El miedo a la motosierra

 

La “motosierra profunda”: destruye tramitocracia y las leyes desfinanciadas

En América Latina los medios de comunicación de la ultra izquierda se han dedicado a promover un mito: más gasto es sinónimo de mayor bienestar. Sin embargo, como bien demuestra el fenómeno de la “motosierra profunda” de Javier Milei en Argentina, la tramitocracia y la resistencia política a la disciplina fiscal tienen raíces profundas, no solo en el clientelismo, sino en un sistema que utiliza el gasto público para perpetuarse. Este análisis aborda por qué se resiste la sociedad burocrática a reducir el gasto y cómo esa resistencia legitima leyes desfinanciadas e insostenibles.

La “motosierra profunda” y la eficiencia

El presidente argentino Javier Milei mantiene un plan de desregulación sin precedentes: elimina ministerios, reduce agencias, deroga leyes y expide decretos de necesidad y urgencia (DNU) para imponer reformas drásticas. Bajo el argumento de una “motosierra profunda”, se aplicó una reducción del gasto equivalente a 5 % del PIB, cerrando 13 ministerios, eliminando secretarías, reduciendo 34 000 empleados públicos, y promoviendo más de 300 modificaciones legales en un solo decreto (DNU 70/2023) que abarcan desde alquileres, abastecimiento, góndolas, hasta leyes laborales, todo esto ante el susto de siempre, que la economía se paralizaría y que el desempleo causado por los despidos enfriaría la economía.

El Instituto Cato documenta que, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, se aprobaron 672 reformas normativas—un promedio de 1,84 desregulaciones diarias. El resultado, según Ian Vásquez, ha sido una drástica reducción de costos, un aumento de la libertad económica, menos corrupción, y el estímulo al crecimiento, sin embargo, ante hechos que demuestran la eficiencia de estas medidas, surgen dudas de si eso terminará consolidando un poder central desde el ejecutivo.

Reticencia a la austeridad: cultura prebendaria y clientelismo

En buena parte de América Latina existe una resistencia cultural a recortar el gasto público. Esta defensa radica en varios elementos:

1. Clientelismo político: El presupuesto se emplea para financiar favores, subsidios, cargos y programas inflados. El recorte implica un ajuste directo a estos privilegios, solo en Ecuador ciudades como Quito dependen del empleo público para su estabilidad presupuestaria.

2. Sindicatos públicos poderosos: Gremios que presionan mediante protestas, paros y movilizaciones para preservar beneficios y empleos estatales, se encuentran que los gobiernos ahora piensan que no deben recibir fondos de los contribuyentes.

3. Narrativa moralizante: Recortar gasto se presenta como una acción antipática, "neoliberal", injusta o egoísta, cuando en realidad es una condición para garantizar servicios de calidad.

4. Leyes sin financiamiento: Aprobación de reformas que elevan beneficios, plazas o bonos, sin definir cuánto costarán ni cómo se pagarán, y que luego generan déficits y endeudamiento.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. En Ecuador, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ha combinado aumentos de sueldo, plazas y beneficios sin recursos adicionales. En la UE, también se observan tendencias similares.

Tramitocracia y burocracia: el gasto crece sin control

La tramitocracia—la proliferación de trámites, agencias y regulaciones—se alimenta de la idea de que más burocracia es más protección. En Argentina, Milei identificó esta patología como fuente de corrupción y retraso. Por eso, una desregulación progresiva ha tenido como blanco la “burocracia roja” que otorga privilegios excesivos.

Pero, al eliminar normas indiscriminadamente, los defensores del Estado omnipresente dicen que se pierden herramientas para garantizar derechos, controlar externalidades o proteger a los más vulnerables. Usan siempre el mismo cuento, la pérdida de derechos en los más pobres, o la pérdida de dinero de los que trabajan para financiar a grupos que seducen a las oenegés, la pobreza la final también es un buen negocio, el mantenerla garantiza fuentes de trabajo, diplomados, especializaciones y masteres, incluso doctorados.

Disciplina fiscal responsable: más allá de la motosierra

La disciplina fiscal no significa austeridad brutal, sino gasto eficiente, reglas claras y presupuesto sostenible. Se debe distinguir entre recortes justificados (duplicidades, burocracia innecesaria) y ajustes que eliminan derechos sin compensación.

Países con estados más eficaces (los nórdicos, Suiza, Irlanda) no destacan por gastar más sino por gastar mejor: planeación, evaluación, transparencia y reemplazo de programas que no funcionan.

