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lunes, 5 de octubre de 2026

América Latina gira a la derecha

 


Cuando el elector se cansa de que le prometan igualdad y comienza a exigir resultados

Durante buena parte de los primeros años de esta década parecía que América Latina había regresado definitivamente a la izquierda. Lula da Silva recuperó Brasil, Gabriel Boric llegó al poder en Chile, Gustavo Petro conquistó Colombia y Andrés Manuel López Obrador consolidó el dominio de Morena en México.

El mapa de 2026 es muy diferente.

Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia han girado hacia opciones de derecha, centroderecha o liberal-conservadoras. A ellos se suman otros gobiernos alejados de la izquierda regional. Analistas consideran que las recientes victorias conservadoras han consolidado un desplazamiento regional hacia la derecha, cansados de los mismos lemas y canciones que prometen igualdad social y de todo.

Estamos, en buena medida, ante algo sencillo y políticamente demoledor: votantes cansados de gobiernos que prometieron transformaciones sociales y llevan décadas sin cambios profundos, no resolvieron satisfactoriamente problemas cotidianos como inseguridad, bajo crecimiento, informalidad y deterioro institucional. Pero insisten en que les falta más tiempo y que hay que evitar perder lo ganado

Milei rompió el tablero

Javier Milei representa probablemente la ruptura más radical.

No llegó prometiendo administrar mejor el Estado benefactor. Llegó cuestionando sus fundamentos: déficit fiscal, intervencionismo, regulaciones, inflación, empresas públicas y una estructura política que denominó “la casta”.

Su importancia regional excede los resultados concretos de Argentina. Milei consiguió algo que durante décadas parecía electoralmente imposible: hacer políticamente atractivas palabras como ajuste, equilibrio fiscal, propiedad privada y reducción del Estado.

El elector argentino castigó una situación económica extrema de Peronismo y conductas K, pero abrió además un espacio intelectual que otras derechas latinoamericanas observan cuidadosamente.

Chile, Bolivia, Perú y Colombia: el péndulo cambió

El fenómeno continuó.

José Antonio Kast ganó en Chile; Rodrigo Paz lo hizo en Bolivia; Keiko Fujimori se impuso en Perú y Abelardo de la Espriella ganó en Colombia. Como se interpreta esto en la victoria colombiana,  seguro el  impulso dado por Petro a la inacción frente al crimen, elevó las preocupaciones económicas y sociales, el famoso pacto histórico terminó cansando a los colombianos.

El patrón importa.

Colombia eligió en 2022 por primera vez un presidente claramente de izquierda. Cuatro años después eligió a un candidato de derecha.

Chile pasó de Boric a Kast.

Bolivia, después de dos décadas marcadas fundamentalmente por el MAS, también cambió de dirección.

¿Descubrieron millones de latinoamericanos repentinamente a Hayek?

Probablemente no.

Descubrieron algo mucho más elemental: las buenas intenciones y las mentiras no constituyen resultados de gobierno.

Brasil acaba de enviar la señal más poderosa

El acontecimiento más reciente proviene de Brasil.

Este 4 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva sufrió una importante derrota en la primera vuelta presidencial. Flávio Bolsonaro obtuvo aproximadamente el 47%, frente al 45,16% de Lula. Habrá segunda vuelta el 25 de octubre; por tanto, se vienen tiempos de cambio en todo sentido en Brasil, ese poderoso país detenido por las políticas socialistas que no han cambiado nada en el Nordeste del país.

Y existe un dato todavía más revelador: respecto de 2022, Lula redujo su porcentaje de votos en 25 de las 27 unidades federativas brasileñas y perdió aproximadamente 3,4 millones de votos. 

Mientras tanto, el Partido Liberal avanzó espectacularmente en el Congreso y se convirtió en la principal fuerza tanto de la Cámara como del Senado y del Congreso.

Brasil no ha terminado de votar. Pero el mensaje político ya resulta difícil de ignorar.

El problema de la “justicia social” aparece cuando no produce prosperidad

Aquí está el centro del asunto.

Justicia social, igualdad, inclusión y redistribución son conceptos electoralmente poderosos. El problema comienza cuando el ciudadano comprueba que la retórica distributiva no sustituye crecimiento, seguridad, empleo formal ni estabilidad económica.

La igualdad tampoco responde por sí misma a la pregunta fundamental de cualquier economía: ¿qué instituciones permiten producir más?

Para distribuir riqueza primero tiene que existir riqueza.

Para financiar derechos sociales hacen falta contribuyentes.

Para recaudar impuestos sostenidamente hacen falta empresas rentables.

Y para que alguien invierta durante veinte años necesita cierta seguridad de que un gobierno futuro no modificará arbitrariamente impuestos, contratos o derechos de propiedad.

Por eso la propiedad privada importa mucho más que como reivindicación ideológica de “los ricos contra los pobres”. Para millones de ciudadanos significa su casa, sus ahorros, su pequeño negocio, su vehículo de trabajo y aquello que esperan dejar a sus hijos.

El elector quiere orden, propiedad y previsibilidad

La seguridad constituye otra pieza decisiva. Análisis recientes coinciden en que crimen organizado, violencia e incapacidad estatal han contribuido al giro electoral regional, la izquierda con sus políticas woke permisivas ha cansado a una ciudadía que pierde sus propiedades con el visto bueno de la justicia o de los que están en el poder.

Esto produce una paradoja especialmente incómoda para cierta izquierda latinoamericana.

Durante años prometió un Estado más grande para proteger al ciudadano socialmente. Sin embargo, muchos ciudadanos perciben que ese Estado puede cobrar impuestos, regular empresas y repartir subsidios mientras demuestra enormes dificultades para realizar una de sus funciones más elementales: proteger personas y propiedades frente al delincuente.

Cuando eso ocurre, cambia la jerarquía de prioridades.

El elector puede comenzar a preferir seguridad antes que nuevas promesas redistributivas, estabilidad antes que otra “transformación histórica” y crecimiento antes que un nuevo catálogo de derechos financiados con recursos que alguien tendrá que producir.

Pero la derecha puede cometer exactamente el mismo error

Conviene no celebrar prematuramente una supuesta era liberal.

El péndulo latinoamericano puede regresar.

Si la nueva derecha sustituye populismo izquierdista por populismo derechista; si promete beneficios que tampoco puede financiar; si desprecia instituciones; o si confunde autoridad con arbitrariedad, terminará decepcionando exactamente igual.

La oportunidad es otra.

Propiedad privada, disciplina fiscal, seguridad jurídica, competencia, apertura económica, seguridad ciudadana y límites al poder político.

No porque sean consignas “de derecha”, sino porque constituyen condiciones importantes para invertir, emprender y planificar a largo plazo.

América Latina quizá no esté enamorándose de la derecha.

Puede estar simplemente desenamorándose de una izquierda que prometió igualdad cuando sus electores empezaron a exigir prosperidad, seguridad y resultados.

Y esa diferencia explica mucho mejor el nuevo mapa político del continente.

¿América Latina se está volviendo liberal o simplemente se cansó de gobiernos que prometieron igualdad sin conseguir suficiente crecimiento y seguridad? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre el nuevo mapa político latinoamericano.

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sábado, 26 de septiembre de 2026

América Latina: más educación no garantiza mayor crecimiento económico

 

Por Armando José Urdaneta Montiel
Profesor-Investigador

Durante décadas, una parte importante de la discusión sobre el desarrollo económico latinoamericano ha descansado sobre una premisa aparentemente indiscutible: para crecer es necesario invertir más, acumular capital físico y elevar el nivel educativo de la población. El planteamiento es válido, pero insuficiente. La verdadera cuestión no consiste únicamente en cuánto capital físico y humano acumula una sociedad, sino qué capacidad posee para transformar esos recursos en productividad, innovación y mayores niveles de ingreso. Esta distinción resulta particularmente relevante en América Latina, donde los avances educativos, la inversión y una mayor integración internacional no siempre se han traducido en aumentos sostenidos de la productividad.

La evidencia obtenida a partir de Penn World Table permite aproximarnos a este problema. Un análisis de 15 economías latinoamericanas durante el periodo1993–2023 muestra asociaciones positivas entre el capital, la inversión y el producto real por trabajador. La acumulación de factores continúa siendo importante. Sin embargo, los resultados relacionados con el capital humano son más complejos y plantean una interrogante fundamental para la política económica regional.

Un análisis complementario muestra una correlación positiva cercana a 0,67 entre capital humano y PIB per cápita. En términos sencillos, los países latinoamericanos con mayores niveles de capital humano tienden también a presentar mayores niveles de ingreso por habitante. No obstante, cuando se examina la estabilidad de esta relación en el tiempo, las pruebas realizadas no proporcionan evidencia robusta de una relación de equilibrio de largo plazo entre ambas variables. Tampoco se identifica causalidad temporal estadísticamente significativa al 5 %, aunque aparece evidencia marginal al 10 % desde el capital humano hacia el PIB per cápita. Adicionalmente, en el análisis dinámico realizado para las 15 economías, el capital humano tampoco presenta un efecto positivo suficientemente robusto ante diferentes procedimientos de estimación.

Estos resultados no significan que la educación perjudique el crecimiento ni que invertir en capital humano sea innecesario. La conclusión relevante es diferente: acumular capital humano y utilizar productivamente ese capital humano son procesos distintos. Una sociedad puede ampliar la escolarización, incrementar la matrícula universitaria y formar miles de profesionales sin conseguir aumentos proporcionales de productividad. Entre la adquisición de conocimientos y su transformación en producción existe una estructura económica e institucional que puede facilitar o restringir su aprovechamiento.

