sábado, 29 de agosto de 2026
Políticos populistas y economistas colectivistas
Dr. Armando José Urdaneta Montiel
Durante décadas, buena parte del debate económico latinoamericano ha estado dominado por la idea de que el gasto público constituye prácticamente el principal instrumento para estimular la actividad productiva. Según esta concepción, cuando la economía se desacelera, el Estado debe gastar más, impulsar la demanda agregada y orientar los recursos hacia los sectores considerados prioritarios. Si los ingresos resultan insuficientes, se recurre al déficit fiscal, bajo la promesa de que el crecimiento futuro generará los recursos necesarios para corregir el desequilibrio.
Este razonamiento parte de un error fundamental: considerar que el Estado crea los recursos que distribuye. En realidad, todo dólar gastado por el gobierno debe ser obtenido previamente de la sociedad o respaldado por obligaciones futuras. El Estado no genera riqueza por el simple hecho de gastar; redistribuye recursos producidos por ciudadanos y empresas.
Cuando el gasto público supera los ingresos, el déficit debe cubrirse de tres maneras: mayores impuestos, endeudamiento o emisión monetaria. Los impuestos reducen inmediatamente el ingreso disponible de familias y empresas; la deuda posterga el costo y compromete la recaudación futura; y la emisión monetaria deteriora el poder adquisitivo mediante la inflación. En términos sencillos, las alternativas son impuestos hoy, impuestos mañana o impuesto inflacionario.
Por consiguiente, no existe gasto público gratuito. La discusión no debe limitarse a determinar cuánto gasta el gobierno, sino establecer qué funciones debe cumplir, qué resultados produce, quién asume los costos y qué actividades privadas son desplazadas. Incluso cuando el gasto persigue un propósito socialmente deseable, sus beneficios deben compararse con el costo de oportunidad de los recursos utilizados.
El Estado, debe limitar sus responsabilidades fundamentales a la protección de la vida, la libertad, la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Esto requiere instituciones eficaces de seguridad, justicia y defensa, acompañadas de un marco jurídico que garantice la igualdad ante la ley. El problema comienza cuando el Estado abandona esas funciones esenciales y pretende convertirse simultáneamente en empresario, planificador, empleador, prestamista, regulador y benefactor universal.
Cuantas más responsabilidades asume el poder público, mayores son los impuestos y el endeudamiento necesarios para financiarlas. Esta expansión no constituye únicamente un problema presupuestario; también reduce la libertad individual. Cada recurso administrado políticamente deja de ser asignado por quienes lo produjeron, y cada decisión económica transferida al gobierno disminuye la capacidad de las personas para consumir, ahorrar, invertir, emprender y asumir las consecuencias de sus elecciones.
Aunque una expansión fiscal puede incrementar temporalmente algunos componentes de la demanda agregada, ello no significa que produzca riqueza de manera automática. La demanda monetaria no crea por sí sola bienes, servicios ni capacidad productiva. Para producir más se necesitan ahorro, inversión, trabajo, capital, conocimiento, tecnología y seguridad jurídica. Cuando se estimula el consumo sin ampliar la oferta, aparece la inflación, crecimiento de las importaciones, desequilibrios externos, desplazamiento de la inversión privada o escasez.
El gasto público tampoco surge en el vacío. Para utilizar recursos, el Estado debe retirarlos del sector privado mediante impuestos o competir por ellos a través del endeudamiento. El incremento visible del gasto puede ocultar inversiones que dejaron de realizarse, empleos que no fueron creados y emprendimientos que nunca llegaron a desarrollarse. Mientras los inversionistas privados arriesgan su patrimonio y responden por sus errores, los funcionarios administran recursos ajenos y trasladan las consecuencias de sus decisiones a los contribuyentes.
La deuda pública puede contribuir al desarrollo cuando financia bienes públicos e infraestructura productiva cuyos beneficios sociales superan sus costos. Sin embargo, si se utiliza para sostener burocracia, gasto corriente, subsidios indiscriminados o proyectos de baja rentabilidad, no genera capacidad suficiente para pagarla. Endeudarse no elimina el costo de una política: simplemente lo traslada hacia el futuro.