No se ignora la importancia de regulaciones esenciales. Tampoco que exista una motosierra que acaba con el financiamiento torpe para la ciencia, salud y educación . El caso argentino ya muestra cómo el recorte no genera fuga de cerebros, ni crisis educativa, médica y científica, más bien comienza a recibir argentinos que huyeron de la pobreza creada por los gobiernos populistas y de izquierda.

Conclusión

Sostener que más gasto equivale a más bienestar sin criterio ni financiamiento es una falacia. Es conveniente desmontar la restricción cultural que bloquea reformas estructurales, pero hacerlo sin responsabilidad institucional erosiona el propio bienestar que se pretende proteger.

La “motosierra profunda” de Milei expone la fragilidad de las democracias rentistas y clientelares. Apuntar a recortar burocracia y tramitocracia es válido, pero debe hacerse de manera ordenada, transparente y con reglas claras. De lo contrario, el resultado puede ser un Estado más pequeño, pero también más débil y menos capaz de atender a sus ciudadanos.

📢¿Crees que tu país aprueba leyes sin definir cómo financiarlas?

• ¿Prefieres un Estado más pequeño o uno más eficiente?

• ¿Dónde debería trazarse la línea entre recorte de gasto y protección social?

Read More

El elefante en la habitación: engordar el Estado es fácil, adelgazarlo es otra historia

 

Dr. John Campuzano Vásquez.

En América Latina, y muy especialmente en países como Ecuador, se ha vuelto una práctica común inflar el tamaño del Estado con instituciones, secretarías, observatorios, viceministerios y agencias públicas que, en la mayoría de los casos, son funcionalmente redundantes o inútiles. Estos organismos rara vez se someten a auditorías serias sobre su impacto o productividad. No sorprende entonces que el gasto público crezca con facilidad, mientras que reducirlo se convierte en una batalla política y administrativa casi imposible de librar.

Tal como se menciona en el artículo del Cato Institute, titulado “Doge no puede recortar el gobierno sin el Congreso”, incluso cuando hay voluntad política de adelgazar el Estado, los mecanismos constitucionales, legales y políticos se encargan de frenar cualquier intento. El caso de Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, es un excelente ejemplo: mientras el nuevo gobierno presenta una postura clara y firme para desmontar el Estado obeso que heredó, se topa con el muro infranqueable del Congreso, las normas vigentes y los intereses enquistados en cada rincón de la administración pública.

El populismo del “Estado protector”

La izquierda ha sido muy hábil en vender la narrativa de que el “Estado presente” es sinónimo de justicia, equidad y derechos sociales. Pero esta visión ha sido utilizada para justificar la creación de organismos paralelos, muchos de ellos solo para ofrecer puestos a activistas o aliados políticos. A esto se suma la resistencia de los sindicatos del sector público, que reaccionan con huelgas, protestas y demandas ante el más mínimo intento de reforma.

¿Quién evalúa si realmente necesitamos una Dirección Nacional de Saberes Ancestrales o un Observatorio de Género Interseccional? Nadie. Se crean por decreto o ley, se les asigna un presupuesto, y luego quedan flotando en la estructura estatal sin que la ciudadanía sepa si hacen algo útil o si siquiera funcionan. La evaluación por resultados brilla por su ausencia.

Reducir el Estado no significa eliminar derechos

Reducir el tamaño del Estado no es sinónimo de privatizar todo ni de abandonar a los más vulnerables. Muy por el contrario, se trata de optimizar recursos, canalizarlos a donde sí son necesarios (como salud o educación) y eliminar el despilfarro. Un Estado más pequeño, más enfocado y mejor gestionado puede ofrecer servicios públicos de calidad sin asfixiar al sector productivo con impuestos, regulaciones y burocracia interminable.

La eficiencia estatal es una condición necesaria para el desarrollo. Y en países con presupuestos limitados, no podemos darnos el lujo de mantener elefantes blancos que consumen millones sin generar ningún retorno social. Como decía Ronald Reagan, “El gobierno no es la solución a nuestros problemas; el gobierno es el problema”.

¿Qué se necesita para un Estado más eficiente?

1. Auditorías de desempeño: Todos los organismos públicos deben demostrar con indicadores si su existencia tiene impacto real.

2. Transparencia presupuestaria: Que cada ciudadano pueda ver cuánto cuesta mantener determinada oficina pública y qué produce.

