El Partido Comunista que aprendió a usar el capitalismo

 

Existe una paradoja que incomoda tanto a cierta izquierda como a algunos defensores del libre mercado. Uno de los mayores procesos de reducción de pobreza de la historia contemporánea ocurrió en un país gobernado por un Partido Comunista, pero comenzó precisamente cuando ese país empezó a introducir propiedad privada, inversión extranjera, competencia, comercio internacional e incentivos de mercado.

China no dejóde ser políticamente comunista. Lo que hizo fue algo mucho más pragmático: dejó de administrar buena parte de su economía como una economía comunista tradicional.

Antes de Deng: planificación, aislamiento y escasez

Durante la etapa de Mao Zedong, la economía china estaba dominada por planificación central, propiedad estatal, comunas agrícolas, controles administrativos sobre producción y precios y una limitada integración con los mercados internacionales. Sería incorrecto desconocer que durante ese periodo China logró avances en alfabetización, salud básica y formación de capital humano. El propio Banco Mundial reconoce que, antes de 1978, el país había conseguido niveles relativamente amplios de acceso a educación y servicios sanitarios para su nivel de ingreso.

Pero una población más educada no necesariamente es una población próspera. El problema estaba en los incentivos económicos: producir más, innovar, invertir, ahorrar o emprender generaba escasas recompensas individuales.

El resultado era una economía pobre, rural, cerrada y poco productiva. El Banco Mundial describe precisamente la transformación posterior como el paso desde una economía “estatal, planificada, rural y cerrada” hacia otra mucho más orientada al mercado, urbanizada y abierta.

Deng Xiaoping cambia las reglas

Con el ascenso político de Deng Xiaoping a partir de 1978, China comenzó su política de “reforma y apertura”. Deng no desmontó al Partido Comunista ni privatizó inmediatamente toda la economía. Hizo algo posiblemente más inteligente: permitió experimentar.

En el campo se introdujo el sistema de responsabilidad familiar, que permitió a los hogares agrícolas beneficiarse directamente de una mayor producción. Aparecieron empresas privadas y colectivas, se flexibilizaron progresivamente precios y propiedad y el país comenzó a recibir capital extranjero.

La lógica cambió radicalmente: si producir más podía mejorar los ingresos, entonces existía una razón para producir más. Los resultados iniciales fueron extraordinarios. Investigaciones del Banco Mundial concluyen que las reformas agrarias de comienzos de los años ochenta explicaron aproximadamente la mitad de toda la reducción de pobreza observada en China durante las dos décadas siguientes.

No fue magia ideológica. Fueron incentivos.

Las Zonas Económicas Especiales: capitalismo dentro del comunismo

Uno de los experimentos más importantes fueron las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Shenzhen es su símbolo. En determinadas ciudades y territorios China permitió condiciones económicas considerablemente más favorables para la empresa: inversión extranjera, orientación exportadora, incentivos fiscales, mayor flexibilidad administrativa y contacto directo con mercados internacionales.

Las ZEE funcionaron como laboratorios. Si una reforma daba resultado, podía posteriormente ampliarse. El Banco Mundial señala que estas zonas permitieron experimentar con reformas orientadas al mercado y atraer capital internacional, tecnología, conocimientos técnicos y capacidad gerencial. En una evaluación publicada en 2015 estimaba que las ZEE aportaban alrededor del 22 % del PIB chino, concentraban el 45 % de la inversión extranjera directa y generaban aproximadamente el 60 % de las exportaciones.

Aquí aparece otra lección incómoda: China comunista comprendió que necesitaba capital extranjero, empresarios, tecnología, exportaciones y consumidores internacionales. La inversión extranjera pasó de ser prácticamente inexistente al comenzar las reformas a alcanzar entre 40.000 y 45.000 millones de dólares anuales durante la segunda mitad de los noventa. Después llegaría otra decisión fundamental: China ingresó a la Organización Mundial del Comercio el 11 de diciembre de 2001, profundizando su incorporación a los mercados globales.

¿Y los trabajadores?

Aquí también conviene evitar la propaganda.

