cuando el respaldo popular disminuye, la incertidumbre electoral aumenta. Y cuanto mayor es esa incertidumbre, mayores suelen ser los incentivos para manipular las reglas del juego. El problema no radica en que un gobierno sea de izquierda o de derecha, sino en que rechace la alternancia democrática como principio esencial del sistema republicano.

Las democracias sólidas no se caracterizan porque siempre ganen los mismos, sino porque todos aceptan la posibilidad de perder. Allí reside la diferencia fundamental entre una democracia liberal y un régimen autoritario. La legitimidad no proviene de proclamarse representante del pueblo, sino de someterse periódicamente al juicio libre de ese mismo pueblo.

La mayor fortaleza de la democracia moderna continúa siendo el voto. Mientras existan elecciones libres, transparentes, competitivas y supervisadas por instituciones independientes, ningún gobierno puede considerarse dueño permanente del poder. Por esa razón, las urnas siguen siendo el principal adversario de quienes aspiran a gobernar indefinidamente. La historia demuestra que los ciudadanos pueden tolerar dificultades económicas durante un tiempo, pero rara vez aceptan indefinidamente que también se les arrebate el derecho a decidir su futuro.

¿Cree que la alternancia en el poder sigue siendo el principal indicador de una democracia auténtica? Comparta este artículo y participe en el debate con argumentos y evidencia.

Read More

Poder y corrupción: una alianza peligrosa

 

Introducción

La historia política y social de la humanidad ha estado marcada, una y otra vez, por el uso y abuso del poder. Desde los imperios antiguos hasta las democracias contemporáneas, el poder ha sido una herramienta indispensable para organizar la vida en sociedad. Sin embargo, cuando no existen límites claros ni mecanismos de control, el poder se transforma en un arma que degenera en corrupción. La frase del historiador inglés Lord Acton, “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, sintetiza con aguda claridad esta tendencia recurrente que afecta a líderes, instituciones y gobiernos.

Este ensayo explora cómo el poder, cuando se ejerce sin contrapesos éticos e institucionales, da lugar a conductas corruptas. Se analizan los factores que alimentan la corrupción, sus consecuencias en la sociedad y los mecanismos que podrían contenerla.

El poder como herramienta de gobierno

El poder no es, en sí mismo, algo negativo. En su forma legítima, el poder político permite establecer normas, aplicar justicia, organizar recursos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La autoridad, cuando es democrática y limitada por la ley, tiene el potencial de ser un instrumento de progreso.

Sin embargo, el poder también puede convertirse en una adicción. Su ejercicio continuado genera una sensación de superioridad, de impunidad y de distancia con respecto al ciudadano común. Quienes detentan el poder por largos periodos pueden llegar a confundir el bien común con sus propios intereses, y lo que antes era un servicio a la comunidad se transforma en dominio sobre ella. Para este propósito pelean por las reelecciones indefinidas diciendo que es el pueblo el que jubila o no al político.

En este sentido, ya Nicolás Maquiavelo advertía, desde una visión realista, que “los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”, evidenciando cómo el poder tiende a usarse para resguardar intereses personales, aunque eso implique quebrar principios éticos o legales.

La corrupción: expresión degenerada del poder

La corrupción es el uso ilegítimo del poder para obtener beneficios personales. Puede manifestarse de muchas formas: sobornos, nepotismo, malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, extorsión, entre otros. A menudo se oculta tras la apariencia de legalidad, lo que la hace más peligrosa.

La corrupción no nace de la pobreza, como a veces se argumenta, sino de la falta de controles institucionales, de la debilidad del Estado de Derecho y de la tolerancia social hacia estas prácticas. En sociedades donde el castigo a los corruptos es la excepción y no la regla, el mensaje que se transmite es que la impunidad está garantizada. Vale poner de ejemplos los gobiernos del socialismo del Siglo XXI con algunos exponentes como Cristina de Kirchner que no acepta ir a la cárcel, señalando sus malos manejos en una persecución política, o en Ecuador con un ex presidente prófugo y medio gabinete en el exilio por actos de corrupción durante un periodo de tiempo con manejo total de la administración pública.

De ahí que pensadores como José Ingenieros, en El hombre mediocre, sostuvieran que “la corrupción de las almas es la más vil de las decadencias”, vinculando el poder desmedido con la decadencia moral que contamina a individuos e instituciones.

El poder absoluto y la pérdida de límites

Cuando Lord Acton advertía que el poder absoluto corrompe absolutamente, se refería a una realidad comprobada por siglos de historia. Los monarcas absolutos, los dictadores, los jefes de partidos únicos o los líderes populistas que concentran todos los poderes en sus manos terminan, inevitablemente, por gobernar para sí mismos.

En este contexto, es importante advertir cómo la vieja pretensión de los políticos de controlar todos los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— bajo el pretexto de la “gobernabilidad”, constituye un camino directo hacia el absolutismo. Este argumento, aparentemente técnico o administrativo, ha sido utilizado una y otra vez como justificación para cooptar instituciones, eliminar la independencia judicial, manipular los órganos de control y silenciar voces críticas. Lejos de fortalecer la democracia, esta concentración de funciones destruye su esencia misma: la pluralidad, la deliberación y los contrapesos.

La ausencia de límites éticos y legales lleva a estos líderes a justificar cualquier acción en nombre del “bien del pueblo”. Así, las instituciones se subordinan al capricho de una sola persona o de un grupo, se destruyen los equilibrios republicanos, se manipulan las leyes y se amordaza a la prensa.

No es casual que el filósofo Montesquieu escribiera: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Esta afirmación, que dio origen a la doctrina de la separación de poderes, subraya la importancia de limitar el poder para evitar su corrupción.

Las consecuencias sociales de la corrupción

La corrupción tiene un alto costo para la sociedad. Desvía recursos públicos que deberían destinarse a salud, educación, infraestructura o seguridad. Reduce la eficiencia del Estado, genera desigualdad, mina la confianza ciudadana y debilita la democracia.

Además, crea una cultura de cinismo y resignación. Cuando la ciudadanía percibe que todos los políticos son corruptos y que nada puede cambiar, se debilita el tejido social y se abre la puerta al autoritarismo. La democracia, sin ética, se convierte en una fachada vacía.

Esto fue retratado con agudeza por George Orwell en Rebelión en la granja, cuando afirmó: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. La corrupción, así, destruye el ideal de igualdad y justicia, al privilegiar a quienes ostentan el poder en detrimento del pueblo.

Cómo prevenir la corrupción

Combatir la corrupción no es tarea fácil, pero es posible si se establecen reglas claras y mecanismos eficaces de control. Algunas medidas esenciales incluyen:

• Transparencia en la gestión pública, con acceso a la información y rendición de cuentas.

• Independencia del poder judicial, para que los corruptos sean juzgados sin presiones políticas.

• Educación ética y cívica, que forme ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

• Instituciones autónomas, como fiscalías y contralorías, que investiguen y sancionen con rigor.

• Participación ciudadana, que vigile el uso de los recursos públicos y exija integridad.

La corrupción no se elimina solo con leyes, sino con una cultura de legalidad que debe ser promovida desde todos los ámbitos de la sociedad.

Conclusión

El poder es necesario para gobernar, pero su concentración sin límites éticos ni institucionales da lugar a la corrupción. La advertencia de Lord Acton sigue vigente en nuestros días: ningún ser humano es inmune a los efectos corruptores del poder absoluto. Por ello, la construcción de democracias sólidas, con instituciones independientes, ciudadanos informados y cultura ética, es la mejor defensa frente a este mal que socava el desarrollo y la justicia.

Read More