3. Reforma constitucional: Que permita disolver entes ineficientes sin que el Congreso actúe como obstáculo permanente.

4. Incentivos al retiro voluntario: Para disminuir el peso de la nómina pública sin recurrir al despido masivo.

5. Educación ciudadana: Para desmontar el mito de que más Estado es siempre mejor.

Conclusión

Es fácil agrandar el Estado: basta con una firma y un discurso populista. Pero reducirlo requiere valentía, estrategia y, sobre todo, una ciudadanía que entienda que el tamaño del gobierno importa. No se trata de dejar al ciudadano desprotegido, sino de protegerlo de un aparato estatal que, al volverse insostenible, termina asfixiando al país entero con impuestos y otras cargas que solo pagan los mismos de siempre.

¿Y tú qué opinas?

• ¿Crees que el tamaño del Estado debería reducirse en tu país?

• ¿Conoces algún organismo público que no cumple ninguna función real?

• ¿Qué áreas del gobierno crees que deben priorizarse y cuáles deberían desaparecer?

• ¿Es posible tener un Estado eficiente sin caer en la trampa del clientelismo político?

• ¿Estás de acuerdo con que reducir el gasto público es una vía hacia mayor libertad económica?

👉 Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos para más contenido sobre economía real, libertad y sentido común.
¡Ideas Antizurdos te invita a cuestionar lo que te dijeron que no se puede cambiar!

Read More

El fraude del populismo fiscal: ¿Subir el IVA para ayudar a los pobres?

 

En América Latina, el populismo no solo ha deformado el discurso político, también ha contaminado la política fiscal. Una de las mayores falacias difundidas por los sectores de izquierda es que subir impuestos como el IVA es una forma de "solidaridad" y de "redistribuir la riqueza". La realidad es otra: se trata de un mecanismo regresivo, manipulador y funcional al clientelismo estatal que tanto daño ha hecho a nuestras economías.

El engaño de los impuestos para los pobres

Los gobiernos populistas, con el puño en alto y el discurso moralista, suelen justificar la subida del IVA argumentando que es necesario para financiar programas sociales, salud, educación y subsidios. Sin embargo, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un impuesto indirecto y regresivo: es decir, lo pagan más los que menos tienen, porque no distingue entre ricos y pobres.

Cuando un ciudadano humilde compra arroz, aceite o papel higiénico, paga el mismo porcentaje de IVA que un millonario comprando un perfume de lujo. Así, los sectores populares terminan financiando un aparato estatal ineficiente, inflado y, muchas veces, corrupto.

¿Y el gasto público de calidad? Un mito populista

Los defensores del populismo económico aseguran que, si el gasto público es de “calidad”, los impuestos sí pueden redistribuir. El problema es que en América Latina esa “calidad” es casi una utopía. Veamos algunos ejemplos:

• Perú aplica un IVA del 18%, uno de los más altos de la región. A pesar de eso, la informalidad laboral supera el 70% y gran parte del gasto público termina en burocracia central o regional. Se prometen mejoras en salud y educación, pero los hospitales dicen otra cosa y el sistema educativo sigue careciendo de infraestructura básica.

• Colombia, por su parte, tiene un IVA del 19%. En los últimos años, cada intento de reforma tributaria para aumentar aún más la carga fiscal ha desatado fuertes protestas sociales. La razón es clara: los ciudadanos perciben que pagan mucho y reciben poco. Además, el gasto sigue concentrado en clientelas políticas y programas poco eficientes.

• Argentina, con un IVA del 21%, justificó hasta antes de la llegada del presidente Milei sus altos impuestos en nombre de la justicia social. Sin embargo, el resultado fue un Estado inflado e ineficaz: escuelas públicas de mala calidad, hospitales usados para el clientelismo fronterirzo y planes sociales que crean dependencia, no desarrollo.

• Brasil tiene un sistema tributario complejo, pero el IVA (conocido como ICMS o IPI, según el caso) ronda el 17% promedio. Pese a la altísima carga fiscal, el país enfrenta servicios públicos deficientes, altos niveles de corrupción y gasto público descontrolado que no se traduce en calidad de vida para los más pobres.

• Ecuador, en su crisis de 2019, intentó subir el precio de los combustibles y defendió la necesidad de aumentar la recaudación, ahora tiene un IVA de 15% justificado para la aumentar la seguridad ciudadana. Sin embargo, gran parte del gasto público seguía yendo a salarios del sector público, viajes oficiales y subsidios mal focalizados. 

El populismo necesita recursos: ¿Quién paga la fiesta?

