Friedrich Hayek y Milton Friedman han advertido sobre los peligros de un Estado obeso. El que lejos de promover el bienestar general, puede convertirse en un Leviatán insaciable, que consume los impuestos para mantener una burocracia cada vez más costosa.
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El enfoque tradicional de combatir la pobreza mediante bonos y subsidios ha demostrado ser insuficiente y, en muchos casos, contraproducente. Aunque estas políticas pueden aliviar temporalmente las necesidades básicas, no abordan las causas estructurales de la pobreza ni promueven la autosuficiencia. La dependencia generada por estas transferencias muchas veces perpetúa un círculo vicioso, donde las personas carecen de incentivos y oportunidades para integrarse plenamente al mercado laboral.
Un ejemplo claro son los paros nacionales liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 2019 y 2022, encabezados por figuras como Leonidas Iza. Estas movilizaciones, disfrazadas de protestas legítimas, han paralizado la economía y afectado gravemente a los ciudadanos más vulnerables. En 2019, el pretexto fue la eliminación de subsidios a los combustibles, un tema recurrente en la narrativa de izquierda que busca demonizar cualquier medida económica responsable, como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2022, las demandas incluyeron la defensa del agua y el rechazo a proyectos extractivistas. Sin embargo, el resultado fue el mismo: caos, destrucción de empleos y pérdidas millonarias. Según el Banco Central del Ecuador, en 2019 las pérdidas superaron los $900 millones en apenas 18 días; en 2022, esta cifra alcanzó los $1.000 millones. Sectores clave como la agricultura y la exportación de productos esenciales como banano y camarón quedaron paralizados, dejando a miles de pequeños productores y trabajadores informales sin ingresos.
Lo más irónico de estas movilizaciones es que los supuestos beneficiarios —las comunidades indígenas y campesinas— terminan siendo las más afectadas. La paralización de actividades económicas no solo impide la generación de ingresos, sino que profundiza las desigualdades que estos movimientos afirman combatir. Mientras tanto, los líderes de estas protestas parecen más interesados en posicionarse políticamente que en buscar soluciones reales para los problemas del país.
Estas protestas no son un fenómeno aislado; forman parte de una estrategia más amplia de la extrema izquierda para imponer su visión colectivista a toda costa. La narrativa de victimización y el uso constante de la protesta como herramienta de presión política buscan perpetuar la dependencia del Estado y evitar cualquier avance hacia una economía sostenible y productiva. En lugar de construir, destruyen; en lugar de dialogar, imponen.
Es imperativo que Ecuador deje de ser rehén de estos movimientos radicales y adopte estrategias que promuevan la estabilidad económica y social. Las protestas, si bien pueden visibilizar problemas, no pueden ser el único medio para buscar soluciones. Es necesario fortalecer la justicia para sancionar a quienes utilizan el caos como arma política y fomentar un entorno de paz que permita el desarrollo.
Ecuador tiene el potencial de crecer y prosperar, pero para ello necesita dejar atrás las políticas colectivistas que, en lugar de ayudar, condenan a los ciudadanos a un círculo vicioso de pobreza y conflicto. Las protestas que destruyen no son la solución; son parte del problema.
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La ultraizquierda en todas sus presentaciones siempre buscan destruir el esfuerzo individual de los personas a tener una propiedad, con maldad afirman que es una fuente de desigualdad y explotación. A través de "intelectuales orgánicos," influyen en la sociedad para cuestionar su valor, promoviendo ideas que buscan erosionar el derecho a la propiedad. Al final aspiran a sustituir la economía de mercado por sistemas centralizados que limiten la libertad individual y económica, y que les permitan dominar a las personas.