Una economía puede disponer de una población progresivamente más educada, pero si mantiene elevada informalidad, empresas de baja productividad, limitada innovación, reducida incorporación tecnológica y dificultades para movilizar recursos hacia actividades más eficientes, una parte del conocimiento acumulado encontrará pocas oportunidades para convertirse en mayor producción. La pregunta relevante deja entonces de ser exclusivamente cuánto educamos y pasa a ser también para qué estructura productiva estamos educando y qué posibilidades existen para aprovechar las capacidades adquiridas.

Esta perspectiva permite comprender la aparente paradoja observada en los datos. Los países con mayor capital humano suelen presentar mayores niveles de ingreso, pero incrementar cuantitativamente ese capital no necesariamente genera, por sí mismo, un crecimiento automático. Entre educación y crecimiento existe una cadena de transmisión: las personas adquieren conocimientos y competencias; las empresas deben poder utilizarlos; la inversión debe proporcionar capital físico y tecnología complementarios; los mercados deben permitir que trabajadores y recursos se desplacen hacia actividades más productivas; y las instituciones deben generar incentivos para invertir, innovar y emprender. Cuando estos mecanismos funcionan deficientemente, la rentabilidad económica del capital humano puede reducirse.

Por esta razón, resulta insuficiente medir el capital humano exclusivamente por su dimensión cuantitativa. Importan los años de escolarización, pero también la calidad de la educación, las competencias efectivamente adquiridas y su correspondencia con las necesidades del aparato productivo. El desafío latinoamericano es simultáneamente educativo y productivo.

Algo semejante ocurre con el capital físico. Los resultados muestran una asociación positiva entre capital, inversión y producto por trabajador. La inversión sigue siendo indispensable para ampliar la capacidad productiva, pero importa no solamente cuánto se invierte, sino también dónde, cómo y bajo qué condiciones. Dos economías pueden invertir proporciones semejantes de sus recursos y obtener resultados diferentes dependiendo de la calidad de los proyectos, la tecnología incorporada, la infraestructura disponible, las condiciones de competencia y los incentivos enfrentados por las empresas.

La política económica enfrenta, por tanto, un problema de cantidad, pero también de asignación y eficiencia. Aumentar la inversión sin generar condiciones para que el capital fluya hacia actividades productivas puede producir resultados limitados. Un entorno caracterizado por estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, reglas previsibles, competencia y facilidades para emprender aumenta las posibilidades de que los recursos encuentren usos de mayor productividad.

Los resultados relativos al sector externo conducen a una reflexión similar. Las exportaciones netas por trabajador no presentan una asociación estadísticamente robusta con el producto por trabajador. Esto no implica que el comercio internacional sea irrelevante. Significa que reducir la inserción internacional al saldo entre exportaciones e importaciones resulta insuficiente. Una economía puede mantener un superávit sustentado en productos primarios y generar poco aprendizaje tecnológico, mientras otra puede importar maquinaria y tecnología para desarrollar posteriormente actividades exportadoras más sofisticadas. Lo fundamental no es únicamente cuánto se exporta, sino qué se exporta, qué se importa y cuánto conocimiento incorporan esas actividades.

La principal enseñanza para la política económica latinoamericana es que acumular factores productivos es necesario, pero no suficiente. El debate debería trascender preguntas exclusivamente cuantitativas sobre cuánto invertir, gastar, educar o exportar. La productividad exige preguntarse si la inversión se dirige hacia actividades de mayor valor, si las empresas encuentran incentivos para innovar, si el sistema educativo desarrolla las competencias requeridas, si existe suficiente competencia y si las instituciones ofrecen seguridad y previsibilidad para inversiones de largo plazo.

Una estrategia orientada al crecimiento debería combinar estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, competencia, apertura económica, inversión productiva, infraestructura, innovación y capital humano de calidad. Estos elementos son complementarios: el capital humano genera mayores resultados cuando existen empresas capaces de aprovecharlo; las empresas innovan cuando disponen de trabajadores capacitados y tecnología; y la inversión encuentra mejores oportunidades cuando existen instituciones confiables y reglas previsibles.

En definitiva, América Latina necesita avanzar de la acumulación hacia la productividad. La cuestión decisiva no es solamente cuánto capital físico o humano pueden acumular sus economías, sino qué instituciones, incentivos y estructuras productivas necesitan para convertir esos recursos en innovación, productividad y mejores niveles de vida. El desafío no consiste en escoger entre educación, inversión, comercio o tecnología, sino en construir las condiciones que permitan que todos estos factores se complementen y constituyan las bases de un crecimiento económico sostenido.


¿Por qué América Latina educa más, invierte más y, aun así, continúa teniendo dificultades para elevar sostenidamente su productividad? El problema no consiste solamente en acumular recursos, sino en crear instituciones y mercados capaces de convertirlos en crecimiento. Comparte este análisis de Ideas Antizurdos y participa en el debate: América Latina necesita discutir menos sobre cuánto gastar y mucho más sobre cómo generar productividad.

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domingo, 20 de septiembre de 2026

Cooperación internacional y pobreza: millones sin desarrollo

 

Durante décadas nos dijeron que la cooperación internacional era una de las principales herramientas para combatir la pobreza. Miles de millones de dólares fueron enviados a África, América Latina y otras regiones bajo programas destinados a fortalecer instituciones, mejorar la educación, combatir enfermedades, reducir la desigualdad y promover el desarrollo.

La pregunta incómoda es inevitable: después de tantos años y tanto dinero, ¿por qué numerosos países en varios continentes continúan dependiendo de la ayuda internacional?

No se trata de afirmar que toda cooperación haya sido inútil. Sería incorrecto. Existen programas de vacunación, alimentación, educación, saneamiento y atención humanitaria que han producido resultados concretos. El verdadero problema aparece cuando la cooperación deja de ser un instrumento temporal para construir capacidades y termina convertida en parte permanente del funcionamiento político y económico de un país.

África: décadas de ayuda y pobreza persistente

El África subsahariana constituye uno de los casos más difíciles de ignorar. El Banco Mundial estimó que en 2024 aproximadamente el 46 % de su población vivía en pobreza extrema. El dato no demuestra, por sí solo, que la cooperación haya provocado pobreza. Pero sí obliga a cuestionar la idea de que enormes transferencias internacionales sean suficientes para producir desarrollo.

La experiencia demuestra que no existe cooperación capaz de reemplazar instituciones sólidas, propiedad privada segura, inversión productiva, educación de calidad, mercados competitivos y gobiernos sometidos a controles efectivos.

La propia OCDE reconoce que, en contextos extremadamente frágiles, numerosos programas destinados a fortalecer la gobernanza han mostrado una efectividad muy baja. Entre las razones identificadas aparecen redes de patronazgo, corrupción, ausencia de voluntad política y diseños concebidos por los donantes sin suficiente consideración de las capacidades institucionales locales.

Dicho de forma sencilla, inyectar dinero en instituciones débiles no necesariamente las fortalece. En determinadas circunstancias puede terminar fortaleciendo precisamente a quienes controlan esas instituciones y generando fortunas a funcionarios de gobiernos corruptos.

América Latina: ayuda sin transformación suficiente

Nuestra región presenta una realidad diferente, pero también instructiva.

América Latina ha logrado reducir significativamente la pobreza durante las últimas décadas. De hecho, el Banco Mundial proyectó para 2025 uno de los niveles regionales más bajos registrados. Sin embargo, aproximadamente una de cada cuatro personas continuaba en situación de pobreza, mientras el crecimiento económico latinoamericano durante los últimos años fue considerablemente menor que el observado en regiones asiáticas más dinámicas.

El propio Banco Mundial insiste en que el crecimiento sostenido, la productividad, la inversión, las capacidades empresariales y la creación de empleos de calidad son factores fundamentales para reducir la pobreza de manera duradera. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué seguimos creyendo que un país puede desarrollarse principalmente mediante transferencias externas?

La cooperación puede financiar una escuela. Puede capacitar funcionarios. Puede construir infraestructura. Puede sostener organizaciones sociales. Pero difícilmente sustituirá a una economía capaz de producir riqueza.

El problema político de la cooperación

Existe además una dimensión que muchas veces se evita discutir. Los recursos internacionales llegan a países donde existen gobiernos, burocracias, organizaciones no gubernamentales, consultores, contratistas y grupos políticos que compiten por administrarlos. Eso crea incentivos.

Cuando la transparencia es insuficiente, la cooperación puede quedar atrapada en estructuras clientelares, organizaciones cercanas al poder o proyectos cuya continuidad depende más de seguir recibiendo recursos que de solucionar definitivamente el problema que justificó su creación.

Esto puede ocurrir bajo gobiernos de izquierda, de derecha o de cualquier otra orientación. Sn embargo, los gobiernos de ultra izquierda o socialistas en Africa son la mayoría de los casos. La corrupción y el rentismo no poseen monopolio ideológico, pero se logran observar con más frecuencia en países con línea colectivista. Precisamente por ello, resulta más importante evaluar instituciones y resultados.

USAID y sus problemas

El caso estadounidense resulta particularmente interesante porque permite observar el problema desde el propio país donante. La Oficina del Inspector General de USAID informó en agosto de 2026 que auditorías independientes realizadas sobre aproximadamente US$3.000 millones en gastos de asistencia internacional, correspondientes al período octubre de 2023-marzo de 2026, identificaron más de US$50 millones en costos considerados no elegibles o insuficientemente respaldados, además de debilidades de control interno.

Hay una precisión importante: un questioned cost no significa automáticamente dinero robado. Puede tratarse de gastos sin documentación suficiente, costos improcedentes u otras irregularidades que deben ser aclaradas. Pero, que en la mayoría de los casos no es investigado por temas de tiempo y nueva cooperación.

