Hay una mentira política que ha funcionado durante décadas en América Latina: hacerle creer al ciudadano que el gobierno “le da gratis” educación, salud, becas, bonos, carreteras, viviendas o medicinas. La frase parece noble, pero es profundamente tramposa. El gobierno no produce riqueza por arte de magia. El gobierno toma recursos de la sociedad mediante impuestos, deuda, renta petrolera, renta minera o emisión monetaria. Luego devuelve una parte, la envuelve en propaganda, le pone rostro de líder salvador y exige gratitud política.
Ese es el verdadero pensamiento mágico fiscal: creer que el dinero público pertenece al gobernante y no al contribuyente. Es una ilusión colectiva muy útil para el populismo, especialmente para la izquierda latinoamericana, que ha convertido el gasto público en una herramienta de control emocional. No se trata solo de administrar recursos; se trata de construir dependencia psicológica.
Desde la psicología de masas, el mecanismo es claro. Primero, se instala una narrativa de víctima: “el pueblo ha sido abandonado”. Luego aparece el redentor: “el líder sí piensa en ustedes”. Después llega el beneficio: bono, beca, medicina, obra pública, subsidio. Finalmente viene la deuda emocional: “si no votas por nosotros, perderás lo que te damos” "perderán sus derechos". Así se reemplaza ciudadanía por clientelismo. El ciudadano deja de preguntarse si el gasto es sostenible y empieza a sentir miedo de perder el favor del Estado.
El populismo entiende muy bien la conducta humana. Sabe que muchas personas valoran más el beneficio inmediato que el costo futuro. Un bono entregado hoy pesa más psicológicamente que una deuda que explotará en diez años. Una carretera inaugurada con cadenas nacionales se recuerda más que el déficit fiscal que la financió. Una beca con foto oficial genera más emoción que el impuesto que la pagó. El resultado es una sociedad entrenada para agradecer al político, no para exigirle cuentas.
Venezuela es el ejemplo más brutal. Durante años, el chavismo usó la renta petrolera para fabricar la imagen de un Estado generoso e invencible. Misiones, subsidios, controles de precios y gasto masivo fueron presentados como justicia social. Pero cuando se desplomó la capacidad productiva y fiscal, el espejismo se rompió. La economía venezolana terminó atrapada en déficit, colapso petrolero, emisión monetaria e hiperinflación, con consecuencias sociales devastadoras.
Ecuador también vivió su versión de esa ilusión durante la bonanza petrolera en el Correato. El gasto público creció de manera acelerada después de 2007, financiado por ingresos petroleros, deuda y expansión estatal. El Banco Mundial señala que el sector público no financiero pasó de representar 21% del PIB en 2006 a 43% en 2014; además, el déficit llegó a cerca de 5% del PIB en 2013-2014 y la deuda pública se duplicó entre 2010 y 2014. Hubo obras, sí; pero también rigidez fiscal, menor espacio de maniobra y dependencia del endeudamiento.
Argentina ofrece otro caso clásico. El kirchnerismo aprovechó el ciclo favorable de commodities para sostener subsidios, transferencias y una narrativa de redistribución permanente. El problema apareció cuando el financiamiento dejó de acompañar ese modelo. La inflación, los subsidios difíciles de desmontar, el déficit fiscal y la fragilidad macroeconómica revelaron que el “modelo nacional y popular Peronista y Kirchnerista” no era magia distributiva, sino gasto político financiado con recursos que se agotaban.
Bolivia, bajo el MAS de Evo Morales y Luis Arce, también se benefició del ciclo del gas. Durante años se vendió la idea de un Estado fuerte, soberano y redistribuidor. Pero la caída de ingresos por hidrocarburos, el deterioro de reservas internacionales y los déficits fiscales mostraron que la bonanza no era eterna. El FMI advirtió sobre déficits de cuenta corriente financiados mediante reducción de reservas, y Reuters reportó la caída de la producción de gas desde 2016 hasta 2023.
La pregunta de fondo no es si un Estado debe invertir en salud, educación o infraestructura. Claro que debe hacerlo. La pregunta seria es otra: ¿con qué recursos?, ¿con qué eficiencia?, ¿con qué sostenibilidad?, ¿con qué transparencia?, ¿con qué resultados? La izquierda populista evita esas preguntas porque rompen el hechizo. Prefiere hablar de derechos sin hablar de costos, de justicia sin hablar de productividad, de pueblo sin hablar de contribuyentes.
El daño más grande de esta mentalidad no es solo económico; es moral y cultural. Enseña que recibir es más importante que producir. Que exigir al Estado es más digno que crear riqueza. Que el político que reparte merece obediencia. Y que todo ajuste fiscal es crueldad de la derecha, aunque el despilfarro previo haya sido irresponsablemente creado por la benevolente izquierda revolucionaria progresista.
Los pueblos maduros entienden que nada es gratis. Los pueblos manipulados creen que el gobierno regala. La diferencia entre ambos es enorme: unos construyen ciudadanía; otros fabrican dependencia. Y cuando la fantasía se acaba, siempre llega la misma factura: deuda, déficit, inflación, impuestos más altos y menos libertad.
Si queremos ciudadanos libres, hay que empezar por desmontar la mentira más cara de todas: el Estado no regala nada; administra dinero ajeno.
