¿Necesitamos un Estado cada vez más grande para vivir mejor?

 

Dr. John Campuzano Vásquez

Existe una contradicción fascinante en la política contemporánea: mientras la tecnología y la IA permite descentralizar actividades económicas, trabajar desde cualquier lugar, emprender sin grandes estructuras y comunicarse sin intermediarios, una parte de las nuevas generaciones vuelve a reclamar un Estado más grande, poderoso y presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Esta paradoja adquiere especial interés al examinar las ideas desarrolladas por el profesor Miguel Anxo Bastos en Lo pequeño es posible, una obra que cuestiona la creencia de que el tamaño territorial y la concentración del poder político constituyen condiciones necesarias para alcanzar prosperidad. La discusión resulta especialmente pertinente en América Latina, donde históricamente se ha confundido la fortaleza institucional con la expansión burocrática y donde todavía persiste la expectativa de que los problemas económicos pueden resolverse ampliando las atribuciones gubernamentales.

La fascinación histórica por el Estado gigantesco

Durante siglos, la grandeza política estuvo asociada con la extensión territorial, la concentración administrativa y la capacidad de movilizar enormes recursos desde un centro de poder. Imperios, monarquías y repúblicas construyeron estructuras destinadas a controlar territorios cada vez mayores. Sin embargo, como plantea el debate desarrollado por Bastos, las ventajas del tamaño no deben darse por supuestas. Administrar una población numerosa puede proporcionar economías de escala en determinadas funciones, pero también incrementar los costos de coordinación, dificultar la representación política y alejar las decisiones de quienes experimentan sus consecuencias. Desde la economía institucional, la pregunta fundamental no es cuántos kilómetros cuadrados administra un gobierno, sino qué incentivos enfrenta, qué controles limitan su actuación y qué resultados produce. Un ministerio no se vuelve eficiente por administrar más provincias, del mismo modo que una burocracia no adquiere mayor conocimiento económico simplemente porque aumenta su presupuesto.

Los jóvenes y el renovado atractivo del Estado protector

Hay una dimensión sociológica que merece especial atención. Entre determinados sectores de jóvenes y adultos de Europa y América Latina se observa interés por propuestas que atribuyen al Estado responsabilidades crecientes en vivienda, educación, empleo, transporte, transición energética y protección social. No toda la juventud comparte esa orientación, también existen movimientos juveniles liberales, libertarios y conservadores que cuestionan abiertamente el intervencionismo. Sin embargo, el atractivo del Estado protector puede comprenderse a partir de experiencias concretas. Jóvenes que enfrentan alquileres elevados, empleos precarios, dificultades para ahorrar y expectativas de movilidad social inferiores a las de generaciones anteriores pueden interpretar la intervención pública como una respuesta a su inseguridad económica. Desde la psicología social, estas preferencias también pueden relacionarse con la búsqueda de certidumbre y protección frente a riesgos percibidos. La paradoja consiste en que ampliar las responsabilidades estatales no garantiza automáticamente disponer de los recursos, la información ni la capacidad administrativa necesarios para cumplirlas.

Estados pequeños, economías abiertas y competencia institucional

La discusión sobre el tamaño político encuentra ejemplos relevantes en Suiza, Singapur y Estonia. Estas experiencias demuestran que la prosperidad no exige necesariamente enormes territorios ni poblaciones gigantescas, aunque sus resultados tampoco pueden atribuirse exclusivamente a su dimensión geográfica. Suiza combina descentralización cantonal, estabilidad institucional y una economía altamente desarrollada. Singapur ha construido una plataforma comercial y logística internacional sobre un territorio reducido, con un Estado que mantiene una intervención significativa en determinadas actividades. Estonia destaca por su digitalización administrativa y apertura económica. Lo interesante es que estos casos obligan a distinguir tamaño territorial, calidad institucional y grado de intervención pública. La fragmentación política puede favorecer la competencia entre jurisdicciones y permitir que ciudadanos y empresas comparen impuestos, regulaciones y servicios, pero también plantea desafíos de coordinación y financiación.

América Latina: centralismo, dependencia y autonomía limitada

En América Latina, el debate adquiere características particulares. Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia han experimentado diferentes grados de centralización política y económica, con gobiernos nacionales que desempeñan funciones decisivas en la asignación de recursos, la infraestructura y la regulación productiva. Cuando los territorios dependen excesivamente de transferencias y autorizaciones centrales, las autoridades locales pueden encontrar dificultades para responder a necesidades específicas. Sin embargo, descentralizar sin mecanismos adecuados de responsabilidad fiscal también puede reproducir ineficiencias a escala regional. La alternativa institucional consiste en establecer competencias claras, fuentes de financiamiento transparentes y controles efectivos. Desde una perspectiva liberal, la subsidiariedad y la competencia entre jurisdicciones ofrecen instrumentos para examinar si determinadas decisiones pueden adoptarse más cerca del ciudadano, sin desconocer aquellas funciones que requieren coordinación nacional.

