Dr. Armando José Urdaneta Montiel
Uno de los errores más frecuentes del debate político contemporáneo consiste en asumir que la democracia es la fuente última de los derechos. Esta idea, ampliamente difundida por las corrientes colectivistas y socialdemócratas modernas, sostiene que la voluntad de la mayoría puede redefinir continuamente los derechos individuales en función de los fines sociales que considere deseables. Sin embargo, esta visión invierte el orden lógico e histórico sobre el cual se construyó el Estado moderno.
Los derechos fundamentales no nacen del Estado ni de las mayorías. Por el contrario, la razón de ser del Estado es precisamente la protección de derechos que preexisten a toda organización política. La vida, la libertad y la propiedad no son concesiones otorgadas por gobernantes, parlamentos, asambleas o tribunales; son atributos inherentes al individuo. Esta fue la gran contribución de la tradición liberal clásica desarrollada por John Locke y posteriormente ampliada por autores como Frédéric Bastiat, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Robert Nozick y Murray Rothbard.
Si aceptamos que los derechos son anteriores al Estado, entonces surge una conclusión inevitable: ninguna mayoría puede poseer legítimamente la facultad de eliminarlos. Una votación puede determinar quién gobierna, pero no puede transformar en moral aquello que constituye una agresión contra los derechos individuales. Si el noventa por ciento de la población decidiera expropiar arbitrariamente los bienes del diez por ciento restante, esa decisión podría ser legal bajo determinadas circunstancias institucionales, pero jamás sería justa. La democracia puede producir decisiones, pero no puede convertir la injusticia en justicia mediante el simple conteo de votos.
El problema fundamental de las doctrinas colectivistas radica en que sustituyen al individuo por abstracciones como “la sociedad”, “el pueblo”, “la comunidad” o “la voluntad general”. Sin embargo, estas entidades no actúan, no producen, no intercambian ni asumen los costos de las decisiones. Quienes actúan son individuos concretos. Son los individuos quienes crean empresas, generan riqueza, innovan, ahorran, invierten y asumen riesgos. Cuando el Estado interviene en nombre de supuestos intereses colectivos, inevitablemente termina vulnerando los derechos de personas específicas para beneficiar a un colectivo.
La experiencia histórica ofrece abundante evidencia sobre las consecuencias de este enfoque. Allí donde el poder político ha subordinado sistemáticamente los derechos individuales a objetivos colectivos, se han debilitado los incentivos para producir, invertir y emprender. La expansión de la intervención estatal, los controles económicos, las expropiaciones, la inseguridad jurídica y la redistribución coercitiva han generado estancamiento económico, pobreza y deterioro institucional. El caso venezolano constituye uno de los ejemplos más dramáticos de cómo la concentración de poder político y económico en manos del Estado puede destruir en pocas décadas el capital físico, institucional y humano acumulado durante generaciones.
Por el contrario, las sociedades que han alcanzado mayores niveles de prosperidad son aquellas que han protegido con mayor firmeza los derechos de propiedad, la libertad contractual, la estabilidad monetaria y el Estado de derecho. La riqueza no surge de decretos gubernamentales ni de planes centralizados. Surge de millones de decisiones individuales coordinadas mediante intercambios voluntarios en mercados libres. La cooperación social no requiere coerción permanente; requiere reglas claras que permitan a las personas perseguir sus propios proyectos de vida respetando los derechos de los demás.
Por esta razón, la pregunta fundamental de la política no debería ser quién gobierna, sino cuáles son los límites que ningún gobernante puede traspasar. La democracia es un mecanismo para seleccionar autoridades, pero no constituye una fuente ilimitada de poder. Cuando las mayorías pueden redefinir arbitrariamente los derechos individuales, la democracia deja de ser un instrumento de libertad para convertirse en una herramienta potencial de opresión.
La verdadera función de una constitución consiste precisamente en establecer fronteras infranqueables para el poder político. Esas fronteras protegen al individuo frente a la arbitrariedad de reyes, dictadores, burócratas y también frente a la arbitrariedad de las mayorías. En última instancia, una sociedad libre no se define por la cantidad de personas que participan en las decisiones políticas, sino por el grado en que los derechos individuales permanecen protegidos frente al poder, cualquiera sea el origen de ese poder.
La historia de la evidencia empírica demuestra que la libertad económica, la propiedad privada y el respeto a los derechos individuales no son obstáculos para el progreso social; son sus condiciones indispensables. Allí donde el individuo es libre para crear, producir e intercambiar, florecen la prosperidad y la movilidad social. Allí donde el Estado se arroga la facultad de decidir cómo deben vivir las personas y cómo deben utilizarse los frutos de su trabajo, la libertad retrocede y con ella las oportunidades de desarrollo humano.
La libertad no se somete a votación. Comenta qué opinas: ¿puede una mayoría decidir sobre los derechos individuales de una minoría? Comparte esta entrada y sigue Ideas Antizurdos para más análisis sobre libertad, economía y poder político.
