Por Dr. John Campuzano Vásquez
La obsesión por gravar la riqueza
Existe una tentación recurrente en la política latinoamericana: cuando el Estado necesita dinero, algunos dirigentes encuentran una solución aparentemente sencilla, cobrar más impuestos a quienes poseen mayor patrimonio o los presentan como nuevos ricos. La propuesta suele presentarse como justicia social, solidaridad o redistribución. Sin embargo, pocas veces viene acompañada de una explicación rigurosa sobre sus consecuencias económicas o de garantías verificables sobre el destino de los recursos. La pregunta fundamental debería ser otra: ¿necesitamos recaudar más o administrar mejor lo que ya recaudamos?
La riqueza no es dinero guardado
El economista Adam N. Michel, del Instituto Cato, explica que gravar la riqueza puede tener costos superiores a los ingresos esperados. Su análisis sobre una propuesta tributaria en California recuerda que una fortuna empresarial no equivale a una montaña de efectivo. Gran parte del patrimonio está representado por acciones, fábricas, tecnología y participaciones productivas. Cuando el gobierno exige pagar impuestos sobre esos activos, independientemente de su rentabilidad, puede obligar a vender inversiones o retirar recursos necesarios para expandir empresas.
Los efectos no necesariamente terminan en los millonarios. Menor acumulación de capital puede traducirse en menos innovación, productividad y oportunidades laborales. El argumento merece atención en América Latina, donde precisamente escasean las inversiones capaces de transformar estructuras productivas tradicionales. La riqueza empresarial no surge automáticamente de quitarles recursos a otros ciudadanos; también puede generarse mediante innovación, competencia y creación de valor. Confundir patrimonio con liquidez constituye un error económico que puede terminar perjudicando a quienes se pretende beneficiar.
Ecuador: recaudar más no equivale a gobernar mejor
Ecuador ofrece una experiencia relevante. Según el Servicio de Rentas Internas, la recaudación tributaria bruta alcanzó 21.501 millones de dólares en 2025, un incremento del 6,8% respecto de 2024. Además, el país aplicó contribuciones temporales sobre patrimonios elevados mediante una legislación aprobada durante el gobierno de Guillermo Lasso. Esto demuestra que recurrir a impuestos patrimoniales no constituye una práctica exclusiva de la izquierda, aunque las corrientes redistributivas suelen defenderlos como instrumentos para reducir desigualdades.
El problema comienza cuando la recaudación adicional sustituye las reformas estructurales. Ecuador necesita mejores hospitales, educación, seguridad e infraestructura; pero también necesita instituciones capaces de demostrar resultados. Incrementar impuestos sin evaluar programas, eliminar gastos improductivos y transparentar contrataciones puede fortalecer una maquinaria burocrática sin mejorar proporcionalmente los servicios. Desde una perspectiva liberal, cada dólar recaudado representa recursos que dejan de estar disponibles para las decisiones de consumidores, trabajadores y empresarios.
Colombia y Argentina: advertencias sobre el dinero público
La experiencia regional demuestra por qué la transparencia resulta indispensable. Durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia enfrentó el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Fiscalía documentó investigaciones sobre contratación irregular y presunta apropiación de recursos públicos. Los procesos avanzan, y pronto habrán responsables. Este caso revela cómo instituciones destinadas a atender necesidades urgentes pueden convertirse en escenarios de captura de recursos.
Argentina ofrece un antecedente judicial distinto. En junio de 2025, la Corte Suprema dejó firme la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dentro de la causa Vialidad. El caso ilustra los riesgos de corrupción relacionados con contratos públicos. Claro, que toda política redistributiva no es fraudulenta, pero recuerda que recaudar bajo una bandera social no garantiza que los fondos terminen beneficiando a los ciudadanos.
Redistribuir sin controlar el gasto
El problema fundamental no reside en exigir contribuciones tributarias, indispensables para financiar bienes públicos. Aparece cuando los gobernantes utilizan la promesa redistributiva para evitar preguntas sobre eficiencia, privilegios y responsabilidad fiscal. La OCDE advierte que los impuestos recurrentes al patrimonio pueden ocasionar problemas de valoración y liquidez, aunque reconoce que ciertos diseños tributarios pueden contribuir a reducir desigualdades.
La respuesta liberal debería combinar impuestos previsibles, competencia, protección de la propiedad privada y control exhaustivo del presupuesto. Antes de aprobar nuevos gravámenes, los gobiernos deben demostrar qué programas funcionan, cuáles deben eliminarse y cómo impedirán desviaciones de recursos.
La justicia social no consiste simplemente en quitar más dinero a quienes producen riqueza. Consiste también en impedir que los recursos públicos desaparezcan entre contratos irregulares, privilegios políticos y burocracias ineficientes.
América Latina necesita menos discursos sobre repartir riqueza y más instituciones capaces de crearla, protegerla y administrarla responsablemente.
¿América necesita más impuestos a los ricos o un Estado que administre mejor el dinero de sus ciudadanos?
Antes de exigir nuevos sacrificios tributarios, los gobiernos deberían demostrar que los recursos existentes están produciendo resultados y llegando a quienes realmente los necesitan.
¿Qué debería priorizar un país: aumentar la recaudación, eliminar gastos improductivos o fortalecer los controles contra la corrupción?
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