La sostenibilidad fiscal depende de la relación entre el costo del financiamiento, el crecimiento económico y la productividad de los recursos invertidos. Si un país se endeuda a una tasa superior a su ritmo de crecimiento y no mejora su capacidad productiva, enfrentará dificultades para cumplir sus compromisos futuros. El gobierno deberá aumentar impuestos, recortar gastos, refinanciar obligaciones o incumplir la deuda. En países con moneda propia también recurren a la emisión, trasladando el ajuste a toda la población mediante inflación.
Cuando el crecimiento económico prometido no se materializa, aparece un círculo recurrente: aumenta el gasto, surge el déficit, se contrata deuda y posteriormente se elevan los impuestos. La carga recae sobre trabajadores, ahorradores, emprendedores y empresas. Una presión tributaria excesiva reduce la rentabilidad de la inversión, desalienta la formalización y favorece la evasión, la informalidad y la salida de capitales.
Simultáneamente, algunos grupos buscan subsidios, contratos, aranceles, exenciones y regulaciones favorables. Esto no representa una economía de mercado, sino un capitalismo de amigos, en el cual las ganancias dependen más de la cercanía con el poder que de la capacidad para satisfacer al consumidor. El liberalismo minarquista rechaza tanto el estatismo como los privilegios empresariales concedidos políticamente.
Defender un Estado limitado no significa promover un Estado inexistente o incapaz. Se necesita un Estado reducido en atribuciones, pero firme y eficiente dentro de ellas. La paradoja latinoamericana consiste en tener gobiernos extensos para intervenir, regular y redistribuir, pero débiles para controlar la delincuencia, impartir justicia, proteger la propiedad y garantizar la igualdad ante la ley.
América Latina no necesita un Estado que pretenda ser el motor de la economía, sino uno que permita funcionar a sus verdaderos motores: el talento, el trabajo, el ahorro, la inversión, la innovación y el emprendimiento. La prosperidad no nace del decreto, del déficit ni de la expansión burocrática. Surge cuando las personas pueden crear, intercambiar y progresar bajo reglas generales, estables e iguales para todos.
miércoles, 26 de agosto de 2026
América Latina: cuando el Estado pretende administrar la vida de sus ciudadanos
Dr. Armando José Urdaneta Montiel
América Latina no solo enfrenta un problema económico; también padece una concepción equivocada acerca del papel que deben desempeñar el Estado, el mercado y los ciudadanos. Durante décadas se ha extendido la idea de que el Gobierno debe resolver tanto los desequilibrios macroeconómicos como los problemas económicos particulares de cada persona, familia y empresa. El resultado ha sido la consolidación de sociedades dependientes, en las cuales numerosos sectores esperan que el poder político determine qué producir, a quién proteger, qué precios cobrar y cómo distribuir la riqueza.
Es indiscutible que corresponde al Gobierno preservar la estabilidad macroeconómica. Mantener unas finanzas públicas sostenibles, evitar la emisión monetaria irresponsable, controlar la inflación, garantizar la seguridad jurídica y establecer reglas previsibles son obligaciones esenciales del Estado. Sin embargo, una cosa es crear las condiciones institucionales para que la economía funcione y otra muy diferente pretender administrar la economía doméstica de cada ciudadano y decidir permanentemente cuáles empresas deben sobrevivir.
El problema comienza cuando el Estado intenta “arreglar la microeconomía” mediante subsidios generalizados, privilegios tributarios, aranceles proteccionistas, controles de precios y transferencias permanentes. Estas intervenciones suelen justificarse en nombre de la justicia social, la protección del empleo o la defensa de la industria nacional. No obstante, con frecuencia terminan protegiendo empresas ineficientes, encareciendo los bienes consumidos por las familias y castigando fiscalmente a quienes producen, invierten y generan empleo.
Cuando se protege indefinidamente a una empresa mediante aranceles, no se elimina su ineficiencia: se traslada su costo al consumidor. La familia termina pagando productos más caros y de menor calidad para sostener artificialmente a sectores que no han desarrollado la capacidad de competir. Del mismo modo, cuando el sistema tributario trata al empresario exitoso como sospechoso y convierte la generación de riqueza en una conducta que debe penalizarse, se debilitan los incentivos para invertir, innovar y ampliar la producción.
La redistribución tampoco puede concebirse como un simple proceso de quitarles recursos a quienes producen para entregárselos indiscriminadamente a quienes no producen. Una sociedad necesita mecanismos de solidaridad para proteger a las personas que realmente no pueden valerse por sí mismas. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una asistencia focalizada, temporal y evaluable, y un sistema político que transforma el asistencialismo en una forma permanente de dependencia electoral.
