—El problema del Ecuador es muy sencillo —dijo Andrés—. Tenemos demasiado mercado, empresarios que no invierten, privatizaciones, abandono de los servicios públicos y políticos que quieren acabar con el Estado.
—Curioso —respondió Martín—. Acabas de resumir cincuenta años de problemas económicos utilizando una sola explicación. Siempre es tranquilizador encontrar un culpable universal.
—No estoy simplificando. El Estado debe garantizar salud, educación, empleo, servicios básicos, empresas estratégicas y justicia social.
—Estoy de acuerdo con varias cosas. La pregunta interesante es otra: ¿quién garantiza que el Estado haga bien todo aquello?
Andrés frunció el ceño.
—El Estado representa a la sociedad.
—No. El Estado está administrado por personas. Políticos, funcionarios, jueces, técnicos, ministros y burócratas. Personas exactamente igual de humanas que los empresarios que tanto te preocupan: con intereses, ambiciones, errores, incentivos y, eventualmente, corrupción.
—Pero el empresario busca ganancias.
—Por supuesto. Ese descubrimiento tiene unos tres siglos de retraso. Lo interesante es que consideres sospechoso que el empresario busque beneficio y, al mismo tiempo, presupongas que el político busca automáticamente el bien común.
Andrés sonrió.
—Eso es el típico argumento neoliberal.
—No. Es teoría de elección pública. James Buchanan pasó buena parte de su obra estudiando precisamente algo que algunos socialistas olvidan convenientemente: los gobiernos también responden a incentivos. Los funcionarios no se transforman en ángeles cuando reciben un cargo público.
—Entonces, según tú, ¿el Estado no debe intervenir?
—Ahí aparece la primera trampa. Criticar la intervención estatal ineficiente no significa querer eliminar el Estado. Esa caricatura resulta muy útil porque evita discutir la cuestión difícil: qué debe hacer el Estado, cuánto debe hacer, cómo debe hacerlo y cómo medimos si lo está haciendo bien.
Andrés apoyó los brazos sobre la mesa.
—El mercado tampoco resuelve todo. Mira la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a salud y educación.
—Correcto. Existen fallas de mercado. Externalidades, información asimétrica, monopolios, bienes públicos. Todo economista serio las reconoce. Lo extraño es que algunos reconozcan cada falla del mercado y sean incapaces de reconocer una sola falla del gobierno.
—¿Por ejemplo?
—Clientelismo, corrupción, captura institucional, empresas públicas utilizadas políticamente, gasto sin evaluación, burocracias que sobreviven aunque hayan perdido su razón de existir, subsidios que benefician a grupos organizados, contrataciones direccionadas y regulaciones diseñadas por quienes supuestamente deben ser regulados.
—Eso ocurre porque tenemos malos políticos.
Martín soltó una pequeña carcajada.
—Esa respuesta me encanta. Cuando una empresa fracasa, dices que demuestra las fallas del capitalismo. Cuando una institución pública fracasa, dices que simplemente escogimos mal al funcionario. El sistema estatal siempre queda misteriosamente absuelto.
—Pero existen sectores estratégicos que no deberían estar en manos privadas. Petróleo, electricidad, recursos naturales...
—Puede haber razones económicas para mantener determinada propiedad pública. Lo que no existe es una ley económica según la cual agregar la palabra “estratégico” convierta automáticamente una empresa estatal en eficiente.
—Al menos pertenece a todos.
—¿A todos? Intenta entrar mañana a una empresa pública y pedir tu parte de los activos porque eres ciudadano.
Andrés rió a pesar suyo.
—Sabes perfectamente qué significa propiedad pública.
—Sí. Significa que el Estado administra esos activos en nombre de la sociedad. Precisamente por eso deberíamos exigir todavía más transparencia, productividad y resultados. Pero algunas personas hacen exactamente lo contrario: consideran casi ofensivo preguntar cuánto cuesta, cuánto produce, cuántos trabajadores necesita o qué rentabilidad social genera.
—No puedes evaluar una empresa pública solamente por sus ganancias.
—Completamente de acuerdo. Pero tampoco puedes evaluarla exclusivamente por sus intenciones.
Hubo unos segundos de silencio.
—Ecuador necesita industrializarse —continuó Andrés—. Seguimos exportando materias primas. Banano, camarón, cacao, petróleo, minerales. Nuestra economía sigue siendo primaria.
—Finalmente coincidimos en algo importante.