Pero el dato demuestra algo esencial: incluso una de las estructuras de cooperación internacional más grandes del mundo necesita mecanismos permanentes para detectar riesgos, errores y posibles abusos. Por eso el debate sobre USAID es mucho más profunda: ¿quién controla al que reparte el dinero?, ¿quién evalúa los resultados?, ¿cuánto llega realmente al beneficiario final?, ¿qué instituciones sobreviven cuando termina el financiamiento?

Desarrollo no es recibir dinero

La gran equivocación consiste en confundir gasto con resultado. Un millón de dólares desembolsado no representa un millón de dólares de desarrollo. Mil personas capacitadas tampoco significan necesariamente mil personas más productivas. Cien proyectos ejecutados no significan cien problemas solucionados.

La OCDE insiste precisamente en la necesidad de evaluar la cooperación por su efectividad, sostenibilidad, impacto y capacidad para producir resultados verificables, no únicamente por recursos ejecutados. Ese debería ser el criterio.

La cooperación internacional puede ser útil cuando complementa instituciones responsables, fortalece capacidades locales y genera condiciones para que eventualmente deje de ser necesaria. Pero cuando después de treinta o cuarenta años siguen existiendo las mismas agencias, los mismos programas, los mismos intermediarios y los mismos problemas, quizá deberíamos dejar de preguntar cuánto dinero falta enviar y comenzar a preguntar qué estamos haciendo mal.

Porque el verdadero éxito de la cooperación internacional no debería consistir en crear países expertos en recibir ayuda o expertos en supuestamente conseguir fondos. Debería consistir en crear países que ya no la necesiten.

¿Puede considerarse exitosa una política de cooperación cuando después de décadas el receptor continúa dependiendo de ella?

Comparte este artículo y deja tu opinión. El debate sobre pobreza debe comenzar por diferenciar buenas intenciones de resultados comprobables.

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martes, 8 de septiembre de 2026

Resultados PISA 2025 en América Latina: la evidencia de un fracaso educativo. Menos Estado en las escuelas, más libertad, competencia y resultados

 


Por Armando José Urdaneta Montiel.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 deberían obligar a América Latina a cuestionar seriamente la manera en que ha organizado sus sistemas educativos. No estamos frente a una dificultad coyuntural ni ante un problema que pueda solucionarse simplemente aumentando presupuestos. Estamos frente a una crisis de resultados que exige preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿tiene sentido continuar confiando la administración de buena parte de la educación a estructuras estatales altamente burocratizadas y susceptibles de politización?

Los resultados son preocupantes. América Latina continúa considerablemente rezagada respecto de los países de la OCDE y varias economías de la región experimentaron retrocesos o estancamientos. Argentina registró su peor resultado histórico en matemáticas desde que participa regularmente en PISA; México retrocedió en matemáticas y lectura; Brasil permanece prácticamente estancado y Chile también deterioró sus resultados en matemáticas y lectura.

Ecuador merece especial atención. Apenas el 20 % de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65 % del promedio de la OCDE. En lectura lo consiguió el 38 %, frente al 69 %, y en ciencias el 40 %, comparado con 74 % en la OCDE. Además, el país obtuvo resultados inferiores a los registrados en 2017 en las tres puntuaciones reportadas: pasó de 377 a 366 puntos en matemáticas, de 409 a 385 en lectura y de 399 a 393 en ciencias.

Estos resultados no demuestran por sí solos que la gestión estatal sea la causa del deterioro. Existen factores socioeconómicos, familiares y culturales que también afectan el aprendizaje. Pero sí deberían acabar con la complacencia respecto de sistemas en los cuales el Estado simultáneamente financia, administra, regula, supervisa y evalúa buena parte del sistema educativo.

El problema fundamental es de incentivos. Cuando la educación depende excesivamente de estructuras burocráticas, las decisiones dejan de responder exclusivamente a criterios pedagógicos y andragógicos  y comienzan a estar condicionadas por intereses políticos, administrativos, sindicales y presupuestarios. Los cargos pueden convertirse en espacios de negociación política; los recursos pueden distribuirse atendiendo a prioridades diferentes del desempeño académico; y las instituciones deficientes pueden continuar funcionando durante décadas sin enfrentar las consecuencias que tendría una organización incapaz de satisfacer a quienes utilizan sus servicios.

En un entorno competitivo, quien ofrece persistentemente un mal servicio pierde usuarios e ingresos. En muchos sistemas educativos ocurre lo contrario: instituciones con resultados deficientes continúan recibiendo estudiantes y presupuesto casi automáticamente. Esta situación genera un problema de moral Hazard (riesgo moral), pues al estar su financiamiento y continuidad escasamente vinculados al desempeño, se debilitan los incentivos para mejorar, innovar y corregir ineficiencias. Un sistema de vouchers asociado a evaluaciones anuales independientes introduciría mayor disciplina por resultados: el financiamiento seguiría al estudiante y las instituciones competirían por demostrar su capacidad efectiva para generar aprendizaje.

¿Por qué no cambiar radicalmente esa lógica?

El Estado no necesita administrar escuelas para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la educación. Financiar la educación y producir resultados son dos cosas completamente diferentes. Esta distinción, fundamental dentro del pensamiento liberal, permite plantearse un sistema en el cual las instituciones educativas sean autónomas, privadas, cooperativas o pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, mientras el Estado concentra su intervención en garantizar que ningún niño quede excluido por falta de recursos económicos.

Aquí adquiere relevancia el sistema de vouchers educativo. Las familias con capacidad económica podrían financiar directamente la educación de sus hijos. Aquellas que no dispongan de recursos suficientes recibirían un voucher financiado por el Estado. Pero ese dinero no debería entregarse automáticamente a una escuela determinada. El financiamiento acompañaría al estudiante y su familia decidiría dónde utilizarlo.

El principio puede resumirse de una manera sencilla: financiar al estudiante, no a la burocracia educativa. Esto introduciría un elemento prácticamente inexistente en muchos sistemas educativos latinoamericanos: competencia real por los estudiantes.

Pero la libertad de elección necesita información. Por ello, propongo complementar los vouchers con un Sistema Nacional Independiente de Evaluación de Saberes y Conocimientos, mediante pruebas estandarizadas realizadas anualmente a los estudiantes.

Matemáticas, comprensión lectora, ciencias, razonamiento lógico y otras competencias fundamentales deberían evaluarse mediante criterios homogéneos y verificables. Los resultados permitirían construir un ranking público nacional de instituciones educativas.  De esta manera, serían principalmente los resultados educativos y el valor añadido por cada institución, y no las conexiones políticas, los discursos ideológicos o la capacidad de presión de determinados grupos, los que determinarían su prestigio.

Las familias conocerían cuáles instituciones proveen una mejor calidad educativa. Y allí debería aparecer el segundo componente del sistema: los vouchers públicos podrían incorporar incentivos vinculados al desempeño. Las instituciones que demuestren persistentemente mejores resultados, especialmente aquellas capaces de generar grandes avances entre estudiantes procedentes de hogares vulnerables, podrían recibir una mayor ponderación dentro de los programas públicos de financiamiento.

No se trataría simplemente de entregar más dinero a quien obtiene la puntuación absoluta más alta. Eso podría terminar subsidiando diferencias socioeconómicas preexistentes. Se trataría de premiar calidad, progreso, eficiencia y capacidad efectiva de generar aprendizaje.

Una escuela que recibe estudiantes vulnerables y consigue elevar extraordinariamente sus conocimientos debería ser considerada una institución excelente, aunque su puntuación absoluta todavía resulte inferior a la de un establecimiento que recibe estudiantes provenientes de hogares privilegiados. 

La competencia haría el resto. Las mejores escuelas atraerían más estudiantes. Las instituciones exitosas tendrían incentivos para expandirse. Nuevos oferentes podrían ingresar al sistema reproduciendo modelos educativos exitosos. Las instituciones mediocres tendrían que innovar, cambiar profesores, modificar métodos pedagógicos y mejorar su administración. Y aquellas incapaces de producir resultados después de sucesivas evaluaciones deberían perder estudiantes y eventualmente salir del mercado educativo.

Ese mecanismo puede parecer duro, pero mucho más duro resulta condenar durante generaciones a niños de familias pobres a instituciones deficientes simplemente porque tuvieron la mala fortuna de nacer dentro de determinada jurisdicción educativa.

La propia OCDE reconoce que los defensores de la elección escolar sostienen que la competencia puede generar incentivos para que las instituciones respondan mejor a las necesidades de los estudiantes, y recoge investigaciones que encuentran efectos positivos moderados. También advierte sobre problemas reales de información, transporte, costos ocultos y desigualdad en la capacidad de elección. Precisamente por ello un modelo liberal serio no debe ignorar esos problemas: debería diseñar vouchers diferenciados para estudiantes vulnerables y garantizar información transparente sobre resultados.

La discusión tampoco consiste en despreciar a los docentes. Todo lo contrario. Un sistema competitivo permitiría que los buenos profesores fueran identificados, demandados y mejor remunerados. La excelencia docente dejaría de depender fundamentalmente de escalafones burocráticos, antigüedad o decisiones administrativas y estaría mucho más relacionada con competencias, desempeño y resultados.

El Estado conservaría funciones limitadas pero importantes: financiar mediante vouchers a quienes realmente lo necesiten, garantizar estándares básicos, proteger a los menores, impedir fraudes y asegurar que las evaluaciones nacionales sean independientes y técnicamente rigurosas. Lo que dejaría de hacer sería aquello para lo cual la experiencia latinoamericana ofrece demasiados motivos para desconfiar: pretender ser simultáneamente financiador, proveedor, administrador, regulador y juez de su propio desempeño.