¿Más Estado significa necesariamente más bienestar?

La existencia de problemas sociales no se niega, ni tampoco se cree ciegamente que los mercados resuelven automáticamente cualquier dificultad. Vivienda, educación, infraestructura y protección frente a riesgos económicos requieren instituciones eficaces. La discusión comienza cuando se identifica la solución de esos problemas exclusivamente con aumentar presupuestos, regulaciones o empresas públicas o en recaudar más impuestos. La economía enseña que los recursos son escasos y que toda intervención tiene costos de oportunidad. También recuerda que la provisión estatal puede resultar apropiada en determinados ámbitos, especialmente ante bienes públicos, externalidades o fallas de mercado. El desafío consiste en comparar alternativas mediante resultados verificables y no mediante la magnitud de las promesas. Una administración más extensa puede ofrecer mejores servicios si dispone de capacidades suficientes, pero también puede acumular obligaciones difíciles de financiar.

El tamaño del poder y el futuro de la libertad

La principal provocación intelectual que inspira Lo pequeño es posible consiste en cuestionar una asociación tradicional: que la integración económica y la prosperidad requieren necesariamente estructuras políticas cada vez más grandes. Las economías pueden cooperar, comerciar e integrarse mediante acuerdos sin concentrar todas sus decisiones en una autoridad única. Al mismo tiempo, los Estados pequeños pueden desarrollar administraciones intervencionistas y los grandes pueden establecer instituciones descentralizadas. Por eso, el tamaño territorial no debe confundirse con el alcance del poder gubernamental.

La discusión que Bastos invita a desarrollar resulta especialmente relevante para una generación que busca seguridad económica en un mundo incierto. La pregunta decisiva no es si necesitamos un Estado grande o pequeño por principio, sino qué funciones debe cumplir, cómo financiarlas, quién controla sus decisiones y cuánto espacio conserva el ciudadano para elegir. Una sociedad próspera necesita instituciones capaces de resolver problemas colectivos sin convertir la dependencia política en condición permanente de la vida económica.

Tal vez el verdadero desafío contemporáneo no consista en construir gobiernos que prometan ocuparse de absolutamente todo, sino en diseñar instituciones que sepan reconocer sus límites. Porque la libertad no depende exclusivamente del tamaño del territorio, sino también de cuánto poder concentra quien lo gobierna.

¿Más Estado significa más bienestar o menos libertad?

Miguel Anxo Bastos, en Lo pequeño es posible, cuestiona el mito de que los Estados gigantes garantizan prosperidad.

¿Necesitamos gobiernos más grandes o ciudadanos más libres?

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Liberalismo y política social: la verdadera historia detrás de la reinserción y el Estado de bienestar.

 

Autores: Emmanuel Borgucci y Armando Urdaneta

Para los soberbios que insisten en que los gobiernos liberales “no tienen políticas de reinserción social”, la historia ofrece una respuesta incómoda: la arquitectura básica del Estado de bienestar moderno no la diseñaron los socialistas, sino los liberales en democracia. Entre 1909 y 1914, el gobierno liberal de H. H. Asquith, con David Lloyd George como canciller del Exchequer, impulsó el célebre People’s Budget y un conjunto de reformas que marcaron un antes y un después en la protección social británica. De esas reformas surgieron el Old Age Pensions Act, el Education Act, el National Insurance Act y los Labour Exchanges, mecanismos que introdujeron pensiones de vejez, seguros de enfermedad y desempleo y oficinas públicas de empleo, sustituyendo la vieja Poor Law que trataba la pobreza como una culpa casi moral. Resulta irónico que quienes hoy acusan al liberalismo de indiferencia social ignoren que fueron precisamente los liberales quienes dieron forma institucional a muchas de las políticas de reinserción que ahora se consideran “patrimonio” de la izquierda.

La diferencia de fondo no estuvo en la existencia o no de programas sociales, sino en cómo se concebían. Para los liberales de ese período, la ayuda estatal debía estar ligada a criterios claros de elegibilidad y a la responsabilidad fiscal. Lloyd George no actuó como un populista del gasto, sino como un liberal que, desde el Ministerio del Exchequer, se propuso financiar pensiones y seguros mediante un esquema tributario progresivo, manteniendo el objetivo de un presupuesto equilibrado. Había que calificar para el programa: demostrar necesidad, contribuir cuando correspondía, estar dentro de reglas definidas. La lógica era inequívocamente liberal: la comunidad política tiene el deber moral de evitar que seres humanos caigan en la indigencia, pero no el de transformar al Estado en proveedor incondicional de rentas desvinculadas del esfuerzo y de la responsabilidad individual. 