La industrialización china no fue un paraíso laboral. Millones de trabajadores migrantes rurales ocuparon empleos caracterizados durante determinadas etapas por jornadas extensas, salarios bajos, inseguridad laboral y limitada protección social. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado precisamente estos problemas.

China además mantiene el sistema hukou, que históricamente ha limitado el acceso de trabajadores migrantes a determinados servicios urbanos. Por tanto, reconocer el éxito económico chino no significa justificar malas condiciones laborales.

Pero existe una diferencia fundamental entre explotación y pobreza: una economía que aumenta productividad, inversión y demanda de trabajo crea posteriormente condiciones para salarios mayores. Estudios del Banco Mundial encuentran fuertes incrementos de salarios reales entre trabajadores chinos de baja cualificación durante la transformación económica.

El desarrollo no elimina automáticamente los abusos laborales; permite disponer de mayores recursos y productividad para corregirlos.

La cifra que debería cerrar el debate

Desde 1978, China mantuvo durante décadas tasas extraordinarias de crecimiento. El Banco Mundial estima que cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema, una transformación sin precedente por su escala.

¿Fue eso producto del comunismo económico?

La evidencia histórica aconseja responder que no.

Ocurrió cuando China comenzó a alejarse de la colectivización, abrió espacios a la iniciativa privada, reconoció incentivos económicos, atrajo inversión extranjera, permitió competencia y se integró al comercio mundial.

China tampoco se convirtió en una economía liberal occidental. Conservó enormes empresas estatales, planificación estratégica y fuerte intervención gubernamental. Su sistema es híbrido y autoritario. Pero precisamente por eso la comparación resulta reveladora. El mismo país, gobernado por el mismo Partido Comunista, obtuvo resultados radicalmente diferentes cuando sustituyó buena parte de la planificación económica centralizada por mecanismos de mercado.

Esa, a mi juicio, es la verdadera lección de Deng Xiaoping.

China no demostró que el comunismo funciona.

Demostró hasta dónde puede llegar un país comunista cuando empieza a dejar trabajar al capitalismo.

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Diálogo incómodo entre socialismo y mercado

 

Dedicado a un amigo que se niega a abrir los ojos.

—El problema del Ecuador es muy sencillo —dijo Andrés—. Tenemos demasiado mercado, empresarios que no invierten, privatizaciones, abandono de los servicios públicos y políticos que quieren acabar con el Estado.

—Curioso —respondió Martín—. Acabas de resumir cincuenta años de problemas económicos utilizando una sola explicación. Siempre es tranquilizador encontrar un culpable universal.

—No estoy simplificando. El Estado debe garantizar salud, educación, empleo, servicios básicos, empresas estratégicas y justicia social.

—Estoy de acuerdo con varias cosas. La pregunta interesante es otra: ¿quién garantiza que el Estado haga bien todo aquello?

Andrés frunció el ceño.

—El Estado representa a la sociedad.

—No. El Estado está administrado por personas. Políticos, funcionarios, jueces, técnicos, ministros y burócratas. Personas exactamente igual de humanas que los empresarios que tanto te preocupan: con intereses, ambiciones, errores, incentivos y, eventualmente, corrupción.

—Pero el empresario busca ganancias.

—Por supuesto. Ese descubrimiento tiene unos tres siglos de retraso. Lo interesante es que consideres sospechoso que el empresario busque beneficio y, al mismo tiempo, presupongas que el político busca automáticamente el bien común.

Andrés sonrió.

—Eso es el típico argumento neoliberal.

—No. Es teoría de elección pública. James Buchanan pasó buena parte de su obra estudiando precisamente algo que algunos socialistas olvidan convenientemente: los gobiernos también responden a incentivos. Los funcionarios no se transforman en ángeles cuando reciben un cargo público.

—Entonces, según tú, ¿el Estado no debe intervenir?

—Ahí aparece la primera trampa. Criticar la intervención estatal ineficiente no significa querer eliminar el Estado. Esa caricatura resulta muy útil porque evita discutir la cuestión difícil: qué debe hacer el Estado, cuánto debe hacer, cómo debe hacerlo y cómo medimos si lo está haciendo bien.

