Dr. Armando José Urdaneta Montiel
Entre el 2000 y 2025, América Latina vivió una de las etapas más intensas de gobiernos de izquierda y centro-izquierda de su historia reciente. Desde la llamada marea rosa hasta sus reediciones más moderadas, estos proyectos compartieron un objetivo central: expandir el Estado de Bienestar como vía para corregir desigualdades estructurales. Sin embargo, en ese intento reapareció una disputa clásica entre la teoría política y jurídica: la contradicción entre el derecho natural y el derecho positivo, especialmente en lo relativo a la intervención estatal en la economía.
Las administraciones progresistas de la región justificaron su accionar en nombre de la justicia social y la redistribución del ingreso. Programas de transferencias, ampliación del gasto social, nacionalizaciones estratégicas y regulaciones más estrictas del mercado fueron presentados como mecanismos legítimos para garantizar derechos sociales básicos. Desde el derecho positivo, estas políticas encontraron sustento legal y respaldo democrático. El Estado, mediante la ley, redefinió los límites de la propiedad, del mercado y de la autonomía individual en función del supuesto bien común.
No obstante, este avance tuvo un costo altísimo en términos de avance social. Desde la óptica del derecho natural, muchas de estas políticas implicaron restricciones significativas a libertades consideradas originarias: la libre disposición de la propiedad, la iniciativa privada y la autonomía económica. En algunos países, la expansión del Estado no solo reguló, sino que sustituyó al mercado, debilitando incentivos, concentrando poder y erosionando contrapesos institucionales. Allí, la tensión dejó de ser teórica para convertirse en un problema político tangible.
Los gobiernos de centro-izquierda intentaron resolver esta contradicción mediante fórmulas más equilibradas: intervención selectiva, respeto formal a la propiedad privada y énfasis en políticas redistributivas sin ruptura institucional. Aun así, incluso estos modelos descansaron en una premisa clara: el derecho positivo puede y debe limitar los derechos individuales si el objetivo es garantizar igualdad material. El debate no fue si el Estado debía intervenir, sino cuánto y hasta dónde.
El filósofo John Locke sería, probablemente, el crítico más severo. Para el liberal inglés, el Estado existe ante todo para proteger derechos naturales previos, especialmente la propiedad, la libertad y la seguridad jurídica. Desde su marco teórico, muchos procesos latinoamericanos, como el aumento sostenido de la carga fiscal, intervenciones discrecionales, nacionalizaciones y debilitamiento de contrapesos institucionales representarían una violación del contrato original. Cuando el Estado deja de ser garante y se convierte en redistribuidor permanente, el derecho positivo deja de servir al derecho natural y comienza a erosionarlo. Desde una lectura lockeana, buena parte de la “tragedia latinoamericana” radica en haber sacrificado la protección de derechos individuales en nombre de una igualdad material que nunca se produjo en la realidad.
La experiencia latinoamericana demuestra que el Estado de Bienestar no es ideológicamente neutro. Su implementación exige elegir entre prioridades en conflicto. Cuando la intervención se expande sin límites claros, el derecho positivo corre el riesgo de vaciar de contenido al derecho natural. Pero cuando se absolutizan los derechos individuales, la desigualdad estructural se perpetúa. El desafío pendiente para la región no es eliminar esta contradicción porque es inherente al modelo de sociedad democrática, sino administrarla con instituciones sólidas, responsabilidad fiscal y respeto efectivo a las libertades.
En definitiva, los gobiernos de izquierda y centro-izquierda en América Latina mostraron que el Estado de Bienestar es tanto una promesa de justicia como una fuente permanente de tensión jurídica y política. Ignorar ese conflicto no lo resuelve; asumirlo críticamente es el primer paso para evitar que la búsqueda de igualdad termine socavando los derechos que pretende proteger.
Si crees que la igualdad no puede construirse sacrificando la libertad, comparte este artículo y súmate al debate. Pensar distinto también es un acto de responsabilidad.
