Dr. Armando José Urdaneta Montiel
América Latina lleva décadas intentando resolver una paradoja que parece no tener fin: dispone de abundantes recursos naturales, una población cada vez más escolarizada y enormes oportunidades comerciales, pero continúa rezagándose frente a las economías más dinámicas del mundo. Mientras las naciones asiáticas han transformado sus estructuras productivas mediante la innovación, la acumulación de capital y la incorporación de tecnología, buena parte de nuestra región permanece atrapada en ciclos de crecimiento insuficiente, informalidad laboral y dependencia de actividades de escaso valor agregado. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué una región con tantas potencialidades sigue siendo incapaz de convertirlas en prosperidad sostenida?
La respuesta comienza por una variable que suele estar ausente del debate político: la productividad. El crecimiento económico no depende exclusivamente de incorporar más trabajadores o aumentar la inversión, sino de producir más y mejores bienes y servicios utilizando eficientemente los recursos disponibles. Paul Krugman advirtió que la productividad no lo es todo, pero a largo plazo es casi todo. América Latina representa una demostración preocupante de esta afirmación. Su persistente rezago en productividad laboral y productividad total de los factores revela que el problema no consiste únicamente en cuánto capital se acumula, sino en la eficiencia con que se combina con el trabajo. Sin mejoras sostenidas de productividad, los salarios reales encuentran límites, la competitividad se deteriora y las posibilidades de reducir estructuralmente la pobreza se debilitan.
Sin embargo, esta improductividad no surge espontáneamente. Es también consecuencia de un entramado institucional que frecuentemente sustituye los incentivos económicos por privilegios políticos. Durante décadas, numerosos gobiernos latinoamericanos han confundido desarrollo productivo con expansión burocrática, proteccionismo empresarial y multiplicación de programas asistenciales. La intervención estatal, cuando carece de disciplina fiscal, evaluación de resultados y mecanismos de rendición de cuentas, puede convertirse en un instrumento de distribución de rentas antes que de creación de riqueza. James Buchanan explicó, desde la teoría de la elección pública, que los funcionarios y actores políticos también responden a incentivos particulares. Ignorar esta realidad equivale a suponer ingenuamente que toda intervención gubernamental persigue automáticamente el bienestar colectivo. El verdadero desafío no consiste en eliminar al Estado, sino en limitar su discrecionalidad, mejorar la eficiencia técnica del gasto público y concentrar sus funciones en generar condiciones institucionales favorables para la inversión, la competencia y el emprendimiento.
La informalidad constituye otra expresión de este fracaso institucional. Millones de latinoamericanos desarrollan actividades económicas de baja productividad, no necesariamente porque rechacen la formalidad, sino porque incorporarse al sistema legal puede representar elevados costos tributarios, regulatorios y administrativos. Cuando registrar una empresa, contratar trabajadores o cumplir obligaciones burocráticas resulta excesivamente costoso, la informalidad termina convirtiéndose en una respuesta racional frente a incentivos adversos. A ello se añade una revolución tecnológica que amenaza con ampliar las brechas existentes. La inteligencia artificial, la automatización y los servicios digitales ofrecen oportunidades extraordinarias para incrementar la productividad y exportar conocimiento, pero su aprovechamiento exige instituciones confiables, capital humano pertinente, acceso al financiamiento y mercados abiertos a la innovación. Una economía que dificulta la creación de empresas y protege actividades ineficientes difícilmente podrá incorporarse exitosamente a esta transformación.
La experiencia asiática ofrece lecciones que América Latina no debería continuar ignorando. Corea del Sur, Singapur y China, con instituciones y estrategias económicas diferentes, comprendieron la importancia de elevar las capacidades productivas, incorporar tecnología y competir internacionalmente. Sus experiencias no constituyen una receta única ni demuestran que cualquier intervención estatal sea exitosa. Por el contrario, muestran la relevancia de establecer incentivos, exigir resultados y evitar que la protección empresarial se convierta en un privilegio permanente. Mientras varias economías asiáticas utilizaron el acceso a mercados internacionales como mecanismo de aprendizaje y disciplina competitiva, numerosos países latinoamericanos prolongaron esquemas de protección que permitieron sobrevivir a empresas incapaces de competir sin respaldo gubernamental. La diferencia fundamental no reside simplemente en cuánto interviene el Estado, sino en la calidad de las instituciones y los incentivos que orientan las decisiones productivas.
América Latina necesita abandonar la falsa disyuntiva entre un Estado omnipresente y un mercado desprovisto de instituciones. Los mercados competitivos constituyen mecanismos fundamentales para coordinar decisiones, asignar recursos y estimular innovaciones, pero requieren seguridad jurídica, protección de derechos de propiedad y reglas que impidan privilegios coercitivos. Del mismo modo, la acción pública debe justificarse por sus resultados y no por sus intenciones. Ninguna sociedad puede distribuir indefinidamente una riqueza que no produce. La verdadera transformación latinoamericana comenzará cuando sus gobiernos comprendan que combatir la pobreza exige mucho más que administrar subsidios: requiere liberar las capacidades empresariales, elevar la productividad y construir instituciones que permitan a los ciudadanos prosperar mediante su propio esfuerzo. El desarrollo no se decreta, la prosperidad no se improvisa y la riqueza no nace de la voluntad política: se construye produciendo, innovando y compitiendo.
🌎 América Latina no necesita más promesas políticas: necesita producir, innovar y competir.
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