El fraude del populismo fiscal: ¿Subir el IVA para ayudar a los pobres?

 

En América Latina, el populismo no solo ha deformado el discurso político, también ha contaminado la política fiscal. Una de las mayores falacias difundidas por los sectores de izquierda es que subir impuestos como el IVA es una forma de "solidaridad" y de "redistribuir la riqueza". La realidad es otra: se trata de un mecanismo regresivo, manipulador y funcional al clientelismo estatal que tanto daño ha hecho a nuestras economías.

El engaño de los impuestos para los pobres

Los gobiernos populistas, con el puño en alto y el discurso moralista, suelen justificar la subida del IVA argumentando que es necesario para financiar programas sociales, salud, educación y subsidios. Sin embargo, el IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un impuesto indirecto y regresivo: es decir, lo pagan más los que menos tienen, porque no distingue entre ricos y pobres.

Cuando un ciudadano humilde compra arroz, aceite o papel higiénico, paga el mismo porcentaje de IVA que un millonario comprando un perfume de lujo. Así, los sectores populares terminan financiando un aparato estatal ineficiente, inflado y, muchas veces, corrupto.

¿Y el gasto público de calidad? Un mito populista

Los defensores del populismo económico aseguran que, si el gasto público es de “calidad”, los impuestos sí pueden redistribuir. El problema es que en América Latina esa “calidad” es casi una utopía. Veamos algunos ejemplos:

• Perú aplica un IVA del 18%, uno de los más altos de la región. A pesar de eso, la informalidad laboral supera el 70% y gran parte del gasto público termina en burocracia central o regional. Se prometen mejoras en salud y educación, pero los hospitales dicen otra cosa y el sistema educativo sigue careciendo de infraestructura básica.

• Colombia, por su parte, tiene un IVA del 19%. En los últimos años, cada intento de reforma tributaria para aumentar aún más la carga fiscal ha desatado fuertes protestas sociales. La razón es clara: los ciudadanos perciben que pagan mucho y reciben poco. Además, el gasto sigue concentrado en clientelas políticas y programas poco eficientes.

• Argentina, con un IVA del 21%, justificó hasta antes de la llegada del presidente Milei sus altos impuestos en nombre de la justicia social. Sin embargo, el resultado fue un Estado inflado e ineficaz: escuelas públicas de mala calidad, hospitales usados para el clientelismo fronterirzo y planes sociales que crean dependencia, no desarrollo.

• Brasil tiene un sistema tributario complejo, pero el IVA (conocido como ICMS o IPI, según el caso) ronda el 17% promedio. Pese a la altísima carga fiscal, el país enfrenta servicios públicos deficientes, altos niveles de corrupción y gasto público descontrolado que no se traduce en calidad de vida para los más pobres.

• Ecuador, en su crisis de 2019, intentó subir el precio de los combustibles y defendió la necesidad de aumentar la recaudación, ahora tiene un IVA de 15% justificado para la aumentar la seguridad ciudadana. Sin embargo, gran parte del gasto público seguía yendo a salarios del sector público, viajes oficiales y subsidios mal focalizados. 

El populismo necesita recursos: ¿Quién paga la fiesta?

El populismo político, para sostenerse, necesita clientelas. Y para mantener esas clientelas, necesita gastar. Como no puede producir riqueza, recurre a exprimir al sector privado, al emprendimiento y al consumo con más impuestos. El aumento del IVA es una de las formas más cómodas: es fácil de recaudar y produce mucho dinero… pero destruye poder adquisitivo, ahuyenta la inversión y castiga al trabajador honesto.

El problema de fondo no es cuánto recauda el Estado, sino cómo y en qué gasta. Si el gobierno fuera una empresa, estaría quebrada hace años. Pero gracias al populismo, se sigue sosteniendo a costa del esfuerzo del ciudadano común, mientras los verdaderos privilegiados del sistema (burócratas, operadores políticos, consultores ideológicos) viven del erario.

El discurso moralista que esconde la verdad

Muchos caen en la trampa de pensar que rechazar impuestos altos es ser “insensible” o “antipobre”. Nada más lejos de la verdad. Quienes defendemos una economía libre y responsable sabemos que:

• Menores impuestos permiten mayor actividad económica y más dinero en el bolsillo de las personas.

• Más empleo significa menos necesidad de subsidios.

• Menos burocracia significa más eficiencia.

No se trata de abandonar al pobre, sino de dejar de usarlo como excusa para robar, mentir y sostener sistemas fracasados.