—¿Entonces aceptas que necesitamos planificación estatal?
—No tan rápido. Acabas de saltar del diagnóstico a una receta sin demostrar la conexión. Que Ecuador tenga baja sofisticación productiva no prueba que un ministerio sea capaz de decidir qué industrias deben triunfar durante los próximos treinta años.
—Sin Estado jamás nos industrializaremos.
—Tampoco sin empresas. Ni sin universidades, capital humano, financiamiento, infraestructura, competencia, innovación, inversión extranjera y seguridad jurídica. El desarrollo productivo moderno necesita coordinación entre Estado, academia y sector privado. Pero algunos escuchan “política industrial” y enseguida imaginan un burócrata escogiendo ganadores con dinero ajeno.
—Los empresarios ecuatorianos ni siquiera quieren invertir.
Martín levantó las cejas.
—Otra frase extraordinaria. ¿Desde cuándo invertir es una obligación patriótica?
—Si tienen capital deberían crear empleo.
—Una empresa invierte cuando espera que el retorno compense el riesgo. Si tienes extorsiones, inseguridad, cambios regulatorios, incertidumbre tributaria, dificultades para recuperar una inversión, crédito caro y demanda débil, ¿qué esperas que haga el capital? ¿Que se sacrifique por la patria?
—Entonces todo hay que acomodarlo para los empresarios.
—No. Hay que crear instituciones donde invertir sea racional. Es distinto. Seguridad jurídica, competencia y estabilidad favorecen a empresarios, trabajadores, consumidores y al propio Estado.
Andrés respiró profundamente.
—El problema de ustedes los liberales es que creen que todo se resuelve privatizando.
—Y el problema de cierto socialismo es que responde a argumentos que nadie ha formulado. Privatizar un monopolio público para convertirlo en monopolio privado puede ser perfectamente absurdo. El liberalismo serio defiende competencia, no simplemente propiedad privada.
—¿Ves? Entonces necesitas regulación estatal.
—Por supuesto. Lo sorprendente es que todavía creas que reconocer funciones legítimas del Estado contradice una posición liberal. El mercado necesita Estado de derecho, tribunales, contratos, derechos de propiedad, competencia y reguladores independientes. Lo que no necesita es que el árbitro quiera jugar simultáneamente de delantero, arquero, entrenador, propietario del estadio y vendedor de entradas.
Andrés sonrió.
—Bonita metáfora. Pero la justicia social no puede dejarse al mercado.
—De acuerdo nuevamente. El Estado puede financiar salud, educación, protección social y políticas redistributivas. Pero aquí viene la pregunta que suele arruinar el romanticismo: ¿cuáles programas funcionan?
—Los que ayudan a los pobres.
—Eso es una intención, no una evaluación. Si un programa cuesta cien millones y apenas mejora marginalmente la situación de sus beneficiarios, mientras otro obtiene resultados mucho mayores por veinte millones, ¿defenderías el primero únicamente porque su propósito era noble?
—Hay derechos que no pueden medirse en dinero.
—Cierto. Pero los recursos sí pueden medirse, porque son escasos. Y cada dólar gastado en una política inútil es un dólar que no llegó a una escuela, un hospital, una carretera o una familia necesitada. La eficiencia también es justicia social.
Andrés permaneció pensativo.
—¿Y qué hay del Consenso de Washington? América Latina ya probó las recetas neoliberales.
—El famoso monstruo del Consenso de Washington. Siempre aparece cuando la conversación se complica.
—Privatización, apertura y reducción del Estado.
—También disciplina fiscal, reforma tributaria, inversión en educación, salud e infraestructura, competencia y derechos de propiedad. Pero resulta menos emocionante contar esa parte. Convertimos conceptos económicos complejos en consignas porque las consignas caben mejor en una pancarta.
—La austeridad destruye sociedades.
—Y el déficit permanente termina cobrándose igualmente. Con deuda, impuestos, inflación cuando existe moneda propia o ajustes posteriores. No existe almuerzo gratis ni siquiera cuando lo sirve el Ministerio de Finanzas.
Andrés volvió al argumento político.
—Pero debemos defender al Estado de quienes quieren destruirlo.
—Yo también quiero defenderlo.
—¿Ahora eres estatista?
—No. Quiero defender precisamente las funciones que solamente un Estado serio puede realizar: justicia, seguridad, protección de derechos, educación básica, salud pública, infraestructura, regulación, protección social y estabilidad institucional.
