Las primarias nacieron con una promesa razonable: impedir que las candidaturas sean definidas en una mesa pequeña, entre caudillos dueños de partidos o movimientos políticos, financistas y operadores. En teoría, sirven para abrir los partidos, ordenar la competencia, legitimar liderazgos y darle al ciudadano o al militante supuestamente algún poder real antes de la elección general. Desde una visión liberal, su pertinencia democrática depende de una condición básica: que amplíen la libertad de elegir y reduzcan el control oligárquico de las élites partidarias. En la práctica, las primarias no contribuyen a la democracia interna y pasan a ser una ceremonia de legalización de decisiones tomadas de antemano.
En Ecuador, el Código de la Democracia y el reglamento de democracia interna permiten que las organizaciones políticas seleccionen candidaturas mediante primarias abiertas, cerradas o elecciones representativas. El propio reglamento del CNE señala que las organizaciones pueden optar por modalidades abiertas, cerradas o representativas; en las abiertas pueden participar ciudadanos mayores de 16 años en goce de derechos, mientras que en las cerradas participan afiliados o adherentes permanentes. Además, las elecciones representativas pueden operar mediante delegados que votan en asambleas o convenciones.
El problema ecuatoriano no está en la existencia formal de esas modalidades, sino en su uso político. La ley crea un procedimiento; la cultura partidaria lo convierte en trámite. En las elecciones seccionales y del CPCCS 2027, el calendario fijó el período de democracia interna del 18 de junio al 2 de julio de 2026, con 235 organizaciones políticas habilitadas para participar. Es decir, el país no tiene escasez de membretes electorales; tiene escasez de partidos vivos, con militancia real, deliberación y competencia interna verificable.
Si algo merece ser criticado es que: una primaria no es democrática porque exista un acta, una convocatoria, una mesa, un padrón y una foto. Es democrática si hay competencia, información, participación significativa y posibilidad real de derrotar a la línea oficial del partido. De lo contrario, se produce la escena conocida: organizaciones que declaran miles de afiliados terminan eligiendo candidatos con un puñado de asistentes, muchas veces bajo una votación cantada, simbólica o decidida antes de iniciar la asamblea. Esa idea ya estaba planteada en el texto base: la democracia interna ecuatoriana corre el riesgo de convertirse en “democracia simulada”, donde se cumple el rito, pero no necesariamente se produce representación legítima.
Comparado con América Latina, Ecuador no es una excepción; es parte de una tendencia regional. En Argentina, las PASO fueron diseñadas como primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El modelo tiene una ventaja: obliga a medir fuerzas en una jornada nacional y reduce la discrecionalidad partidaria. Pero también tiene un defecto evidente: muchas veces funciona más como gran encuesta nacional financiada por el Estado que como verdadera selección competitiva de candidaturas. Incluso análisis periodísticos han señalado que, en varios casos, las candidaturas ya llegan acordadas por las cúpulas antes de la primaria.
Chile ofrece una experiencia más interesante. Sus primarias legales han sido utilizadas por coaliciones para ordenar liderazgos presidenciales. La evidencia reciente muestra una asociación positiva entre participación en primarias y desempeño posterior del candidato de coalición, lo que sugiere que una primaria con participación real puede movilizar, legitimar y proyectar electoralmente a quien gana. Pero ahí está la clave: no basta con convocar; debe haber participación suficiente y competencia creíble.
Uruguay, por su parte, ha usado elecciones internas obligatorias para los partidos, aunque no necesariamente obligatorias para todos los ciudadanos. Su virtud es institucionalizar la competencia partidaria y ordenar corrientes internas. Su límite es que la participación voluntaria puede concentrar la decisión en militancias más intensas, no siempre representativas del elector promedio. Colombia, en cambio, ha combinado consultas interpartidistas y mecanismos de coalición, útiles para articular bloques, pero también expuestos al cálculo estratégico, al voto cruzado y a acuerdos de élite.
La literatura comparada sobre primarias en América Latina reconoce que los métodos de selección varían entre control de élites, convenciones y votación de militantes o ciudadanos. También sostiene que la selección mediante votantes puede aumentar independencia del candidato y legitimidad democrática, aunque no elimina costos, divisiones internas ni manipulación estratégica.
Para un liberal, las primarias son pertinentes solo si cumplen tres funciones: limitar el poder del caudillo, transparentar la competencia y acercar la decisión al ciudadano. Si sirven para ampliar la libertad política, son sanas. Si se usan para maquillar decisiones cerradas, son una farsa cara. El liberalismo no defiende procedimientos por romanticismo institucional; los defiende cuando reducen arbitrariedad, abren competencia y hacen responsable al poder.
Ecuador debería exigir más que actas. Debería publicar número de afiliados habilitados, asistentes efectivos, porcentaje de participación, método de votación, número de listas internas, resultados desagregados, impugnaciones y financiamiento del proceso. Sin esos datos, la democracia interna seguirá siendo un teatro: muchos símbolos, muchas banderas, muchos discursos de pueblo, pero poca libertad real para escoger.
La conclusión es clara: las primarias son buenas para la democracia cuando son competencia; son dañinas cuando son simulacro. En América, el desafío no es inventar más normas, sino obligar a que los partidos demuestren vida interna. Porque un partido que no practica democracia puertas adentro difícilmente puede ofrecer democracia puertas afuera.
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