Andrés apoyó los brazos sobre la mesa.

—El mercado tampoco resuelve todo. Mira la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a salud y educación.

—Correcto. Existen fallas de mercado. Externalidades, información asimétrica, monopolios, bienes públicos. Todo economista serio las reconoce. Lo extraño es que algunos reconozcan cada falla del mercado y sean incapaces de reconocer una sola falla del gobierno.

—¿Por ejemplo?

—Clientelismo, corrupción, captura institucional, empresas públicas utilizadas políticamente, gasto sin evaluación, burocracias que sobreviven aunque hayan perdido su razón de existir, subsidios que benefician a grupos organizados, contrataciones direccionadas y regulaciones diseñadas por quienes supuestamente deben ser regulados.

—Eso ocurre porque tenemos malos políticos.

Martín soltó una pequeña carcajada.

—Esa respuesta me encanta. Cuando una empresa fracasa, dices que demuestra las fallas del capitalismo. Cuando una institución pública fracasa, dices que simplemente escogimos mal al funcionario. El sistema estatal siempre queda misteriosamente absuelto.

—Pero existen sectores estratégicos que no deberían estar en manos privadas. Petróleo, electricidad, recursos naturales...

—Puede haber razones económicas para mantener determinada propiedad pública. Lo que no existe es una ley económica según la cual agregar la palabra “estratégico” convierta automáticamente una empresa estatal en eficiente.

—Al menos pertenece a todos.

—¿A todos? Intenta entrar mañana a una empresa pública y pedir tu parte de los activos porque eres ciudadano.

Andrés rió a pesar suyo.

—Sabes perfectamente qué significa propiedad pública.

—Sí. Significa que el Estado administra esos activos en nombre de la sociedad. Precisamente por eso deberíamos exigir todavía más transparencia, productividad y resultados. Pero algunas personas hacen exactamente lo contrario: consideran casi ofensivo preguntar cuánto cuesta, cuánto produce, cuántos trabajadores necesita o qué rentabilidad social genera.

—No puedes evaluar una empresa pública solamente por sus ganancias.

—Completamente de acuerdo. Pero tampoco puedes evaluarla exclusivamente por sus intenciones.

Hubo unos segundos de silencio.

—Ecuador necesita industrializarse —continuó Andrés—. Seguimos exportando materias primas. Banano, camarón, cacao, petróleo, minerales. Nuestra economía sigue siendo primaria.

—Finalmente coincidimos en algo importante.

—¿Entonces aceptas que necesitamos planificación estatal?

—No tan rápido. Acabas de saltar del diagnóstico a una receta sin demostrar la conexión. Que Ecuador tenga baja sofisticación productiva no prueba que un ministerio sea capaz de decidir qué industrias deben triunfar durante los próximos treinta años.

—Sin Estado jamás nos industrializaremos.

—Tampoco sin empresas. Ni sin universidades, capital humano, financiamiento, infraestructura, competencia, innovación, inversión extranjera y seguridad jurídica. El desarrollo productivo moderno necesita coordinación entre Estado, academia y sector privado. Pero algunos escuchan “política industrial” y enseguida imaginan un burócrata escogiendo ganadores con dinero ajeno.

—Los empresarios ecuatorianos ni siquiera quieren invertir.

Martín levantó las cejas.

—Otra frase extraordinaria. ¿Desde cuándo invertir es una obligación patriótica?

—Si tienen capital deberían crear empleo.

—Una empresa invierte cuando espera que el retorno compense el riesgo. Si tienes extorsiones, inseguridad, cambios regulatorios, incertidumbre tributaria, dificultades para recuperar una inversión, crédito caro y demanda débil, ¿qué esperas que haga el capital? ¿Que se sacrifique por la patria?

—Entonces todo hay que acomodarlo para los empresarios.

—No. Hay que crear instituciones donde invertir sea racional. Es distinto. Seguridad jurídica, competencia y estabilidad favorecen a empresarios, trabajadores, consumidores y al propio Estado.