El subsidio que no promueve autonomía puede terminar atrapando al beneficiario. Si una persona pierde las ayudas cuando consigue un empleo formal o aumenta sus ingresos, el propio sistema crea incentivos para permanecer en la informalidad. En lugar de constituir un puente hacia la independencia económica, la asistencia pública se convierte en una barrera que castiga el esfuerzo y perpetúa la dependencia.
Esta concepción paternalista también ha penetrado una parte importante de la enseñanza económica latinoamericana. En muchas aulas se presenta la intervención estatal como la respuesta inmediata frente a cualquier dificultad y se concede poca atención a los costos, los incentivos y las consecuencias no previstas de esas decisiones. Se enseña a identificar una supuesta falla del mercado, pero no siempre se estudian con el mismo rigor las fallas del Estado: captura regulatoria, corrupción, burocracia, búsqueda de rentas, clientelismo, desinformación y utilización política del gasto público.
El pobre desempeño económico regional obliga a revisar críticamente este paradigma. América Latina y el Caribe albergan aproximadamente el 8 % de la población mundial, pero generan apenas alrededor del 6 % al 7 % del PIB global medido a precios corrientes. Más preocupante todavía es que, según la CEPAL, entre 2015 y 2024 la región registró un crecimiento promedio anual cercano al 1 %, lo que implicó un virtual estancamiento del PIB por habitante. La propia institución atribuye esta situación, entre otros factores, al bajo nivel de inversión y a la débil productividad laboral (CEPAL).
La explicación de este rezago no puede reducirse exclusivamente al tamaño del Estado. También intervienen la inestabilidad política, la inseguridad, la deficiente calidad educativa, la informalidad, la insuficiente infraestructura y la debilidad institucional. Sin embargo, muchos de estos problemas se agravan cuando el aparato estatal concentra sus esfuerzos en repartir privilegios y administrar actividades productivas, en lugar de garantizar las condiciones generales necesarias para el desarrollo.
El Estado no debe desaparecer. Debe concentrarse en cumplir correctamente sus funciones esenciales: proteger la vida, la libertad y la propiedad; garantizar la igualdad ante la ley; administrar justicia; preservar la seguridad; mantener la estabilidad macroeconómica; construir infraestructura pública y atender, de manera focalizada, a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad real.
La política fiscal tampoco tiene como propósito principal financiar indefinidamente el asistencialismo. Su función consiste en obtener los recursos necesarios para proporcionar bienes públicos, corregir externalidades debidamente demostradas y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Para ello, los ingresos y gastos deben estar incorporados de manera transparente en el presupuesto aprobado conforme al ordenamiento jurídico. Los recursos extraordinarios no pueden utilizarse discrecionalmente por la sola voluntad de un gobernante: deben registrarse, justificarse y ejecutarse respetando las normas presupuestarias.
La disciplina fiscal no es una obsesión contable. Cuando un Gobierno gasta sistemáticamente más de lo que recauda, alguien termina pagando la diferencia: los contribuyentes, mediante nuevos impuestos; los ahorristas y consumidores, mediante inflación; o las generaciones futuras, mediante una mayor deuda pública. Por ello, el equilibrio presupuestario representa una obligación ética además de económica.
Superar el estancamiento latinoamericano exige abandonar la idea de que toda necesidad social crea automáticamente un derecho a recibir recursos del Estado. Los derechos fundamentales deben proteger a las personas frente a la violencia, la arbitrariedad y la expropiación; no pueden convertirse en una autorización ilimitada para apropiarse de los ingresos ajenos ni para prometer beneficios que las finanzas públicas no pueden sostener.
La prosperidad no se decreta ni se distribuye antes de ser creada. Surge cuando existen instituciones confiables, estabilidad monetaria, libertad económica, competencia, inversión, innovación, educación de calidad y respeto a la propiedad. El papel del Estado consiste en establecer y hacer cumplir esas reglas generales, no en sustituir las decisiones de millones de ciudadanos.
América Latina necesita menos paternalismo y mayor autonomía individual; menos privilegios sectoriales y mayor competencia; menos discrecionalidad política y más seguridad jurídica. La verdadera justicia social no consiste en igualar a todos en la dependencia, sino en construir instituciones que permitan a cada persona progresar mediante su esfuerzo, su iniciativa y su capacidad creadora.
