Dr. Armando José Urdaneta Montiel
Durante años, América Latina ha intentado explicar el crecimiento del crimen organizado recurriendo casi exclusivamente a factores como la pobreza, la desigualdad o la exclusión social. Sin embargo, esa interpretación resulta insuficiente para comprender la magnitud y complejidad del fenómeno actual. La profunda crisis institucional que atraviesa la región ha coincidido con el ascenso al poder de proyectos políticos de izquierda que, en determinados casos, han coexistido con estructuras de financiamiento delictivas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Esta convergencia ha terminado erosionando los sistemas de control democrático, debilitando el Estado de derecho y reduciendo progresivamente el costo real del delito.
Dentro de este contexto, el eje político del ALBA impulsado inicialmente por Venezuela y Cuba bajo la narrativa del denominado “socialismo del siglo XXI” representa uno de los fenómenos geopolíticos más relevantes para comprender la transformación institucional de buena parte de América Latina durante las últimas dos décadas.
La teoría económica del crimen desarrollada por Gary Becker, especialmente en su obra de 1968, Crime and Punishment: An Economic Approach, ofrece un marco particularmente útil para entender esta realidad. Becker sostuvo que el comportamiento criminal no debe explicarse únicamente desde la moral, la pobreza o la desviación social, sino también desde los incentivos. Según su tesis, el delincuente actúa como un agente racional que evalúa beneficios esperados frente a costos esperados: si la ganancia potencial del delito supera la probabilidad de ser capturado y castigado, el crimen se vuelve una decisión racionalmente atractiva. En sociedades donde la impunidad es alta, la justicia es lenta y las instituciones son frágiles, el costo esperado del delito disminuye; por tanto, el narcotráfico y el crimen organizado encuentran condiciones óptimas para expandirse.
Precisamente eso es lo que terminó ocurriendo en varios países vinculados política e ideológicamente al ALBA y otros socios suramericanos en su momento.
La progresiva concentración de poder en gobiernos aliados al bloque debilitó de manera sistemática mecanismos fundamentales de control democrático: independencia judicial, alternancia política, libertad de prensa, transparencia administrativa y autonomía institucional. Paralelamente, comenzaron a expandirse fenómenos asociados a corrupción estructural, impunidad, captura institucional y penetración de economías ilícitas dentro de estructuras estatales.
El caso venezolano constituye probablemente la expresión más extrema de esta dinámica. Las acusaciones internacionales sobre narcotráfico, redes de lavado de dinero, corrupción estatal y participación de altos funcionarios en economías ilícitas dejaron de ser episodios aislados para convertirse en parte permanente del debate internacional. La existencia de estructuras como el denominado “Cartel de los Soles”, independientemente de las controversias sobre su verdadera dimensión, refleja hasta qué punto el deterioro institucional abrió espacios para la convergencia entre sectores políticos, militares y economías criminales.
Sin embargo, reducir el problema exclusivamente a Venezuela sería un error de análisis. Dinámicas similares de erosión institucional y debilitamiento democrático han podido observarse, con diferentes intensidades, en otros gobiernos alineados con el ALBA como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En algunos casos, la concentración de poder político coincidió con mayores niveles de opacidad estatal, debilitamiento judicial, persecución política y reducción de controles institucionales; condiciones que históricamente favorecen la expansión del crimen organizado transnacional.
A ello se suma un elemento particularmente delicado: la progresiva normalización de relaciones ambiguas entre estructuras estatales y actores armados irregulares colombianos. Diversos informes internacionales han señalado durante años la presencia, tolerancia o convivencia de grupos armados y redes ilícitas dentro de territorios vinculados políticamente al eje bolivariano. En términos prácticos, esto implicó la erosión progresiva del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
En este contexto, la corrupción dejó de funcionar como un fenómeno marginal para convertirse en un mecanismo estructural de gobernabilidad. La fragilidad institucional produjo un círculo perverso: a menor independencia judicial, mayor impunidad; a mayor impunidad, mayor rentabilidad criminal; y a mayor rentabilidad criminal, mayor capacidad de captura del Estado por redes ilícitas.
El problema ya no consiste únicamente en funcionarios corruptos o criminales infiltrados. El verdadero peligro aparece cuando las propias instituciones comienzan a adaptarse funcionalmente a la existencia de economías criminales. Allí es donde el Estado deja de combatir plenamente al delito y comienza, consciente o inconscientemente, a coexistir con él.
Sería intelectualmente deshonesto afirmar que el crimen organizado penetra únicamente gobiernos de izquierda. El narcotráfico y la corrupción han infiltrado estructuras políticas de distintas orientaciones ideológicas en toda América Latina. Sin embargo, ciertos modelos políticos altamente centralizados, personalistas y hostiles a los controles institucionales terminan creando condiciones especialmente favorables para la captura criminal del poder.
La experiencia del ALBA deja entonces una advertencia inquietante para la región: cuando desaparecen los límites institucionales y la concentración de poder sustituye al equilibrio democrático, el crimen organizado deja de actuar únicamente desde la clandestinidad y comienza a integrarse progresivamente dentro de las estructuras del Estado.
América Latina enfrenta así una amenaza mucho más profunda que la violencia cotidiana. Lo que está en juego es la supervivencia misma del Estado de derecho frente al avance de redes criminales capaces de utilizar la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional como herramientas permanentes de expansión política y económica.
Porque cuando la impunidad se convierte en sistema, el crimen deja de infiltrarse en el poder. El poder termina siendo absorbido por el crimen.
América Latina necesita menos discursos ideológicos y más instituciones fuertes. Si el Estado no recupera la justicia, la transparencia y el control democrático, el crimen seguirá ocupando los espacios que la política le entrega. Comparte esta reflexión y sigamos defendiendo la libertad, el Estado de derecho y la responsabilidad ciudadana.