Los resultados de PISA 2025 deberían servir como reflexión. PISA evalúa precisamente competencias de estudiantes de 15 años y permite comparar los resultados de más de 90 países y economías. No podemos continuar observando cada nueva evaluación, lamentándonos durante algunas semanas y posteriormente regresando al mismo modelo.

América Latina necesita introducir libertad de elección, competencia y responsabilidad por resultados en su educación.

Que el Estado ayude al estudiante que lo necesita, pero que sean las familias quienes elijan. Que el financiamiento siga al alumno. Que las pruebas anuales revelen quién realmente está enseñando. Que las buenas escuelas puedan crecer y las deficientes tengan que mejorar. Que los buenos docentes sean premiados. Y, sobre todo, que la educación deje de ser un espacio capturado por la política y vuelva a concentrarse en aquello que verdaderamente importa: que nuestros niños aprendan.

Después de décadas intentando reformar estructuras burocráticas que tienden a reproducir sus propias ineficiencias, ha llegado el momento de replantear el debate educativo. La pregunta ya no debería ser cuánto más Estado necesita la educación latinoamericana, sino cuánto espacio estamos dispuestos a devolver a la libertad de elección, la competencia y la responsabilidad por resultados. Por ello el verdadero desafío no es reformar una y otra vez el mismo modelo, sino en que medida podemos liberar del Estado al sistema educativo para devolverla a las familias y a la sociedad.

Si América Latina quiere mejores resultados educativos, debe dejar de financiar estructuras ineficientes y comenzar a financiar a los estudiantes. Comparte esta entrada y súmate al debate: más libertad de elección, más competencia y más responsabilidad por resultados.

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miércoles, 26 de agosto de 2026

América Latina: cuando el Estado pretende administrar la vida de sus ciudadanos

 


Dr. Armando José Urdaneta Montiel

América Latina no solo enfrenta un problema económico; también padece una concepción equivocada acerca del papel que deben desempeñar el Estado, el mercado y los ciudadanos. Durante décadas se ha extendido la idea de que el Gobierno debe resolver tanto los desequilibrios macroeconómicos como los problemas económicos particulares de cada persona, familia y empresa. El resultado ha sido la consolidación de sociedades dependientes, en las cuales numerosos sectores esperan que el poder político determine qué producir, a quién proteger, qué precios cobrar y cómo distribuir la riqueza.

Es indiscutible que corresponde al Gobierno preservar la estabilidad macroeconómica. Mantener unas finanzas públicas sostenibles, evitar la emisión monetaria irresponsable, controlar la inflación, garantizar la seguridad jurídica y establecer reglas previsibles son obligaciones esenciales del Estado. Sin embargo, una cosa es crear las condiciones institucionales para que la economía funcione y otra muy diferente pretender administrar la economía doméstica de cada ciudadano y decidir permanentemente cuáles empresas deben sobrevivir.

El problema comienza cuando el Estado intenta “arreglar la microeconomía” mediante subsidios generalizados, privilegios tributarios, aranceles proteccionistas, controles de precios y transferencias permanentes. Estas intervenciones suelen justificarse en nombre de la justicia social, la protección del empleo o la defensa de la industria nacional. No obstante, con frecuencia terminan protegiendo empresas ineficientes, encareciendo los bienes consumidos por las familias y castigando fiscalmente a quienes producen, invierten y generan empleo.

Cuando se protege indefinidamente a una empresa mediante aranceles, no se elimina su ineficiencia: se traslada su costo al consumidor. La familia termina pagando productos más caros y de menor calidad para sostener artificialmente a sectores que no han desarrollado la capacidad de competir. Del mismo modo, cuando el sistema tributario trata al empresario exitoso como sospechoso y convierte la generación de riqueza en una conducta que debe penalizarse, se debilitan los incentivos para invertir, innovar y ampliar la producción.

La redistribución tampoco puede concebirse como un simple proceso de quitarles recursos a quienes producen para entregárselos indiscriminadamente a quienes no producen. Una sociedad necesita mecanismos de solidaridad para proteger a las personas que realmente no pueden valerse por sí mismas. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una asistencia focalizada, temporal y evaluable, y un sistema político que transforma el asistencialismo en una forma permanente de dependencia electoral.

El subsidio que no promueve autonomía puede terminar atrapando al beneficiario. Si una persona pierde las ayudas cuando consigue un empleo formal o aumenta sus ingresos, el propio sistema crea incentivos para permanecer en la informalidad. En lugar de constituir un puente hacia la independencia económica, la asistencia pública se convierte en una barrera que castiga el esfuerzo y perpetúa la dependencia.

Esta concepción paternalista también ha penetrado una parte importante de la enseñanza económica latinoamericana. En muchas aulas se presenta la intervención estatal como la respuesta inmediata frente a cualquier dificultad y se concede poca atención a los costos, los incentivos y las consecuencias no previstas de esas decisiones. Se enseña a identificar una supuesta falla del mercado, pero no siempre se estudian con el mismo rigor las fallas del Estado: captura regulatoria, corrupción, burocracia, búsqueda de rentas, clientelismo, desinformación y utilización política del gasto público.

El pobre desempeño económico regional obliga a revisar críticamente este paradigma. América Latina y el Caribe albergan aproximadamente el 8 % de la población mundial, pero generan apenas alrededor del 6 % al 7 % del PIB global medido a precios corrientes. Más preocupante todavía es que, según la CEPAL, entre 2015 y 2024 la región registró un crecimiento promedio anual cercano al 1 %, lo que implicó un virtual estancamiento del PIB por habitante. La propia institución atribuye esta situación, entre otros factores, al bajo nivel de inversión y a la débil productividad laboral (CEPAL).

La explicación de este rezago no puede reducirse exclusivamente al tamaño del Estado. También intervienen la inestabilidad política, la inseguridad, la deficiente calidad educativa, la informalidad, la insuficiente infraestructura y la debilidad institucional. Sin embargo, muchos de estos problemas se agravan cuando el aparato estatal concentra sus esfuerzos en repartir privilegios y administrar actividades productivas, en lugar de garantizar las condiciones generales necesarias para el desarrollo.

El Estado no debe desaparecer. Debe concentrarse en cumplir correctamente sus funciones esenciales: proteger la vida, la libertad y la propiedad; garantizar la igualdad ante la ley; administrar justicia; preservar la seguridad; mantener la estabilidad macroeconómica; construir infraestructura pública y atender, de manera focalizada, a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad real.

La política fiscal tampoco tiene como propósito principal financiar indefinidamente el asistencialismo. Su función consiste en obtener los recursos necesarios para proporcionar bienes públicos, corregir externalidades debidamente demostradas y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Para ello, los ingresos y gastos deben estar incorporados de manera transparente en el presupuesto aprobado conforme al ordenamiento jurídico. Los recursos extraordinarios no pueden utilizarse discrecionalmente por la sola voluntad de un gobernante: deben registrarse, justificarse y ejecutarse respetando las normas presupuestarias.

La disciplina fiscal no es una obsesión contable. Cuando un Gobierno gasta sistemáticamente más de lo que recauda, alguien termina pagando la diferencia: los contribuyentes, mediante nuevos impuestos; los ahorristas y consumidores, mediante inflación; o las generaciones futuras, mediante una mayor deuda pública. Por ello, el equilibrio presupuestario representa una obligación ética además de económica.

Superar el estancamiento latinoamericano exige abandonar la idea de que toda necesidad social crea automáticamente un derecho a recibir recursos del Estado. Los derechos fundamentales deben proteger a las personas frente a la violencia, la arbitrariedad y la expropiación; no pueden convertirse en una autorización ilimitada para apropiarse de los ingresos ajenos ni para prometer beneficios que las finanzas públicas no pueden sostener.

La prosperidad no se decreta ni se distribuye antes de ser creada. Surge cuando existen instituciones confiables, estabilidad monetaria, libertad económica, competencia, inversión, innovación, educación de calidad y respeto a la propiedad. El papel del Estado consiste en establecer y hacer cumplir esas reglas generales, no en sustituir las decisiones de millones de ciudadanos.

América Latina necesita menos paternalismo y mayor autonomía individual; menos privilegios sectoriales y mayor competencia; menos discrecionalidad política y más seguridad jurídica. La verdadera justicia social no consiste en igualar a todos en la dependencia, sino en construir instituciones que permitan a cada persona progresar mediante su esfuerzo, su iniciativa y su capacidad creadora.

Mientras los gobiernos latinoamericanos continúen ofreciendo resolver cada problema particular, seguirán descuidando aquello que solamente ellos pueden garantizar: estabilidad, justicia, seguridad, infraestructura y reglas claras. La región no saldrá del estancamiento sustituyendo la libertad por tutela estatal, sino devolviendo a los ciudadanos la responsabilidad y el derecho de construir su propio destino.

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sábado, 15 de agosto de 2026

El proteccionismo y el curioso arte de proteger al productor del consumidor.

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

En América Latina, buena parte del debate económico continúa atrapado en una cómoda simplificación: de un lado estarían quienes defienden al Estado, la industria y el empleo; del otro, quienes pretenden abrir indiscriminadamente la economía y entregar la producción nacional a extranjeros particularmente malvados. Es una narrativa formidable porque permite identificar rápidamente héroes y villanos. El pequeño inconveniente es que la economía suele ser bastante más complicada.

El desarrollismo proteccionista puede resumirse mediante una secuencia aparentemente impecable: Estado, protección, industria nacional, empleo y desarrollo. Su contraparte más elemental tampoco se queda atrás: Estado, burocracia, corrupción, obstáculos y pobreza. Ambas cadenas contienen elementos ciertos, pero convertidas en dogmas resultan igualmente insuficientes.