El populismo político, para sostenerse, necesita clientelas. Y para mantener esas clientelas, necesita gastar. Como no puede producir riqueza, recurre a exprimir al sector privado, al emprendimiento y al consumo con más impuestos. El aumento del IVA es una de las formas más cómodas: es fácil de recaudar y produce mucho dinero… pero destruye poder adquisitivo, ahuyenta la inversión y castiga al trabajador honesto.

El problema de fondo no es cuánto recauda el Estado, sino cómo y en qué gasta. Si el gobierno fuera una empresa, estaría quebrada hace años. Pero gracias al populismo, se sigue sosteniendo a costa del esfuerzo del ciudadano común, mientras los verdaderos privilegiados del sistema (burócratas, operadores políticos, consultores ideológicos) viven del erario.

El discurso moralista que esconde la verdad

Muchos caen en la trampa de pensar que rechazar impuestos altos es ser “insensible” o “antipobre”. Nada más lejos de la verdad. Quienes defendemos una economía libre y responsable sabemos que:

• Menores impuestos permiten mayor actividad económica y más dinero en el bolsillo de las personas.

• Más empleo significa menos necesidad de subsidios.

• Menos burocracia significa más eficiencia.

No se trata de abandonar al pobre, sino de dejar de usarlo como excusa para robar, mentir y sostener sistemas fracasados.

Finalmente: menos populismo fiscal, más libertad

Subir el IVA no es progresista, es cobarde. Es hacerle pagar al panadero, al obrero y al vendedor informal la cuenta de un Estado ineficiente. La solución no está en más impuestos, sino en menos gasto inútil, más transparencia y más libertad económica. Ya es hora de despertar del engaño populista.

¿Te has preguntado…?

• ¿Por qué si suben los impuestos no mejora tu escuela ni tu hospital?

• ¿Quién se beneficia realmente del gasto público?

• ¿El populismo fiscal te empodera o te empobrece?

Comenta y comparte esta entrada si estás cansado de pagar más para que otros vivan del Estado. ¡Difunde ideas, no excusas!

Read More

El precio del petróleo y el frágil equilibrio fiscal del Ecuador

 

Importancia del petróleo en el presupuesto ecuatoriano

El petróleo ha sido históricamente una fuente esencial de ingresos para Ecuador, representando una parte significativa de los recursos fiscales. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que la producción petrolera viene decayendo y enfrenta desafíos en su capacidad de exploración. La producción viene registrando una disminución que en el 2024 llega al 2%, con una producción promedio de 466.895 barriles diarios que incluye producción de empresas privadas y pública, la cifra más baja desde 2020 . Además, el crudo ecuatoriano se comercializa con un "castigo" en el mercado internacional, debido a su calidad y otros factores, lo que significa que se vende a precios inferiores al referencial WTI, con descuentos que oscilan entre $6 y $8 por barril, en otras palabras una reducción de producción solo golpea las finanzas públicas.​

Impacto de la caída en los precios del WTI

Recientemente, el precio del WTI ha experimentado una notable disminución, situándose en $55,76 por barril el 9 de abril de 2025, con incrementos muy por debajo de los $63,7 (ver gráfica) proyectados en el presupuesto nacional . Esta caída se atribuye, en parte, a las tensiones comerciales globales y a la imposición de aranceles entre las principales economías por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Esta situación reduce los ingresos petroleros del país, ampliando el déficit fiscal y limitando la capacidad del gobierno para financiar programas y servicios públicos, por lo tanto, la dependencia al petróleo sigue golpeando la capacidad de gestión del gobierno de turno, sin que hasta ahora entiendan los ambientalistas o los grupos políticos de extrema izquierda que comparten bandera de protesta.​

Ideologías de izquierda y el gasto público

Las corrientes de izquierda siguen promovido políticas de incremento del gasto público para estimular la economía y reducir desigualdades. Sin embargo, en un contexto de ingresos petroleros menguantes, mantener o aumentar el gasto sin fuentes de financiamiento sostenibles puede conducir a déficits fiscales insostenibles y al incremento de la deuda pública. Siguen creándose leyes que hacen que inercialmente suba el nivel de gastos con mucha indisciplina fiscal, nada hacen por entender que esas acciones solo destruyen la economía e hipotecan el futuro del país​

Riesgos para la dolarización

La dolarización, implementada en Ecuador en el año 2000, ha proporcionado estabilidad económica y control de la inflación. No obstante, este sistema limita la capacidad del país para responder a shocks externos mediante políticas monetarias, ya que no puede emitir su propia moneda . La disminución de ingresos por exportaciones petroleras reduce la entrada de dólares al país, esenciales para mantener la liquidez en una economía dolarizada. Si esta tendencia persiste, se podrían generar presiones sobre el sistema financiero y comprometer la sostenibilidad de la dolarización. Por lo que aumentar la IED para exploración y explotación de nuevos campos es vital en un contexto de falta de recursos, no hacerlo, solo cultiva la posibilidad de un caos político y económico.​