Finalmente: menos populismo fiscal, más libertad

Subir el IVA no es progresista, es cobarde. Es hacerle pagar al panadero, al obrero y al vendedor informal la cuenta de un Estado ineficiente. La solución no está en más impuestos, sino en menos gasto inútil, más transparencia y más libertad económica. Ya es hora de despertar del engaño populista.

¿Te has preguntado…?

• ¿Por qué si suben los impuestos no mejora tu escuela ni tu hospital?

• ¿Quién se beneficia realmente del gasto público?

• ¿El populismo fiscal te empodera o te empobrece?

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Por qué el Socialismo siempre falla: Algunas lecciones de América Latina.

El odio al Dólar y al Libre Comercio en los países Bolivarianos

Los gobiernos socialistas de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba tienen algo en común, implementan las mismas políticas económicas con algunas pequeñas diferencias. Lo cierto es que siempre incluyen una fuerte intervención estatal en la economía, tienen un recurrente odio al dólar estadounidense, al libre comercio y a la propiedad privada. Sus características comunes son: incremento del gasto fiscal y la tendencia a conformar un Estado con una estructura administrativa grasosa. A continuación, se analizan estas características y se destacan los paralelismos entre estos países, resaltando la recurrencia de dichas medidas.

Intervención Estatal y Aversión a la Propiedad Privada

En estos países, el Estado desempeña un papel central en la economía, asumiendo el control de sectores estratégicos y limitando la participación del sector privado. En Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, se llevaron a cabo numerosas nacionalizaciones en áreas como petróleo, electricidad y telecomunicaciones, con el objetivo de reducir la influencia extranjera y promover la "democratización económica" a los pocos años solo se tuvo empresas sin crecimiento y con activos obsoletos, se redujo la inversión interna, destruyendo la estructura nacionalizada. De manera similar, Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales, nacionalizó la industria del gas y el petróleo en 2006, buscando recuperar el control de los recursos naturales para el Estado. A la fecha, con Luis Arce de presidente, la industria del gas ha perdido fuerza en Sudamérica y necesita fuertes inversiones para subsistir.

En Cuba, desde la Revolución de 1959, la economía ha estado mayoritariamente en manos del Estado, con una mínima participación del sector privado. Aunque recientemente se han permitido pequeñas empresas privadas, estas operan bajo estrictas regulaciones y limitaciones que terminan haciendo inoperable una iniciativa privada. Nicaragua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, ha seguido una trayectoria similar, con políticas que favorecen el control estatal sobre sectores clave de la economía y una postura crítica hacia la propiedad privada que no es de la familia del presidente Ortega.

Aversión al Dólar Estadounidense y al Libre Comercio

Estos gobiernos siempre muestran una postura crítica hacia el dólar estadounidense y han buscado alternativas para reducir su dependencia de esta moneda, le llaman hegemonía imperialista de la moneda. Por ejemplo, Venezuela impulsó la creación del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), una moneda virtual destinada a facilitar el comercio entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con el objetivo de disminuir la hegemonía del dólar en la región, al final sirvió como medio para lavar activos en Ecuador importando y exportando de manera ficticia bienes, esto sigue un proceso legal aún en Ecuador por un perjuicio al Banco Central.

Bolivia también ha promovido la "bolivianización" de su economía, incentivando el uso de la moneda local en lugar del dólar para protegerse de posibles crisis económicas. Sin embargo, los bolivianos siguen guardando sus ahorros en dólares. Cuba, por su parte, ha implementado medidas para captar divisas extranjeras, como la apertura de tiendas que solo aceptan dólares, aunque esto ha generado más desigualdades entre la población que no tiene acceso a las remesas enviadas desde los Estados Unidos. Nicaragua ha mantenido una postura crítica hacia el dólar y ha buscado fortalecer su moneda local a través de políticas monetarias y fiscales, que a la larga solo benefician a los poseedores de dólares que son las familias del poder que manejan la principales exportaciones del país

En cuanto al libre comercio, estos países han sido reticentes a integrarse en acuerdos que consideren contrarios a sus modelos económicos. En lugar de ello, han promovido alianzas alternativas como el ALBA, que sigue buscando una integración regional basada en la solidaridad y la complementariedad socialista, en contraposición a los tratados de libre comercio tradicionales con Europa y Estados Unidos.

