La pobreza ha sido la regla; la riqueza es el fenómeno que debemos explicar.

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

Durante la mayor parte de la historia humana, la pobreza no constituyó una anomalía, sino la condición natural material predominante. Durante siglos, la mayoría de la población vivió con bajos niveles de productividad, ingreso y consumo. Desde esta perspectiva, la pregunta fundamental del desarrollo económico no debería limitarse a explicar por qué existe pobreza, sino qué permitió que determinadas sociedades comenzaran a generar riqueza de manera sostenida.

La perspectiva histórica resulta reveladora. Hacia el año 1800, aproximadamente el 85 % de la población mundial vivía bajo condiciones que hoy identificaríamos como pobreza extrema; dos siglos después, esa proporción se encuentra cercana al 10 %. Paralelamente, el PIB real por habitante pasó de niveles extremadamente bajos de 1400 dólares a superar los 14.000 dólares en las estimaciones utilizadas. Más que dos fenómenos independientes, ambas trayectorias plantean una de las grandes preguntas de la economía moderna: ¿qué ocurrió durante estos dos siglos para que una parte creciente de la humanidad escapara de una condición de pobreza que había persistido durante milenios?

El primer gran punto de inflexión fue la Revolución Industrial. Desde finales del siglo XVIII, la mecanización, la especialización, las economías de escala, la acumulación de capital y la innovación tecnológica comenzaron a elevar sostenidamente la productividad. Por primera vez, algunas economías consiguieron aumentar de manera persistente la producción y, sobre todo, el ingreso real per cápita. Había aparecido un fenómeno históricamente excepcional: el crecimiento económico moderno.

Por ello, una parte fundamental de la economía del desarrollo debe orientarse al estudio de las causas de la generación de riqueza. Esto no implica desconocer la pobreza condición predominante de las sociedades durante gran parte de la historia ni restar importancia a la desigualdad. Supone reconocer que los bajos niveles de productividad e ingreso fueron durante siglos la situación habitual y que lo extraordinario fue la aparición de mecanismos capaces de elevar sostenidamente la productividad, la producción y el ingreso por habitante.

Existe además una tercera transformación histórica que no puede ignorarse. Desde aproximadamente 1800, la progresiva expansión de las economías de mercado gracias al capitalismo coincidió con la industrialización, la acumulación de capital, la aceleración del ingreso per cápita y la extraordinaria reducción de la pobreza extrema. La asociación histórica es evidente; convertirla automáticamente en causalidad sería, sin embargo, metodológicamente incorrecto. El proceso también involucró educación, avances sanitarios, urbanización, comercio internacional, innovación científica y profundas transformaciones institucionales.

La conclusión más rigurosa es, por tanto, más amplia: mercados, acumulación de capital, innovación, capital humano, comercio e instituciones eficientes conformaron conjuntamente la arquitectura que hizo posible el crecimiento económico moderno y con ello la generación de la riqueza a gran escala.

La riqueza, en consecuencia, no aparece espontáneamente. Requiere ahorro, inversión, capital humano, infraestructura, innovación, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y reglas previsibles. Allí la calidad institucional resulta decisiva: difícilmente habrá inversión productiva de largo plazo donde predominan inflación persistente, corrupción, inseguridad jurídica o modificaciones arbitrarias de las reglas del juego.

Esto tampoco supone plantear una falsa dicotomía entre Estado y mercado. El Estado tiene funciones esenciales: justicia, seguridad, estabilidad institucional, protección de los derechos de propiedad, infraestructura y provisión de determinados bienes públicos. El problema surge cuando pretende sustituir sistemáticamente los mecanismos descentralizados del mercado, determinando qué producir, cuánto producir y hacia dónde asignar los recursos.

América Latina enfrenta precisamente este desafío. La región ha crecido, pero frecuentemente de manera insuficiente y volátil. Su pérdida de participación relativa en el PIB mundial pasando del 8,5% al 6%; no significa necesariamente que produzca menos en términos absolutos, sino algo igualmente preocupante: otras regiones han conseguido expandir su capacidad productiva mucho más rápidamente. La pregunta latinoamericana debería concentrarse entonces en productividad, inversión, innovación, capital humano y calidad institucional.

