Durante décadas, los ecuatorianos hemos vivido bajo la creencia de que todo debe estar regulado por el Estado. Desde cómo se puede abrir un negocio hasta cómo debe funcionar el mercado laboral, la intervención ha sido la regla. Esta cultura normativa, profundamente arraigada, ha convertido a Ecuador en uno de los países con mayor carga regulatoria de la región, y los resultados saltan a la vista: estancamiento económico, informalidad galopante, baja competitividad, desempleo permanente y fuga de talento.
La historia nos ha demostrado que los países que prosperan son aquellos que dejan espacio para que las personas tomen decisiones económicas libremente. Adam Smith, el padre de la economía moderna, advertía ya en el siglo XVIII sobre los peligros del intervencionismo excesivo. En La Riqueza de las Naciones, Smith defendía la idea de que el interés individual, guiado por una “mano invisible”, produce más bienestar colectivo que cualquier planificación centralizada. En cambio, cuando el Estado regula en exceso, sofoca esa capacidad de adaptación y de creación de valor.
El caso ecuatoriano es sintomático. Nuestra Constitución del 2008 creada al amparo de creencias estatistas, con más de 400 artículos, ha institucionalizado el deseo de controlar cada aspecto de la vida nacional. Esta hiperregulación no solo ralentiza la economía, sino que frena la innovación y desincentiva la inversión. ¿Cómo puede un emprendedor competir en un entorno donde debe pedir permiso para todo y donde las reglas cambian con cada gobierno? Una reforma tributaria en promedio durante los últimos 15 años, confirma que las regulaciones es cosa habitual entre los políticos que lideran la intervención estatal.
Friedrich Hayek, otro gran pensador del siglo XX, advertía en Camino de servidumbre que la planificación económica centralizada lleva, inevitablemente, al estancamiento y a la pérdida de libertades. Hayek señalaba que los reguladores jamás podrán tener toda la información que el mercado produce y que solo una economía libre puede asignar eficientemente los recursos. En Ecuador, la realidad es que muchas regulaciones no resuelven problemas; los crean, a tal punto que las leyes creadas se vuelven un laberinto sin salida.
El resultado es un país poco competitivo. Según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, Ecuador ocupa posiciones rezagadas frente a países con menos intervencionismo como Chile o Uruguay. En vez de abrirnos al mundo y permitir que nuestras empresas se modernicen, seguimos atrapados en un marco legal que asume que todo lo privado debe ser sospechoso y todo lo estatal debe ser omnipresente.
Lo que se necesita no es más control, sino más confianza en los ciudadanos, en sus decisiones, en su capacidad para adaptarse, crear y progresar. La reducción inteligente de regulaciones no significa dejar a la sociedad a la deriva. Significa facilitar el emprendimiento, permitir que florezcan nuevas ideas y liberar el potencial productivo de millones de ecuatorianos.
Necesitamos revisar con urgencia nuestro marco legal y constitucional. Las regulaciones deben existir para proteger derechos básicos, no para dictar cómo deben funcionar los mercados o imponer rigideces que solo sirven para perpetuar privilegios y burocracia. No hay crecimiento sin libertad, y no hay libertad sin un entorno donde el ciudadano tenga espacio para actuar sin pedir permiso constantemente.
Mientras en países más abiertos la disrupción tecnológica, por ejemplo, genera movimientos rápidos de capital y reorientación de modelos de negocio, en Ecuador el cambio suele estrellarse contra el muro de lo normado. La competitividad interna se ahoga no por falta de talento o recursos, sino por un sistema institucional rígido, incapaz de responder con agilidad a los desafíos del entorno global.
Además, la Constitución vigente impide en muchos casos corregir el rumbo cuando las políticas fallan. Todo está “protegido por derechos”, incluso el error. El exceso de garantismo jurídico paraliza la acción del Estado cuando es necesaria y bloquea la iniciativa privada cuando intenta ocupar espacios que el Estado no logra atender con eficiencia.
La salida de nuestro estancamiento no vendrá de más controles, sino de más libertad. Es hora de confiar en el mercado y en las personas, como lo han hecho todas las naciones que han prosperado.
Crees que es el momento de cambiar la Constitución del 2008 por una nueva y con menos artículos? Leo tu comentario.
