La negación como dogma: la ceguera intelectual del socialismo militante que rehúye reconocer hechos

 

En un mundo donde la información está disponible al instante y los datos económicos y sociales se publican con transparencia, sorprende que todavía haya sectores ideológicos que niegan sistemáticamente la evidencia objetiva cuando contradice su relato. Esta no es una simple discrepancia política: es una ceguera voluntaria que distorsiona el debate público y convierte hechos verificables en fantasmas a eliminar.

1. Argentina: Milei y los logros que algunos se niegan a ver

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, su gestión ha enfrentado resistencias ideológicas feroces. La economía argentina muestra señales de recuperación después de años de hiperinflación crónica: la inflación ha descendido de niveles extremos y el crecimiento económico se ha reactivado, según datos oficiales y proyecciones de organismos multilaterales. A pesar de esto, muchos sectores peronistas y kirchneristas —no pocos con presencia activa en medios y redes— rechazan esos avances como “imposibles” o “falsos”, negándolos antes que analizarlos con objetividad, se niegan a aceptar lo que los números confirman.

Esta actitud no es crítica legítima; es negación ideológica. Cuando los datos reflejan mejoras reales, se acusa a las cifras de “manipulación” o de falta de impacto en la vida cotidiana. Noticieros todos los días tratan de encontrar voces contrarias al régimen. Se oculta la evidencia bajo una narrativa emocional que insiste en que “solo la izquierda entiende a la gente”, aun cuando los indicadores contradigan esa lectura.

2. El Salvador: Bukele y la seguridad que se reduce a ideología

En El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, la tasa de homicidios descendió de niveles entre los más altos del mundo a cifras históricamente bajas, lo que muchos analistas consideran un avance en seguridad y bienestar ciudadano. Aun así, sectores afines al FMLN y aliados políticos insisten en que esos logros son irrelevantes o producto de "transgresiones autoritarias", negando los hechos antes que debatirlos.

Aquí también se evidencia el mismo patrón: cuando la realidad desafía el relato ideológico, se la descarta. La evidencia de mejoras concretas en seguridad se interpreta como propaganda o se ignora por completo, antes que como un indicio de que ciertas políticas pueden estar funcionando, no en vano es el país más seguro de América.

3. EE. UU.: Trump y el doble rasero de la izquierda progresista

Otro caso paradigmático es el de Donald Trump, quien inició su segundo mandato presidencial en 2025 tras ganar las elecciones de 2024. Su gestión ha generado resultados que merecen reconocimiento objetivo: crecimiento económico sostenido en ciertos trimestres, creación de empleo sólido y atención a temas de seguridad nacional y comercio internacional. Pese a ello, muchos críticos en el espectro progresista optan por reducir esos logros a “momentos aislados” o “consecuencias de la administración anterior”, en lugar de reconocer que políticas concretas han generado efectos económicos tangibles.

Algunos sectores incluso insisten en el error de los votantes al elegir según ellos, a un presidente anti inmigración y enemigo de los DDHH. Los indicadores macroeconómicos muestren —en sus propios informes— tasas de crecimiento superiores a las esperadas y mercados alcistas. Sin embargo, se niega todo y se incrementa la crítica política: es el rechazo sistemático de la evidencia por motivos ideológicos.

4. La lógica fallida de negar hechos

¿Qué une estas tres experiencias? En Argentina, El Salvador y Estados Unidos, la respuesta es la misma: negación ideológica ante hechos que contradicen la narrativa dominante del progresismo. Esta actitud no busca explicar o comprender; busca erradicar lo incómodo. Los datos no se debaten, se descalifican. Las cifras no se verifican; se minimizan.

Esta postura tiene consecuencias graves: deteriora la calidad del debate público, alimenta errores conceptuales donde solo se acepta la información que reafirma creencias previas, o mentiras y bloquea la posibilidad de aprendizaje colectivo y corrección de errores. Cuando la evidencia es ignorada por ideología, las sociedades quedan atrapadas en diagnósticos falsos y decisiones pobres.

5. El impacto en la democracia y el progreso

La negación de hechos no fortalece la democracia; la debilita. Un sistema político saludable requiere que todas las partes estén dispuestas a confrontar la realidad —aunque duela— y evaluar políticas con base en evidencia, no en consignas. La honestidad intelectual no es neutralidad moral: es la condición mínima para que la política siga siendo un espacio de mejora y no un teatro de autoengaños.