Pobreza y desigualdad, finalmente, no son conceptos equivalentes. Una sociedad puede presentar desigualdad y, simultáneamente, reducir drásticamente la pobreza absoluta. El objetivo prioritario del desarrollo debe ser conseguir que quienes poseen menores ingresos mejoren persistentemente sus oportunidades y condiciones materiales de vida.

La redistribución puede modificar cómo se reparte la riqueza existente, pero ninguna sociedad puede distribuir indefinidamente aquello que no produce. Antes de discutir únicamente cómo repartir la riqueza, debemos comprender cómo se genera y cómo conseguir que esa generación sea sostenida.

Por ello, la pregunta fundamental no es solamente por qué existen sociedades pobres, sino por qué algunas consiguieron dejar de serlo. La historia económica conduce a una conclusión esencial: la pobreza ha sido la regla; el verdadero fenómeno que requiere explicación es la aparición del crecimiento económico sostenido y la generación sistemática de riqueza.

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El Partido Comunista que aprendió a usar el capitalismo

 

Existe una paradoja que incomoda tanto a cierta izquierda como a algunos defensores del libre mercado. Uno de los mayores procesos de reducción de pobreza de la historia contemporánea ocurrió en un país gobernado por un Partido Comunista, pero comenzó precisamente cuando ese país empezó a introducir propiedad privada, inversión extranjera, competencia, comercio internacional e incentivos de mercado.

China no dejóde ser políticamente comunista. Lo que hizo fue algo mucho más pragmático: dejó de administrar buena parte de su economía como una economía comunista tradicional.

Antes de Deng: planificación, aislamiento y escasez

Durante la etapa de Mao Zedong, la economía china estaba dominada por planificación central, propiedad estatal, comunas agrícolas, controles administrativos sobre producción y precios y una limitada integración con los mercados internacionales. Sería incorrecto desconocer que durante ese periodo China logró avances en alfabetización, salud básica y formación de capital humano. El propio Banco Mundial reconoce que, antes de 1978, el país había conseguido niveles relativamente amplios de acceso a educación y servicios sanitarios para su nivel de ingreso.

Pero una población más educada no necesariamente es una población próspera. El problema estaba en los incentivos económicos: producir más, innovar, invertir, ahorrar o emprender generaba escasas recompensas individuales.

El resultado era una economía pobre, rural, cerrada y poco productiva. El Banco Mundial describe precisamente la transformación posterior como el paso desde una economía “estatal, planificada, rural y cerrada” hacia otra mucho más orientada al mercado, urbanizada y abierta.

Deng Xiaoping cambia las reglas

Con el ascenso político de Deng Xiaoping a partir de 1978, China comenzó su política de “reforma y apertura”. Deng no desmontó al Partido Comunista ni privatizó inmediatamente toda la economía. Hizo algo posiblemente más inteligente: permitió experimentar.

En el campo se introdujo el sistema de responsabilidad familiar, que permitió a los hogares agrícolas beneficiarse directamente de una mayor producción. Aparecieron empresas privadas y colectivas, se flexibilizaron progresivamente precios y propiedad y el país comenzó a recibir capital extranjero.

La lógica cambió radicalmente: si producir más podía mejorar los ingresos, entonces existía una razón para producir más. Los resultados iniciales fueron extraordinarios. Investigaciones del Banco Mundial concluyen que las reformas agrarias de comienzos de los años ochenta explicaron aproximadamente la mitad de toda la reducción de pobreza observada en China durante las dos décadas siguientes.

No fue magia ideológica. Fueron incentivos.

Las Zonas Económicas Especiales: capitalismo dentro del comunismo

Uno de los experimentos más importantes fueron las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Shenzhen es su símbolo. En determinadas ciudades y territorios China permitió condiciones económicas considerablemente más favorables para la empresa: inversión extranjera, orientación exportadora, incentivos fiscales, mayor flexibilidad administrativa y contacto directo con mercados internacionales.