Un Estado puede garantizar propiedad, contratos, seguridad, justicia e infraestructura y, simultáneamente, transformarse en una formidable maquinaria de cobro de impuestos, regulaciones, privilegios y captura de rentas. Del mismo modo, una industria nacional puede generar empleo, innovación y encadenamientos productivos, pero también puede convertirse en un empresario privilegiado cuya supervivencia depende de impedir que sus propios compatriotas compren mejores productos a menores precios.

Allí comienza la parte incómoda del proteccionismo.

Cuando una empresa nacional necesita aranceles, restricciones, subsidios, preferencias en las compras públicas o barreras contra competidores extranjeros para sobrevivir, conviene preguntarse qué estamos protegiendo exactamente. Porque alguien paga esa protección. Y ese alguien suele ser el consumidor, obligado patrióticamente a comprar más caro, o el contribuyente, encargado de financiar el privilegio.

Pero el consumidor tiene un grave inconveniente político: no sale bien en la fotografía.

El empresario protegido tiene nombre. La fábrica tiene chimenea. Los trabajadores tienen rostro. Si una empresa cierra, hay cámaras, entrevistas y titulares. El sobreprecio que pagan silenciosamente millones de consumidores, en cambio, prácticamente no existe para el discurso político. Es la vieja diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve.

De allí surge otra maravilla semántica: cuando el Estado concede ventajas a una empresa nacional hablamos de “política industrial”, “soberanía productiva” o “estrategia de desarrollo”. Cuando el consumidor utiliza su propio dinero para comprar un producto extranjero más barato, súbitamente estamos ante la “destrucción de la industria nacional”.

Extraña concepción de la soberanía: el productor debe ser soberano para vender, pero el consumidor aparentemente no debe serlo para elegir.

Esto tampoco significa que toda regulación sea absurda, que cualquier apertura comercial sea óptima o que el Estado deba desaparecer. Presentar el liberalismo de esa manera es construir un conveniente hombre de paja. Defender un Estado limitado no significa eliminar justicia, seguridad, educación o infraestructura. Significa exigir que cada intervención pública justifique sus beneficios frente a sus costos y, sobre todo, preguntarse quién gana y quién paga.

También resulta demasiado fácil atribuir cualquier deterioro del salario o del empleo a la apertura o a la desregulación simplemente porque ocurrió después de ellas. Una economía que arrastra décadas de inflación, déficit, impuestos distorsivos, baja productividad, controles y protección no permite establecer causalidades con semejante ligereza. Que dos acontecimientos ocurran consecutivamente continúa sin convertir al primero en causa del segundo, por más conveniente que resulte políticamente.

Y aparece, naturalmente, la satanización del comercio con las grandes potencias. Afirmar que “China, la Unión Europea o Estados Unidos destruyen la industria nacional” simplifica cómodamente un debate mucho más complejo. Es cierto que estas grandes economías y bloques comerciales subsidian sectores estratégicos, intervienen determinados mercados y aplican políticas que pueden generar legítimas controversias comerciales. Pero América Latina también se beneficia del intercambio: importa maquinaria, tecnología, bienes de capital, insumos intermedios y productos de consumo que pueden elevar el poder adquisitivo de las familias y reducir los costos de producción de las empresas nacionales. 

Las importaciones no atraviesan misteriosamente las fronteras con la misión de destruir empleos; también permiten producir a menores costos, incorporar tecnología, elevar la productividad, invertir y consumir. El problema, por tanto, no es comerciar con las grandes potencias, sino hacerlo desde economías capaces de competir, en lugar de pretender compensar indefinidamente sus debilidades internas levantando barreras frente al resto del mundo.

La discusión seria, por tanto, no es Estado o mercado, industria o apertura, regulación o selva. Es determinar qué instituciones permiten competir, qué regulaciones corrigen problemas reales y cuáles simplemente protegen intereses establecidos.

Porque proteger indefinidamente una empresa de la competencia no necesariamente fortalece la industria. A veces simplemente institucionaliza su ineficiencia.

La verdadera política de desarrollo debería lograr que las empresas nacionales puedan competir sin necesitar consumidores cautivos. Para ello hacen falta estabilidad macroeconómica, impuestos razonables, infraestructura, seguridad jurídica, capital humano, crédito, competencia y reglas previsibles.

El objetivo no debería ser construir una economía donde las empresas América Latinas sobrevivan porque el Estado obliga a comprarles, sino una donde sobrevivan porque vale la pena comprarles.

Quizás allí radique la diferencia fundamental entre competitividad y proteccionismo: la primera obliga al productor a conquistar al consumidor; el segundo obliga al consumidor a sostener al productor.

Y cuando esa obligación se presenta como defensa del “interés nacional”, siempre conviene hacer la pregunta que el discurso proteccionista preferiría evitar:

¿interés nacional de quién?

¿Debe el consumidor pagar precios más altos para proteger indefinidamente a una industria nacional que no logra competir? Comenta y dale a seguir.

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sábado, 1 de agosto de 2026

América Latina también tuvo su Plan Marshall

 
Dr. Armando Urdaneta

El Plan Marshall, denominado oficialmente Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa impulsada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de contribuir a la reconstrucción de las economías de Europa Occidental. Entre 1948 y 1951 se asignaron aproximadamente 13.000 millones de dólares, suma que, de acuerdo con algunas estimaciones, equivaldría a alrededor de 481.325 millones de dólares actuales.

Es probable que este episodio de la historia contemporánea de América Latina haya recibido poca atención en las clases de historia, geografía o economía. Una de las posibles razones es que su análisis cuestiona ciertas interpretaciones ideológicas sobre las causas del subdesarrollo regional. En particular, obliga a revisar tanto el discurso antiestadounidense de la izquierda socialista y comunista latinoamericana como las explicaciones de sectores socialdemócratas, demócrata-cristianos y mercantilistas que han atribuido el estancamiento de la región casi exclusivamente a factores externos.

El programa que suele ser presentado como una especie de Plan Marshall para América Latina se denominó Alianza para el Progreso. Fue una iniciativa impulsada en 1961 por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de América Latina y, al mismo tiempo, contrarrestar la expansión del comunismo durante la Guerra Fría.

La meta principal de la Alianza para el Progreso consistía en unir los esfuerzos de los gobiernos y pueblos del continente para impulsar el crecimiento económico, mejorar las condiciones sociales y aproximar el nivel de vida latinoamericano al de las naciones industrializadas. El programa buscaba atender necesidades esenciales relacionadas con el empleo, la vivienda, la educación y la salud, además de fortalecer las instituciones democráticas y defender el principio de autodeterminación de los pueblos.

La actuación del presidente Kennedy fue decisiva para la creación de esta iniciativa. En sus intervenciones públicas destacó la importancia de la cooperación entre los países del hemisferio para alcanzar un desarrollo económico y social sostenible. Asimismo, comprometió recursos estadounidenses para financiar programas de inversión y asistencia técnica en la región. Sus discursos insistieron en que el progreso económico debía estar acompañado por instituciones democráticas sólidas, reformas sociales y respeto a la soberanía nacional.

Los recursos destinados a la ayuda exterior fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos a solicitud del Ejecutivo. Su financiamiento provenía, en última instancia, de los impuestos pagados por los contribuyentes estadounidenses. Por tanto, la Alianza para el Progreso no fue únicamente una declaración política, sino un compromiso financiero asumido por el Estado y la sociedad estadounidense.

En total, Estados Unidos se comprometió a aportar alrededor de 20.000 millones de dólares durante un periodo de diez años, entre 1961 y 1971. Según determinadas estimaciones, esta cantidad equivaldría actualmente a cerca de 615.492 millones de dólares. Los recursos se destinaron a programas relacionados con el crecimiento económico, la educación, la salud, la agricultura, la vivienda y la construcción de infraestructura en los países latinoamericanos.

La Alianza para el Progreso proporcionó asistencia económica y técnica a la región, aunque sus resultados fueron desiguales. En algunos países contribuyó a financiar obras de infraestructura, programas sanitarios, proyectos educativos y políticas de modernización productiva. Sin embargo, también recibió críticas por su limitada efectividad, la dispersión de sus objetivos y su utilización como instrumento de influencia política estadounidense.

A pesar de sus limitaciones, la iniciativa representó uno de los esfuerzos internacionales más importantes del siglo XX para enfrentar los problemas económicos y sociales de América Latina. Su evaluación, no obstante, exige diferenciar entre los recursos efectivamente desembolsados, los compromisos anunciados, la capacidad institucional de los países receptores y la manera en que los gobiernos administraron los fondos.

La comparación entre la Alianza para el Progreso y el Plan Marshall ofrece una perspectiva crítica sobre la gestión política y económica de América Latina y Europa Occidental. Aunque ambos programas buscaban estimular el desarrollo, existieron diferencias sustanciales en su diseño, en el volumen de recursos por habitante, en la capacidad administrativa de los países receptores y en las condiciones institucionales existentes.

Europa Occidental recibió asistencia después de sufrir la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, contaba con experiencia industrial, capital humano, instituciones relativamente consolidadas y estructuras productivas que podían ser reconstruidas. América Latina, por su parte, no había padecido una destrucción material comparable, pero enfrentaba problemas estructurales como la desigualdad, la inestabilidad política, la baja productividad, la debilidad institucional y la concentración de la propiedad.