Mientras los gobiernos latinoamericanos continúen ofreciendo resolver cada problema particular, seguirán descuidando aquello que solamente ellos pueden garantizar: estabilidad, justicia, seguridad, infraestructura y reglas claras. La región no saldrá del estancamiento sustituyendo la libertad por tutela estatal, sino devolviendo a los ciudadanos la responsabilidad y el derecho de construir su propio destino.
viernes, 21 de agosto de 2026
La pobreza ha sido la regla; la riqueza es el fenómeno que debemos explicar.
Dr. Armando José Urdaneta Montiel
Durante la mayor parte de la historia humana, la pobreza no constituyó una anomalía, sino la condición natural material predominante. Durante siglos, la mayoría de la población vivió con bajos niveles de productividad, ingreso y consumo. Desde esta perspectiva, la pregunta fundamental del desarrollo económico no debería limitarse a explicar por qué existe pobreza, sino qué permitió que determinadas sociedades comenzaran a generar riqueza de manera sostenida.
La perspectiva histórica resulta reveladora. Hacia el año 1800, aproximadamente el 85 % de la población mundial vivía bajo condiciones que hoy identificaríamos como pobreza extrema; dos siglos después, esa proporción se encuentra cercana al 10 %. Paralelamente, el PIB real por habitante pasó de niveles extremadamente bajos de 1400 dólares a superar los 14.000 dólares en las estimaciones utilizadas. Más que dos fenómenos independientes, ambas trayectorias plantean una de las grandes preguntas de la economía moderna: ¿qué ocurrió durante estos dos siglos para que una parte creciente de la humanidad escapara de una condición de pobreza que había persistido durante milenios?
El primer gran punto de inflexión fue la Revolución Industrial. Desde finales del siglo XVIII, la mecanización, la especialización, las economías de escala, la acumulación de capital y la innovación tecnológica comenzaron a elevar sostenidamente la productividad. Por primera vez, algunas economías consiguieron aumentar de manera persistente la producción y, sobre todo, el ingreso real per cápita. Había aparecido un fenómeno históricamente excepcional: el crecimiento económico moderno.
Por ello, una parte fundamental de la economía del desarrollo debe orientarse al estudio de las causas de la generación de riqueza. Esto no implica desconocer la pobreza condición predominante de las sociedades durante gran parte de la historia ni restar importancia a la desigualdad. Supone reconocer que los bajos niveles de productividad e ingreso fueron durante siglos la situación habitual y que lo extraordinario fue la aparición de mecanismos capaces de elevar sostenidamente la productividad, la producción y el ingreso por habitante.
Existe además una tercera transformación histórica que no puede ignorarse. Desde aproximadamente 1800, la progresiva expansión de las economías de mercado gracias al capitalismo coincidió con la industrialización, la acumulación de capital, la aceleración del ingreso per cápita y la extraordinaria reducción de la pobreza extrema. La asociación histórica es evidente; convertirla automáticamente en causalidad sería, sin embargo, metodológicamente incorrecto. El proceso también involucró educación, avances sanitarios, urbanización, comercio internacional, innovación científica y profundas transformaciones institucionales.
La conclusión más rigurosa es, por tanto, más amplia: mercados, acumulación de capital, innovación, capital humano, comercio e instituciones eficientes conformaron conjuntamente la arquitectura que hizo posible el crecimiento económico moderno y con ello la generación de la riqueza a gran escala.
La riqueza, en consecuencia, no aparece espontáneamente. Requiere ahorro, inversión, capital humano, infraestructura, innovación, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y reglas previsibles. Allí la calidad institucional resulta decisiva: difícilmente habrá inversión productiva de largo plazo donde predominan inflación persistente, corrupción, inseguridad jurídica o modificaciones arbitrarias de las reglas del juego.
Esto tampoco supone plantear una falsa dicotomía entre Estado y mercado. El Estado tiene funciones esenciales: justicia, seguridad, estabilidad institucional, protección de los derechos de propiedad, infraestructura y provisión de determinados bienes públicos. El problema surge cuando pretende sustituir sistemáticamente los mecanismos descentralizados del mercado, determinando qué producir, cuánto producir y hacia dónde asignar los recursos.