Las ZEE funcionaron como laboratorios. Si una reforma daba resultado, podía posteriormente ampliarse. El Banco Mundial señala que estas zonas permitieron experimentar con reformas orientadas al mercado y atraer capital internacional, tecnología, conocimientos técnicos y capacidad gerencial. En una evaluación publicada en 2015 estimaba que las ZEE aportaban alrededor del 22 % del PIB chino, concentraban el 45 % de la inversión extranjera directa y generaban aproximadamente el 60 % de las exportaciones.

Aquí aparece otra lección incómoda: China comunista comprendió que necesitaba capital extranjero, empresarios, tecnología, exportaciones y consumidores internacionales. La inversión extranjera pasó de ser prácticamente inexistente al comenzar las reformas a alcanzar entre 40.000 y 45.000 millones de dólares anuales durante la segunda mitad de los noventa. Después llegaría otra decisión fundamental: China ingresó a la Organización Mundial del Comercio el 11 de diciembre de 2001, profundizando su incorporación a los mercados globales.

¿Y los trabajadores?

Aquí también conviene evitar la propaganda.

La industrialización china no fue un paraíso laboral. Millones de trabajadores migrantes rurales ocuparon empleos caracterizados durante determinadas etapas por jornadas extensas, salarios bajos, inseguridad laboral y limitada protección social. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado precisamente estos problemas.

China además mantiene el sistema hukou, que históricamente ha limitado el acceso de trabajadores migrantes a determinados servicios urbanos. Por tanto, reconocer el éxito económico chino no significa justificar malas condiciones laborales.

Pero existe una diferencia fundamental entre explotación y pobreza: una economía que aumenta productividad, inversión y demanda de trabajo crea posteriormente condiciones para salarios mayores. Estudios del Banco Mundial encuentran fuertes incrementos de salarios reales entre trabajadores chinos de baja cualificación durante la transformación económica.

El desarrollo no elimina automáticamente los abusos laborales; permite disponer de mayores recursos y productividad para corregirlos.

La cifra que debería cerrar el debate

Desde 1978, China mantuvo durante décadas tasas extraordinarias de crecimiento. El Banco Mundial estima que cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema, una transformación sin precedente por su escala.

¿Fue eso producto del comunismo económico?

La evidencia histórica aconseja responder que no.

Ocurrió cuando China comenzó a alejarse de la colectivización, abrió espacios a la iniciativa privada, reconoció incentivos económicos, atrajo inversión extranjera, permitió competencia y se integró al comercio mundial.

China tampoco se convirtió en una economía liberal occidental. Conservó enormes empresas estatales, planificación estratégica y fuerte intervención gubernamental. Su sistema es híbrido y autoritario. Pero precisamente por eso la comparación resulta reveladora. El mismo país, gobernado por el mismo Partido Comunista, obtuvo resultados radicalmente diferentes cuando sustituyó buena parte de la planificación económica centralizada por mecanismos de mercado.

Esa, a mi juicio, es la verdadera lección de Deng Xiaoping.

China no demostró que el comunismo funciona.

Demostró hasta dónde puede llegar un país comunista cuando empieza a dejar trabajar al capitalismo.

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América Latina también tuvo su Plan Marshall

 
Dr. Armando Urdaneta

El Plan Marshall, denominado oficialmente Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa impulsada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de contribuir a la reconstrucción de las economías de Europa Occidental. Entre 1948 y 1951 se asignaron aproximadamente 13.000 millones de dólares, suma que, de acuerdo con algunas estimaciones, equivaldría a alrededor de 481.325 millones de dólares actuales.

Es probable que este episodio de la historia contemporánea de América Latina haya recibido poca atención en las clases de historia, geografía o economía. Una de las posibles razones es que su análisis cuestiona ciertas interpretaciones ideológicas sobre las causas del subdesarrollo regional. En particular, obliga a revisar tanto el discurso antiestadounidense de la izquierda socialista y comunista latinoamericana como las explicaciones de sectores socialdemócratas, demócrata-cristianos y mercantilistas que han atribuido el estancamiento de la región casi exclusivamente a factores externos.

El programa que suele ser presentado como una especie de Plan Marshall para América Latina se denominó Alianza para el Progreso. Fue una iniciativa impulsada en 1961 por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de América Latina y, al mismo tiempo, contrarrestar la expansión del comunismo durante la Guerra Fría.