Negar avances comprobables, no importa de qué gobierno provengan, conduce a una polarización destructiva y a la incapacidad de resolver problemas reales. Y peor aún, perpetúa la idea de que la verdad es relativa y se ajusta según conveniencias.

¿debate o negación?

La ideología no debe ser un escudo para negar hechos. La humildad intelectual exige aceptar lo que funciona, rechazar lo que no, y debatir sin miedo a la evidencia. Cuando una narrativa se aferra a negar la realidad, el problema deja de ser político: se vuelve epistemológico.

En ideas antizurdos creemos que reconocer la realidad, más allá del relato, es un acto de responsabilidad democrática. Celebremos los éxitos cuando ocurren, critiquemos lo que falla, y dejemos de negar lo evidente. La política con honestidad intelectual no es un ideal abstracto: es una necesidad urgente.

Si compartes esta visión, comparte esta entrada y contribuye a que el debate público se sostenga sobre hechos, no sobre negaciones.

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El palo encebado del poder: cuando la izquierda y sus aliados impiden que otros suban

 

Imagina el juego del palo encebado: un tronco alto, embadurnado de grasa, con muchos premios en la punta. Quienes intentan trepar resbalan una y otra vez. Algunos elaboran estrategias, cooperan y logran avanzar; otros, incapaces de subir, prefieren reírse, obstaculizar o tirar a los que lo intentan. Esa escena festiva encierra una metáfora brutal de lo que ocurre en la política latinoamericana: grupos que, al no gobernar, más que competir, se dedican a impedir que otros lleguen. Esa lógica ya no es marginal: ha impregnado el ánimo de muchos jóvenes y adultos, que creen que si ellos no mandan, que nadie progrese, es la nueva oleada latinoamericana de resentidos sociales.

Ecuador: los paros de 2022 y el paro prolongado de 2025

En junio de 2022, Ecuador vivió un Paro Nacional de 18 días, convocado principalmente por la CONAIE organización indígena con mucho poder en la Sierra ecuatoriana, junto con movimientos que se dicen sociales contra políticas de ajuste, aumentos de precios de combustibles y reformas fiscales. Durante esas jornadas, vías fueron bloqueadas, transporte paralizado, instituciones públicas afectadas y quemadas. El gobierno de Guillermo Lasso declaró estado de excepción y acusó intentos de desestabilización. Esa protesta logró que el Ejecutivo retrocediera en algunas medidas y aceptara ciertas negociaciones. Pero el costo: la economía sufrió pérdidas considerables y el Estado cedió ante la presión masiva.

Hoy, en 2025, el país enfrenta un paro que ya supera los 20 días, convocado nuevamente por grupos indígenas y sociales. Lo llamativo: no se comprende con claridad cuáles son todas las demandas unificadas, ni hay consenso sobre metas concretas. Pero el impacto es evidente: paralización, enfrentamientos y presión política constante. Esto es puro engrase del palo: no se están presentando planes para subir, sino bloqueos para que nadie suba. El mensaje subliminal es: “si nosotros no gobernamos, que nadie avance”.

Este tipo de paros prolongados no solo detienen la actividad económica, sino que generan inseguridad, desaliento a la inversión y desgaste institucional. El país se vuelve cautivo del grito más alto, no del proyecto más viable.

Argentina: Milei contra el puerta giratoria peronista-kirchnerista

Javier Milei llegado con promesas de cambio radical, de ajuste y liberalización. Resiste y ataca al poder real del peronismo y del kirchnerismo, el que no se reduce solo al voto: actúan como correas de transmisión que obstaculizan la gobernabilidad. El Congreso, dominado por bloques afines al kirchnerismo, ha aprobado leyes que Milei denuncia como atentados al superávit fiscal y al orden presupuestario, acusando que “tienen una sola agenda: quebrar al Estado nacional”. Cada paso que el presidente intenta dar se encuentra con trabas legislativas, vetos establecidos o dilaciones estratégicas. Esa “oposición institucional” funciona como engrase del palo: mientras Milei pretende escalar, los opositores refuerzan las barreras.