Los resultados también fueron diferentes. Europa Occidental experimentó una rápida recuperación económica y logró reconstruir buena parte de su infraestructura y capacidad productiva. América Latina, en cambio, no alcanzó niveles semejantes de crecimiento sostenido ni de transformación institucional. Esta diferencia plantea interrogantes sobre la calidad de las políticas públicas, la administración de los recursos, la continuidad de las reformas y la responsabilidad de las élites políticas y económicas latinoamericanas.

No sería riguroso atribuir esta divergencia únicamente al monto de la ayuda recibida. También deben considerarse el contexto histórico de cada región, la capacidad de planificación de sus gobiernos, la estabilidad institucional, el comportamiento de las élites, la inversión privada, la seguridad jurídica y el grado de compromiso con las reformas económicas y sociales.

En consecuencia, la comparación entre la Alianza para el Progreso y el Plan Marshall no debe utilizarse para afirmar que ambos programas fueron idénticos. Sus objetivos, condiciones y mecanismos de aplicación fueron distintos. Sin embargo, sí permite cuestionar la idea de que América Latina nunca recibió apoyo financiero internacional significativo para promover su desarrollo.

En conclusión, la Alianza para el Progreso constituyó un ambicioso esfuerzo de cooperación económica y social entre Estados Unidos y América Latina. Sus resultados limitados no pueden explicarse exclusivamente por la insuficiencia de los recursos ni por la influencia extranjera. También deben analizarse la gestión política, la debilidad institucional, la corrupción, la falta de continuidad de las políticas públicas y la escasa capacidad de numerosos gobiernos latinoamericanos para transformar la ayuda externa en crecimiento económico sostenible y progreso social.

La experiencia histórica demuestra que ninguna ayuda internacional, por cuantiosa que sea, puede sustituir la responsabilidad interna, la calidad de las instituciones, la disciplina económica y el compromiso de una sociedad con su propio desarrollo.

¿Consideras que la Alianza para el Progreso fracasó por las limitaciones del programa o por la incapacidad institucional de los gobiernos latinoamericanos? Comparte su opinión y contribuye al debate.

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martes, 28 de julio de 2026

El Consenso de Washington y la responsabilidad que América Latina evita asumir

 

Por Armando José Urdaneta Montiel

El marxismo cultural en América Latina parte de una idea muy extendida en nuestra región: responsabilizar a terceros por las consecuencias de nuestras propias incapacidades institucionales y decisiones económicas. Esta interpretación convierte al Consenso de Washington y a los organismos multilaterales en los principales culpables del estancamiento económico y social latinoamericano, mientras minimiza la responsabilidad de los gobiernos que administraron los recursos, aprobaron los presupuestos y contrataron la deuda.

El Consenso de Washington fue formulado por John Williamson en 1989 como una síntesis de diez orientaciones económicas: disciplina fiscal, reorganización del gasto público, reforma tributaria, tasas de interés determinadas por el mercado, tipo de cambio competitivo, apertura comercial, inversión extranjera, privatización, desregulación y protección de los derechos de propiedad. No fue un tratado obligatorio ni tuvo como propósito formal confiscar la riqueza regional. Sus medidas sirvieron de referencia para programas de estabilización y financiamiento acordados entre los gobiernos y organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, incluían la reorientación del gasto hacia educación, salud e infraestructura, dimensión frecuentemente ignorada por sus críticos (Williamson, 1990/2002).

La premisa central resulta cuestionable porque supone que los países latinoamericanos aplicaron íntegramente esas políticas y que sus resultados pueden atribuirse exclusivamente a ellas. En realidad, las reformas fueron parciales, desiguales y contradictorias. Algunos gobiernos redujeron aranceles, pero no mejoraron la infraestructura; privatizaron empresas, pero sustituyeron monopolios estatales por monopolios privados; controlaron temporalmente la inflación, pero mantuvieron déficits fiscales estructurales; o liberalizaron mercados sin fortalecer previamente las instituciones regulatorias. No es metodológicamente correcto responsabilizar a un modelo uniforme cuando nunca existió una aplicación uniforme.

También existe un problema cronológico. La crisis latinoamericana de la deuda comenzó en 1982, mientras que el término Consenso de Washington apareció en 1989. La llamada “década perdida” no fue originada por un programa formulado al finalizarla. Sus antecedentes se encuentran en el endeudamiento acumulado durante los años setenta, la abundancia inicial de crédito internacional, el aumento posterior de las tasas de interés estadounidenses, la caída de los ingresos de exportación y los desequilibrios fiscales internos (Federal Reserve History).

La deuda tampoco fue creada unilateralmente por los organismos multilaterales. Fueron los gobiernos nacionales los que contrataron buena parte de esas obligaciones para financiar déficits, subsidios, empresas estatales ineficientes y estructuras burocráticas sobredimensionadas. Durante los periodos de elevados ingresos petroleros o precios favorables de las materias primas, varios países aumentaron sus compromisos permanentes bajo la expectativa de que la abundancia continuaría indefinidamente. Cuando cambiaron las condiciones externas, en lugar de reorientar el presupuesto, reducir el gasto improductivo y corregir los desequilibrios fiscales, muchos gobiernos recurrieron a nuevos préstamos. Posteriormente, una parte considerable de esas obligaciones no fue pagada en los plazos originales, sino refinanciada o reestructurada.

Es verdad que los organismos multilaterales cometieron errores. Algunos programas subestimaron los costos sociales de los ajustes, impusieron condiciones excesivamente uniformes y confiaron en que la estabilidad macroeconómica produciría automáticamente crecimiento. Sin embargo, reconocer esas fallas no implica aceptar que el FMI o el Banco Mundial sean responsables de toda decisión desacertada adoptada por los gobiernos de izquierda y centroizquierda de la región.

También debe considerarse que el financiamiento multilateral suele ofrecer plazos más amplios y costos inferiores a los disponibles para países con alto riesgo soberano en los mercados internacionales. No existe una tasa única del FMI aplicable a todos los casos, porque el costo depende del instrumento, el plazo, los recargos y las condiciones acordadas. Aun así, un país que debe pagar intereses elevados para colocar bonos internacionales puede encontrar en estos organismos una fuente de financiamiento comparativamente menos costosa. Por eso resulta contradictorio presentar a las instituciones multilaterales únicamente como mecanismos de confiscación, cuando también participan en programas de refinanciamiento, asistencia técnica, alivio financiero y reestructuración de obligaciones.

La experiencia regional tampoco puede calificarse como décadas completamente perdidas. América Latina redujo las hiperinflaciones, fortaleció algunos bancos centrales, modernizó sistemas tributarios y amplió sus exportaciones. El problema fue que esos avances no se tradujeron suficientemente en productividad, inversión y empleos de calidad. En 2026, la región continúa creciendo alrededor de un modesto 2,1 %, afectada por debilidades institucionales, escasa inversión y baja productividad (BID, 2026).

El Consenso de Washington debe evaluarse críticamente, pero no utilizarse como coartada histórica. Los organismos multilaterales deben responder por sus diagnósticos y condicionalidades equivocadas; los gobiernos latinoamericanos, por la deuda que contrataron, los déficits que sostuvieron, los recursos que desperdiciaron producto de la corrupción e ineficiencia técnica, así como de las reformas que aplicaron de manera incompleta. Mientras la región continúe atribuyendo sus fracasos exclusivamente a fuerzas externas, seguirá evitando la discusión esencial: la prosperidad depende, ante todo, de la disciplina fiscal, la seguridad jurídica, la calidad institucional y la responsabilidad con la que cada país adopte sus propias decisiones.

¿Fue el Consenso de Washington el responsable de los problemas de América Latina o se convirtió en la excusa perfecta para ocultar décadas de malas decisiones fiscales, corrupción e instituciones débiles?

Comparte este análisis y deja tu opinión. La región no podrá corregir sus errores mientras continúe responsabilizando exclusivamente a terceros por las consecuencias de sus propias decisiones.

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sábado, 4 de julio de 2026

La pobreza y política: la palabra que gusta a la mentira

 

Por. John Campuzano Vásquez

Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana ha construido su discurso alrededor de la idea de representar a los pobres. Solo los gobiernos de esa tendencia están autorizados para hablar y manosearla. En todo escenario el debate comienza cuando la pobreza se convierte en  un activo político que garantiza apoyo electoral permanente.

En buena parte de América Latina existe un patrón que merece ser discutido sin mucho esfuerzo. Sectores de la población que continúan viviendo sin agua potable, alcantarillado, vivienda, educación de calidad o servicios de salud eficientes siguen respaldando a los mismos proyectos políticos que han gobernado durante años. La pregunta es inevitable: ¿por qué alguien continúa defendiendo y votando por un modelo que no ha logrado mejorar sustancialmente sus condiciones de vida?

La política de la dependencia

La primera explicación es la construcción de dependencia. Cuando el Estado concentra la distribución de beneficios, subsidios, empleos públicos o programas sociales, el ciudadano deja de percibirse como un individuo autónomo y comienza a considerar que su bienestar depende directamente del gobernante de turno y de la bondad que dispense para las ingenuas personas.

Las ayudas sociales no son negativas. Los programas focalizados para reducir la pobreza pueden ser indispensables para enfrentar situaciones extremas. El problema aparece cuando dejan de ser un puente hacia la autonomía y se convierten en un mecanismo permanente de fidelización política, los eternos bonos y subsidios como el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador que cumple ya 26 años de existencia.

En ese escenario, el discurso cambia. El mensaje ya no es "vamos a generar oportunidades para que usted no necesite ayuda", sino "nosotros somos quienes podemos protegerlo, somos el Estado siempre presente". 

El enemigo permanente como estrategia

Otra explicación recurrente consiste en mantener vivo un enemigo político.