Andrés respiró profundamente.

—El problema de ustedes los liberales es que creen que todo se resuelve privatizando.

—Y el problema de cierto socialismo es que responde a argumentos que nadie ha formulado. Privatizar un monopolio público para convertirlo en monopolio privado puede ser perfectamente absurdo. El liberalismo serio defiende competencia, no simplemente propiedad privada.

—¿Ves? Entonces necesitas regulación estatal.

—Por supuesto. Lo sorprendente es que todavía creas que reconocer funciones legítimas del Estado contradice una posición liberal. El mercado necesita Estado de derecho, tribunales, contratos, derechos de propiedad, competencia y reguladores independientes. Lo que no necesita es que el árbitro quiera jugar simultáneamente de delantero, arquero, entrenador, propietario del estadio y vendedor de entradas.

Andrés sonrió.

—Bonita metáfora. Pero la justicia social no puede dejarse al mercado.

—De acuerdo nuevamente. El Estado puede financiar salud, educación, protección social y políticas redistributivas. Pero aquí viene la pregunta que suele arruinar el romanticismo: ¿cuáles programas funcionan?

—Los que ayudan a los pobres.

—Eso es una intención, no una evaluación. Si un programa cuesta cien millones y apenas mejora marginalmente la situación de sus beneficiarios, mientras otro obtiene resultados mucho mayores por veinte millones, ¿defenderías el primero únicamente porque su propósito era noble?

—Hay derechos que no pueden medirse en dinero.

—Cierto. Pero los recursos sí pueden medirse, porque son escasos. Y cada dólar gastado en una política inútil es un dólar que no llegó a una escuela, un hospital, una carretera o una familia necesitada. La eficiencia también es justicia social.

Andrés permaneció pensativo.

—¿Y qué hay del Consenso de Washington? América Latina ya probó las recetas neoliberales.

—El famoso monstruo del Consenso de Washington. Siempre aparece cuando la conversación se complica.

—Privatización, apertura y reducción del Estado.

—También disciplina fiscal, reforma tributaria, inversión en educación, salud e infraestructura, competencia y derechos de propiedad. Pero resulta menos emocionante contar esa parte. Convertimos conceptos económicos complejos en consignas porque las consignas caben mejor en una pancarta.

—La austeridad destruye sociedades.

—Y el déficit permanente termina cobrándose igualmente. Con deuda, impuestos, inflación cuando existe moneda propia o ajustes posteriores. No existe almuerzo gratis ni siquiera cuando lo sirve el Ministerio de Finanzas.

Andrés volvió al argumento político.

—Pero debemos defender al Estado de quienes quieren destruirlo.

—Yo también quiero defenderlo.

—¿Ahora eres estatista?

—No. Quiero defender precisamente las funciones que solamente un Estado serio puede realizar: justicia, seguridad, protección de derechos, educación básica, salud pública, infraestructura, regulación, protección social y estabilidad institucional.

—Eso es bastante Estado.

—Es Estado fuerte. No necesariamente Estado enorme. Hay una diferencia.

—Explícala.

—Un Estado fuerte puede hacer cumplir la ley. Un Estado grande puede tener cuarenta ministerios y ser incapaz de impedir que una banda criminal controle un barrio. Un Estado fuerte puede recaudar impuestos razonables y utilizarlos eficazmente. Uno grande puede gastar cantidades enormes y ofrecer servicios mediocres. Un Estado fuerte tiene instituciones. Uno simplemente voluminoso tiene burocracia.

Andrés permaneció callado.

Martín continuó:

—Y aquí llegamos quizás al problema más grave del Ecuador contemporáneo. La discusión pública sigue atrapada en “izquierda contra derecha” mientras el crimen organizado, la pobreza educativa, la baja productividad, la informalidad y el deterioro institucional avanzan.

—Entonces coincidimos en que existe captura del Estado.

—Sí, pero no solamente por empresarios. El Estado puede ser capturado por grupos económicos, partidos políticos, sindicatos, contratistas, organizaciones criminales, familiares, burocracias y movimientos que confunden instituciones públicas con patrimonio partidista.

