¿Derechos o privilegios? Cómo la izquierda transformó los derechos humanos en herramientas de control político

 

En los últimos años, la narrativa de ciertos movimientos de izquierda ha trastocado profundamente el sentido original de los derechos humanos. Lo que nació para proteger la dignidad individual frente al abuso del poder, hoy se usa como una herramienta de expansión estatal y control político sobre las masas. La distorsión se centra en un concepto: todo deseo socialmente aceptado es un derecho humano obligatorio.

El ejemplo más claro es la vivienda. En el plano internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda, pero bajo un principio de realización progresiva, según la capacidad económica y fiscal del Estado. Sin embargo, gobiernos populistas y organismos como ONU-Hábitat han simplificado este mensaje hasta convertirlo en un eslogan electoral: “tener casa es un derecho humano y el Estado debe dártela”.

La retórica se disfraza de justicia social, pero en la práctica termina en clientelismo político. En América Latina, donde cerca del 48 % de la población laboral está en la informalidad (CEPAL, 2023), prometer una vivienda gratuita o una renta mensual segura se convierte en una herramienta emocional de campaña. Las masas ven un salvavidas; los líderes ven votos asegurados.

La economía política ha demostrado cómo estas estrategias generan lealtades. En México, el programa Oportunidades (Progresa) incrementó la participación electoral y el voto pro-gobierno entre los beneficiarios, según un estudio de De la O (2013). No se trata de corrupción directa, sino de lealtad inducida por dependencia material.

Los verdaderos derechos humanos

Antes de seguir, conviene recordar qué son y qué no son derechos humanos. Los verdaderos derechos humanos —consagrados en la Declaración Universal de 1948— son aquellos inherentes a la persona, universales, inalienables y exigibles sin necesidad de mediación estatal discrecional. Se agrupan principalmente en tres categorías:

1. Derechos civiles y políticos: protegen las libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, la propiedad privada, la libre expresión, la asociación, el debido proceso y la participación política. Son derechos de defensa: el Estado debe abstenerse de violarlos.

2. Derechos económicos, sociales y culturales: orientados a garantizar condiciones de vida dignas (educación, salud, vivienda adecuada), pero bajo el principio de progresividad y uso responsable de recursos públicos. No implican gratuidad absoluta, sino acceso equitativo y políticas sostenibles.

3. Derechos de solidaridad o de tercera generación: como el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo o a la paz. Requieren cooperación entre Estado y ciudadanía, no imposición ideológica.

Cuando los gobiernos convierten estos derechos en privilegios clientelares, dejan de ser universales y se transforman en instrumentos de poder político. Entregar viviendas, becas o subsidios a los grupos que más protestan, o a quienes apoyan a un partido, no es justicia social: es discriminación disfrazada de inclusión.

La “renta básica universal”: un viejo sueño con nuevo disfraz

A esta tendencia se suma el nuevo fetiche de la izquierda global: la renta básica universal (RBU). Economistas como Thomas Piketty y Yanis Varoufakis han defendido la idea de un ingreso garantizado para todos, sin condiciones, financiado por altos impuestos al capital o por “dividendos sociales” del Estado.

Piketty, en Capital e Ideología (2019), propone una “dotación de capital universal” financiada por impuestos progresivos al patrimonio. A su juicio, esto corregiría las desigualdades estructurales del capitalismo. Pero su planteamiento ignora la heterogeneidad fiscal y productiva de los países en desarrollo. Implementar una renta universal en economías con baja productividad y evasión tributaria masiva es fiscalmente suicida y crea incentivos perversos: desalienta el trabajo formal y aumenta la dependencia del Estado.

Por su parte, Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, impulsa desde su movimiento DiEM25 la idea de una “renta ciudadana europea” financiada por los ingresos del Banco Central Europeo. Su argumento moral es convincente —“ningún ser humano debería temer el hambre o la miseria”—, pero su modelo olvida que la creación de dinero sin productividad genera inflación, y que subsidiar la inactividad en nombre de la libertad individual termina empobreciendo a las sociedades productivas.

Ambos, desde el progresismo académico europeo, comparten una visión donde el Estado debe ser el redistribuidor total, y el individuo, un beneficiario pasivo. En América Latina, esta idea se traduce en promesas de bonos, rentas o casas “por derecho”, no por mérito.

