xiste una extraordinaria facilidad política para transformar necesidades en derechos. Necesitamos alimentación, educación, atención médica y vivienda. De esa realidad algunos dan un salto mucho más discutible: si alguien necesita una vivienda y otra persona posee una que no utiliza o alquila, ¿por qué no debería ocuparla?
Respuesta. Porque tiene dueño.
Parece una respuesta demasiado sencilla para nuestros tiempos, pero detrás de ella se encuentra uno de los fundamentos intelectuales del liberalismo: la propiedad privada establece una frontera entre aquello que legítimamente pertenece a una persona y aquello sobre lo cual los demás —incluido el Estado— no pueden disponer arbitrariamente.
La vivienda digna o bien construida, puede constituir un objetivo legítimo de política pública. Otra cuestión completamente diferente es sostener que esa necesidad genera automáticamente un derecho sobre la vivienda concreta de otra persona.
Locke: la sociedad existe también para proteger lo que es nuestro
La discusión tiene varios siglos.
John Locke sostuvo en su Segundo tratado sobre el gobierno civil que los individuos se incorporan a la sociedad política buscando la preservación mutua de sus “vidas, libertades y posesiones”, elementos que agrupaba bajo una concepción amplia de propiedad.
La idea es fundamental.
La propiedad no existe porque el gobierno graciosamente permita que tengamos cosas. Desde la perspectiva lockeana, ocurre aproximadamente al contrario: una de las razones por las cuales necesitamos instituciones, leyes y jueces es precisamente para garantizar derechos frente a la invasión de terceros.
Por eso la okupación plantea un problema mucho más profundo que encontrar una familia viviendo en una casa vacía.
La pregunta relevante es: ¿quién decide legítimamente sobre esa casa?
Si la respuesta deja de ser su propietario y pasa a ser cualquiera que considere necesitarla más, el concepto mismo de propiedad comienza a vaciarse.
La necesidad no transmite títulos de propiedad
Aquí aparece la gran confusión.
Que alguien necesite vivienda no significa que tenga derecho a tu vivienda.
Que alguien necesite comida tampoco significa que pueda entrar en un supermercado y llevarse gratuitamente lo que necesite. Que una persona necesite transporte no le concede la propiedad del automóvil estacionado del vecino.
Las sociedades civilizadas crean mecanismos para atender situaciones de necesidad sin convertir al ciudadano escogido accidentalmente en financiador forzoso de la política social.
El principio fue expresado brillantemente por Frédéric Bastiat en La Ley: “no es porque los hombres hayan promulgado leyes que la personalidad, la libertad y la propiedad existen”; sostenía que precisamente porque esas realidades preexisten, los hombres establecen leyes para protegerlas.
La consecuencia liberal es contundente: la ley debería proteger la propiedad, no seleccionar políticamente cuándo resulta aceptable vulnerarla.
“Pero pertenece a un fondo buitre”
Y entonces aparece el argumento favorito: la vivienda no pertenece a una humilde familia, sino a un banco, una inmobiliaria o uno de esos temibles “fondos buitres”.
¿Y?
Podemos criticar sus prácticas comerciales. Podemos exigir que cumplan contratos, regulaciones e impuestos. Podemos perseguir judicialmente cualquier ilegalidad que cometan.
Pero existe un principio jurídico extremadamente peligroso si lo abandonamos: los derechos no deberían depender de cuánto nos simpatice su titular.
Hoy justificamos ocupar la propiedad de un fondo.
Mañana será la vivienda de alguien que posee tres apartamentos.
Después, la del propietario de dos.
¿Dónde exactamente aparece la frontera?
La respuesta lógica es mucho menos emocionante: en la ley y en el derecho de propiedad, no en la simpatía política que despierte el propietario frente a agrupaciones autodenominadas sociales.
Si queremos vivienda social, paguémosla entre todos
Este es probablemente el punto más importante.
Si una sociedad considera necesario proporcionar vivienda social a determinadas familias, puede hacerlo democráticamente.
Que el Estado construya vivienda con los impuestos que roba a las personas.
Que subsidie temporalmente alquileres a hogares vulnerables.
Que libere suelo.
Que elimine restricciones absurdas a la construcción.