La meta principal de la Alianza para el Progreso consistía en unir los esfuerzos de los gobiernos y pueblos del continente para impulsar el crecimiento económico, mejorar las condiciones sociales y aproximar el nivel de vida latinoamericano al de las naciones industrializadas. El programa buscaba atender necesidades esenciales relacionadas con el empleo, la vivienda, la educación y la salud, además de fortalecer las instituciones democráticas y defender el principio de autodeterminación de los pueblos.

La actuación del presidente Kennedy fue decisiva para la creación de esta iniciativa. En sus intervenciones públicas destacó la importancia de la cooperación entre los países del hemisferio para alcanzar un desarrollo económico y social sostenible. Asimismo, comprometió recursos estadounidenses para financiar programas de inversión y asistencia técnica en la región. Sus discursos insistieron en que el progreso económico debía estar acompañado por instituciones democráticas sólidas, reformas sociales y respeto a la soberanía nacional.

Los recursos destinados a la ayuda exterior fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos a solicitud del Ejecutivo. Su financiamiento provenía, en última instancia, de los impuestos pagados por los contribuyentes estadounidenses. Por tanto, la Alianza para el Progreso no fue únicamente una declaración política, sino un compromiso financiero asumido por el Estado y la sociedad estadounidense.

En total, Estados Unidos se comprometió a aportar alrededor de 20.000 millones de dólares durante un periodo de diez años, entre 1961 y 1971. Según determinadas estimaciones, esta cantidad equivaldría actualmente a cerca de 615.492 millones de dólares. Los recursos se destinaron a programas relacionados con el crecimiento económico, la educación, la salud, la agricultura, la vivienda y la construcción de infraestructura en los países latinoamericanos.

La Alianza para el Progreso proporcionó asistencia económica y técnica a la región, aunque sus resultados fueron desiguales. En algunos países contribuyó a financiar obras de infraestructura, programas sanitarios, proyectos educativos y políticas de modernización productiva. Sin embargo, también recibió críticas por su limitada efectividad, la dispersión de sus objetivos y su utilización como instrumento de influencia política estadounidense.

A pesar de sus limitaciones, la iniciativa representó uno de los esfuerzos internacionales más importantes del siglo XX para enfrentar los problemas económicos y sociales de América Latina. Su evaluación, no obstante, exige diferenciar entre los recursos efectivamente desembolsados, los compromisos anunciados, la capacidad institucional de los países receptores y la manera en que los gobiernos administraron los fondos.

La comparación entre la Alianza para el Progreso y el Plan Marshall ofrece una perspectiva crítica sobre la gestión política y económica de América Latina y Europa Occidental. Aunque ambos programas buscaban estimular el desarrollo, existieron diferencias sustanciales en su diseño, en el volumen de recursos por habitante, en la capacidad administrativa de los países receptores y en las condiciones institucionales existentes.

Europa Occidental recibió asistencia después de sufrir la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, contaba con experiencia industrial, capital humano, instituciones relativamente consolidadas y estructuras productivas que podían ser reconstruidas. América Latina, por su parte, no había padecido una destrucción material comparable, pero enfrentaba problemas estructurales como la desigualdad, la inestabilidad política, la baja productividad, la debilidad institucional y la concentración de la propiedad.

Los resultados también fueron diferentes. Europa Occidental experimentó una rápida recuperación económica y logró reconstruir buena parte de su infraestructura y capacidad productiva. América Latina, en cambio, no alcanzó niveles semejantes de crecimiento sostenido ni de transformación institucional. Esta diferencia plantea interrogantes sobre la calidad de las políticas públicas, la administración de los recursos, la continuidad de las reformas y la responsabilidad de las élites políticas y económicas latinoamericanas.

No sería riguroso atribuir esta divergencia únicamente al monto de la ayuda recibida. También deben considerarse el contexto histórico de cada región, la capacidad de planificación de sus gobiernos, la estabilidad institucional, el comportamiento de las élites, la inversión privada, la seguridad jurídica y el grado de compromiso con las reformas económicas y sociales.

