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sábado, 3 de enero de 2026

Entre ilusión y colapso: cómo el dirigismo keynesiano marxista erosiona el capital y la libertad

 


Dr. Armando José Urdaneta Montiel

El dirigismo estatal de inspiración keynesiano-marxista no es un simple error técnico: es un proyecto intelectual que confunde gasto con riqueza, y termina utilizando la coerción fiscal y monetaria para sostener una ilusión de prosperidad que, tarde o temprano, se cobra su factura en crisis, inflación y empobrecimiento generalizado. 

1.- Error de origen: consumo no es crecimiento.

Keynesianos y marxistas comparten una premisa fundamentalmente problemática: suponen que el motor del desarrollo económico reside en la expansión del gasto agregado, en particular del consumo, y que el Estado está en capacidad de “suplir” cualquier brecha de demanda mediante mayor gasto público y crédito a bajo costo. La macroeconomía del capital de inspiración austriaca, por el contrario, enfatiza un punto que buena parte de las facultades de Economía latinoamericanas tiende a soslayar: el crecimiento genuino depende de la acumulación de capital, del incremento de la productividad asociado al progreso técnico y la innovación, del ahorro voluntario y de una estructura productiva coordinada intertemporalmente a través de precios relativos y tipos de interés, más que de la simple expansión discrecional de la demanda financiada con deuda y emisión monetaria. 

Cuando el consumo presente se erige en criterio supremo de la política económica, el capital termina reducido a un mero “asiento contable” y la estructura productiva es tratada como si fuera un recurso elástico que puede extenderse indefinidamente mediante políticas fiscales expansivas y creación de dinero por parte del banco central. El resultado es un auténtico espejismo macroeconómico: se observan tasas de crecimiento del PIB artificialmente infladas por el gasto público y la expansión del crédito, mientras, de forma silenciosa, se erosiona la base de capital que hace posible cualquier forma de prosperidad sostenible en el tiempo. 

2. El boom artificial: crédito fácil y malas inversiones

Cuando el Estado “estimula” la economía con gasto deficitario y expansión artificial del crédito, no crea riqueza; redistribuye poder de compra y distorsiona los precios relativos, en especial el tipo de interés, que deja de reflejar la preferencia temporal real de los consumidores.

La teoría austriaca del ciclo es clara: al abaratar artificialmente el crédito, se lanzan proyectos que sólo son rentables bajo ese entorno de tipos falsificados; se alargan las etapas de intertemporales de la producción, se inflan sectores “estrella” y se genera el famoso malinvestment, mala inversión, que tarde o temprano deberá liquidarse. 

Esa fase de auge se vende como “éxito del modelo”, y los gobiernos intervencionistas la exhiben como prueba de que “el Estado sí puede guiar la economía” mientras empresas y familias se endeudan sobre supuestos irreales de crecimiento perpetuo.Pero cuando el crédito deja de crecer al mismo ritmo, o los precios empiezan a revelar que no hay ahorro suficiente detrás de esa expansión, el castillo de naipes colapsa: proyectos inconclusos, bancos con balances frágiles y un aparato productivo arruinado, incapaz de ajustarse sin la quiebra masiva de empresas. 

3. La válvula externa: importaciones, déficit y devaluación

En economías con estructuras de capital débiles o poco diversificadas, la expansión de la demanda interna no se traduce en más producción local, sino en una avalancha de importaciones que actúan como válvula de escape del exceso de gasto.

El superávit comercial desaparece, la balanza se vuelve deficitaria y, como manda el manual dirigista, se señala al “tipo de cambio atrasado” o al “imperialismo” como culpables, nunca al exceso de gasto y crédito artificialmente barato que disparó la absorción externa. 

La respuesta estándar es devaluar, imponer controles cambiarios y encarecer el acceso a divisas, como si empeorar la conexión con la economía mundial pudiera resolver la incoherencia interna de un país que consume más de lo que está dispuesto a ahorrar. Pero la devaluación, lejos de corregir la causa, multiplica sus efectos: encarece insumos, alimentos y bienes de capital importados, se traslada a precios y alimenta la inflación que el mismo Estado dice combatir. 

