Daniel Ortega decidió resolver el problema que más incomoda a todo autócrata: la posibilidad de perder. El 19 de julio de 2026 anunció que Nicaragua dejaría de celebrar elecciones capaces de permitir el acceso de la oposición al poder. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, comenzó a preparar el andamiaje jurídico para convertir esa amenaza en norma. Es la culminación lógica de un régimen que ya había encarcelado adversarios, cerrado organizaciones civiles, expulsado disidentes y colocado a Rosario Murillo como copresidenta. La revolución, al parecer, ha progresado tanto que ya puede prescindir del pueblo y de su voto de confianza.
Lo preocupante no es solo Ortega. También lo es la indulgencia de una buena parte de la izquierda latinoamericana (tal vez, de toda) que suele descubrir violaciones de derechos humanos únicamente cuando el gobernante acusado pertenece al bando contrario. Para esos sectores, una dictadura de derecha es una dictadura; una dictadura de izquierda es un “proceso complejo”, sometido a presiones externas y necesitado de comprensión histórica. La tiranía cambia de nombre según el color de la bandera.
Este comportamiento no nació ayer. Cuba fue el laboratorio original. La revolución de 1959 prometió emancipación, pero terminó institucionalizando un Estado de partido único. La Constitución de 1976 consolidó el papel dirigente del Partido Comunista, y la Constitución de 2019 mantuvo ese monopolio político y declaró irreversible el socialismo. En seis décadas, la falta de pluralismo, la censura y la persecución de la disidencia fueron justificadas como defensa frente al enemigo externo. El embargo estadounidense, real y no tan dañino, se convirtió además en la coartada perfecta para explicar cada fracaso y absolver cada abuso.
Nicaragua repitió la fórmula con una ironía histórica mayor. Ortega llegó al poder con la revolución sandinista, pero perdió las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el gobierno. Aquella alternancia probó que el sandinismo podía sobrevivir fuera del poder. Sin embargo, tras regresar a la presidencia en 2007, Ortega fue ocupando las instituciones, debilitando los contrapesos y reduciendo la competencia electoral. La represión de las protestas de 2018 marcó el quiebre definitivo; en 2021, los principales aspirantes opositores fueron detenidos antes de las elecciones. Ahora Ortega simplemente elimina la decoración electoral. Al menos ha tenido la cortesía de dejar de fingir.
Venezuela siguió otra ruta hacia el mismo destino. Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 y utilizó su legitimidad para rediseñar el Estado. Con el tiempo, el oficialismo colonizó el poder judicial, el árbitro electoral y los medios públicos. Cuando la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en 2015, Nicolás Maduro respondió creando en 2017 una Asamblea Constituyente oficialista que neutralizó al Parlamento elegido. En 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro sin publicar resultados desagregados por mesa y hasta ahora se buscan las actas para verificar resultados. El Centro Carter concluyó que la elección no cumplió estándares internacionales y que no podía considerarse democrática, pero los gobiernos aliados de Brasil, Cuba y Nicaragua, con voceros en Chile, Perú, Uruguay terminaron haciéndose los desentendidos.
El patrón es reconocible: primero se gana mediante elecciones; después se modifican las reglas; luego se captura a los árbitros; finalmente se criminaliza a quien todavía pretende competir. Las urnas se conservan mientras produzcan el resultado correcto. Cuando dejan de garantizarlo, pasan a ser instrumentos del imperialismo.
El informe de V-Dem de 2026 clasifica a Cuba y Haití como autocracias cerradas, y a Nicaragua y Venezuela como autocracias electorales. No es propaganda de campaña, sino una medición comparada de pluralismo, elecciones limpias, libertad de expresión y controles institucionales. El dato destruye la cómoda narrativa según la cual toda crítica a estos gobiernos proviene de Washington.
Conviene hacer una precisión: no toda la izquierda regional respalda esas dictaduras. Existen dirigentes progresistas, intelectuales y antiguos revolucionarios que las han condenado (se cuentan con los dedos de las manos). El problema está en quienes subordinan los derechos humanos a la identidad ideológica del gobernante. Esa doble moral erosiona la credibilidad democrática de toda la izquierda y convierte la solidaridad internacional en complicidad selectiva.
La democracia vale precisamente cuando puede ganar el adversario. Si solo se acepta el voto cuando confirma al partido gobernante, no existe soberanía popular, sino obediencia administrada. Ortega lo ha expresado sin maquillaje: las elecciones son peligrosas porque la oposición podría vencer. Sus defensores todavía buscarán una explicación sofisticada. Quizá digan que suspender la democracia es la nueva etapa superior de la democracia. Todo sea por proteger al pueblo de la imprudencia de elegir un gobierno distinto.
¿Puede llamarse democrático un movimiento que solo acepta elecciones cuando tiene asegurada la victoria? Comparte este análisis, deja tu opinión y ayúdanos a desenmascarar la doble moral de quienes condenan unas dictaduras mientras justifican otras.
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