En la economía existe una enseñanza fundamental que desmonta muchos de los discursos populistas disfrazados de “protesta social”: la falacia de la ventana rota, planteada por Frédéric Bastiat en el siglo XIX. El ejemplo es sencillo: un niño rompe una ventana y todos creen que eso dinamiza la economía porque el vidriero ganará dinero al repararla. Sin embargo, lo que se olvida es que el dueño de la ventana pierde recursos que podría haber invertido en otra cosa productiva. El resultado no es progreso, sino la simple redistribución de la riqueza con un costo social negativo.
En América Latina, este principio cobra vida en las acciones de ciertos seudo movimientos sociales que justifican quema de bienes públicos, destrucción de infraestructura o paralizaciones como si fueran actos revolucionarios que conducirán a los países a superar el subdesarrollo. La realidad es exactamente lo contrario: se trata de actos de autodestrucción económica y social que frenan la inversión, limitan el empleo y profundizan la pobreza.
El caso de Colombia
En Colombia, las protestas del año 2021 derivaron en bloqueos de carreteras, ataques a estaciones de transporte y saqueos. Quienes defendían estas acciones sostenían que al reconstruir lo dañado se “movilizarían recursos”, como si el gasto en reponer buses incendiados o puentes afectados fuese sinónimo de crecimiento. En la práctica, los costos superaron los 3.1 billones de pesos, cifra que pudo haberse invertido en programas sociales, hospitales o infraestructura productiva. El país perdió días de exportación, el comercio interno se paralizó y miles de familias vieron reducirse sus ingresos. Tal como en la ventana rota, lo que parecía “movimiento económico” fue en realidad destrucción de capital.
Chile y la ilusión de la violencia como motor de cambio
Chile vivió un estallido social en 2019 que dejó estaciones de metro quemadas, monumentos destruidos y pérdidas estimadas en más de 5 mil millones de dólares. La narrativa justificaba el vandalismo como “expresión legítima del pueblo”. Pero la consecuencia fue que la confianza de inversionistas cayó abruptamente, el turismo se desplomó y el gasto público se desvió hacia reparaciones. La violencia no resolvió las desigualdades, sino que acentuó la precariedad en miles de familias que dependían del transporte público y de empleos en sectores afectados. Nuevamente, el principio de Bastiat se confirma: destruir no es crear, es simplemente redistribuir pérdidas.
Ecuador y las paralizaciones de la CONAIE
Ecuador es un ejemplo paradigmático. En las paralizaciones lideradas por la CONAIE en 2019 y 2022, se bloqueó el transporte, se impidió el acceso a ciudades y se destruyó infraestructura pública y privada. El discurso era que esas acciones abrirían un camino hacia un país más justo. Sin embargo, la economía perdió más de 1.1 mil millones de dólares en 2019 y cerca de 775 millones en 2022. Las pequeñas y medianas empresas fueron las más golpeadas: negocios cerraron, agricultores no pudieron vender su producción y miles de trabajadores quedaron desempleados temporalmente. Lo más grave es que, mientras se reparaban los daños, se dejaron de lado inversiones en educación, salud y desarrollo productivo.
El círculo vicioso del subdesarrollo
Los defensores de estas acciones creen que “visibilizar” la protesta con violencia forzará cambios estructurales. Lo que en realidad ocurre es un círculo vicioso: se destruye capital, se reduce la productividad, se desincentiva la inversión y se ahuyenta la confianza. Esto genera más pobreza, más desigualdad y más dependencia de subsidios. Los países quedan atrapados en el subdesarrollo porque sus recursos no se destinan a innovar ni a crecer, sino a reparar lo que nunca debió romperse.
Reflexión final
La falacia de la ventana rota nos enseña que la economía no mejora con destrucción. Ningún país puede progresar quemando buses, destruyendo metros o bloqueando carreteras. El verdadero progreso se alcanza fomentando la inversión, creando empleos dignos y apostando por la innovación. Los seudo movimientos sociales que promueven la violencia no liberan a los pueblos, los condenan a repetir errores que generan atraso y desesperanza y muestran su verdadera intención, tumbar gobiernos que no ceden a las pretensiones, para poner aliados de izquierda que terminan haciendo retroceder más a los países.
Los ciudadanos debemos aprender a distinguir entre la protesta legítima y la violencia disfrazada de justicia social. La primera construye diálogo y propuestas, la segunda rompe ventanas y obliga a todos a pagar la factura del caos.
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