Dr. John Campuzano Vásquez.
La ultra izquierda y todas sus variantes, rara vez
llega al poder confesando su verdadero proyecto. No dice: “quiero controlar
jueces, medios, elecciones, empresas y universidades, expropiar la propiedad
privada”. Sería suicida. Prefiere una entrada más elegante: habla de inclusión,
justicia social, democracia participativa, derechos del pueblo y defensa de los
pobres. El problema de usar esas palabras es la trampa que hacen de ellas.
Prometen tolerancia cuando están débiles; practican intolerancia cuando ya
controlan el Estado y gozan del dinero de los contribuyentes.
La radiografía es conocida. Primero, se presentan como
víctimas del sistema. Todo adversario es “oligarca”, “vendepatria”, “fascista”
o “enemigo del pueblo”. Segundo, convierten la crítica en delito moral. Quien
cuestiona al líder no discrepa: conspira. Tercero, una vez en el gobierno,
empiezan a capturar instituciones: cortes, fiscalías, órganos electorales,
fuerzas armadas, medios públicos y sistema educativo. Ahí la democracia deja de
ser competencia limpia y se convierte en escenografía.
Venezuela es el ejemplo más claro en América Latina.
El chavismo llegó con discurso popular de lucha de clases, pero terminó
construyendo un régimen donde el árbitro electoral, la justicia y los recursos
públicos operan a favor del poder casi con devoción ciega. En el poder, no les
importa que les digan de todo cuando manosean elecciones presidenciales como la
venezolana, que no cumplió estándares internacionales de integridad electoral y
no podía considerarse democrática.
La trampa no siempre ocurre solo el día de la
votación. Muchas veces empieza antes: inhabilitan candidatos, cambian
directivas de partidos opositores, dificultan el voto en el exterior, usan
dinero público para la campaña oficialista como en el caso de Ecuador (Caso
Sobornos) y controlan la información. Es decir, cuando llega el día electoral,
el partido gobernante ya ha inclinado la cancha. En Venezuela y en Nicaragua hay
decenas de casos que demuestran la persecución política a la oposición.
De manera puntual, en Nicaragua: cuando la máscara ya
no alcanza, se encarcela o se expulsa al adversario. Daniel Ortega, que alguna
vez se presentó como revolucionario democrático, terminó gobernando con lógica
familiar y represiva. Freedom House reportó que reformas constitucionales
recientes ampliaron el poder del Ejecutivo, hicieron a Ortega y Rosario Murillo
“copresidentes” y extendieron su mandato hasta 2028.
Cuba, por su parte, representa el modelo sin
maquillaje: partido único, prohibición del pluralismo político, medios
independientes perseguidos y severas restricciones a libertades civiles. No hay
que darle muchas vueltas: donde no existe competencia política real, no existe
democracia real. Cuba puede ser clasificada sin problema como “dictadura de un
solo partido” y con control total de oposición.
Las argucias electorales tienen muchas formas. A veces
son burdas: padrones inflados, muertos que siguen votando, “fantasmas”
habilitados, votos asistidos, urnas manipuladas o actas desaparecidas. Otras
son más sofisticadas: rediseñar distritos, negar personería jurídica, cambiar
reglas a última hora, impedir observadores, bloquear auditorías, perseguir
fiscales electorales o controlar tribunales que luego “validan” resultados
dudosos. IFES advierte que la manipulación de registros civiles, tarjetas
falsas, compra de votos e intimidación pueden alterar seriamente una elección,
aunque sus efectos sean difíciles de cuantificar.
Como se puede entender, la izquierda autoritaria no
odia las elecciones; odia perderlas. Por eso no siempre elimina el voto. Lo
administra. Lo rodea. Lo domestica. Deja votar, pero decide quién compite. Deja
contar, pero controla quién anuncia. Deja reclamar, pero pone jueces obedientes.
Deja marchar, pero luego persigue. Esa es la gran estafa: conservar el ritual
democrático mientras se destruye su esencia.
El engaño funciona porque apela a emociones nobles:
igualdad, dignidad, justicia y protección social. Pero una democracia no se
mide por lo bonito del discurso, sino por la posibilidad real de sacar al
gobernante del poder. Si un gobierno se dice popular, pero persigue opositores,
controla jueces, encarcela críticos, manipula padrones o desconoce actas,
entonces no defiende al pueblo: se defiende del pueblo.
La lección histórica es clara. El autoritarismo de
izquierda no llega siempre con botas militares; muchas veces llega con
sonrisas, canciones pegajosas, subsidios y promesas de redención. Pero cuando
concentra poder, cambia el tono: de tolerante pasa a censor; de democrático
pasa a hegemónico; de defensor de los pobres pasa a dueño de sus necesidades.
Por eso la libertad no se pierde de golpe. Se pierde elección tras elección,
silencio tras silencio, institución tras institución.
Si este análisis te hizo pensar, compártelo. La
democracia se defiende antes de que el poder aprenda a disfrazar el fraude de
voluntad popular.