En consecuencia, la comparación entre la Alianza para el Progreso y el Plan Marshall no debe utilizarse para afirmar que ambos programas fueron idénticos. Sus objetivos, condiciones y mecanismos de aplicación fueron distintos. Sin embargo, sí permite cuestionar la idea de que América Latina nunca recibió apoyo financiero internacional significativo para promover su desarrollo.

En conclusión, la Alianza para el Progreso constituyó un ambicioso esfuerzo de cooperación económica y social entre Estados Unidos y América Latina. Sus resultados limitados no pueden explicarse exclusivamente por la insuficiencia de los recursos ni por la influencia extranjera. También deben analizarse la gestión política, la debilidad institucional, la corrupción, la falta de continuidad de las políticas públicas y la escasa capacidad de numerosos gobiernos latinoamericanos para transformar la ayuda externa en crecimiento económico sostenible y progreso social.

La experiencia histórica demuestra que ninguna ayuda internacional, por cuantiosa que sea, puede sustituir la responsabilidad interna, la calidad de las instituciones, la disciplina económica y el compromiso de una sociedad con su propio desarrollo.

¿Consideras que la Alianza para el Progreso fracasó por las limitaciones del programa o por la incapacidad institucional de los gobiernos latinoamericanos? Comparte su opinión y contribuye al debate.

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Universidad pública y desarrollo: ¿estamos formando el capital humano que América Latina realmente necesita?

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

El debate sobre el financiamiento de la universidad pública ha dejado de ser un tema exclusivamente académico para convertirse en una discusión central sobre el futuro económico de América Latina. La controversia actual en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei expuso una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿debe el Estado seguir financiando indiscriminadamente carreras universitarias cuya contribución al desarrollo económico y productivo del país es, al menos, discutible?

Durante décadas, gran parte de América Latina construyó sistemas universitarios públicos bajo la idea de que toda expansión educativa constituía automáticamente un bien social. Sin embargo, la teoría económica moderna sobre bienes públicos, desarrollada por Paul Samuelson, nunca sostuvo que cualquier gasto estatal fuese eficiente por definición. Samuelson argumentaba que un gasto público se justifica cuando el beneficio social agregado supera claramente el costo social de financiarlo. Esa distinción es fundamental y suele desaparecer del debate político contemporáneo.

La universidad pública no es un bien público estrictamente. Esto porque no cumple plenamente con las condiciones de no rivalidad y no exclusión. Más bien, se trata de un bien mixto o meritorio, cuya justificación descansa en las externalidades positivas que puede generar: innovación, productividad, investigación, capital humano y fortalecimiento institucional. Pero precisamente porque los recursos públicos son escasos, el problema central no es si la universidad pública debe existir, sino qué tipo de formación debe priorizar una sociedad que busca desarrollarse.

Aquí aparece una contradicción estructural de América Latina. Nuestras economías siguen dependiendo fuertemente de exportaciones de commodities: petróleo, minería, agricultura y recursos naturales casi exclusivamente. Son economías con bajo valor agregado, limitada sofisticación tecnológica y reducida productividad industrial. En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si nuestros sistemas universitarios están formando el capital humano que realmente requiere una transformación profunda en la matriz productiva, 

Mientras países desarrollados fortalecen áreas de formación del capital humano como la ingeniería, inteligencia artificial, matemáticas aplicadas, biotecnología, geología, energía, robótica y ciencias duras, buena parte de las universidades latinoamericanas continúa expandiendo carreras con baja demanda laboral, limitada productividad económica y reducida capacidad de absorción en el mercado. Se gradúan miles de abogados, sociólogos, trabajadores sociales y profesionales humanísticos, mientras persisten déficits críticos de ingenieros, científicos, médicos especializados y técnicos altamente calificados.

La crítica liberal-clásica, representada por Milton Friedman, Friedrich Hayek y James Buchanan, sostiene que esta distorsión no es casual. Según la Public Choice, las burocracias universitarias y grupos corporativos tienden a expandir presupuestos, estructuras y carreras independientemente de su verdadero retorno social. El financiamiento estatal permanente reduce incentivos de eficiencia y desconecta la oferta académica de las necesidades reales de la economía.