—Eso es exagerado.

—Lo verdaderamente ingenuo sería creer que la captura solamente ocurre cuando gobierna el adversario.

Andrés observó por la ventana.

—¿Entonces cuál es tu propuesta para Ecuador?

—Algo bastante menos emocionante que una revolución.

—¿Qué cosa?

—Instituciones.

—Eso suena aburrido.

—Lo es. Los países desarrollados tienen la mala costumbre de progresar haciendo cosas aburridas: mejorar educación, garantizar contratos, profesionalizar la administración pública, construir infraestructura, estabilizar las finanzas públicas, proteger inversiones, financiar innovación, castigar la corrupción y permitir competencia.

—No parece una consigna muy movilizadora.

—Precisamente. Las consignas movilizan multitudes. Las instituciones desarrollan países.

Andrés guardó silencio unos segundos antes de responder:

—Entonces tampoco crees que la derecha tenga siempre razón.

—Por supuesto que no. Ni la izquierda tiene el monopolio de la justicia social ni la derecha posee el monopolio de la eficiencia. Tampoco nacionalizar significa desarrollar ni privatizar significa modernizar.

—Eso suena casi centrista.

—No. Suena a dejar de pensar como hincha.

Y quizá allí se encuentre una de las discusiones que Ecuador lleva demasiado tiempo evitando.

Nuestro problema no consiste simplemente en escoger entre Estado o mercado. Consiste en construir un Estado que haga bien aquello que realmente debe hacer y un mercado donde verdaderamente exista competencia.

Necesitamos empresa privada que invierta, innove y genere empleo. Pero también un Estado que impida monopolios, proteja derechos y garantice oportunidades.

Necesitamos inversión pública. Pero evaluada.

Necesitamos protección social. Pero focalizada y eficaz.

Necesitamos propiedad pública cuando esté económicamente justificada. Pero sometida a resultados y transparencia.

Necesitamos disciplina fiscal. Pero acompañada de prioridades sociales.

Necesitamos mercado. Pero con reglas.

Y necesitamos Estado.

Pero con límites.

Porque quizá el error fundamental del viejo socialismo nunca fue preocuparse por los pobres, la desigualdad o la exclusión. Esas preocupaciones son completamente legítimas.

Su error consiste en algo bastante más profundo:

creer que descubrir una falla del mercado demuestra automáticamente la superioridad del Estado.

No la demuestra.

Así como descubrir un gobierno incompetente tampoco demuestra automáticamente que el mercado resolverá el problema.

Hay fallas de mercado.

Y hay fallas de gobierno.

La diferencia entre economía y propaganda comienza cuando somos capaces de reconocer ambas.

Y posiblemente allí también comience el verdadero debate que Ecuador necesita.

¿Qué necesita realmente Ecuador: más Estado, menos Estado o un Estado que funcione mejor?

El debate no debería reducirse nuevamente a izquierda contra derecha. La pregunta relevante es qué instituciones generan crecimiento, seguridad, oportunidades, movilidad social y mejores servicios públicos.

Déjanos tu opinión: ¿qué funciones debería conservar necesariamente el Estado ecuatoriano y cuáles deberían quedar abiertas a la competencia privada?

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Crítica a la Economía Popular y Solidaria (EPS) desde la Praxeología de Ludwig von Mises

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

¿Es viable la Economía Popular y Solidaria (EPS)?

En el contexto actual, el supuesto modelo de Economía Popular y Solidaria (EPS) que tanto se vende en Ecuador, este se presenta como una respuesta institucional frente a la exclusión social, de dice que promueve la cooperación y la redistribución mediante el impulso estatal a cooperativas y asociaciones. Sin embargo, desde la óptica praxeológica de Ludwig von Mises y su individualismo metodológico, esta concepción presenta serias contradicciones que deben ser analizadas críticamente.