Cuando los derechos se convierten en privilegios

En este contexto, varios derechos se han mercantilizado políticamente:

• La vivienda gratuita, usada como símbolo de equidad pero entregada como trofeo partidario.

• La educación universitaria sin límite, financiada con impuestos regresivos.

• El empleo garantizado, que se traduce en burocracias improductivas.

• La salud total, exigida sin considerar sostenibilidad.

• La renta básica, presentada como “justicia redistributiva”, pero usada para mantener fidelidad política.

En todos estos casos, el error conceptual es el mismo: se confunden derechos humanos, que implican libertades y oportunidades, con privilegios políticos, que dependen de recursos escasos y de la voluntad del gobernante.

De la dignidad al clientelismo

El verdadero sentido de los derechos humanos (la protección de la libertad y la dignidad) se vacía cuando se los usa como moneda electoral. Las políticas redistributivas son necesarias, sí, pero deben sustentarse en productividad, transparencia y responsabilidad fiscal.

Piketty y Varoufakis ofrecen diagnósticos valiosos sobre la desigualdad, pero su solución (una renta garantizada y un Estado omnipresente) no emancipa al individuo, lo ata. El futuro de la libertad económica y de la democracia no pasa por multiplicar subsidios, sino por formar ciudadanos libres, productivos y responsables.

Convertir cada deseo en un derecho no nos hace más humanos; nos hace más dependientes. Y ese, precisamente, es el sueño de todo poder autoritario que se disfraza de justicia social.

Lee otros artículos  en Ideas Antizurdos y descubre cómo el discurso de la “justicia social” se convirtió en un negocio político.

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¿Es la Corrupción Inherente al Estado? Una Mirada Crítica desde América Latina

 

Autor: Dr. Armando José Urdaneta Montiel

Durante décadas, la corrupción ha sido uno de los males más persistentes de América Latina, enraizada no solo en prácticas individuales, sino en un sistema político y económico que premia la dependencia y castiga la responsabilidad. La narrativa dominante incluso desde sectores estatistas reconoce que los llamados Estados elefantiásicos, caracterizados por su tamaño excesivo, burocracia ineficiente y vocación intervencionista, son un terreno fértil para el clientelismo, la opacidad y el abuso de poder. 

Pero el problema no es solo de tamaño: es estructural. La corrupción florece donde el Estado deja de ser un árbitro imparcial para convertirse en botín político. Así, más que una herramienta neutral, el Estado se convierte en un mecanismo de redistribución forzada y control social que facilita la captura institucional. La pregunta, entonces, no es si el tamaño importa, sino hasta qué punto es legítimo y sostenible que el Estado invada funciones que deberían pertenecer a la sociedad civil, al individuo y al mercado libre.

Tres estudios recientes ofrecen evidencia contundente para afirmar que la corrupción en América Latina no es simplemente una disfunción del sistema, sino la consecuencia predecible del uso estratégico y clientelar del Estado como instrumento de poder y reparto, en lugar de ser garante del orden y la libertad individual. 

Por ello el Estado debe limitarse a sus funciones legítimas proteger la vida, la propiedad y la libertad, el aparato estatal ha sido expandido artificialmente para beneficiar a élites políticas, sindicatos aliados, grupos de interés y burócratas enquistados, todo bajo el disfraz del “bien común”. Este patrón se agrava en contextos donde las instituciones de control son frágiles, la justicia no es independiente y los ciudadanos carecen de herramientas efectivas para fiscalizar el poder. En otras palabras, la corrupción no surge del vacío: es el resultado lógico de un Estado hipertrofiado que se administra no como un árbitro neutral, sino como un botín a ser explotado por quienes lo capturan. En este esquema, la democracia formal es apenas un decorado para legitimar un sistema de privilegios sostenido por la coacción fiscal y la intervención estatal permanente.

Kotera, Okada y Samreth (2010) exploran si la expansión del aparato estatal está inevitablemente vinculada a mayores niveles de corrupción. Sus hallazgos son matizados: el impacto del tamaño del gobierno sobre la corrupción depende directamente del nivel de desarrollo democrático. No obstante, los referidos autores señalan que la experiencia demuestra que la acumulación de poder estatal, incluso en democracias, tiende a generar riesgos crecientes de abuso, burocratización excesiva y pérdida de libertad individual. 