En otras palabras, cuando el Estado subsidia sin criterios de productividad o desempeño, el sistema universitario se convierte en un aparato autosostenido por impuestos, más orientado a reproducir estructuras burocráticas internas que a resolver desafíos nacionales de desarrollo.

Por supuesto, reconocer este problema no implica afirmar que las ciencias sociales o las humanidades carezcan de valor. Ninguna sociedad moderna puede funcionar sin profesionales en el área del derecho, filosofía, historia, sociología, arte o pensamiento crítico. Las instituciones, la gobernabilidad, la cultura democrática y la cohesión social también son componentes esenciales del desarrollo. El problema no es la existencia de estas disciplinas, sino su desproporción relativa frente a las necesidades estratégicas de economías que aún luchan por industrializarse y generar innovación tecnológica.

El verdadero debate, entonces, no debería reducirse a “universidad pública sí o no”. La discusión seria consiste en determinar cómo asignar racionalmente recursos públicos limitados para maximizar el retorno social de la educación superior. Eso implica evaluar carreras, medir empleabilidad, productividad científica, impacto tecnológico y contribución efectiva al desarrollo nacional.

América Latina necesita urgentemente repensar la relación entre universidad y estructura productiva. Si nuestros países aspiran a abandonar la dependencia histórica de materias primas y avanzar hacia economías intensivas en conocimiento y valor agregado, deberán priorizar masivamente la formación científica, tecnológica y técnica. Continuar expandiendo indiscriminadamente sistemas universitarios desvinculados de las necesidades productivas no solo es fiscalmente insostenible: también perpetúa el estancamiento estructural de la región.

La universidad pública puede y debe ser una herramienta de movilidad social y desarrollo. Pero para cumplir realmente esa función, necesita volver a conectarse con la pregunta más importante de todas: ¿qué tipo de sociedad y de economía queremos construir en el futuro?

¿Debe el Estado seguir financiando cualquier carrera sin medir su impacto real en el desarrollo? La discusión incómoda apenas empieza. Comparte este artículo y deja tu opinión.

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Oro vs. pobreza: la mentira del ecologismo radical

 

Cuando se habla de oro, muchos medios afines a la izquierda enseguida posicionan en la mente de las personas "codicia, destrucción ambiental y “corporaciones sin alma”. Lo que casi nunca se muestra es el otro lado de la moneda: países que han aprovechado responsablemente sus recursos mineros para financiar escuelas, hospitales, infraestructura y empleos bien pagados. Canadá es un ejemplo incómodo para el discurso anti-minero de la izquierda y del ambientalismo extremo: es uno de los grandes productores de oro del mundo… y al mismo tiempo uno de los países con mejor calidad de vida del planeta.

1. El oro en la economía mundial: no es una anécdota

En 2024 la producción mundial de oro rondó las 3.300 toneladas. China fue el mayor productor (alrededor de 380 t, cerca del 11–12 % del total), seguida de Rusia, Australia y luego Canadá, con unos 200 t, alrededor del 6 % de la producción global. 

Es decir: el oro no es un capricho de unos pocos. Es un componente clave del sistema financiero (reservas de bancos centrales), de la joyería de alto valor y también de tecnologías médicas y electrónicas. Según la propia industria, el oro que se extrae hoy proviene de yacimientos cada vez más complejos y de menor ley, lo que requiere más inversión, mejor tecnología y estándares ambientales más estrictos. La producción apenas creció alrededor de 0,5 % en 2023, señal de que no es una “fiesta salvaje de depredación” sino un sector que enfrenta límites geológicos reales. 

2. Canadá: oro, minería y calidad de vida

Canadá desarma por completo el argumento de que “minería = miseria y destrucción”. Es una potencia minera y al mismo tiempo un referente global en bienestar social.

• El sector minero (incluyendo servicios y manufacturas asociadas) aportó cerca de 117.000 millones de dólares canadienses al PIB en 2023, alrededor del 4 % de toda la economía. 

• Si se amplía la mirada a minería, canteras y petróleo y gas, la participación llega a alrededor del 8 % del PIB canadiense. 

• La industria minera emplea unas 694.000 personas entre empleo directo e indirecto, con salarios por encima del promedio nacional. 