—Eso es bastante Estado.
—Es Estado fuerte. No necesariamente Estado enorme. Hay una diferencia.
—Explícala.
—Un Estado fuerte puede hacer cumplir la ley. Un Estado grande puede tener cuarenta ministerios y ser incapaz de impedir que una banda criminal controle un barrio. Un Estado fuerte puede recaudar impuestos razonables y utilizarlos eficazmente. Uno grande puede gastar cantidades enormes y ofrecer servicios mediocres. Un Estado fuerte tiene instituciones. Uno simplemente voluminoso tiene burocracia.
Andrés permaneció callado.
Martín continuó:
—Y aquí llegamos quizás al problema más grave del Ecuador contemporáneo. La discusión pública sigue atrapada en “izquierda contra derecha” mientras el crimen organizado, la pobreza educativa, la baja productividad, la informalidad y el deterioro institucional avanzan.
—Entonces coincidimos en que existe captura del Estado.
—Sí, pero no solamente por empresarios. El Estado puede ser capturado por grupos económicos, partidos políticos, sindicatos, contratistas, organizaciones criminales, familiares, burocracias y movimientos que confunden instituciones públicas con patrimonio partidista.
—Eso es exagerado.
—Lo verdaderamente ingenuo sería creer que la captura solamente ocurre cuando gobierna el adversario.
Andrés observó por la ventana.
—¿Entonces cuál es tu propuesta para Ecuador?
—Algo bastante menos emocionante que una revolución.
—¿Qué cosa?
—Instituciones.
—Eso suena aburrido.
—Lo es. Los países desarrollados tienen la mala costumbre de progresar haciendo cosas aburridas: mejorar educación, garantizar contratos, profesionalizar la administración pública, construir infraestructura, estabilizar las finanzas públicas, proteger inversiones, financiar innovación, castigar la corrupción y permitir competencia.
—No parece una consigna muy movilizadora.
—Precisamente. Las consignas movilizan multitudes. Las instituciones desarrollan países.
Andrés guardó silencio unos segundos antes de responder:
—Entonces tampoco crees que la derecha tenga siempre razón.
—Por supuesto que no. Ni la izquierda tiene el monopolio de la justicia social ni la derecha posee el monopolio de la eficiencia. Tampoco nacionalizar significa desarrollar ni privatizar significa modernizar.
—Eso suena casi centrista.
—No. Suena a dejar de pensar como hincha.
Y quizá allí se encuentre una de las discusiones que Ecuador lleva demasiado tiempo evitando.
Nuestro problema no consiste simplemente en escoger entre Estado o mercado. Consiste en construir un Estado que haga bien aquello que realmente debe hacer y un mercado donde verdaderamente exista competencia.
Necesitamos empresa privada que invierta, innove y genere empleo. Pero también un Estado que impida monopolios, proteja derechos y garantice oportunidades.
Necesitamos inversión pública. Pero evaluada.
Necesitamos protección social. Pero focalizada y eficaz.
Necesitamos propiedad pública cuando esté económicamente justificada. Pero sometida a resultados y transparencia.
Necesitamos disciplina fiscal. Pero acompañada de prioridades sociales.
Necesitamos mercado. Pero con reglas.
Y necesitamos Estado.
Pero con límites.
Porque quizá el error fundamental del viejo socialismo nunca fue preocuparse por los pobres, la desigualdad o la exclusión. Esas preocupaciones son completamente legítimas.
Su error consiste en algo bastante más profundo:
creer que descubrir una falla del mercado demuestra automáticamente la superioridad del Estado.
No la demuestra.
Así como descubrir un gobierno incompetente tampoco demuestra automáticamente que el mercado resolverá el problema.
Hay fallas de mercado.
Y hay fallas de gobierno.
La diferencia entre economía y propaganda comienza cuando somos capaces de reconocer ambas.
Y posiblemente allí también comience el verdadero debate que Ecuador necesita.
¿Qué necesita realmente Ecuador: más Estado, menos Estado o un Estado que funcione mejor?
El debate no debería reducirse nuevamente a izquierda contra derecha. La pregunta relevante es qué instituciones generan crecimiento, seguridad, oportunidades, movilidad social y mejores servicios públicos.
Déjanos tu opinión: ¿qué funciones debería conservar necesariamente el Estado ecuatoriano y cuáles deberían quedar abiertas a la competencia privada?
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