4. Salarios políticos y precios intervenidos: la destrucción de las señales.

El siguiente paso en la tragicomedia dirigista suele ser decretar aumentos de salarios reales por encima de la productividad, lo que rompe la relación entre costos y capacidad de pago, estrechas márgenes de beneficio y desincentiva la inversión privada, justo en el momento en que se necesitaría más capital para ajustar la estructura productiva. Ante la inflación generada por su propia combinación de gasto, crédito y devaluaciones, el Estado recurre a controles de precios, como si se pudiera legislar contra la escasez anulando el termómetro de los precios que revela el desajuste entre oferta y demanda. 

Pero los precios no son un capricho burgués, son señales de información dispersa, como insistía Hayek; cuando se los congela o manipula, se destruye el único sistema capaz de coordinar millones de planes individuales sin un burócrata omnisciente. El resultado es previsible: colas, mercados negros, privilegios para los bien conectados y una asignación de recursos cada vez más guiada por la proximidad al poder que por la rentabilidad y la utilidad para los consumidores. 

5. Déficit permanente: impuestos, deuda, emisión y más distorsión.

Un régimen que basa su legitimidad en sostener un nivel de gasto superior a la renta real disponible está condenado a vivir en déficit crónico. Primero exprime al contribuyente: más impuestos, más cargas regulatorias, más trabas que drenan el excedente empresarial y desvían recursos desde la inversión hacia el gasto político, el cual es dedicado a comprar lealtades y mantener la maquinaria burocrática. 

Luego viene la deuda pública, que compite con el sector privado por el ahorro disponible y desplaza inversión productiva hacia la financiación del Estado; cuando tampoco eso basta, se recurre a la emisión monetaria y a la compra de deuda por el banco central. Como sintetiza la literatura austriaca del ciclo económico, es lógicamente imposible resolver una crisis creada por un exceso de crédito y endeudamiento con más crédito y más deuda: la expansión monetaria adicional sólo posterga el ajuste y garantiza que el colapso posterior sea más profundo. 

6. El núcleo del fracaso: el conocimiento que el Estado no tiene

En última instancia, el problema del dirigismo estatal no es de buena o mala intención, sino de pretensión de conocimiento. Ni el planificador keynesiano ni el ingeniero social marxista poseen la información local, dispersa y cambiante que se condensaría en precios libres, tipos de interés no manipulados y decisiones de ahorro inversiones tomadas por millones de individuos sobre su propio riesgo.

Al manipular tipos de interés, tipo de cambio, precios y salarios, el Estado borra las señales que permitirían a empresarios y trabajadores descubrir dónde hay oportunidades reales de creación de valor y dónde hay proyectos inviables que conviene abandonar. El resultado no es un “capitalismo regulado más humano”, sino un sistema híbrido incoherente, atrapado entre mercado y planificación, que combina lo peor de ambos mundos: inestabilidad cíclica, inflación crónica, deterioro institucional y una ciudadanía cada vez más dependiente del mismo poder que ha saboteado el proceso de coordinación social. 

Desde la macroeconomía de la capital austriaca, la conclusión es inescapable: mientras se siga confundiendo consumo con crecimiento, crédito político con ahorro y coerción fiscal monetaria con coordinación social, cualquier modelo de dirigismo estatal está condenado a terminar no sólo en fracaso económico, sino en una degradación general de las libertades y de la responsabilidad individual.

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domingo, 19 de octubre de 2025

Por qué la Eliminación del Subsidio al Diésel no Implica Inflación en una Economía Dolarizada: Una Lectura desde la Economía de Oferta.

 


Dr. Armando José Urdaneta Montiel

La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador ha provocado una intensa discusión pública, muchas veces marcada por percepciones más emocionales que racionales. Se ha repetido, casi como un dogma, que retirar el subsidio generará inflación, afectará a los sectores populares y desatará una cadena de aumentos en toda la economía. Sin embargo, un análisis desde la economía de oferta y la teoría económica ortodoxa permite entender que, en una economía dolarizada, este tipo de conclusiones carece de fundamento técnico.