• En minerales críticos, los empleos crecieron más de 6 % entre 2019 y 2023, hasta cerca de 55.000 solo en esa categoría. 

Esos números no describen un país devastado por la minería, sino uno que ha sabido convertir sus recursos en prosperidad, inversión y empleos de calidad. La OCDE, al analizar regiones mineras como el norte de Ontario, muestra que, bien gestionados, los proyectos mineros pueden coexistir con buenos indicadores sociales y ambientales, e incluso mejorar servicios e infraestructura en zonas remotas. 

3. Lo que dicen los datos sobre oro y desarrollo

Informes del World Gold Council y otros organismos muestran que la minería moderna de oro genera:

• Empleo formal en zonas donde antes predominaba la informalidad.

• Ingresos fiscales significativos vía impuestos, regalías y exportaciones.

• Inversión en carreteras, energía eléctrica, agua potable y servicios comunitarios asociados a los proyectos. 

En muchos países de ingresos medios y bajos, la presencia de una mina de oro de gran escala ha multiplicado los salarios locales, ha extendido la cobertura de servicios y ha creado oportunidades para proveedores locales (transporte, alimentos, mantenimiento, seguridad, etc.). Cuando existe un Estado mínimamente serio, esos recursos se traducen en mejor educación, salud e infraestructura.

¿Hay casos de malas prácticas? Por supuesto. La historia latinoamericana está llena de corrupción, regulaciones débiles y empresas (públicas y privadas) que han hecho las cosas mal. Pero de ahí a sostener que “toda” minería es intrínsecamente destructiva hay un abismo. El problema no es el oro en el subsuelo, sino la mala institucionalidad en la superficie.

4. El ambientalismo extremo y el inmovilismo que empobrece

En este punto entra en escena el discurso del ambientalismo extremo y de buena parte de la izquierda: “No a la minería”, “cero extracción”, “dejemos todo bajo tierra aunque la gente siga sin agua potable, sin empleo y sin futuro”.

Este relato tiene varios problemas:

1. Ignora la evidencia internacional. Canadá, Australia o los países nórdicos muestran que se puede regular con firmeza, exigir estándares ambientales altos y, al mismo tiempo, aprovechar los recursos para financiar bienestar social.

2. No ofrece alternativas realistas. Decir “vivamos del turismo y la agricultura orgánica” suena bonito en un cartel, pero no reemplaza el peso de las exportaciones mineras, ni la capacidad recaudatoria que tiene un sector de alto valor agregado.

3. Congela la pobreza. Al bloquear sistemáticamente proyectos mineros, se impide que regiones pobres accedan a empleos formales, infraestructura y servicios. Se mantiene a la población en actividades de baja productividad… y luego se culpa al “neoliberalismo” de que no haya desarrollo.

La paradoja es clara: en nombre de “proteger a la gente”, cierto activismo termina protegiendo la desigualdad y el atraso.

5. Minería responsable: sí; pobreza eterna: no

Defender la minería no significa dar un cheque en blanco a cualquier empresa ni al Estado. Significa exigir tres cosas muy concretas:

1. Reglas claras y estables, que obliguen a usar tecnologías limpias, manejar adecuadamente relaves, cuidar el agua y reparar pasivos ambientales.

2. Instituciones sólidas, que fiscalicen en serio y eviten la captura política y la corrupción.

3. Distribución transparente de beneficios, con parte de las regalías y tributos invertidos de verdad en las comunidades locales (infraestructura, educación técnica, salud, emprendimiento).

Cuando estas condiciones se acercan al estándar canadiense, la minería de oro se convierte en un motor de prosperidad y no en una maldición. Los datos de producción global muestran que el oro es un recurso escaso y cada vez más difícil de encontrar; renunciar voluntariamente a él por consignas ideológicas es un lujo que los países en desarrollo no se pueden permitir. 

Si queremos hablar en serio de desarrollo, no podemos seguir comprando el relato simplón de que extraer es malo y prohibirlo todo es “moralmente superior”. La verdadera discusión debe ser cómo extraer mejor, no cómo impedir que nada cambie.

Si estás cansado del discurso anti-minero que condena a nuestros países al atraso, sigue Ideas Antizurdos y comparte esta entrada para abrir el debate.

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