Cuando la economía no mejora, cuando las promesas no llegan o cuando el crecimiento se estanca, la explicación rara vez apunta a errores propios. Siempre existe un responsable externo: el neoliberalismo, las élites, los empresarios, los medios de comunicación, Estados Unidos o la oposición de la derecha mala.

Desde la comunicación política, esta estrategia resulta eficaz porque evita que los ciudadanos evalúen los resultados concretos de la gestión. En lugar de preguntar por indicadores de empleo, inversión o productividad, la discusión se traslada hacia una confrontación moral entre "el pueblo" y "sus enemigos".

La política deja de girar alrededor de resultados y pasa a girar alrededor de identidades, de los movimientos sociales, de las juventudes comunistas y de la libertad de los pueblos, todas consignas basada en relatos ante que en datos.

Jóvenes indignados: las promesas que impulsaron a Boric y Petro

Los casos de Chile y Colombia ilustran bien este fenómeno.

En Chile, las protestas iniciadas en 2019 canalizaron un profundo malestar social relacionado con el costo de vida, las pensiones, la educación y la desigualdad. Muchos jóvenes interpretaron que el modelo económico debía reemplazarse por uno mucho más intervencionista alineado al comunismo benefactor.

Ese ambiente favoreció la llegada de Gabriel Boric a la presidencia con una narrativa de profundas transformaciones sociales. Sin embargo, una vez en el gobierno aparecieron las limitaciones propias de la administración pública, las restricciones fiscales y las dificultades para ejecutar reformas estructurales. El rechazo ciudadano a la propuesta constitucional impulsada durante su mandato y la caída en sus niveles de aprobación evidenciaron que las expectativas iniciales fueron considerablemente mayores que los resultados obtenidos y terminó siendo un gobierno de enchufados o pitutos

Colombia: del discurso del cambio a las dificultades de gobernar

En Colombia ocurrió un proceso similar.

Las movilizaciones de 2021 expresaban inconformidad frente a problemas reales como desempleo juvenil, desigualdad y oportunidades económicas.

Ese contexto favoreció la elección de Gustavo Petro, quien presentó un ambicioso programa de transformación política, económica y social. Gobernar, sin embargo, ha resultado mucho más complejo que hacer campaña. Varias de sus principales reformas encontraron resistencia en el Congreso, mientras diferentes indicadores económicos y fiscales generaron preocupación entre analistas y empresarios. La percepción ciudadana sobre el rumbo del gobierno también mostró un deterioro progresivo según diversas encuestas de opinión.

Esto no significa que todos los problemas provengan exclusivamente del actual gobierno; Colombia arrastra desafíos históricos. Pero sí evidencia la distancia entre las expectativas generadas durante la campaña y la capacidad real para cumplirlas, basta revisar el déficit fiscal que deja Petro al nuevo gobierno y tenemos una idea del desastre de regalar dinero y/o desviarlo para otros fines.

¿Por qué muchos continúan defendiéndolos?

Aquí aparece un fenómeno ampliamente estudiado por la psicología política: el compromiso identitario. Cuando una persona convierte una opción política en parte de su identidad, admitir que ese proyecto ha fracasado puede sentirse como reconocer un error personal, esto ya ha sido explicado en otras entradas de este blog.

En consecuencia, muchos simpatizantes tienden a justificar los malos resultados atribuyéndolos a conspiraciones, sabotajes o herencias recibidas, antes que aceptar que las políticas implementadas pueden no haber producido los efectos esperados.

Este comportamiento no es exclusivo de la izquierda; puede observarse en simpatizantes de distintos sectores ideológicos. Sin embargo, en movimientos de fuerte componente populista e identitario suele adquirir mayor intensidad debido a la permanente apelación emocional entre "el pueblo" y "las élites empresariales".

El romanticismo revolucionario frente a la realidad

Gran parte del discurso político dirigido hacia jóvenes presenta la idea de que basta con cambiar de gobierno para transformar profundamente una sociedad. La realidad económica demuestra algo distinto, falta de conocimiento y muchos discursos sin sentido son la tónica en gobiernos auspiciados desde la extrema izquierda.

El crecimiento sostenible depende de instituciones sólidas, inversión privada y pública, seguridad jurídica, productividad, educación de calidad, estabilidad macroeconómica e innovación. Ninguno de estos elementos aparece de manera inmediata mediante discursos o consignas. Las transformaciones profundas requieren años de políticas públicas consistentes, acuerdos institucionales y disciplina fiscal.

Cuando la retórica promete soluciones instantáneas para problemas acumulados durante décadas, el riesgo de frustración colectiva aumenta considerablemente, por eso vemos las constantes amenazas de salir a las calles para reclamar derechos que nunca fueron entregados por el gobierno zurdo comunista.

La verdadera justicia social no consiste en administrar pobreza

Reducir la pobreza significa lograr que cada vez menos personas dependan del Estado para salir adelante. Eso implica empleo formal, emprendimiento, acceso al crédito, seguridad jurídica, educación pertinente e inversión productiva.

Un ciudadano económicamente independiente es mucho más libre para decidir su voto que uno cuya supervivencia depende directamente de quien controla el presupuesto público. La verdadera inclusión social no debería medirse por la cantidad de subsidios entregados, sino por el número de personas que dejan de necesitarlos gracias a mejores oportunidades.

En una democracia madura, los gobiernos deberían ser evaluados principalmente por resultados verificables: disminución sostenible de la pobreza, mejora en la calidad educativa, ampliación del acceso al agua potable, vivienda digna, infraestructura, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. Convertir la pobreza en un argumento permanente de movilización política, sin ofrecer soluciones eficaces y sostenibles, corre el riesgo de perpetuar precisamente aquello que dice combatir.

¿La pobreza persiste por falta de recursos o porque algunos proyectos políticos encuentran en ella una fuente permanente de apoyo electoral? Comparte este análisis, deja tu opinión en los comentarios y participa en el debate.

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sábado, 23 de mayo de 2026

Universidad pública y desarrollo: ¿estamos formando el capital humano que América Latina realmente necesita?

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

El debate sobre el financiamiento de la universidad pública ha dejado de ser un tema exclusivamente académico para convertirse en una discusión central sobre el futuro económico de América Latina. La controversia actual en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei expuso una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿debe el Estado seguir financiando indiscriminadamente carreras universitarias cuya contribución al desarrollo económico y productivo del país es, al menos, discutible?

Durante décadas, gran parte de América Latina construyó sistemas universitarios públicos bajo la idea de que toda expansión educativa constituía automáticamente un bien social. Sin embargo, la teoría económica moderna sobre bienes públicos, desarrollada por Paul Samuelson, nunca sostuvo que cualquier gasto estatal fuese eficiente por definición. Samuelson argumentaba que un gasto público se justifica cuando el beneficio social agregado supera claramente el costo social de financiarlo. Esa distinción es fundamental y suele desaparecer del debate político contemporáneo.

La universidad pública no es un bien público estrictamente. Esto porque no cumple plenamente con las condiciones de no rivalidad y no exclusión. Más bien, se trata de un bien mixto o meritorio, cuya justificación descansa en las externalidades positivas que puede generar: innovación, productividad, investigación, capital humano y fortalecimiento institucional. Pero precisamente porque los recursos públicos son escasos, el problema central no es si la universidad pública debe existir, sino qué tipo de formación debe priorizar una sociedad que busca desarrollarse.

Aquí aparece una contradicción estructural de América Latina. Nuestras economías siguen dependiendo fuertemente de exportaciones de commodities: petróleo, minería, agricultura y recursos naturales casi exclusivamente. Son economías con bajo valor agregado, limitada sofisticación tecnológica y reducida productividad industrial. En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si nuestros sistemas universitarios están formando el capital humano que realmente requiere una transformación profunda en la matriz productiva, 

Mientras países desarrollados fortalecen áreas de formación del capital humano como la ingeniería, inteligencia artificial, matemáticas aplicadas, biotecnología, geología, energía, robótica y ciencias duras, buena parte de las universidades latinoamericanas continúa expandiendo carreras con baja demanda laboral, limitada productividad económica y reducida capacidad de absorción en el mercado. Se gradúan miles de abogados, sociólogos, trabajadores sociales y profesionales humanísticos, mientras persisten déficits críticos de ingenieros, científicos, médicos especializados y técnicos altamente calificados.

La crítica liberal-clásica, representada por Milton Friedman, Friedrich Hayek y James Buchanan, sostiene que esta distorsión no es casual. Según la Public Choice, las burocracias universitarias y grupos corporativos tienden a expandir presupuestos, estructuras y carreras independientemente de su verdadero retorno social. El financiamiento estatal permanente reduce incentivos de eficiencia y desconecta la oferta académica de las necesidades reales de la economía.

En otras palabras, cuando el Estado subsidia sin criterios de productividad o desempeño, el sistema universitario se convierte en un aparato autosostenido por impuestos, más orientado a reproducir estructuras burocráticas internas que a resolver desafíos nacionales de desarrollo.

Por supuesto, reconocer este problema no implica afirmar que las ciencias sociales o las humanidades carezcan de valor. Ninguna sociedad moderna puede funcionar sin profesionales en el área del derecho, filosofía, historia, sociología, arte o pensamiento crítico. Las instituciones, la gobernabilidad, la cultura democrática y la cohesión social también son componentes esenciales del desarrollo. El problema no es la existencia de estas disciplinas, sino su desproporción relativa frente a las necesidades estratégicas de economías que aún luchan por industrializarse y generar innovación tecnológica.

El verdadero debate, entonces, no debería reducirse a “universidad pública sí o no”. La discusión seria consiste en determinar cómo asignar racionalmente recursos públicos limitados para maximizar el retorno social de la educación superior. Eso implica evaluar carreras, medir empleabilidad, productividad científica, impacto tecnológico y contribución efectiva al desarrollo nacional.