Incremento del Gasto Fiscal y expansión del Estado

Una característica común en estos gobiernos es el aumento significativo del gasto público, orientado supuestamente a financiar programas sociales y subsidios, que terminan ensanchando la masa de beneficiarios sin que tenga fin la aparente ayuda. En Venezuela, el presupuesto para 2025 aumentó un 11% en comparación con el año anterior, alcanzando los 22.671 millones de dólares según Reuters y otras agencias de noticias. Este incremento del gasto por supuesto viene acompañado de una expansión de la burocracia estatal, lo que perpetúa ese "Estado obeso" con estructuras administrativas amplias y, en ocasiones, ineficientes que son más militantes que competitivas

Paralelismos y repetición de medidas

Si analizan las políticas económicas de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba, se observan patrones similares que reflejan una visión compartida sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad. La intervención estatal, la aversión al dólar y al libre comercio, y el incremento del gasto público son medidas recurrentes en estos países. La gran mentira es que estas políticas buscan la justicia social y la equidad, pero en la práctica han generan más inflación, escasez de bienes y servicios y la dependencia a importaciones. Terminan destruyendo la industria nacional, para crear empresas con manejo político que son las proveedoras de bienes de consumo como el caso de las cajas CLAP en Venezuela, o de alimentos en Cuba, todas ellas empresas gerenciadas por militares afines a los gobiernos socialistas.

El grave error

Creer que los gobiernos socialistas pueden crear un modelo alternativo al capitalismo tradicional, sin entender cómo funciona el mercado, los precios, la producción y la competitividad. La experiencia ha demostrado que una intervención estatal excesiva y la limitación de la iniciativa privada pueden conducir a ineficiencias económicas y afectar negativamente el bienestar de la población, no en vano tienen altos niveles de inflación desabastecimiento de productos, y crisis en infraestructura.

Sígueme y te invito a que comentes sobre la pregunta: ¿Hasta cuándo seguiremos repitiendo los errores del socialismo? ¡Lee, reflexiona y únete al debate!

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Los aportes para reducir la desigualdad

 

Lo clásico del relato de la desigualdad

La clásica confiable en la política es hablar en cualquier momento de desigualdad social y económica. Los ultra izquierda que se visten de todos los colores, siempre le echan la culpa a la ignorancia de no entender sobre cómo funcionan los mercados y la iniciativa privada. Repiten y repiten que las personas por encima del capital y del mercado. Estas palabras son ampliamente difundidas, simplificando en exceso las dinámicas económicas y sociales,  ignorando los datos históricos y empíricos que demuestran un panorama más complejo.

La realidad detrás de la desigualdad

La desigualdad es un fenómeno multifacético que depende de una serie de factores, incluyendo políticas públicas, estructuras institucionales, educación, acceso a la tecnología, e incluso patrones culturales. Si bien es cierto que los sistemas basados en mercados libres pueden generar disparidades económicas en el corto plazo debido a la competencia y la especialización, también han demostrado ser efectivos en la reducción de la pobreza y en la creación de oportunidades económicas en el largo plazo, esto último es olvidado a propósito por los agoreros del mal, esos intelectuales orgánicos como decía Gramsci al servicio de la izquierda revolucionaria.

Datos relevantes sobre desigualdad y liberalismo

1. Reducción global de la pobreza extrema: Según datos del Banco Mundial, en 1981, el 42.7% de la población mundial vivía en pobreza extrema (menos de $2.15 al día). Para 2019, esta cifra se había reducido al 9.2%. Gran parte de este progreso puede atribuirse a la expansión de economías abiertas y al comercio internacional, que se puede evidenciar con fuerza en la Argentina del 2025, cuando el indicador de pobreza de 54% pasó a menos del 40% en un solo año usando la lógica de la calidad del gasto.

2. Crecimiento en economías de mercado: Países como China e India, que adoptaron gradualmente políticas de mercado en las últimas décadas, experimentaron un crecimiento económico sin precedentes. Solo en China, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza desde la apertura económica iniciada en los años 80. Lo que no ocurre en Cuba por ejemplo con más de 60 años usando políticas de control de la producción y con restricciones en el uso de propiedad.

3. Innovación y acceso a bienes: Los sistemas liberales han impulsado avances tecnológicos que, aunque en un inicio se concentran en grupos específicos, terminan beneficiando a la mayoría de la población. Ejemplos como los teléfonos inteligentes, el acceso a internet y las vacunas contra enfermedades reflejan cómo la competencia en mercados abiertos amplifica el acceso a bienes y servicios en todas las capas sociales. Como ejemplo de ello es Israel y Estados Unidos que lideran la producción de patentes, caso que no sucede en países marxista y socialistas en Africa y Asia.

El papel de las políticas públicas

Aunque el liberalismo ha sido un motor de desarrollo económico, la desigualdad no es un problema que se soluciona únicamente con el crecimiento del PIB. Es aquí donde entra el rol de las políticas públicas. Los Estados pueden y deben implementar medidas redistributivas, como impuestos progresivos y programas sociales, para garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos.