El kirchnerismo no solo aprovecha su estructura partidaria (redes clientelares, presencia territorial, movilización social) sino que también opera mediante mecanismos legislativos, judiciales y mediáticos para desacreditar reformas o cada intento de gobernar con disciplina. La idea permea: “que no funcione si no es con nosotros”. Milei reporta ya desaceleración económica y malestar social, y apunta directamente contra el kirchnerismo opositor como responsable de esa resistencia sistemática. Esa resistencia política activa no legitima el debate, sino que pretende paralizar cualquier avance no alineado con su hegemonía.

Colombia y Chile: paros que retrocedieron logros sociales y económicas

En Colombia, recurrentes paros, bloqueos de vías y protestas en sectores como transporte, salud o educación han generado impactos negativos profundos desde ue gobierna Petro. Las parálisis afectan la cadena productiva, elevan los costos logísticos y reducen la inversión. En momentos críticos de reformas económicas o sociales, esas huelgas funcionan como mecanismo de veto social: no buscan mejorar las políticas sino impedirlas.

Chile, antaño modelo de estabilidad, también ha sufrido una década de lento crecimiento atribuible en parte a cambios políticos internos que modificaron su régimen reformista post 2014. Un estudio sugiere que al menos dos tercios del retroceso en Chile se debe a factores internos (cambios de políticas) más que externos, lo que evidencia que decisiones políticas autorregresivas pueden reprimir el crecimiento.  Cuando las protestas sociales, las expectativas populistas y las trabas legislativas se combinan, el país se detiene. La tensión constante entre demandas inmediatas y gobernabilidad estructural termina ralentizando, no acelerando, el bienestar colectivo.

Esa combinación de activismo y presión permanente desincentiva la inversión, paraliza reformas necesarias y promueve el estatismo clientelar como única salida, desincentivando el mérito y la iniciativa privada.

Reflexión final

El palo encebado no lo gana quien se queja más alto, sino quien persevera, hace estrategia y coopera. En Ecuador, los paros de 2022 y el actual de 2025 muestran cómo la protesta permanente puede volverse arma de estancamiento. En Argentina, la maquinaria peronista y kirchnerista actúa como grasa para que Milei resbale en cada paso que da. En Colombia y Chile, las huelgas y movimientos sociales han revertido avances y desacelerado economías.

Lo dramático es que muchos jóvenes y adultos adoptan esa lógica: si no es mi proyecto y mi líder, que no exista ningún proyecto; si yo no mando, que nadie controle. Eso legitima el sabotaje como método político. La alternativa real no es prohibir protestas (sí reconocer su rol), sino delimitar límites, exigir coherencia, fortalecer instituciones que sancionen bloqueos ilegales y premiar el esfuerzo del que propone.

Mientras América Latina no desengrase ese palo político, seguirá empantanada en el lodo de la mediocridad, celebrando caídas ajenas y temiendo los ascensos dignos.

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Populismo presupuestario vs. responsabilidad fiscal

 

Ecuador en la encrucijada y el ejemplo de Milei en Argentina

Pocas herramientas políticas tienen un impacto tan profundo como el presupuesto estatal. A primera vista, puede parecer un documento técnico, lleno de cifras y cuadros. Pero en realidad es una declaración ideológica, una hoja de ruta de hacia dónde va un país. Y sobre todo: de quién paga el precio de las decisiones del presente.

En Ecuador, la Proforma Presupuestaria 2025 aprobada por la Asamblea Nacional expone de manera clara una realidad alarmante: el gasto público crecerá un 12 % respecto a 2024, mientras los ingresos no crecen al mismo ritmo. El resultado: un déficit fiscal de USD 5 625 millones, equivalente al 4,4 % del PIB. En otras palabras, el Estado gastará mucho más de lo que tiene, apostando a que el futuro lo resuelva.

Este modelo de gestión es ampliamente defendido por sectores de izquierda que insisten, teóricamente, en que el Estado debe “compensar” las fallas del mercado con gasto expansivo. Pero ese discurso ha demostrado tener un alto costo, no solo económico, sino institucional y moral. Y frente a ese paradigma, ya hay un contramodelo funcionando: la Argentina de Javier Milei.

