Dr. Armando José Urdaneta Montiel
¿Es viable la Economía Popular y
Solidaria (EPS)?
En el contexto actual, el supuesto modelo de
Economía Popular y Solidaria (EPS) que tanto se vende en Ecuador, este se presenta como una respuesta institucional frente a la exclusión social, de dice
que promueve la cooperación y la redistribución mediante el impulso estatal a
cooperativas y asociaciones. Sin embargo, desde la óptica praxeológica de
Ludwig von Mises y su individualismo metodológico, esta concepción presenta
serias contradicciones que deben ser analizadas críticamente.
El supuesto que subyace en la EPS es que los
colectivos —cooperativas, asociaciones, comunidades— actúan como agentes
racionales y homogéneos en pos del “bien común”. Este planteamiento se enmarca
dentro del colectivismo metodológico, que atribuye voluntad y racionalidad a
entidades supraindividuales. No obstante, Mises advierte que solo los
individuos actúan; toda acción económica es resultado de decisiones personales
orientadas a fines específicos. Por tanto, concebir a las cooperativas como
unidades monolíticas ignora la diversidad de intereses que coexisten en su
interior.
El cooperativismo, como forma organizativa, no
excluye los conflictos. Al contrario, agrupa personas con objetivos particulares
que pueden entrar en tensión. La narrativa oficial de la EPS invisibiliza estas
fricciones, presentando una imagen idealizada de solidaridad y consenso, una
entelequia de producción. Sin embargo, los incentivos individuales dentro de
las cooperativas siguen operando, incluso en entornos fuertemente subsidiados.
Además, el modelo EPS, sostenido por políticas
públicas que otorgan subsidios, exoneraciones y asistencia técnica, altera la
lógica de mercado. Tales incentivos no solo desvirtúan la señalización de
precios y la competencia, sino que generan comportamientos rentistas y
dependencia estatal. Lejos de empoderar, estas medidas perpetúan estructuras
que frenan la innovación y debilitan la capacidad de los socios para asumir
riesgos y actuar con autonomía.
Un ejemplo concreto de estas distorsiones se
observa en cooperativas agrícolas en Ecuador, como las asociaciones de
productores de banano de pequeños agricultores en provincias como El Oro o Los
Ríos. Muchas de estas organizaciones, al depender de compras estatales mediante
convenios con empresas públicas o programas sociales, pierden capacidad de
competir en mercados internacionales. El resultado es un producto con bajo
valor agregado, escasa innovación y altos niveles de ineficiencia productiva.
En vez de insertarse en cadenas de valor globales, estas cooperativas quedan
atrapadas en relaciones clientelares de precio y cupo.
Otro caso es el de las cooperativas de ahorro y
crédito que han sido creadas por impulso estatal y con supervisión relajada. Al
operar con fondos públicos y sin una estructura de gobernanza sólida, muchas han
terminado en procesos de intervención, como ocurrió con varias cooperativas en
la Sierra Centro del Ecuador. La ilusión de autosostenibilidad desaparece
cuando los socios descubren que la rentabilidad no proviene de decisiones
racionales de inversión, sino del constante flujo de recursos públicos.
Más aún, cuando la EPS se convierte en política
pública central, su fracaso se profundiza: se crean estructuras burocráticas
para su fomento (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), se
condiciona el acceso al crédito a formas asociativas forzadas, y se obstaculiza
la entrada de emprendimientos individuales que podrían responder con mayor
flexibilidad a la demanda del mercado. En países donde se ha institucionalizado
la EPS como paradigma económico —como Venezuela durante el auge del “socialismo
del siglo XXI”— se ha evidenciado una rápida degradación del aparato
productivo, una pérdida de eficiencia y un desincentivo al esfuerzo individual.
Desde una perspectiva praxeológica, la verdadera
cooperación económica emerge de decisiones libres y voluntarias en un entorno
de precios libres y propiedad privada. Cuando el Estado interfiere,
centralizando decisiones y promoviendo criterios políticos por encima de los
económicos, impide que los actores respondan eficazmente a las señales del
mercado.
En consecuencia, la EPS, al priorizar una
solidaridad dirigida desde arriba y no construida desde la acción individual,
termina por imponer un marco institucional que erosiona la libertad personal.
El resultado es una economía menos dinámica, donde los agentes no responden a
la lógica del intercambio voluntario, sino a directrices externas.
La praxeología nos recuerda que solo los
individuos actúan, y que cualquier teoría que ignore esta verdad cae en el
error. El desafío no está en negar la cooperación, sino en entender que esta
debe surgir de la libertad individual, no de imposiciones colectivas
legitimadas por el Estado.