En este sentido, es importante señalar que los países con menor desigualdad relativa, como los nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega), combinan economías de mercado abiertas con políticas públicas robustas. Esto demuestra que el problema no radica en el liberalismo en sí, sino en cómo se gestiona y regula para equilibrar los resultados. Lo contrario siempre implica mayor desigualdad con mayor uso de recursos de los impuestos cobrados.

¿Qué se necesita para acabar con el mito?

1. Educación económica: Muchos mitos en torno al liberalismo surgen de una falta de comprensión sobre cómo funcionan los mercados y cómo interactúan con las políticas públicas. Mejorar la educación económica podría disipar creencias infundadas, un reto desde la parte inicial de la educación pública y privada.

2. Datos por encima de ideologías: Los debates sobre desigualdad deben estar informados por datos objetivos. Culpar al liberalismo de manera generalizada ignora que otros sistemas, como los regímenes centralizados de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán, por mencionar algunos, han generado desigualdades aún más marcadas en mujeres y jóvenes. Seguimos creyendo en las mentiras de salud de excelencia y educación de calidad en Cuba, cuando las evidencias confirman que sus sistemas sanitarios y educativos viven en crisis y son verdaderos desastres.

3. Énfasis en la inclusión: El liberalismo del siglo XXI incorpora enfoques tecnológicos nuevos que priorizan la igualdad de oportunidades, el claro ejemplo, el uso de internet y de celulares de bajo costo. Las nuevas modalidades de educación son parte de estas propuestas de reducción de desigualdades.

"La desigualdad no es un defecto inevitable del liberalismo, sino una oportunidad para afinar su aplicación en beneficio de todos".

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Cuestionando la narrativa del cambio climático: ¿una herramienta de control social?

 

El cambio climático ha sido el tema central de debates científicos, políticos y mediáticos durante décadas. Sin embargo, detrás de esta narrativa aparentemente consensuada, surgen preguntas incómodas y discrepancias que se silencian en nombre de una agenda global propuesta por la ONU con sus diferentes nombres. Más allá de las evidencias de variaciones climáticas, ¿es posible que estemos ante un relato de ingeniería social diseñado para controlar a las personas a través de algo tan fundamental como la alimentación?

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Evidencias del pasado: ¿natural o antropogénico?

La historia climática de la Tierra revela fluctuaciones significativas que ocurrieron mucho antes de la Revolución Industrial. Por ejemplo, el Período Cálido Medieval (siglos X-XIII) y la Pequeña Edad de Hielo (siglos XIV-XIX) fueron eventos climáticos que transformaron ecosistemas, economías y civilizaciones, sin intervención humana significativa. Estos cambios, impulsados por factores naturales como ciclos solares y actividad volcánica, evidencian que el clima de la Tierra es dinámico y responde a fuerzas naturales complejas.

Sin embargo, la narrativa dominante ignora estas realidades históricas, concentrándose en atribuir las variaciones climáticas exclusivamente a la actividad humana con énfasis en el mundo capitalista. ¿Por qué se desestima la influencia de fenómenos naturales? ¿Es un descuido científico o una estrategia deliberada?

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El cuestionable rigor de los modelos climáticos

Los modelos climáticos, la base de las proyecciones catastróficas que justifican políticas restrictivas, están plagados de supuestos y estimaciones. De acuerdo con numerosos análisis, estas simulaciones han sobrestimado consistentemente el aumento de temperaturas y niveles del mar. Aunque los defensores de estas predicciones insisten en su precisión, las discrepancias son evidentes cuando fallan las inundaciones de ciudades costeras predecidas por el exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore hace más de una década. ¿Podemos basar transformaciones sociales y económicas radicales en herramientas científicas que no ofrecen certeza?

Además, algunos datos climáticos históricos presentan inconsistencias. Por ejemplo, la correlación entre niveles de CO2 y temperaturas globales no siempre es directa. Mientras que el CO2 se demoniza como el villano principal, paradójicamente, este gas se utiliza en invernaderos para estimular el crecimiento de cultivos. ¿Cómo justificamos esta contradicción en un mundo que supuestamente está en crisis por el aumento del carbono atmosférico?

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El alimento como arma de control

La transición hacia modelos de producción agrícola "ecológicos" y "sostenibles" es presentada como una solución necesaria para frenar el cambio climático. Sin embargo, estas iniciativas parecen más orientadas a limitar la soberanía alimentaria que a proteger el medio ambiente. La promoción de dietas a base de insectos y restricciones a la producción ganadera son ejemplos de medidas que, en nombre del clima, podrían desestabilizar la seguridad alimentaria, particularmente en los países en desarrollo.