El supuesto que subyace en la EPS es que los colectivos —cooperativas, asociaciones, comunidades— actúan como agentes racionales y homogéneos en pos del “bien común”. Este planteamiento se enmarca dentro del colectivismo metodológico, que atribuye voluntad y racionalidad a entidades supraindividuales. No obstante, Mises advierte que solo los individuos actúan; toda acción económica es resultado de decisiones personales orientadas a fines específicos. Por tanto, concebir a las cooperativas como unidades monolíticas ignora la diversidad de intereses que coexisten en su interior.

El cooperativismo, como forma organizativa, no excluye los conflictos. Al contrario, agrupa personas con objetivos particulares que pueden entrar en tensión. La narrativa oficial de la EPS invisibiliza estas fricciones, presentando una imagen idealizada de solidaridad y consenso, una entelequia de producción. Sin embargo, los incentivos individuales dentro de las cooperativas siguen operando, incluso en entornos fuertemente subsidiados.

Además, el modelo EPS, sostenido por políticas públicas que otorgan subsidios, exoneraciones y asistencia técnica, altera la lógica de mercado. Tales incentivos no solo desvirtúan la señalización de precios y la competencia, sino que generan comportamientos rentistas y dependencia estatal. Lejos de empoderar, estas medidas perpetúan estructuras que frenan la innovación y debilitan la capacidad de los socios para asumir riesgos y actuar con autonomía.

Un ejemplo concreto de estas distorsiones se observa en cooperativas agrícolas en Ecuador, como las asociaciones de productores de banano de pequeños agricultores en provincias como El Oro o Los Ríos. Muchas de estas organizaciones, al depender de compras estatales mediante convenios con empresas públicas o programas sociales, pierden capacidad de competir en mercados internacionales. El resultado es un producto con bajo valor agregado, escasa innovación y altos niveles de ineficiencia productiva. En vez de insertarse en cadenas de valor globales, estas cooperativas quedan atrapadas en relaciones clientelares de precio y cupo.

Otro caso es el de las cooperativas de ahorro y crédito que han sido creadas por impulso estatal y con supervisión relajada. Al operar con fondos públicos y sin una estructura de gobernanza sólida, muchas han terminado en procesos de intervención, como ocurrió con varias cooperativas en la Sierra Centro del Ecuador. La ilusión de autosostenibilidad desaparece cuando los socios descubren que la rentabilidad no proviene de decisiones racionales de inversión, sino del constante flujo de recursos públicos.

Más aún, cuando la EPS se convierte en política pública central, su fracaso se profundiza: se crean estructuras burocráticas para su fomento (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), se condiciona el acceso al crédito a formas asociativas forzadas, y se obstaculiza la entrada de emprendimientos individuales que podrían responder con mayor flexibilidad a la demanda del mercado. En países donde se ha institucionalizado la EPS como paradigma económico —como Venezuela durante el auge del “socialismo del siglo XXI”— se ha evidenciado una rápida degradación del aparato productivo, una pérdida de eficiencia y un desincentivo al esfuerzo individual.

Desde una perspectiva praxeológica, la verdadera cooperación económica emerge de decisiones libres y voluntarias en un entorno de precios libres y propiedad privada. Cuando el Estado interfiere, centralizando decisiones y promoviendo criterios políticos por encima de los económicos, impide que los actores respondan eficazmente a las señales del mercado.

En consecuencia, la EPS, al priorizar una solidaridad dirigida desde arriba y no construida desde la acción individual, termina por imponer un marco institucional que erosiona la libertad personal. El resultado es una economía menos dinámica, donde los agentes no responden a la lógica del intercambio voluntario, sino a directrices externas.

La praxeología nos recuerda que solo los individuos actúan, y que cualquier teoría que ignore esta verdad cae en el error. El desafío no está en negar la cooperación, sino en entender que esta debe surgir de la libertad individual, no de imposiciones colectivas legitimadas por el Estado.

