En América Latina, cambiar la Constitución se ha convertido en un ejercicio recurrente, casi ritual, con el que muchos líderes políticos pretenden inaugurar una “nueva era” de justicia social, desarrollo y equidad. Sin embargo, este frenesí constitucionalista ha servido más como un placebo político que como una solución estructural a los graves problemas económicos, institucionales y sociales de la región.
Desde el siglo XIX, América Latina ha producido más de 200 constituciones, una cifra alarmante si se compara con países como Estados Unidos, cuya Constitución de 1787 —con menos de 8.000 palabras— sigue vigente con apenas 27 enmiendas. En contraste, Bolivia ha tenido 17 constituciones desde su independencia; Ecuador, 20; República Dominicana, 39 reformas constitucionales desde 1844. La pregunta obligatoria es: ¿sirve de algo tener una nueva constitución si las reglas no se cumplen, las instituciones no se respetan y el poder sigue concentrado?
El fetichismo constitucional
El problema no es la Constitución en sí misma. Toda sociedad necesita un marco normativo que establezca derechos, deberes y límites al poder. El verdadero problema radica en la visión cuasi mística que se ha tejido en torno a ella, como si un nuevo texto legal fuera capaz de refundar las sociedades desde cero. La Constitución se convierte así en una promesa de redención, en un símbolo de esperanza nacional, que muchas veces oculta intenciones autoritarias o populistas.
En palabras de Juan Carlos Eichholz, experto en cambio adaptativo, “el cambio estructural rara vez viene de un cambio normativo; los comportamientos, las prácticas y las relaciones de poder son mucho más determinantes”. Cambiar la Constitución sin transformar el modelo de gestión pública, sin garantizar seguridad jurídica, sin combatir el clientelismo o sin respetar la división de poderes, es como cambiar el manual de instrucciones de un vehículo averiado sin reparar el motor.
La crítica liberal: menos es más
El pensamiento liberal clásico no es contrario a las constituciones. De hecho, figuras como Friedrich Hayek o Ludwig von Mises las consideraban necesarias, pero como marcos que limitan al Estado, no como instrumentos de ingeniería social. El liberalismo ve con recelo las constituciones extensas, maximalistas y programáticas, que se arrogan la tarea de definir el rumbo moral, económico y cultural de una nación.
El austríaco von Mises advertía: “El mayor enemigo de la libertad no es el dictador, sino la falsa creencia de que el Estado puede resolver todos los problemas”. Cuando las constituciones dejan de ser instrumentos para restringir el poder y se convierten en manifiestos ideológicos, el resultado suele ser el autoritarismo disfrazado de legalidad.
En la misma línea, James Buchanan, Premio Nobel de Economía, sostenía que las constituciones deben establecer reglas del juego claras y permanentes, pero no deben entrometerse en las decisiones económicas que deben surgir del proceso de mercado y no de la planificación estatal. En América Latina, este principio se ha invertido: las constituciones detallan lo que se debe producir, cómo distribuirlo y quién debe beneficiarse, pero poco dicen sobre cómo preservar la libertad económica o proteger al individuo del poder arbitrario.
El fracaso de las constituciones sobredimensionadas
Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador durante los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, son ilustrativos. En los tres países, nuevas constituciones fueron aprobadas con discursos refundacionales. Se prometió acabar con la corrupción, redistribuir la riqueza y garantizar derechos para todos. Sin embargo, en la práctica, se consolidaron regímenes hiperpresidencialistas, se debilitaron las cortes, se persiguió a la oposición y se desmanteló la institucionalidad democrática.
¿La culpa fue de la Constitución? No exclusivamente. Pero sí fueron el vehículo legal para concentrar el poder, perpetuar mandatos y erosionar las libertades.
Incluso en países como Chile, que inició recientemente un proceso constitucional con pretensiones progresistas, se ha observado que los cambios en el texto legal no generan por sí mismos un consenso social, ni aumentan la productividad, ni reducen la pobreza. La constitución puede ser el mapa, pero no el territorio.
La verdadera transformación: cultura cívica e instituciones
El liberalismo propone una visión más sobria, menos mesiánica. No se trata de escribir nuevas constituciones cada vez que hay un desencanto político, sino de consolidar instituciones sólidas, garantizar la independencia judicial, fortalecer la propiedad privada, fomentar la libertad de prensa y reducir el intervencionismo estatal. Todo esto requiere más cultura cívica que retórica constitucional.
En palabras de Hayek: “El espíritu de la libertad no depende de las palabras que están en un documento, sino del carácter de los ciudadanos que están dispuestos a defenderla”.
América Latina no necesita más constituciones, necesita más respeto a las reglas, más rendición de cuentas y menos caudillos refundadores. Lo que verdaderamente transforma una sociedad no es una nueva Carta Magna, sino una ciudadanía vigilante y una clase política que entienda que gobernar es administrar con límites, no soñar con utopías.
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