Conclusión

La reciente caída en los precios del petróleo presenta desafíos significativos para la economía ecuatoriana, especialmente en términos de financiamiento fiscal y estabilidad macroeconómica. Es imperativo que las autoridades implementen políticas fiscales prudentes, diversifiquen las fuentes de ingresos y promuevan sectores económicos alternativos al petróleo. Solo así es posible garantizar la sostenibilidad fiscal y preservar los logros alcanzados bajo el régimen de dolarización. No hacerlo, solo contribuirá a más diferimientos en la atracción de recursos para explotar la riqueza del subsuelo que es clave para el país.​

¿Crees que Ecuador podrá mantener la dolarización si sigue cayendo el precio del petróleo? ¡Déjanos tu opinión y sigue el blog para más análisis económicos!

Read More

La Dolarización como barrera al populismo económico

 

Por Venezuela Libre

¿Qué es el populismo económico?

El populismo económico siempre es una estrategia de corto plazo: incrementa el gasto público y para ello recurre a la emisión monetaria (dinero) descontrolada para financiar aparentemente programas sociales, ganar respaldo ciudadano y mantener una apariencia de bonanza económica. Sin embargo, este tipo de políticas frecuentemente conduce a consecuencias severas como la inflación, el déficit fiscal y el endeudamiento excesivo.

Frente a este panorama, la dolarización surge como un muro de contención frente al uso político irresponsable de la economía. Pero, ¿cómo logra esto? A continuación, exploraremos por qué la dolarización limita el populismo económico y cuáles son sus implicaciones en países como Ecuador, Panamá y El Salvador

La emisión monetaria: una herramienta que desaparece

En países sin dolarización, los gobiernos pueden imprimir su propia moneda para financiar déficits, lo que frecuentemente termina generando inflación. En cambio, una economía dolarizada no tiene esta opción, ya que la moneda circulante no es controlada localmente.

Este simple hecho obliga a los gobiernos a buscar otras fuentes de financiamiento, como el uso de reservas internacionales o la deuda externa, ambas con límites naturales y consecuencias políticas y económicas directas. Por tanto, el margen para actuar con populismo se reduce considerablemente. 

Disciplina fiscal y eficiencia del gasto público

En un entorno dolarizado, los gobiernos se ven forzados a priorizar la eficiencia y la calidad del gasto público, ya que cualquier desequilibrio debe ser cubierto con más impuestos o con dolorosos recortes. Esto convierte al déficit fiscal en un problema que no se puede “ocultar” con inflación o devaluación.

La experiencia de países como Ecuador, Panamá y El Salvador muestra que, aunque persisten los déficits fiscales, estos se mantienen en niveles más sostenibles, generalmente por debajo del 2% del PIB, un indicio de mayor responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.

Estabilidad macroeconómica: menos espacio para el populismo

La dolarización contribuye a una mayor estabilidad cambiaria y a la reducción de la inflación a niveles de un solo dígito. Este entorno estable desnuda los efectos de las políticas populistas, ya que no pueden esconderse tras artificios monetarios o fluctuaciones cambiarias.

Los gobiernos, ante esta transparencia, se ven obligados a promover el crecimiento económico mediante inversión productiva, innovación y eficiencia, en lugar de apoyarse en el gasto corriente como fórmula de popularidad.

Conclusión: ¿La dolarización como un freno saludable?

Si bien la dolarización no es una fórmula mágica ni exenta de desafíos, sí representa una barrera estructural eficaz contra el populismo económico. Al eliminar la posibilidad de financiar déficits con emisión monetaria, exige a los gobiernos actuar con mayor prudencia, responsabilidad y visión de largo plazo.

En este contexto, la dolarización protege a las economías de desequilibrios fiscales severos y promueve entornos más estables para la inversión y el desarrollo. La historia reciente de América Latina ofrece múltiples lecciones que invitan a reflexionar sobre la importancia de contar con marcos institucionales que limiten el uso político de la economía.

¿Qué opinas sobre los beneficios y límites de la dolarización? ¿Puede realmente evitar el populismo o solo lo transforma? Te leo en los comentarios.

Comparte este artículo si crees que puede generar una conversación valiosa sobre política económica responsable.

Read More