América Latina necesita urgentemente repensar la relación entre universidad y estructura productiva. Si nuestros países aspiran a abandonar la dependencia histórica de materias primas y avanzar hacia economías intensivas en conocimiento y valor agregado, deberán priorizar masivamente la formación científica, tecnológica y técnica. Continuar expandiendo indiscriminadamente sistemas universitarios desvinculados de las necesidades productivas no solo es fiscalmente insostenible: también perpetúa el estancamiento estructural de la región.

La universidad pública puede y debe ser una herramienta de movilidad social y desarrollo. Pero para cumplir realmente esa función, necesita volver a conectarse con la pregunta más importante de todas: ¿qué tipo de sociedad y de economía queremos construir en el futuro?

¿Debe el Estado seguir financiando cualquier carrera sin medir su impacto real en el desarrollo? La discusión incómoda apenas empieza. Comparte este artículo y deja tu opinión.

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martes, 11 de noviembre de 2025

La Crítica de Nozick a la Redistribución del Ingreso y la Justicia Social en América Latina.

 


Dr. Armando José Urdaneta Montiel.

El liberalismo político y económico, representado por Robert Nozick y otros pensadores de la tradición occidental, sostiene una postura fundamentalmente crítica frente a la redistribución del ingreso promovida por el Estado. Nozick argumenta que las políticas redistributivas, bajo la premisa de buscar la justicia social, ignoran el proceso legítimo de adquisición y transferencia de la propiedad, lo que implica una vulneración del principio de inviolabilidad de los derechos individuales. En el contexto latinoamericano, la aplicación de programas de transferencia de recursos y subsidios estatales ha demostrado ser no solo ineficaz desde el punto de vista económico, sino profundamente corrosiva en términos institucionales y morales.

Desde una perspectiva liberal, la redistribución compulsiva por parte del Estado degenera en paternalismo y crea incentivos perversos, donde funcionarios y grupos de interés aprovechan la discrecionalidad para sacar provecho personal y consolidar posiciones de poder. Esto distorsiona el funcionamiento de los mercados, debilita la ética pública, y fomenta la dependencia respecto al aparato burocrático, en lugar de incentivar el mérito y la responsabilidad individual. Este fenómeno, ampliamente documentado en el historial de regímenes políticos latinoamericanos, ha resultado en la consolidación de sistemas anocráticos que mezclan prácticas democráticas con elementos autoritarios, promoviendo en la práctica el abuso de poder y la corrupción sistémica.

La tradición liberal enfatiza la importancia de la libertad individual y la propiedad privada como pilares de una sociedad próspera y justa. Los controles excesivos, la regulación invasiva y la expropiación velada mediante impuestos y redistribuciones perpetúan la ineficiencia, ahogan la iniciativa privada, desalientan la inversión y condenan a las sociedades a un crecimiento mediocre. Según Nozick, el Estado simplemente debe garantizar la protección de los derechos fundamentales, limitarse a funciones de justicia y seguridad, y abstenerse de intervenir en el libre intercambio y emprendimiento de los ciudadanos.

Esta visión choca frontalmente contra los discursos justificadores de la redistribución, que postulan una “igualdad material” a expensas de la libertad, la competencia y la autonomía del individuo. En la práctica, la igualdad impuesta tiende a homogeneizar la pobreza y suprimir las oportunidades genuinas de que las personas prosperen por sus propios medios. De ahí que el fracaso de las políticas redistributivas en América Latina constituye no sólo un problema de gestión pública, sino una amenaza directa a los valores sobre los cuales debe fundarse una sociedad libre y creativa.

El liberalismo concluye que la equidad real y sostenible sólo puede emerger de una economía donde las reglas sean claras, los derechos estén protegidos y las posibilidades de desarrollo sean fruto del mérito, la innovación y el esfuerzo, más que de los designios de burócratas y legisladores. La justicia social, lejos de alcanzarse mediante la coerción estatal, debe ser el resultado natural de una sociedad abierta, donde individuos autónomos puedan ejercer sus derechos y contribuir voluntariamente al bienestar común.

Descubre cómo las ideas liberales pueden fortalecer la libertad, la ética y la prosperidad en América Latina.

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jueves, 9 de octubre de 2025

Cuando el Estado pone precio al salario, pone precio al desempleo

 


En economía, el salario no es un mandato moral ni una dádiva; es un precio más dentro del sistema de mercado que la mayoría de la gente de la política se niega a entender.
Esa es la lección central que Henry Hazlitt recordaba con insistencia y que la intervención estatal tiende a olvidar con consecuencias nefastas entre jóvenes sin empleo.
En esta entrada de Ideas Antizurdos, analizamos cómo los salarios fijados “a dedo” por los gobiernos generan desajustes en el empleo y cómo, en América Latina, el sistema de salario mínimo mensual agrava las distorsiones.

1. El salario como precio: principio fundamental

Hazlitt, en su obra La economía en una lección, afirma que “un salario es en realidad un precio”.
Y como cualquier precio, depende de la oferta y la demanda.

Cuando el gobierno impone un salario por encima del equilibrio natural, se produce un exceso de oferta de trabajo (más personas queriendo trabajar) y una reducción en la demanda de empleo (menos empresas contratando).
El resultado inevitable: desempleo.

Hazlitt advertía que cuando los salarios se fijan artificialmente altos, los empleadores no pueden sostener el costo y recurren a tres opciones:
1️⃣ Despiden personal.
2️⃣ Reducen horas de trabajo.
3️⃣ Sustituyen trabajadores por máquinas.

El empleo no se crea por decreto, sino por productividad y libre intercambio.

2. La particularidad latinoamericana: el salario mínimo mensual

A diferencia de países desarrollados, en América Latina el salario no se mide por hora, sino que se impone como un salario mensual uniforme.
Esta forma de regulación tiene poca o nula base técnica y responde principalmente a decisiones políticas o sindicales.

Problemas principales:

  • No refleja productividad por hora.
    Se iguala el pago de trabajos de distinta eficiencia.

  • Ignora diferencias regionales.
    El costo de vida en Quito o Buenos Aires no es el mismo que en zonas rurales.

  • Desalienta la contratación formal.
    El salario fijo impide ajustes y fuerza a pequeñas empresas hacia la informalidad.

  • Afecta a jóvenes y trabajadores con baja productividad.
    Las empresas los excluyen porque no pueden pagar lo que produce su trabajo.

El resultado es paradójico: la ley que dice “proteger al trabajador” termina dejándolo sin empleo o en la informalidad.

3. Por qué el salario mensual agrava la distorsión

En los sistemas donde el salario se paga por hora, el empresario puede ajustar horas de trabajo ante una caída en la productividad.
Pero el salario mensual impuesto no ofrece flexibilidad alguna: el costo se mantiene fijo, aunque caiga la producción.

Esto genera:

  • Menor contratación formal.

  • Aumento del subempleo.

  • Expansión de la economía informal.

  • Pérdida de competitividad.

El caso ecuatoriano es emblemático: el salario básico ha crecido sin que la productividad lo acompañe.
El resultado es un salario real artificialmente alto y un mercado laboral que expulsa a los menos calificados.

4. La falta de justificación técnica

En la mayoría de países latinoamericanos, los ajustes del salario mínimo se basan en inflación pasada o criterios políticos, no en productividad ni en análisis sectoriales.

Como señala Mises en La acción humana, toda intervención en el sistema de precios genera descoordinación económica.
El salario político rompe la relación entre producción y remuneración, lo que destruye el proceso natural de ajuste del mercado.

Hazlitt también advierte:

“Los salarios no pueden subir para todos al mismo tiempo a menos que aumente la productividad total. Todo intento de elevarlos por decreto genera paro o inflación.”

5. Igualdad aparente, desigualdad real

El salario mínimo busca igualar, pero termina excluyendo:

  • Los más productivos mantienen sus puestos.

  • Los menos productivos quedan desempleados o se vuelven informales.

  • Las pequeñas empresas desaparecen o se vuelven ilegales.

Así, una medida “social” genera el efecto contrario: menos empleo y más pobreza estructural.
El Estado sustituye el salario bajo por el desempleo alto.
Hazlitt lo resume con precisión:

“Cuando el Estado fija salarios por encima del mercado, sustituye los salarios bajos por el paro.”

6. Conclusión: libertad de precios, libertad de empleo

La experiencia latinoamericana confirma las lecciones de Hazlitt y Mises:
Los salarios fijados políticamente (y en especial los mínimos mensuales sin base técnica) destruyen empleo, reducen la productividad y fomentan la informalidad.

El mercado libre, por el contrario, coordina decisiones individuales mediante precios, incentiva la eficiencia y genera oportunidades reales de progreso.
El verdadero camino hacia salarios más altos no es la imposición estatal, sino más inversión, mejor educación y respeto a la libertad económica.

Como escribió Hazlitt:

“El arte de la economía consiste en mirar no solo los efectos inmediatos, sino los efectos a largo plazo de cualquier política, y no solo a un grupo, sino a todos.”

Fuentes consultadas:

  • Hazlitt, H. (1946). La economía en una lección. Instituto Cato.

  • Mises, L. von. (1949). La acción humana. Unión Editorial.

  • El Cato Institute. (2024). La lección atemporal de Henry Hazlitt: refutando aún hoy las tonterías económicas actuales.

  • Liberalismo.org. Leyes de salario mínimo.

  • Nueva Revista (2023). Henry Hazlitt: la economía en una lección.


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💬 ¿Qué opinas del salario mínimo en tu país? Cuéntalo en los comentarios.

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