En América Latina, donde la democracia muchas veces es formal y las instituciones de control son débiles o cooptadas, un Estado grande no solo no garantiza menor corrupción, sino que suele amplificarla. Esto no ocurre por el tamaño per se, sino por la ausencia de frenos y contrapesos efectivos. Desde esta óptica, la solución no pasa por expandir el aparato estatal, sino por fortalecer las instituciones que aseguran transparencia, competencia política real y separación de poderes, además de fomentar la libertad económica y la responsabilidad individual.

Caserta (2021) introduce una visión innovadora: el tamaño del aparato estatal puede ser manipulado estratégicamente para “diluir” la corrupción. En vez de concentrarla en pocos actores visibles, los gobiernos pueden expandir la burocracia y distribuir pequeñas rentas corruptas entre muchos funcionarios. Esto reduce la visibilidad y el costo político de los actos ilícitos, sin eliminar su existencia.

Este fenómeno tiene eco claro en América Latina. Las estructuras gubernamentales muchas veces son diseñadas no para maximizar la eficiencia ni garantizar derechos, sino para crear espacios de clientelismo, empleo político y reparto de favores, lo que Caserta denomina “watering down corruption”. En este contexto, el problema no es el tamaño del Estado, sino su uso como instrumento de control político y recompensa partidista.

Finalmente, Bonanno (2024) realiza un metaanálisis de más de 400 estimaciones sobre la relación entre el tamaño del Estado y la corrupción, llegando a una conclusión clara y reveladora: no existe una relación causal consistente y directa entre ambas variables. En algunos casos, un Estado grande se asocia con mayores niveles de corrupción; en otros, con niveles menores; y en muchos, no hay relación significativa. Lo que realmente importa, según Bonanno, es la calidad institucional, la gobernanza efectiva y el contexto político en el que opera el Estado. La clave no es simplemente achicar el Estado como una solución universal, sino garantizar que sus funciones estén estrictamente delimitadas y que operen bajo reglas claras que minimicen los incentivos y oportunidades para la corrupción.

Sin embargo, para este autor, el riesgo de corrupción se intensifica cuando el Estado se expande sin límites, acumulando poder susceptible de ser capturado por intereses privados. Por ello, es fundamental que el Estado se limite a sus funciones esenciales como la protección de derechos y la impartición de justicia y que implemente mecanismos institucionales estrictos que permitan a la sociedad civil fiscalizar su accionar. La clave  es delimitar con precisión su alcance, restringir su poder y garantizar que cada función pública esté sometida al control ciudadano y a una total transparencia.

En América Latina, donde las instituciones suelen ser débiles y permeables a la politización, el desafío es doble: reducir la intervención estatal innecesaria que abre espacios para el clientelismo y la corrupción, y fortalecer simultáneamente la calidad institucional, el profesionalismo del sector público y la participación ciudadana. El combate contra la corrupción exige un rediseño del orden político que priorice un Estado pequeño, eficiente y estrictamente controlado, no uno ausente, pero sí limitado, enfocado y vigilado por una ciudadanía activa y empoderada.

Referencias

• Bonanno, G. (2024). The impact of government size on corruption: A meta‐regression analysis. Journal of Economic Surveys, 38(1), 123–145. https://doi.org/10.1111/joes.12511
• Caserta, M. (2021). Bribes and Bureaucracy Size: The Strategy of Watering Down Corruption. Economica, 88(350), 417–442. https://doi.org/10.1111/ecca.12375
• Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2010). A study on the relationship between corruption and government size: the role of democracy. MPRA Paper No. 25015. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25015/

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El fraude del populismo fiscal: ¿Subir el IVA para ayudar a los pobres?

 

En América Latina, el populismo no solo ha deformado el discurso político, también ha contaminado la política fiscal. Una de las mayores falacias difundidas por los sectores de izquierda es que subir impuestos como el IVA es una forma de "solidaridad" y de "redistribuir la riqueza". La realidad es otra: se trata de un mecanismo regresivo, manipulador y funcional al clientelismo estatal que tanto daño ha hecho a nuestras economías.

El engaño de los impuestos para los pobres

Los gobiernos populistas, con el puño en alto y el discurso moralista, suelen justificar la subida del IVA argumentando que es necesario para financiar programas sociales, salud, educación y subsidios. Sin embargo, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un impuesto indirecto y regresivo: es decir, lo pagan más los que menos tienen, porque no distingue entre ricos y pobres.