Desde el año 2000, Ecuador renunció a su soberanía monetaria. El Banco Central no emite dólares ni puede expandir la base monetaria para financiar gasto público o estimular la demanda. La cantidad de dinero en circulación depende estrictamente del ingreso de divisas por exportaciones, inversión extranjera o remesas. En este contexto, la inflación clásica producto de una expansión monetaria excesiva es prácticamente imposible. Los precios solo pueden modificarse por causas reales, como cambios en los costos relativos, en la productividad o en los precios internacionales de los bienes importados.

Cuando se retira un subsidio como el del diésel, lo que ocurre no es un proceso inflacionario generalizado, sino un ajuste en los precios relativos de la economía. El combustible deja de tener un precio artificialmente bajo y comienza a reflejar su costo real. Este ajuste redistribuye el gasto de los agentes económicos: los consumidores y las empresas destinan una mayor proporción de sus dólares a pagar energía, lo que implica que deberán reducir su consumo en otros bienes y servicios. En una economía donde la masa monetaria está fija, cada dólar adicional que se gasta en diésel es un dólar menos disponible para otros sectores, generando un descenso de la demanda en esas áreas y, en muchos casos, una presión deflacionaria. En otras palabras, el retiro del subsidio no expande los precios en general, sino que reordena el uso de los recursos.

Este fenómeno puede incluso tener efectos positivos sobre la productividad y la eficiencia. Los subsidios prolongados distorsionan las señales del mercado, fomentando el consumo ineficiente de energía y reduciendo los incentivos para innovar o invertir en tecnologías más limpias. Cuando los precios reflejan los costos reales, las empresas se ven obligadas a mejorar su gestión, optimizar procesos logísticos y adoptar soluciones más sostenibles. La economía de oferta enseña que la eficiencia en la asignación de recursos es clave para el crecimiento de largo plazo; los precios subsidiados, en cambio, perpetúan ineficiencias y desvían capital hacia actividades de baja productividad.

El argumento de que la eliminación del subsidio perjudica a los más pobres también merece ser revisado con rigor. Los subsidios a los combustibles son, por naturaleza, regresivos. Los hogares de mayores ingresos y las empresas con mayor consumo energético capturan la mayor parte del beneficio, mientras que los sectores vulnerables, que consumen menos diésel directamente, apenas se benefician. Así, el subsidio actúa como una transferencia inversa: los no consumidores a menudo los más pobres terminan financiando a quienes sí lo usan, a través de los impuestos indirectos como el IVA que alimentan el presupuesto público.

Desde la óptica ortodoxa, la política fiscal debe orientarse hacia la eficiencia y la equidad mediante mecanismos focalizados. El dinero que el Estado destina a sostener subsidios universales podría emplearse en programas sociales directos, inversión en educación o infraestructura productiva, áreas donde cada dólar genera un retorno social mucho mayor. Además, mantener subsidios costosos en un entorno de restricción fiscal erosiona la sostenibilidad de las cuentas públicas, compromete la capacidad de inversión del Estado y limita la competitividad de largo plazo.

En definitiva, eliminar el subsidio al diésel no implica inflación en una economía dolarizada porque no existe un aumento en la masa monetaria ni una expansión de la demanda agregada. Lo que se produce es un reacomodo de precios relativos, un ajuste necesario que corrige distorsiones y libera recursos públicos para usos más productivos. A corto plazo, ciertos sectores podrían enfrentar aumentos de costos, pero estos efectos son transitorios y, a mediano plazo, la eficiencia ganada compensa los ajustes iniciales.

La verdadera justicia económica no consiste en mantener precios artificialmente bajos, sino en utilizar los recursos públicos donde generen el mayor beneficio social. Desde una perspectiva de economía de oferta, la eliminación del subsidio al diésel es una medida de racionalización económica, que fortalece la disciplina fiscal, mejora los incentivos de producción y promueve un crecimiento sostenible. En lugar de perpetuar un modelo de dependencia del gasto estatal, la economía ecuatoriana necesita avanzar hacia un esquema donde la productividad, la eficiencia y la asignación óptima de recursos sean las bases del bienestar colectivo.

En una economía dolarizada, eliminar subsidios no dispara la inflación, fortalece la eficiencia.
👉 Menos manipulación, más datos.
💻 Lee más artículos como este en Ideas Antizurdos.

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