Es crucial analizar cómo estas políticas afectan a las economías agrícolas tradicionales. ¿Estamos priorizando una narrativa ambientalista sobre las necesidades básicas de millones de personas? Además, ¿quién se beneficia realmente de esta transición? Las élites que controlan los sistemas agrícolas globales parecen ganar mientras las poblaciones locales pierden. Averiguar sobre los intentos de cambiar el consumo de carne de res a carne sintética de Bill Gates confirma esta idea.

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¿Cambio climático o agenda política?

Las políticas climáticas actuales están diseñadas para transformar radicalmente nuestras formas de vida, desde cómo comemos hasta cómo generamos energía. Sin embargo, estas transformaciones tienen costos sociales y económicos que recaen desproporcionadamente en las poblaciones más vulnerables. A medida que se implementan estas políticas, surge una pregunta inevitable: ¿es el cambio climático un problema ambiental o un pretexto para implementar un nuevo sistema de control global?

Las evidencias sugieren que el clima está cambiando, pero los motivos detrás de estas variaciones no pueden reducirse exclusivamente a la actividad humana. Ignorar las complejidades de los factores naturales y priorizar una narrativa unidimensional es una postura irresponsable que podría tener consecuencias devastadoras para la humanidad.

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Las Protestas Sociales: Un Plan de Empobrecimiento y Desestabilización

 

Ecuador ha sido testigo de repetidas protestas sociales que, bajo el discurso de luchar contra la pobreza y las "crisis neoliberales", han terminado por ser herramientas políticas diseñadas para desestabilizar gobiernos y empobrecer aún más a la ciudadanía. Estas movilizaciones, lejos de buscar soluciones, son orquestadas por grupos radicales con agendas que no representan el interés colectivo, sino una ideología colectivista destructiva.

Protestas: ¿Defensa de derechos o chantaje político?

Un ejemplo claro son los paros nacionales liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 2019 y 2022, encabezados por figuras como Leonidas Iza. Estas movilizaciones, disfrazadas de protestas legítimas, han paralizado la economía y afectado gravemente a los ciudadanos más vulnerables. En 2019, el pretexto fue la eliminación de subsidios a los combustibles, un tema recurrente en la narrativa de izquierda que busca demonizar cualquier medida económica responsable, como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2022, las demandas incluyeron la defensa del agua y el rechazo a proyectos extractivistas. Sin embargo, el resultado fue el mismo: caos, destrucción de empleos y pérdidas millonarias. Según el Banco Central del Ecuador, en 2019 las pérdidas superaron los $900 millones en apenas 18 días; en 2022, esta cifra alcanzó los $1.000 millones. Sectores clave como la agricultura y la exportación de productos esenciales como banano y camarón quedaron paralizados, dejando a miles de pequeños productores y trabajadores informales sin ingresos.

El impacto real: más pobreza para todos

Lo más irónico de estas movilizaciones es que los supuestos beneficiarios —las comunidades indígenas y campesinas— terminan siendo las más afectadas. La paralización de actividades económicas no solo impide la generación de ingresos, sino que profundiza las desigualdades que estos movimientos afirman combatir. Mientras tanto, los líderes de estas protestas parecen más interesados en posicionarse políticamente que en buscar soluciones reales para los problemas del país.

El peligro del socialismo colectivista

Estas protestas no son un fenómeno aislado; forman parte de una estrategia más amplia de la extrema izquierda para imponer su visión colectivista a toda costa. La narrativa de victimización y el uso constante de la protesta como herramienta de presión política buscan perpetuar la dependencia del Estado y evitar cualquier avance hacia una economía sostenible y productiva. En lugar de construir, destruyen; en lugar de dialogar, imponen.

Un llamado a la acción

Es imperativo que Ecuador deje de ser rehén de estos movimientos radicales y adopte estrategias que promuevan la estabilidad económica y social. Las protestas, si bien pueden visibilizar problemas, no pueden ser el único medio para buscar soluciones. Es necesario fortalecer la justicia para sancionar a quienes utilizan el caos como arma política y fomentar un entorno de paz que permita el desarrollo.

Ecuador tiene el potencial de crecer y prosperar, pero para ello necesita dejar atrás las políticas colectivistas que, en lugar de ayudar, condenan a los ciudadanos a un círculo vicioso de pobreza y conflicto. Las protestas que destruyen no son la solución; son parte del problema.

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