Autores: Emmanuel Borgucci y Armando Urdaneta
Para los soberbios que insisten en que los gobiernos liberales “no tienen políticas de reinserción social”, la historia ofrece una respuesta incómoda: la arquitectura básica del Estado de bienestar moderno no la diseñaron los socialistas, sino los liberales en democracia. Entre 1909 y 1914, el gobierno liberal de H. H. Asquith, con David Lloyd George como canciller del Exchequer, impulsó el célebre People’s Budget y un conjunto de reformas que marcaron un antes y un después en la protección social británica. De esas reformas surgieron el Old Age Pensions Act, el Education Act, el National Insurance Act y los Labour Exchanges, mecanismos que introdujeron pensiones de vejez, seguros de enfermedad y desempleo y oficinas públicas de empleo, sustituyendo la vieja Poor Law que trataba la pobreza como una culpa casi moral. Resulta irónico que quienes hoy acusan al liberalismo de indiferencia social ignoren que fueron precisamente los liberales quienes dieron forma institucional a muchas de las políticas de reinserción que ahora se consideran “patrimonio” de la izquierda.
La diferencia de fondo no estuvo en la existencia o no de programas sociales, sino en cómo se concebían. Para los liberales de ese período, la ayuda estatal debía estar ligada a criterios claros de elegibilidad y a la responsabilidad fiscal. Lloyd George no actuó como un populista del gasto, sino como un liberal que, desde el Ministerio del Exchequer, se propuso financiar pensiones y seguros mediante un esquema tributario progresivo, manteniendo el objetivo de un presupuesto equilibrado. Había que calificar para el programa: demostrar necesidad, contribuir cuando correspondía, estar dentro de reglas definidas. La lógica era inequívocamente liberal: la comunidad política tiene el deber moral de evitar que seres humanos caigan en la indigencia, pero no el de transformar al Estado en proveedor incondicional de rentas desvinculadas del esfuerzo y de la responsabilidad individual.
Cuando, con el tiempo, los socialistas generalizaron estos programas como derechos universales sin mayor condicionamiento y rompieron la disciplina presupuestaria, se alteraron las dos columnas sobre las que descansaba el diseño liberal: la condicionalidad y el equilibrio fiscal. El resultado fue un Estado de bienestar cada vez más pesado, más caro y menos sostenible, que empezó a generar dependencia crónica y a ser capturado por intereses políticos antes que por criterios de justicia.
Para entender este recorrido hay que situar el debate dentro de la propia tradición liberal. El llamado New Liberalism no fue una traición al liberalismo de Manchester asociado a William Gladstone, sino su evolución en un contexto de industrialización avanzada, desigualdad visible y nuevas demandas sociales. El liberalismo manchesteriano defendió con razón el libre comercio, el gobierno limitado y la reducción de impuestos frente a un Estado aristocrático e intervencionista. El nuevo liberalismo, sin renunciar a esos principios, advirtió que la libertad formal es insuficiente si grandes capas de población carecen de salud, educación mínima o protección frente a riesgos extremos.
La respuesta liberal no fue estatizarlo todo, sino crear pisos de protección que permitan a las personas ejercer sus libertades en la práctica: la seguridad social y las pensiones no como herramientas de clientelismo, sino como seguros colectivos financiados de manera transparente y responsable. Proteger sí, sustituir no; capacitar sí, tutelar no: esa fue la línea roja que diferenciaba al liberalismo social de los proyectos abiertamente socialistas.
Esta perspectiva histórica desmonta la acusación de que el liberalismo sería incompatible con políticas de reinserción social. Lejos de eso, demuestra que los liberales fueron los primeros en asumir que una sociedad de individuos libres exige mecanismos institucionales para que nadie quede descartado de la vida económica por enfermedad, vejez o desempleo. La pregunta no es si debe existir protección social, sino quién la diseña, con qué incentivos, con qué límites y con qué responsabilidad fiscal. En este punto, la tradición liberal ofrece una lección vigente: las políticas sociales dejan de ser herramientas de dignidad cuando se desconectan de la realidad presupuestaria y de la ética del esfuerzo; en ese momento se convierten en promesas vacías financiadas con déficit, inflación y deuda que terminan pagando, paradójicamente, los más pobres.
Traer este debate al presente permite también entender fenómenos contemporáneos. Quien observe a Javier Milei únicamente como un “liberal de shock” pierde de vista que su posicionamiento se inscribe, en buena medida, en esa línea de liberalismo post manchesteriano: reconoce la centralidad del mercado y la urgencia de desmantelar un Estado capturado por corporaciones y políticos, pero lo hace en un contexto donde ya existe una historia liberal de reformas sociales.
Su desafío no es negar por completo la idea de red de protección, sino redefinirla bajo criterios de focalización, responsabilidad individual y equilibrio fiscal, en contraste con el universalismo acrítico que ha mostrado ser insostenible en países con Estados elefantiásicos. En otras palabras, el debate no es entre un liberalismo “sin corazón” y un socialismo “compasivo”, sino entre dos formas de encarar la cuestión social: una que intenta coordinar dignidad y responsabilidad, y otra que suele sacrificar la segunda en nombre de una compasión de corto plazo.
Por eso, cuando alguien afirma con suficiencia que “los gobiernos liberales no tienen políticas de reinserción social”, lo que exhibe no es un juicio sofisticado, sino un profundo desconocimiento histórico. Fueron los liberales en democracias consolidadas quienes introdujeron pensiones, seguros de desempleo y mecanismos de intermediación laboral, sustituyendo modelos humillantes como la Poor Law por esquemas más racionales y respetuosos de la dignidad. La izquierda llegó después, y muchas veces lo que hizo fue expandir, universalizar y financiar a crédito lo que el liberalismo había diseñado con criterio selectivo y equilibrio presupuestario.
Si hoy se quiere discutir seriamente sobre pobreza, reinserción y dignidad, el punto de partida honesto no es negar el aporte liberal, sino preguntarse qué modelo es capaz de sostener, en el tiempo, tanto la libertad como la protección mínima debida a toda persona. En esa pregunta, lejos de ser un acusado, el liberalismo es el principal interlocutor.