América Latina enfrenta precisamente este desafío. La región ha crecido, pero frecuentemente de manera insuficiente y volátil. Su pérdida de participación relativa en el PIB mundial pasando del 8,5% al 6%; no significa necesariamente que produzca menos en términos absolutos, sino algo igualmente preocupante: otras regiones han conseguido expandir su capacidad productiva mucho más rápidamente. La pregunta latinoamericana debería concentrarse entonces en productividad, inversión, innovación, capital humano y calidad institucional.
Pobreza y desigualdad, finalmente, no son conceptos equivalentes. Una sociedad puede presentar desigualdad y, simultáneamente, reducir drásticamente la pobreza absoluta. El objetivo prioritario del desarrollo debe ser conseguir que quienes poseen menores ingresos mejoren persistentemente sus oportunidades y condiciones materiales de vida.
La redistribución puede modificar cómo se reparte la riqueza existente, pero ninguna sociedad puede distribuir indefinidamente aquello que no produce. Antes de discutir únicamente cómo repartir la riqueza, debemos comprender cómo se genera y cómo conseguir que esa generación sea sostenida.
Por ello, la pregunta fundamental no es solamente por qué existen sociedades pobres, sino por qué algunas consiguieron dejar de serlo. La historia económica conduce a una conclusión esencial: la pobreza ha sido la regla; el verdadero fenómeno que requiere explicación es la aparición del crecimiento económico sostenido y la generación sistemática de riqueza.
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martes, 18 de agosto de 2026
El Partido Comunista que aprendió a usar el capitalismo
Existe una paradoja que incomoda tanto a cierta izquierda como a algunos defensores del libre mercado. Uno de los mayores procesos de reducción de pobreza de la historia contemporánea ocurrió en un país gobernado por un Partido Comunista, pero comenzó precisamente cuando ese país empezó a introducir propiedad privada, inversión extranjera, competencia, comercio internacional e incentivos de mercado.
China no dejóde ser políticamente comunista. Lo que hizo fue algo mucho más pragmático: dejó de administrar buena parte de su economía como una economía comunista tradicional.
Antes de Deng: planificación, aislamiento y escasez
Durante la etapa de Mao Zedong, la economía china estaba dominada por planificación central, propiedad estatal, comunas agrícolas, controles administrativos sobre producción y precios y una limitada integración con los mercados internacionales. Sería incorrecto desconocer que durante ese periodo China logró avances en alfabetización, salud básica y formación de capital humano. El propio Banco Mundial reconoce que, antes de 1978, el país había conseguido niveles relativamente amplios de acceso a educación y servicios sanitarios para su nivel de ingreso.
Pero una población más educada no necesariamente es una población próspera. El problema estaba en los incentivos económicos: producir más, innovar, invertir, ahorrar o emprender generaba escasas recompensas individuales.
El resultado era una economía pobre, rural, cerrada y poco productiva. El Banco Mundial describe precisamente la transformación posterior como el paso desde una economía “estatal, planificada, rural y cerrada” hacia otra mucho más orientada al mercado, urbanizada y abierta.
Deng Xiaoping cambia las reglas
Con el ascenso político de Deng Xiaoping a partir de 1978, China comenzó su política de “reforma y apertura”. Deng no desmontó al Partido Comunista ni privatizó inmediatamente toda la economía. Hizo algo posiblemente más inteligente: permitió experimentar.
En el campo se introdujo el sistema de responsabilidad familiar, que permitió a los hogares agrícolas beneficiarse directamente de una mayor producción. Aparecieron empresas privadas y colectivas, se flexibilizaron progresivamente precios y propiedad y el país comenzó a recibir capital extranjero.
La lógica cambió radicalmente: si producir más podía mejorar los ingresos, entonces existía una razón para producir más. Los resultados iniciales fueron extraordinarios. Investigaciones del Banco Mundial concluyen que las reformas agrarias de comienzos de los años ochenta explicaron aproximadamente la mitad de toda la reducción de pobreza observada en China durante las dos décadas siguientes.
No fue magia ideológica. Fueron incentivos.
Las Zonas Económicas Especiales: capitalismo dentro del comunismo
Uno de los experimentos más importantes fueron las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Shenzhen es su símbolo. En determinadas ciudades y territorios China permitió condiciones económicas considerablemente más favorables para la empresa: inversión extranjera, orientación exportadora, incentivos fiscales, mayor flexibilidad administrativa y contacto directo con mercados internacionales.
