Dr. Armando José Urdaneta Montiel
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador ha provocado una intensa discusión pública, muchas veces marcada por percepciones más emocionales que racionales. Se ha repetido, casi como un dogma, que retirar el subsidio generará inflación, afectará a los sectores populares y desatará una cadena de aumentos en toda la economía. Sin embargo, un análisis desde la economía de oferta y la teoría económica ortodoxa permite entender que, en una economía dolarizada, este tipo de conclusiones carece de fundamento técnico.
Desde el año 2000, Ecuador renunció a su soberanía monetaria. El Banco Central no emite dólares ni puede expandir la base monetaria para financiar gasto público o estimular la demanda. La cantidad de dinero en circulación depende estrictamente del ingreso de divisas por exportaciones, inversión extranjera o remesas. En este contexto, la inflación clásica producto de una expansión monetaria excesiva es prácticamente imposible. Los precios solo pueden modificarse por causas reales, como cambios en los costos relativos, en la productividad o en los precios internacionales de los bienes importados.
Cuando se retira un subsidio como el del diésel, lo que ocurre no es un proceso inflacionario generalizado, sino un ajuste en los precios relativos de la economía. El combustible deja de tener un precio artificialmente bajo y comienza a reflejar su costo real. Este ajuste redistribuye el gasto de los agentes económicos: los consumidores y las empresas destinan una mayor proporción de sus dólares a pagar energía, lo que implica que deberán reducir su consumo en otros bienes y servicios. En una economía donde la masa monetaria está fija, cada dólar adicional que se gasta en diésel es un dólar menos disponible para otros sectores, generando un descenso de la demanda en esas áreas y, en muchos casos, una presión deflacionaria. En otras palabras, el retiro del subsidio no expande los precios en general, sino que reordena el uso de los recursos.
Este fenómeno puede incluso tener efectos positivos sobre la productividad y la eficiencia. Los subsidios prolongados distorsionan las señales del mercado, fomentando el consumo ineficiente de energía y reduciendo los incentivos para innovar o invertir en tecnologías más limpias. Cuando los precios reflejan los costos reales, las empresas se ven obligadas a mejorar su gestión, optimizar procesos logísticos y adoptar soluciones más sostenibles. La economía de oferta enseña que la eficiencia en la asignación de recursos es clave para el crecimiento de largo plazo; los precios subsidiados, en cambio, perpetúan ineficiencias y desvían capital hacia actividades de baja productividad.
El argumento de que la eliminación del subsidio perjudica a los más pobres también merece ser revisado con rigor. Los subsidios a los combustibles son, por naturaleza, regresivos. Los hogares de mayores ingresos y las empresas con mayor consumo energético capturan la mayor parte del beneficio, mientras que los sectores vulnerables, que consumen menos diésel directamente, apenas se benefician. Así, el subsidio actúa como una transferencia inversa: los no consumidores a menudo los más pobres terminan financiando a quienes sí lo usan, a través de los impuestos indirectos como el IVA que alimentan el presupuesto público.
Desde la óptica ortodoxa, la política fiscal debe orientarse hacia la eficiencia y la equidad mediante mecanismos focalizados. El dinero que el Estado destina a sostener subsidios universales podría emplearse en programas sociales directos, inversión en educación o infraestructura productiva, áreas donde cada dólar genera un retorno social mucho mayor. Además, mantener subsidios costosos en un entorno de restricción fiscal erosiona la sostenibilidad de las cuentas públicas, compromete la capacidad de inversión del Estado y limita la competitividad de largo plazo.
En definitiva, eliminar el subsidio al diésel no implica inflación en una economía dolarizada porque no existe un aumento en la masa monetaria ni una expansión de la demanda agregada. Lo que se produce es un reacomodo de precios relativos, un ajuste necesario que corrige distorsiones y libera recursos públicos para usos más productivos. A corto plazo, ciertos sectores podrían enfrentar aumentos de costos, pero estos efectos son transitorios y, a mediano plazo, la eficiencia ganada compensa los ajustes iniciales.
La verdadera justicia económica no consiste en mantener precios artificialmente bajos, sino en utilizar los recursos públicos donde generen el mayor beneficio social. Desde una perspectiva de economía de oferta, la eliminación del subsidio al diésel es una medida de racionalización económica, que fortalece la disciplina fiscal, mejora los incentivos de producción y promueve un crecimiento sostenible. En lugar de perpetuar un modelo de dependencia del gasto estatal, la economía ecuatoriana necesita avanzar hacia un esquema donde la productividad, la eficiencia y la asignación óptima de recursos sean las bases del bienestar colectivo.
En una economía dolarizada, eliminar subsidios no dispara la inflación, fortalece la eficiencia.
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