Que facilite mayor oferta inmobiliaria.
Que establezca programas transparentes financiados mediante el presupuesto público.
Pero no llamemos “política social” a colocar el costo sobre el propietario cuya vivienda fue ocupada.
Si la política beneficia a la sociedad, debe financiarla la sociedad o los políticos?.
Convertir una propiedad privada en vivienda social de facto significa privatizar el costo de una decisión supuestamente colectiva.
Curiosa solidaridad aquella en la que todos somos solidarios utilizando la casa de otro.
Mises: propiedad no significa defender a los ricos
Ludwig von Mises llevó el argumento todavía más lejos. En Liberalismo, resumió provocativamente el programa liberal en una palabra: “propiedad”, entendida fundamentalmente como propiedad privada de los medios de producción.
Pero Mises hizo una precisión que suele desaparecer del debate: el liberalismo no defiende la propiedad privada simplemente para beneficiar a los propietarios. La defiende porque considera que una economía organizada sobre derechos de propiedad genera cooperación, inversión y mayores niveles de producción.
Aplicado a la vivienda, el razonamiento económico resulta bastante claro.
Si construir o alquilar implica un riesgo creciente de no recuperar el inmueble, cambia el cálculo económico del propietario.
Algunos exigirán mayores garantías.
Otros incorporarán ese riesgo al alquiler.
Otros retirarán sus viviendas del mercado.
Y potenciales inversionistas pueden decidir construir en otra actividad o jurisdicción.
La inseguridad jurídica tiene precio.
Y muchas veces termina pagándolo precisamente quien busca vivienda.
Una casa vacía continúa teniendo propietario
Otro argumento frecuente sostiene que una vivienda vacía estaría socialmente “desperdiciada”.
Puede estarlo.
Pero nuevamente debemos preguntarnos quién decide.
Un automóvil utilizado solamente los fines de semana pasa la mayor parte del tiempo estacionado. Una habitación de nuestra casa puede permanecer vacía. Una parcela puede no estar siendo explotada con su máxima productividad.
Si el criterio para conservar una propiedad fuese demostrar constantemente que estamos haciendo con ella el uso que otra persona considera socialmente óptimo, ya no tendríamos auténtica propiedad privada, sino una concesión condicionada por terceros.
Eso no significa que la propiedad carezca de límites. Ningún liberalismo jurídicamente serio sostiene que poseer algo autorice a contaminar la propiedad vecina, incumplir contratos o causar daños a terceros.
Significa algo diferente: las restricciones necesitan reglas generales, procedimientos legales y garantías.
La solidaridad no requiere destruir la propiedad
Una persona desalojada con niños merece una respuesta humanitaria.
Una familia sin vivienda merece políticas públicas eficaces.
Un propietario también merece que su casa continúe siendo suya.
Estas afirmaciones no son contradictorias.
El error comienza cuando convertimos al propietario en responsable individual de solucionar un problema social que corresponde a toda la comunidad.
Bastiat entendió perfectamente esa frontera cuando vinculó personalidad, libertad y propiedad, considerando la ley como organización colectiva de la legítima defensa de esos derechos.
La tradición liberal contiene aquí una enseñanza extraordinariamente vigente.
Ayudar al necesitado no requiere entregar lo ajeno.
El Estado puede construir vivienda social. Puede proporcionar asistencia. Puede crear mejores condiciones para que aumente la oferta. Puede proteger a familias vulnerables.
Pero el derecho a recibir ayuda para acceder a una vivienda no puede convertirse silenciosamente en derecho a quedarse con la vivienda de otro.
Porque una sociedad donde la propiedad solamente se respeta mientras nadie manifieste necesitarla más que su propietario no ha descubierto una forma superior de solidaridad.
Ha convertido la propiedad en algo provisional.
Y cuando nadie puede estar seguro de conservar aquello que legítimamente adquiere, trabaja, ahorra o construye, el problema ya no afecta únicamente a los propietarios.
Afecta a la libertad de todos.
¿Debe una sociedad resolver la escasez de vivienda debilitando la propiedad privada o aumentando las oportunidades para acceder a ella? Comparte esta entrada de Ideas Antizurdos y abre el debate sobre vivienda, libertad y propiedad.
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