Dr. John Alexander Campuzano Vásquez
El uniforme como enemigo ideológico
Existe una contradicción que atraviesa la historia de los movimientos revolucionarios autoritarios: pueden denunciar a las fuerzas policiales y militares como instrumentos de opresión cuando estas protegen un gobierno adversario, pero convertirlas en pilares indispensables del poder cuando controlan el Estado. Las denuncias permanentes a las actuaciones policiales es la forma que siempre usan los extremistas cuando no los dejan destruir las plazas o las calles. Para los políticos y tira piedras, ser policía solo sirve si el gobierno les pertenece, ahí piden el respeto a la Constitución.
Desde la sociología política, esta conducta puede interpretarse como una disputa por la legitimidad del monopolio estatal de la fuerza, concepto desarrollado por Max Weber. Para los proyectos revolucionarios que pretenden sustituir integralmente el orden institucional, controlar los aparatos coercitivos puede resultar tan importante como conquistar el gobierno. No se trata necesariamente de eliminar la policía, sino de determinar a quién obedece y meter miedo en cada actuación que hagan.
La palabra «fascista» como arma política
En todas las confrontaciones ideológicas, llamar fascista a un policía, un militar o un adversario político es la estrategia de deslegitimación que llama a los medios de comunicación. La etiqueta sustituye el examen de conductas concretas por una condena moral absoluta sin lugar a dudas. Una institución puede cometer abusos, necesitar reformas o actuar incorrectamente sin que todos sus integrantes sean lo que les gritan. Una ideología fascista se visibiliza en lños enmascarados delincuentes que crean caos y no respetan la ley o quieren imponer sus ideas con el garrote.
El fascismo posee características históricas identificables: ultranacionalismo autoritario, rechazo del pluralismo político y subordinación de las libertades individuales a un proyecto estatal totalizante. Convertirlo en sinónimo de cualquier intervención policial vacía el concepto de significado, con lo cual se crea a propósito una narrativa de buenos (protestantes, quema llantas) contra malos que paran la protesta.
Ejemplos de estas mentiras: denunciar torturas, desapariciones o ejecuciones como propaganda revolucionaria o anti sistema, en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú ha servido para castigar a los agentes del orden y santificar a los criminales. Cuando existen pruebas, son delitos que deben investigarse y sancionarse, independientemente de la ideología del gobierno, pero para un extremista solo se necesita el ruido sin pruebas.
Chile: la violencia que el relato no puede seleccionar
Las protestas chilenas de 2019 permiten examinar simultáneamente la violencia contra las instituciones y los supuestos abusos de agentes estatales. Human Rights Watch (institución privada plenamente identificada con el caos) no pudo ignorar que, entre octubre y noviembre, 1.896 carabineros resultaron lesionados, 127 de ellos gravemente. Hubo ataques con piedras y cócteles Molotov, además de destrucción de propiedades públicas y privadas.
Esas cifras cuestionan cualquier relato que describa todos los acontecimientos como manifestaciones completamente pacíficas. Sin embargo, la misma organización documentó para parecer equilibrada, uso excesivo de la fuerza y graves lesiones de manifestantes, incluidas heridas oculares. Sin determinar que es uso excesivo de la fuerza cuando los criminales atacan con armas a los agentes del orden.
La conclusión institucional es contundente: la violencia contra un policía no se convierte en legítima por invocar una revolución.
Venezuela: cuando la revolución controla las armas
Venezuela ofrece un contraste particularmente revelador. El gobierno surgido del proyecto chavista ha presentado históricamente su aparato de seguridad como defensor de la revolución. Sin embargo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentó en septiembre de 2025 un patrón de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución de opositores.
La misión señaló la participación de fuerzas estatales en al menos 12 de las 25 muertes registradas durante las protestas postelectorales del 29 y 30 de julio de 2024. Aquí aparece la cuestión decisiva: una fuerza armada no protege la democracia simplemente porque sus autoridades invoquen al pueblo, la soberanía o una revolución. La protege cuando obedece normas constitucionales, acepta controles independientes y no se convierte en instrumento de persecución política. En este punto, los extremistas que no gobiernan en Ecuador o Argentina, aplauden el uso de la fuerza extrema en Venezuela, con lo que demuestran que solo es una estrategia de destrucción del orden.
Cuba: el orden revolucionario contra la disidencia
Las protestas cubanas del 11 de julio de 2021 también muestran qué ocurre cuando las fuerzas de seguridad se subordinan a un proyecto político que restringe la competencia democrática. Human Rights Watch investigó más de 155 casos de represión, incluidas detenciones arbitrarias, malos tratos y procesos judiciales abusivos. Y otra vez silencio de partidos políticos de extrema izquierda y de organizaciones sociales afines a este régimen sanguinario.
Las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, según la organización. La respuesta estatal incluyó actuaciones de la policía, los servicios de inteligencia y unidades especiales. La paradoja es evidente: un poder político que reivindica su origen revolucionario puede terminar tratando como amenaza a ciudadanos que reclaman libertades.
Conmoción interna: el límite que ninguna ideología puede borrar
Los Estados tienen la obligación de enfrentar ataques armados, proteger instalaciones y restablecer la seguridad. También pueden adoptar medidas extraordinarias cuando concurren las condiciones constitucionales correspondientes. Pero una declaración de emergencia no convierte cualquier uso de la fuerza en legal.
La necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas siguen siendo exigibles. Tampoco toda protesta violenta constituye una guerra civil cuando es pacífica. Lo malo, es que inician diciéndose pacíficas hast que toman las calles. La defensa del orden democrático exige máxima atención para detener a los agitadores y criminales que salen a las calles. La crítica revolucionaria se pierde cuando se queman negocios, golpea a la gente que quiere trabajar y se romantiza ataques contra agentes públicos.
¿Destruir el Estado o apropiarse de él?
La experiencia de regímenes revolucionarios autoritarios permite formular una hipótesis política: los movimientos de extrema izquierda no pretenden eliminar el aparato coercitivo, sino reorganizarlo para asegurar la continuidad de su proyecto y restringir la oposición. Por eso añoran como en España el mando de la seguridad estatal para proteger invasores o políticos opositores, tratando de evitar los controles judiciales efectivos.
La democracia necesita policías y militares profesionales, no guardianes de un partido. Necesita ciudadanos capaces de denunciar abusos sin justificar la violencia contra los uniformados. Porque la prueba de una institución democrática no es a quién proclama defender, sino si protege también los derechos de quienes cuestionan al gobierno.
El verdadero peligro comienza cuando la fuerza pública deja de servir a la Constitución y pasa a servir a una ideología.
¿Odian a la policía o simplemente quieren controlarla?
Algunos movimientos revolucionarios denuncian la represión cuando están en la oposición, pero la ejercen cuando concentran el poder.
¿Defensa de los derechos humanos o doble moral política?
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