En Ecuador, hablar del Código del Trabajo es como abrir un libro de historia que se niega a ser actualizado. Mientras el mundo laboral cambia a ritmos acelerados (con la expansión del teletrabajo, las plataformas digitales, el empleo por proyecto o por horas) nuestra legislación sigue anclada en una lógica de fábrica del siglo pasado, con rigideces que lejos de proteger al trabajador, lo empujan a la informalidad.
El Código ecuatoriano tiene elementos que, en su momento, representaron avances importantes: la irrenunciabilidad de derechos, la estabilidad relativa del empleo, la jornada máxima, entre otros. Pero lo que una vez fue progreso, hoy se ha convertido en un obstáculo estructural. El mayor problema no es que proteja, sino que impone una única forma de entender el trabajo: contrato a tiempo completo, jornada rígida, afiliación obligatoria al IESS bajo esquemas únicos, y costos fijos sin proporcionalidad. Y esto, en un país donde la informalidad es la forma predominante de inserción laboral, representa un contrasentido.
El Código prohíbe contratar por horas, incluso cuando el trabajo parcial es la única posibilidad para ciertos sectores productivos o perfiles de trabajadores: estudiantes, madres solteras, adultos mayores, o personas que buscan complementar ingresos. Esta negativa no tiene sustento técnico ni ético: ¿por qué obligar a una persona a estar fuera del sistema formal simplemente porque no puede o no desea trabajar ocho horas al día? El resultado es un modelo binario: o entras completo al mercado formal (si puedes pagar el costo), o te quedas fuera.
Otro punto crítico es la afiliación obligatoria al IESS con cargas rígidas, que termina elevando los costos laborales incluso para trabajos de baja intensidad o corto plazo. Esto desincentiva la contratación, especialmente entre microempresas y emprendedores, que no tienen márgenes para sostener estas obligaciones. El Código asume que toda relación laboral debe tener el mismo peso institucional, sin considerar escalas, temporalidades ni realidades sectoriales.
Esta visión estatista del trabajo, que concentra todas las responsabilidades en el empleador sin ofrecer vías intermedias, ha llevado al país a cifras alarmantes. Según el INEC (Primicias, enero 2025), el 56% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, una cifra récord desde 2021. Pero el problema no se agota ahí: este sistema ha creado una economía dual, donde los trabajadores formales (una minoría) tienen acceso a derechos, mientras que la mayoría trabaja sin cobertura, sin estabilidad, y con ingresos fluctuantes, no porque lo elijan, sino porque el sistema no les ofrece otra salida.
Y si el argumento es que flexibilizar la legislación genera precarización, basta mirar a los países con mejores resultados laborales: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia. Allí, la flexibilidad va de la mano con derechos efectivos, seguros de desempleo, formación continua y libertad de contratación. La flexiseguridad, como se conoce a este modelo, parte del principio de que un mercado laboral saludable es aquel donde se puede contratar fácilmente, pero también transitar sin temor entre empleos, con el respaldo del Estado.
El Ecuador necesita, con urgencia, una reforma laboral integral, inteligente y sin dogmas. No se trata de eliminar derechos, sino de reconocer que la libertad de contratar también es un derecho. Un código que impide formas modernas de empleo, que castiga al pequeño empleador, que encarece la contratación, y que asume que todos los trabajadores deben ser tratados con el mismo molde, no está protegiendo a nadie. Está paralizando la economía.
El trabajo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Solo el Código se niega a cambiar. Y mientras eso ocurra, seguirán creciendo la informalidad, la frustración y la desconfianza. Es hora de una legislación que confíe en el ciudadano, que deje de criminalizar al empleador, y que entienda que el desarrollo económico requiere libertad con responsabilidad, no rigidez con discurso social.
Por: Econ. Luis Cedillo-Chalaco, MSc.