Cuando, con el tiempo, los socialistas generalizaron estos programas como derechos universales sin mayor condicionamiento y rompieron la disciplina presupuestaria, se alteraron las dos columnas sobre las que descansaba el diseño liberal: la condicionalidad y el equilibrio fiscal. El resultado fue un Estado de bienestar cada vez más pesado, más caro y menos sostenible, que empezó a generar dependencia crónica y a ser capturado por intereses políticos antes que por criterios de justicia.

Para entender este recorrido hay que situar el debate dentro de la propia tradición liberal. El llamado New Liberalism no fue una traición al liberalismo de Manchester asociado a William Gladstone, sino su evolución en un contexto de industrialización avanzada, desigualdad visible y nuevas demandas sociales. El liberalismo manchesteriano defendió con razón el libre comercio, el gobierno limitado y la reducción de impuestos frente a un Estado aristocrático e intervencionista. El nuevo liberalismo, sin renunciar a esos principios, advirtió que la libertad formal es insuficiente si grandes capas de población carecen de salud, educación mínima o protección frente a riesgos extremos. 

La respuesta liberal no fue estatizarlo todo, sino crear pisos de protección que permitan a las personas ejercer sus libertades en la práctica: la seguridad social y las pensiones no como herramientas de clientelismo, sino como seguros colectivos financiados de manera transparente y responsable. Proteger sí, sustituir no; capacitar sí, tutelar no: esa fue la línea roja que diferenciaba al liberalismo social de los proyectos abiertamente socialistas.

Esta perspectiva histórica desmonta la acusación de que el liberalismo sería incompatible con políticas de reinserción social. Lejos de eso, demuestra que los liberales fueron los primeros en asumir que una sociedad de individuos libres exige mecanismos institucionales para que nadie quede descartado de la vida económica por enfermedad, vejez o desempleo. La pregunta no es si debe existir protección social, sino quién la diseña, con qué incentivos, con qué límites y con qué responsabilidad fiscal. En este punto, la tradición liberal ofrece una lección vigente: las políticas sociales dejan de ser herramientas de dignidad cuando se desconectan de la realidad presupuestaria y de la ética del esfuerzo; en ese momento se convierten en promesas vacías financiadas con déficit, inflación y deuda que terminan pagando, paradójicamente, los más pobres.

Traer este debate al presente permite también entender fenómenos contemporáneos. Quien observe a Javier Milei únicamente como un “liberal de shock” pierde de vista que su posicionamiento se inscribe, en buena medida, en esa línea de liberalismo post manchesteriano: reconoce la centralidad del mercado y la urgencia de desmantelar un Estado capturado por corporaciones y políticos, pero lo hace en un contexto donde ya existe una historia liberal de reformas sociales. 

Su desafío no es negar por completo la idea de red de protección, sino redefinirla bajo criterios de focalización, responsabilidad individual y equilibrio fiscal, en contraste con el universalismo acrítico que ha mostrado ser insostenible en países con Estados elefantiásicos. En otras palabras, el debate no es entre un liberalismo “sin corazón” y un socialismo “compasivo”, sino entre dos formas de encarar la cuestión social: una que intenta coordinar dignidad y responsabilidad, y otra que suele sacrificar la segunda en nombre de una compasión de corto plazo.

Por eso, cuando alguien afirma con suficiencia que “los gobiernos liberales no tienen políticas de reinserción social”, lo que exhibe no es un juicio sofisticado, sino un profundo desconocimiento histórico. Fueron los liberales en democracias consolidadas quienes introdujeron pensiones, seguros de desempleo y mecanismos de intermediación laboral, sustituyendo modelos humillantes como la Poor Law por esquemas más racionales y respetuosos de la dignidad. La izquierda llegó después, y muchas veces lo que hizo fue expandir, universalizar y financiar a crédito lo que el liberalismo había diseñado con criterio selectivo y equilibrio presupuestario. 

Si hoy se quiere discutir seriamente sobre pobreza, reinserción y dignidad, el punto de partida honesto no es negar el aporte liberal, sino preguntarse qué modelo es capaz de sostener, en el tiempo, tanto la libertad como la protección mínima debida a toda persona. En esa pregunta, lejos de ser un acusado, el liberalismo es el principal interlocutor.

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