Autores: Dr. John Campuzano y Dr. Armando Urdaneta
Uno de los argumentos más recurrentes en el debate político ecuatoriano consiste en atribuir la notable reducción de la pobreza observada a la década de gobierno de Rafael Correa y a su supuesto modelo económico. Desde esta idea, los años comprendidos entre 2007 y 2017 representarían la demostración empírica de que una mayor intervención estatal, una expansión sostenida del gasto público y una agresiva política redistributiva constituyen el camino más efectivo para mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, cuando se examina este periodo, surge una pregunta inevitable: ¿fue aquella reducción de la pobreza el resultado de un modelo económico estructuralmente sostenible o fue, en gran medida, consecuencia de una coyuntura excepcional de elevados precios del petróleo?
Durante el período correísta, Ecuador registró una de las mayores reducciones de pobreza y desigualdad de su historia reciente, atribuida a la combinación de altos precios del petróleo, expansión del gasto público, inversión estatal y programas de transferencias sociales. Sin embargo, aunque estas políticas contribuyeron efectivamente a mejorar los indicadores sociales, gran parte de esos avances estuvo sustentada en una coyuntura externa excepcionalmente favorable más que en una transformación estructural de la economía.
Cuando la bonanza petrolera comenzó a agotarse, se hicieron evidentes las limitaciones del modelo: persistía la dependencia de actividades extractivas y exportaciones primarias, la productividad laboral seguía rezagada, la informalidad continuaba siendo elevada y la diversificación productiva avanzó menos de lo esperado. Por lo que, mientras la redistribución permitió reducir la pobreza en el corto plazo, no se fortalecieron con la misma intensidad los factores productivos necesarios para sostener esos logros en el largo plazo.
Los años posteriores al correísmo ofrecen una perspectiva complementaria para evaluar este fenómeno. Los gobiernos que sucedieron a Rafael Correa enfrentaron un entorno económico y social considerablemente más complejo que el existente durante la bonanza petrolera. A diferencia de la década anterior, debieron administrar una economía caracterizada por menores ingresos petroleros, crecientes restricciones fiscales y elevados niveles de endeudamiento público acumulados durante los últimos años del ciclo correísta, donde la deuda pública se multiplicó por cuatro entre 2014-2017 por la caída de los precios del petrolero, lo que aumento el déficit fiscal que fue financiado con endeudamiento.
A ello se sumaron los efectos de la pandemia de COVID-19, fenómenos climáticos recurrentes y una creciente crisis de seguridad que redujo aún más el margen de maniobra de las políticas públicas. Bajo estas condiciones, la capacidad del Estado para sostener los niveles de gasto e inversión pública característicos de los años de abundancia petrolera quedó severamente limitada, obligando a los gobiernos posteriores a gestionar una economía con menos recursos, mayores obligaciones financieras debido al altos endeudamiento público previo y un entorno significativamente más adverso.
En materia de seguridad, resulta imposible comprender la crisis actual sin considerar procesos que comenzaron a gestarse durante la década correísta. Diversos estudios, informes especializados y procesos judiciales posteriores han documentado que Ecuador pasó progresivamente de ser un país de tránsito para el narcotráfico internacional a convertirse en un territorio de creciente relevancia estratégica para organizaciones criminales transnacionales. Durante ese período se produjeron decisiones institucionales que posteriormente fueron objeto de fuertes cuestionamientos, entre ellas la eliminación de la Base de Manta en 2009, modificaciones en los sistemas de inteligencia, episodios de flexibilización de los controles migratorios y una insuficiente capacidad estatal para anticipar y contener la expansión de redes criminales cada vez más sofisticadas.
Con el paso de los años, numerosas investigaciones judiciales revelarían la penetración progresiva de estas organizaciones en puertos, gobiernos locales, centros penitenciarios y diversas instituciones públicas. Si bien la crisis de seguridad que actualmente enfrenta Ecuador responde también a factores regionales e internacionales, resulta difícil ignorar que buena parte de las estructuras criminales que hoy desafían al Estado lograron consolidarse y expandirse durante años sin encontrar una respuesta institucional proporcional a la magnitud de la amenaza.
Aunque la reducción de la pobreza se desaceleró significativamente después del correísmo, Ecuador no experimentó el colapso social que muchos anticipaban. A pesar de enfrentar menores ingresos petroleros, restricciones fiscales, una pandemia global, una crisis de seguridad y eventos climáticos recurrentes, los avances sociales alcanzados durante la década anterior no se revirtieron de manera permanente.
Esto sugiere que parte de las mejoras lograron consolidarse institucionalmente y que la economía ecuatoriana desarrolló cierta capacidad de resiliencia frente a shocks de gran magnitud. Sin embargo, este período también dejó al descubierto una realidad que había permanecido parcialmente oculta durante los años de abundancia fiscal: la reducción sostenible de la pobreza depende menos de las transferencias sociales y más de la capacidad de generar empleo productivo y de calidad. La persistencia de la informalidad, la baja productividad y los empleos precarios continúa limitando la movilidad social y las oportunidades de progreso económico para millones de ecuatorianos.
Esta experiencia obliga a replantear el debate tradicional sobre la pobreza en Ecuador. La cuestión central no es únicamente qué gobierno logró reducir más la pobreza, sino qué modelo económico posee la capacidad de sostener esos avances cuando desaparecen las rentas extraordinarias provenientes del petróleo. La evidencia sugiere que la redistribución financiada por ingresos excepcionales puede producir mejoras rápidas en los indicadores sociales, pero difícilmente sustituye la creación de riqueza sostenible.
Finalmente, la reducción duradera de la pobreza requiere fortalecer la productividad, la inversión privada, la calidad institucional, la seguridad jurídica, la educación y la innovación, de modo que el crecimiento económico se convierta en una fuente permanente de oportunidades. La principal lección del Ecuador durante el primer cuarto del siglo XXI es que la sostenibilidad de los avances sociales depende menos de la abundancia temporal de recursos y más de la capacidad de una economía para generar empleo, ingresos y prosperidad de manera continua.
La pobreza no se derrota con discursos ni con bonanzas temporales. Lea este análisis y descubra por qué el futuro de Ecuador depende de crear riqueza, empleo y oportunidades sostenibles.