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El exceso de regulaciones: la trampa invisible del desarrollo en Ecuador

 

Durante décadas, los ecuatorianos hemos vivido bajo la creencia de que todo debe estar regulado por el Estado. Desde cómo se puede abrir un negocio hasta cómo debe funcionar el mercado laboral, la intervención ha sido la regla. Esta cultura normativa, profundamente arraigada, ha convertido a Ecuador en uno de los países con mayor carga regulatoria de la región, y los resultados saltan a la vista: estancamiento económico, informalidad galopante, baja competitividad, desempleo permanente y fuga de talento.

La historia nos ha demostrado que los países que prosperan son aquellos que dejan espacio para que las personas tomen decisiones económicas libremente. Adam Smith, el padre de la economía moderna, advertía ya en el siglo XVIII sobre los peligros del intervencionismo excesivo. En La Riqueza de las Naciones, Smith defendía la idea de que el interés individual, guiado por una “mano invisible”, produce más bienestar colectivo que cualquier planificación centralizada. En cambio, cuando el Estado regula en exceso, sofoca esa capacidad de adaptación y de creación de valor.

El caso ecuatoriano es sintomático. Nuestra Constitución del 2008 creada al amparo de creencias estatistas, con más de 400 artículos, ha institucionalizado el deseo de controlar cada aspecto de la vida nacional. Esta hiperregulación no solo ralentiza la economía, sino que frena la innovación y desincentiva la inversión. ¿Cómo puede un emprendedor competir en un entorno donde debe pedir permiso para todo y donde las reglas cambian con cada gobierno? Una reforma tributaria en promedio durante los últimos 15 años, confirma que las regulaciones es cosa habitual entre los políticos que lideran la intervención estatal.

Friedrich Hayek, otro gran pensador del siglo XX, advertía en Camino de servidumbre que la planificación económica centralizada lleva, inevitablemente, al estancamiento y a la pérdida de libertades. Hayek señalaba que los reguladores jamás podrán tener toda la información que el mercado produce y que solo una economía libre puede asignar eficientemente los recursos. En Ecuador, la realidad es que muchas regulaciones no resuelven problemas; los crean, a tal punto que las leyes creadas se vuelven un laberinto sin salida.

El resultado es un país poco competitivo. Según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, Ecuador ocupa posiciones rezagadas frente a países con menos intervencionismo como Chile o Uruguay. En vez de abrirnos al mundo y permitir que nuestras empresas se modernicen, seguimos atrapados en un marco legal que asume que todo lo privado debe ser sospechoso y todo lo estatal debe ser omnipresente.

Lo que se necesita no es más control, sino más confianza en los ciudadanos, en sus decisiones, en su capacidad para adaptarse, crear y progresar. La reducción inteligente de regulaciones no significa dejar a la sociedad a la deriva. Significa facilitar el emprendimiento, permitir que florezcan nuevas ideas y liberar el potencial productivo de millones de ecuatorianos.

Necesitamos revisar con urgencia nuestro marco legal y constitucional. Las regulaciones deben existir para proteger derechos básicos, no para dictar cómo deben funcionar los mercados o imponer rigideces que solo sirven para perpetuar privilegios y burocracia. No hay crecimiento sin libertad, y no hay libertad sin un entorno donde el ciudadano tenga espacio para actuar sin pedir permiso constantemente.

Mientras en países más abiertos la disrupción tecnológica, por ejemplo, genera movimientos rápidos de capital y reorientación de modelos de negocio, en Ecuador el cambio suele estrellarse contra el muro de lo normado. La competitividad interna se ahoga no por falta de talento o recursos, sino por un sistema institucional rígido, incapaz de responder con agilidad a los desafíos del entorno global.

Además, la Constitución vigente impide en muchos casos corregir el rumbo cuando las políticas fallan. Todo está “protegido por derechos”, incluso el error. El exceso de garantismo jurídico paraliza la acción del Estado cuando es necesaria y bloquea la iniciativa privada cuando intenta ocupar espacios que el Estado no logra atender con eficiencia.

La salida de nuestro estancamiento no vendrá de más controles, sino de más libertad. Es hora de confiar en el mercado y en las personas, como lo han hecho todas las naciones que han prosperado.

Crees que es el momento de cambiar la Constitución del 2008 por una nueva y con menos artículos? Leo tu comentario.

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