En los últimos años, la narrativa de ciertos movimientos de izquierda ha trastocado profundamente el sentido original de los derechos humanos. Lo que nació para proteger la dignidad individual frente al abuso del poder, hoy se usa como una herramienta de expansión estatal y control político sobre las masas. La distorsión se centra en un concepto: todo deseo socialmente aceptado es un derecho humano obligatorio.
El ejemplo más claro es la vivienda. En el plano internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda, pero bajo un principio de realización progresiva, según la capacidad económica y fiscal del Estado. Sin embargo, gobiernos populistas y organismos como ONU-Hábitat han simplificado este mensaje hasta convertirlo en un eslogan electoral: “tener casa es un derecho humano y el Estado debe dártela”.
La retórica se disfraza de justicia social, pero en la práctica termina en clientelismo político. En América Latina, donde cerca del 48 % de la población laboral está en la informalidad (CEPAL, 2023), prometer una vivienda gratuita o una renta mensual segura se convierte en una herramienta emocional de campaña. Las masas ven un salvavidas; los líderes ven votos asegurados.
La economía política ha demostrado cómo estas estrategias generan lealtades. En México, el programa Oportunidades (Progresa) incrementó la participación electoral y el voto pro-gobierno entre los beneficiarios, según un estudio de De la O (2013). No se trata de corrupción directa, sino de lealtad inducida por dependencia material.
Los verdaderos derechos humanos
Antes de seguir, conviene recordar qué son y qué no son derechos humanos. Los verdaderos derechos humanos —consagrados en la Declaración Universal de 1948— son aquellos inherentes a la persona, universales, inalienables y exigibles sin necesidad de mediación estatal discrecional. Se agrupan principalmente en tres categorías:
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Derechos civiles y políticos: protegen las libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, la propiedad privada, la libre expresión, la asociación, el debido proceso y la participación política. Son derechos de defensa: el Estado debe abstenerse de violarlos.
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Derechos económicos, sociales y culturales: orientados a garantizar condiciones de vida dignas (educación, salud, vivienda adecuada), pero bajo el principio de progresividad y uso responsable de recursos públicos. No implican gratuidad absoluta, sino acceso equitativo y políticas sostenibles.
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Derechos de solidaridad o de tercera generación: como el derecho a un medio ambiente sano, al desarrollo o a la paz. Requieren cooperación entre Estado y ciudadanía, no imposición ideológica.
Cuando los gobiernos convierten estos derechos en privilegios clientelares, dejan de ser universales y se transforman en instrumentos de poder político. Entregar viviendas, becas o subsidios a los grupos que más protestan, o a quienes apoyan a un partido, no es justicia social: es discriminación disfrazada de inclusión.
La “renta básica universal”: un viejo sueño con nuevo disfraz
A esta tendencia se suma el nuevo fetiche de la izquierda global: la renta básica universal (RBU). Economistas como Thomas Piketty y Yanis Varoufakis han defendido la idea de un ingreso garantizado para todos, sin condiciones, financiado por altos impuestos al capital o por “dividendos sociales” del Estado.
Piketty, en Capital e Ideología (2019), propone una “dotación de capital universal” financiada por impuestos progresivos al patrimonio. A su juicio, esto corregiría las desigualdades estructurales del capitalismo. Pero su planteamiento ignora la heterogeneidad fiscal y productiva de los países en desarrollo. Implementar una renta universal en economías con baja productividad y evasión tributaria masiva es fiscalmente suicida y crea incentivos perversos: desalienta el trabajo formal y aumenta la dependencia del Estado.
Por su parte, Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, impulsa desde su movimiento DiEM25 la idea de una “renta ciudadana europea” financiada por los ingresos del Banco Central Europeo. Su argumento moral es convincente —“ningún ser humano debería temer el hambre o la miseria”—, pero su modelo olvida que la creación de dinero sin productividad genera inflación, y que subsidiar la inactividad en nombre de la libertad individual termina empobreciendo a las sociedades productivas.
Ambos, desde el progresismo académico europeo, comparten una visión donde el Estado debe ser el redistribuidor total, y el individuo, un beneficiario pasivo. En América Latina, esta idea se traduce en promesas de bonos, rentas o casas “por derecho”, no por mérito.
Cuando los derechos se convierten en privilegios
En este contexto, varios derechos se han mercantilizado políticamente:
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La vivienda gratuita, usada como símbolo de equidad pero entregada como trofeo partidario.
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La educación universitaria sin límite, financiada con impuestos regresivos.
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El empleo garantizado, que se traduce en burocracias improductivas.
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La salud total, exigida sin considerar sostenibilidad.
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La renta básica, presentada como “justicia redistributiva”, pero usada para mantener fidelidad política.
En todos estos casos, el error conceptual es el mismo: se confunden derechos humanos, que implican libertades y oportunidades, con privilegios políticos, que dependen de recursos escasos y de la voluntad del gobernante.
De la dignidad al clientelismo
El verdadero sentido de los derechos humanos (la protección de la libertad y la dignidad) se vacía cuando se los usa como moneda electoral. Las políticas redistributivas son necesarias, sí, pero deben sustentarse en productividad, transparencia y responsabilidad fiscal.
Piketty y Varoufakis ofrecen diagnósticos valiosos sobre la desigualdad, pero su solución (una renta garantizada y un Estado omnipresente) no emancipa al individuo, lo ata. El futuro de la libertad económica y de la democracia no pasa por multiplicar subsidios, sino por formar ciudadanos libres, productivos y responsables.
Convertir cada deseo en un derecho no nos hace más humanos; nos hace más dependientes. Y ese, precisamente, es el sueño de todo poder autoritario que se disfraza de justicia social.
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