Ecuador: gastar para complacer, sin pagar la factura

La asignación presupuestaria 2025 prioriza áreas como educación, salud y seguridad, lo cual en principio es positivo. Pero el problema no está en qué se gasta, sino en cómo se financia ese gasto. La respuesta es sencilla: con endeudamiento y déficit estructural, lo que posterga las soluciones reales y convierte al Estado en una máquina de generar clientelismo electoral a través de bonos sociales como Jóvenes en Acción o Ecuatorianos en Acción.

Este comportamiento es típico del populismo: utilizar el presupuesto para ganar votos, no para construir institucionalidad. Gasto fácil hoy, crisis mañana. Y mientras tanto, los sectores más pobres creen que están recibiendo ayuda, cuando en realidad están siendo empujados a la dependencia estatal crónica.

Milei y el superávit argentino: cuando la teoría se vuelve práctica

Frente a este modelo populista, Javier Milei en Argentina demostró que sí es posible tener un Estado con superávit fiscal incluso en medio de una crisis heredada. En los primeros siete meses de su gobierno, el Estado argentino logró revertir más de una década de déficits fiscales crónicos, alcanzando superávit financiero y primario consecutivos.

¿Cómo lo hizo?

• Recorte drástico de gasto improductivo.

• Eliminación de subsidios mal diseñados.

• Privatización parcial de empresas ineficientes.

• Reorganización del Estado con enfoque en eficiencia.

• Reducción de privilegios políticos y clientelares.

Muchos sectores de izquierda gritaron “ajuste” y “neoliberalismo salvaje”. Pero los resultados están a la vista: el déficit dejó de ser un dogma inevitable y se transformó en una elección política.

Este es un punto fundamental. Durante años, ciertos teóricos progresistas nos repitieron que “el déficit no importa”, que “el Estado puede gastar sin límites porque emite su moneda” o que “el gasto público genera crecimiento”. Pero estas ideas ya no resisten el análisis empírico. Argentina demostró que la austeridad responsable no solo es posible, sino necesaria para frenar el descalabro de un país.

Populismo fiscal: disfraz de justicia social, arma de destrucción institucional

El populismo fiscal se presenta como política social, pero no es más que una herramienta de control de masas. Consiste en regalar dinero que el Estado no tiene, con el objetivo de crear dependencia emocional, económica y política. Este modelo ha sido la norma en regímenes como los de Chávez, Correa, Cristina Kirchner o Petro, con los resultados que todos conocemos: inflación, deuda, fuga de capitales, y un Estado sobredimensionado e ineficiente.

El caso ecuatoriano no es extremo, pero sí preocupante. Un déficit del 4,4 % del PIB es insostenible para una economía dolarizada, con baja recaudación tributaria, deuda creciente y sin acceso amplio a mercados de crédito. Cada punto de déficit significa mayor dependencia del financiamiento externo o más presión sobre los recortes futuros.

El valor del presupuesto equilibrado

Presupuestar bien no es una obsesión tecnocrática. Es un acto de responsabilidad con el futuro. Significa proyectar ingresos de forma realista, priorizar el gasto que genera retorno social o económico, y evitar el clientelismo.

En contraste con la narrativa del déficit “social”, el superávit permite libertad. Libertad para invertir, para responder a emergencias, para bajar impuestos sin desfinanciar el Estado, y para no caer en manos del FMI o de prestamistas que condicionan desembolsos.

El equilibrio presupuestario permite, además, reconstruir la confianza en el Estado, atraer inversión, reducir la inflación y evitar que los ciudadanos paguen con impuestos futuros o con deterioro de servicios públicos las malas decisiones de hoy.

Ecuador debe elegir entre el futuro o la ficción

La discusión no es técnica, es moral. ¿Debe el Estado seguir siendo una máquina de subsidios y votos, o debe convertirse en un garante de estabilidad y desarrollo a largo plazo?

El caso argentino de Milei ha roto con el mito del “déficit inevitable”. Ecuador puede y debe aprender de esta experiencia. No es populismo o colapso. Hay una tercera vía: la responsabilidad fiscal, la austeridad inteligente, y la eficiencia con rostro humano.

Lo verdaderamente revolucionario hoy no es gastar más, sino gastar mejor y dentro de las posibilidades reales. Eso exige carácter, visión y liderazgo. Cualidades que escasean en el populismo, pero que son urgentes para rescatar a Ecuador del estancamiento.

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