Autonomías “en membrete” y el gasto corriente por los cielos

 

La descentralización y la autonomía territorial pueden ser herramientas potentes… o un costo permanente sin retorno para los ciudadanos. En teoría, acercar el Estado al ciudadano debería mejorar la asignación del gasto: si la gente “ve” y “siente” el servicio, puede castigar al mal gestor y premiar al buen gestor. Eso es, en esencia, el teorema de la descentralización de Wallace E. Oates: cuando las preferencias locales difieren, los gobiernos locales pueden proveer bienes y servicios públicos más ajustados a esas preferencias que un gobierno central uniforme. 

El problema empieza cuando la autonomía se vuelve solo un membrete: estructuras políticas y administrativas que consumen presupuesto, pero no resuelven los cuellos de botella reales de calidad de vida (agua, saneamiento, vialidad útil, seguridad, salud, educación, conectividad, mantenimiento). Y eso pasa con frecuencia por cuatro fallas clásicas, bien documentadas en la literatura de finanzas públicas y descentralización:

1) Restricción presupuestaria blanda (soft budget constraint):

Si un gobierno subnacional espera que el nivel central lo “rescatará” (más transferencias, reestructuración de deuda, anticipos), el incentivo es gastar más hoy y trasladar el costo a mañana. Es el corazón de la indisciplina fiscal subnacional. 

2) Desequilibrio fiscal vertical:

Cuando el subnacional gasta, pero recauda poco (o casi nada), se rompe la relación básica “quien decide, paga”. Aparece el gasto fácil: nómina, consultorías, propaganda, eventos, fiestas, edificios, burocracia… y poca inversión útil o mantenimiento. En Argentina, varios estudios han señalado este problema: provincias que financian una porción limitada de su gasto con recursos propios y dependen fuertemente de transferencias, debilitando la rendición de cuentas frente al votante, el caso más palpable es la provincia de Buenos Aires.

3) Efecto “flypaper”:

Un dólar que llega como transferencia “se pega” al gasto público más que un dólar equivalente que queda en el bolsillo del ciudadano (porque el costo político de gastar transferencias suele ser menor que el de subir impuestos). Resultado: más gasto, no necesariamente mejor gasto. 

4) Problema principal–agente y captura local:

Más cercanía no garantiza mejor gestión. También puede significar captura por redes locales (contratación, sindicatos, grupos políticos) y gasto orientado a sostener coaliciones, no a maximizar bienestar.

Ejemplos latinoamericanos: tres formas de “gobierno que gasta sin transformar”

Argentina: provincias, transferencias y empleo público

El federalismo argentino muestra un patrón recurrente: provincias con alta dependencia de transferencias y expansión del gasto corriente (incluido empleo público) como mecanismo de sostenimiento político. Hay evidencia académica y de centros de estudio que discute cómo el diseño de transferencias puede alimentar comportamientos perversos, precisamente por la restricción presupuestaria blanda y la baja corresponsabilidad fiscal. Cuando la política se financia con transferencias poco trazables, el contribuyente termina pagando “Estado” en lugar de pagar servicios.

Ecuador: provincias (GAD provinciales) con competencias acotadas y tentación burocrática

En Ecuador, el marco legal (COOTAD) define competencias provinciales (por ejemplo, vialidad rural y coordinación territorial), pero el riesgo es que la institucionalidad crezca más rápido que los resultados: gasto en estructura, gasto corriente y proyectos de bajo impacto o poco alineados a metas medibles. Cuando la provincia se enfoca en “trámites, eventos y obras visibles” y descuida mantenimiento, priorización técnica y evaluación ex post, el gasto se vuelve político antes que productivo.

Perú: gobiernos regionales y baja calidad de ejecución

El caso peruano ha sido ampliamente discutido: descentralización con brechas de capacidades técnicas, problemas para formular y ejecutar inversión pública y, en ocasiones, ejecución deficiente del presupuesto. Reportes y estudios sobre el proceso de descentralización muestran tensiones típicas: se transfieren responsabilidades, pero la capacidad (y a veces los incentivos) no alcanzan para convertir presupuesto en servicios. 

Lo que dice la teoría “pro calidad del gasto”

La literatura no “condena” la descentralización; la condiciona. El FMI ha sido claro: la descentralización puede mejorar eficiencia si hay reglas fiscales, capacidades, transparencia y un buen diseño de asignación de funciones e ingresos. 

En simple: más niveles de gobierno no significan más bienestar. Significan más bienestar solo si hay:

• corresponsabilidad fiscal (quien gasta, recauda parte y responde por ello);

• reglas duras contra rescates y endeudamiento irresponsable;

• presupuesto por resultados (indicadores, metas, costo-efectividad);

• evaluación independiente (auditoría, contraloría efectiva, datos abiertos);

• competencias claras (sin duplicidades con el nivel central o municipal).

Menos fe ciega, más control ciudadano libre e informado

Si el gobierno subnacional existe para sostener nóminas y rituales administrativos, es una transferencia regresiva desde el contribuyente hacia la política local. Pero si existe para resolver problemas concretos con metas públicas y medición, puede ser una palanca real de desarrollo.

La salida no es “centralizar por reflejo”, sino elevar la exigencia democrática: participación ciudadana libre e informada en la priorización del gasto (presupuestos participativos), veedurías con acceso a contratos y ejecución física-financiera, y comparación pública entre territorios (benchmarking) para que el votante distinga gestión de propaganda.

En finanzas públicas, la pregunta clave no es “¿cuánto se gasta?”, sino “¿qué mejora medible compra ese gasto?”. Si no podemos responder eso con datos, entonces no estamos financiando calidad de vida: estamos financiando estructura.

¿Has visto “gasto de membrete” en tu ciudad? Comenta un ejemplo y comparte esta entrada para exigir transparencia y resultados.

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