Cuando un ciudadano humilde compra arroz, aceite o papel higiénico, paga el mismo porcentaje de IVA que un millonario comprando un perfume de lujo. Así, los sectores populares terminan financiando un aparato estatal ineficiente, inflado y, muchas veces, corrupto.

¿Y el gasto público de calidad? Un mito populista

Los defensores del populismo económico aseguran que, si el gasto público es de “calidad”, los impuestos sí pueden redistribuir. El problema es que en América Latina esa “calidad” es casi una utopía. Veamos algunos ejemplos:

• Perú aplica un IVA del 18%, uno de los más altos de la región. A pesar de eso, la informalidad laboral supera el 70% y gran parte del gasto público termina en burocracia central o regional. Se prometen mejoras en salud y educación, pero los hospitales dicen otra cosa y el sistema educativo sigue careciendo de infraestructura básica.

• Colombia, por su parte, tiene un IVA del 19%. En los últimos años, cada intento de reforma tributaria para aumentar aún más la carga fiscal ha desatado fuertes protestas sociales. La razón es clara: los ciudadanos perciben que pagan mucho y reciben poco. Además, el gasto sigue concentrado en clientelas políticas y programas poco eficientes.

• Argentina, con un IVA del 21%, justificó hasta antes de la llegada del presidente Milei sus altos impuestos en nombre de la justicia social. Sin embargo, el resultado fue un Estado inflado e ineficaz: escuelas públicas de mala calidad, hospitales usados para el clientelismo fronterirzo y planes sociales que crean dependencia, no desarrollo.

• Brasil tiene un sistema tributario complejo, pero el IVA (conocido como ICMS o IPI, según el caso) ronda el 17% promedio. Pese a la altísima carga fiscal, el país enfrenta servicios públicos deficientes, altos niveles de corrupción y gasto público descontrolado que no se traduce en calidad de vida para los más pobres.

• Ecuador, en su crisis de 2019, intentó subir el precio de los combustibles y defendió la necesidad de aumentar la recaudación, ahora tiene un IVA de 15% justificado para la aumentar la seguridad ciudadana. Sin embargo, gran parte del gasto público seguía yendo a salarios del sector público, viajes oficiales y subsidios mal focalizados. 

El populismo necesita recursos: ¿Quién paga la fiesta?

El populismo político, para sostenerse, necesita clientelas. Y para mantener esas clientelas, necesita gastar. Como no puede producir riqueza, recurre a exprimir al sector privado, al emprendimiento y al consumo con más impuestos. El aumento del IVA es una de las formas más cómodas: es fácil de recaudar y produce mucho dinero… pero destruye poder adquisitivo, ahuyenta la inversión y castiga al trabajador honesto.

El problema de fondo no es cuánto recauda el Estado, sino cómo y en qué gasta. Si el gobierno fuera una empresa, estaría quebrada hace años. Pero gracias al populismo, se sigue sosteniendo a costa del esfuerzo del ciudadano común, mientras los verdaderos privilegiados del sistema (burócratas, operadores políticos, consultores ideológicos) viven del erario.

El discurso moralista que esconde la verdad

Muchos caen en la trampa de pensar que rechazar impuestos altos es ser “insensible” o “antipobre”. Nada más lejos de la verdad. Quienes defendemos una economía libre y responsable sabemos que:

• Menores impuestos permiten mayor actividad económica y más dinero en el bolsillo de las personas.

• Más empleo significa menos necesidad de subsidios.

• Menos burocracia significa más eficiencia.

No se trata de abandonar al pobre, sino de dejar de usarlo como excusa para robar, mentir y sostener sistemas fracasados.

Finalmente: menos populismo fiscal, más libertad

Subir el IVA no es progresista, es cobarde. Es hacerle pagar al panadero, al obrero y al vendedor informal la cuenta de un Estado ineficiente. La solución no está en más impuestos, sino en menos gasto inútil, más transparencia y más libertad económica. Ya es hora de despertar del engaño populista.

¿Te has preguntado…?

• ¿Por qué si suben los impuestos no mejora tu escuela ni tu hospital?

• ¿Quién se beneficia realmente del gasto público?

• ¿El populismo fiscal te empodera o te empobrece?

Comenta y comparte esta entrada si estás cansado de pagar más para que otros vivan del Estado. ¡Difunde ideas, no excusas!

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