Autor: Dr. Armando José Urdaneta Montiel
Durante décadas, la corrupción ha sido uno de los males más persistentes de América Latina, enraizada no solo en prácticas individuales, sino en un sistema político y económico que premia la dependencia y castiga la responsabilidad. La narrativa dominante incluso desde sectores estatistas reconoce que los llamados Estados elefantiásicos, caracterizados por su tamaño excesivo, burocracia ineficiente y vocación intervencionista, son un terreno fértil para el clientelismo, la opacidad y el abuso de poder.
Pero el problema no es solo de tamaño: es estructural. La corrupción florece donde el Estado deja de ser un árbitro imparcial para convertirse en botín político. Así, más que una herramienta neutral, el Estado se convierte en un mecanismo de redistribución forzada y control social que facilita la captura institucional. La pregunta, entonces, no es si el tamaño importa, sino hasta qué punto es legítimo y sostenible que el Estado invada funciones que deberían pertenecer a la sociedad civil, al individuo y al mercado libre.
Tres estudios recientes ofrecen evidencia contundente para afirmar que la corrupción en América Latina no es simplemente una disfunción del sistema, sino la consecuencia predecible del uso estratégico y clientelar del Estado como instrumento de poder y reparto, en lugar de ser garante del orden y la libertad individual.
Por ello el Estado debe limitarse a sus funciones legítimas proteger la vida, la propiedad y la libertad, el aparato estatal ha sido expandido artificialmente para beneficiar a élites políticas, sindicatos aliados, grupos de interés y burócratas enquistados, todo bajo el disfraz del “bien común”. Este patrón se agrava en contextos donde las instituciones de control son frágiles, la justicia no es independiente y los ciudadanos carecen de herramientas efectivas para fiscalizar el poder. En otras palabras, la corrupción no surge del vacío: es el resultado lógico de un Estado hipertrofiado que se administra no como un árbitro neutral, sino como un botín a ser explotado por quienes lo capturan. En este esquema, la democracia formal es apenas un decorado para legitimar un sistema de privilegios sostenido por la coacción fiscal y la intervención estatal permanente.
Kotera, Okada y Samreth (2010) exploran si la expansión del aparato estatal está inevitablemente vinculada a mayores niveles de corrupción. Sus hallazgos son matizados: el impacto del tamaño del gobierno sobre la corrupción depende directamente del nivel de desarrollo democrático. No obstante, los referidos autores señalan que la experiencia demuestra que la acumulación de poder estatal, incluso en democracias, tiende a generar riesgos crecientes de abuso, burocratización excesiva y pérdida de libertad individual.
En América Latina, donde la democracia muchas veces es formal y las instituciones de control son débiles o cooptadas, un Estado grande no solo no garantiza menor corrupción, sino que suele amplificarla. Esto no ocurre por el tamaño per se, sino por la ausencia de frenos y contrapesos efectivos. Desde esta óptica, la solución no pasa por expandir el aparato estatal, sino por fortalecer las instituciones que aseguran transparencia, competencia política real y separación de poderes, además de fomentar la libertad económica y la responsabilidad individual.
Caserta (2021) introduce una visión innovadora: el tamaño del aparato estatal puede ser manipulado estratégicamente para “diluir” la corrupción. En vez de concentrarla en pocos actores visibles, los gobiernos pueden expandir la burocracia y distribuir pequeñas rentas corruptas entre muchos funcionarios. Esto reduce la visibilidad y el costo político de los actos ilícitos, sin eliminar su existencia.
Este fenómeno tiene eco claro en América Latina. Las estructuras gubernamentales muchas veces son diseñadas no para maximizar la eficiencia ni garantizar derechos, sino para crear espacios de clientelismo, empleo político y reparto de favores, lo que Caserta denomina “watering down corruption”. En este contexto, el problema no es el tamaño del Estado, sino su uso como instrumento de control político y recompensa partidista.
Finalmente, Bonanno (2024) realiza un metaanálisis de más de 400 estimaciones sobre la relación entre el tamaño del Estado y la corrupción, llegando a una conclusión clara y reveladora: no existe una relación causal consistente y directa entre ambas variables. En algunos casos, un Estado grande se asocia con mayores niveles de corrupción; en otros, con niveles menores; y en muchos, no hay relación significativa. Lo que realmente importa, según Bonanno, es la calidad institucional, la gobernanza efectiva y el contexto político en el que opera el Estado. La clave no es simplemente achicar el Estado como una solución universal, sino garantizar que sus funciones estén estrictamente delimitadas y que operen bajo reglas claras que minimicen los incentivos y oportunidades para la corrupción.
Sin embargo, para este autor, el riesgo de corrupción se intensifica cuando el Estado se expande sin límites, acumulando poder susceptible de ser capturado por intereses privados. Por ello, es fundamental que el Estado se limite a sus funciones esenciales como la protección de derechos y la impartición de justicia y que implemente mecanismos institucionales estrictos que permitan a la sociedad civil fiscalizar su accionar. La clave es delimitar con precisión su alcance, restringir su poder y garantizar que cada función pública esté sometida al control ciudadano y a una total transparencia.
En América Latina, donde las instituciones suelen ser débiles y permeables a la politización, el desafío es doble: reducir la intervención estatal innecesaria que abre espacios para el clientelismo y la corrupción, y fortalecer simultáneamente la calidad institucional, el profesionalismo del sector público y la participación ciudadana. El combate contra la corrupción exige un rediseño del orden político que priorice un Estado pequeño, eficiente y estrictamente controlado, no uno ausente, pero sí limitado, enfocado y vigilado por una ciudadanía activa y empoderada.
Referencias
- Bonanno, G. (2024). The impact of government size on corruption: A meta‐regression analysis. Journal of Economic Surveys, 38(1), 123–145. https://doi.org/10.1111/joes.12511
- Caserta, M. (2021). Bribes and Bureaucracy Size: The Strategy of Watering Down Corruption. Economica, 88(350), 417–442. https://doi.org/10.1111/ecca.12375
- Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2010). A study on the relationship between corruption and government size: the role of democracy. MPRA Paper No. 25015. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25015/