Las ZEE funcionaron como laboratorios. Si una reforma daba resultado, podía posteriormente ampliarse. El Banco Mundial señala que estas zonas permitieron experimentar con reformas orientadas al mercado y atraer capital internacional, tecnología, conocimientos técnicos y capacidad gerencial. En una evaluación publicada en 2015 estimaba que las ZEE aportaban alrededor del 22 % del PIB chino, concentraban el 45 % de la inversión extranjera directa y generaban aproximadamente el 60 % de las exportaciones.
Aquí aparece otra lección incómoda: China comunista comprendió que necesitaba capital extranjero, empresarios, tecnología, exportaciones y consumidores internacionales. La inversión extranjera pasó de ser prácticamente inexistente al comenzar las reformas a alcanzar entre 40.000 y 45.000 millones de dólares anuales durante la segunda mitad de los noventa. Después llegaría otra decisión fundamental: China ingresó a la Organización Mundial del Comercio el 11 de diciembre de 2001, profundizando su incorporación a los mercados globales.
¿Y los trabajadores?
Aquí también conviene evitar la propaganda.
La industrialización china no fue un paraíso laboral. Millones de trabajadores migrantes rurales ocuparon empleos caracterizados durante determinadas etapas por jornadas extensas, salarios bajos, inseguridad laboral y limitada protección social. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado precisamente estos problemas.
China además mantiene el sistema hukou, que históricamente ha limitado el acceso de trabajadores migrantes a determinados servicios urbanos. Por tanto, reconocer el éxito económico chino no significa justificar malas condiciones laborales.
Pero existe una diferencia fundamental entre explotación y pobreza: una economía que aumenta productividad, inversión y demanda de trabajo crea posteriormente condiciones para salarios mayores. Estudios del Banco Mundial encuentran fuertes incrementos de salarios reales entre trabajadores chinos de baja cualificación durante la transformación económica.
El desarrollo no elimina automáticamente los abusos laborales; permite disponer de mayores recursos y productividad para corregirlos.
La cifra que debería cerrar el debate
Desde 1978, China mantuvo durante décadas tasas extraordinarias de crecimiento. El Banco Mundial estima que cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema, una transformación sin precedente por su escala.
¿Fue eso producto del comunismo económico?
La evidencia histórica aconseja responder que no.
Ocurrió cuando China comenzó a alejarse de la colectivización, abrió espacios a la iniciativa privada, reconoció incentivos económicos, atrajo inversión extranjera, permitió competencia y se integró al comercio mundial.
China tampoco se convirtió en una economía liberal occidental. Conservó enormes empresas estatales, planificación estratégica y fuerte intervención gubernamental. Su sistema es híbrido y autoritario. Pero precisamente por eso la comparación resulta reveladora. El mismo país, gobernado por el mismo Partido Comunista, obtuvo resultados radicalmente diferentes cuando sustituyó buena parte de la planificación económica centralizada por mecanismos de mercado.
Esa, a mi juicio, es la verdadera lección de Deng Xiaoping.
China no demostró que el comunismo funciona.
Demostró hasta dónde puede llegar un país comunista cuando empieza a dejar trabajar al capitalismo.
sábado, 15 de agosto de 2026
El proteccionismo y el curioso arte de proteger al productor del consumidor.
Dr. Armando José Urdaneta Montiel
En América Latina, buena parte del debate económico continúa atrapado en una cómoda simplificación: de un lado estarían quienes defienden al Estado, la industria y el empleo; del otro, quienes pretenden abrir indiscriminadamente la economía y entregar la producción nacional a extranjeros particularmente malvados. Es una narrativa formidable porque permite identificar rápidamente héroes y villanos. El pequeño inconveniente es que la economía suele ser bastante más complicada.
El desarrollismo proteccionista puede resumirse mediante una secuencia aparentemente impecable: Estado, protección, industria nacional, empleo y desarrollo. Su contraparte más elemental tampoco se queda atrás: Estado, burocracia, corrupción, obstáculos y pobreza. Ambas cadenas contienen elementos ciertos, pero convertidas en dogmas resultan igualmente insuficientes.
Un Estado puede garantizar propiedad, contratos, seguridad, justicia e infraestructura y, simultáneamente, transformarse en una formidable maquinaria de cobro de impuestos, regulaciones, privilegios y captura de rentas. Del mismo modo, una industria nacional puede generar empleo, innovación y encadenamientos productivos, pero también puede convertirse en un empresario privilegiado cuya supervivencia depende de impedir que sus propios compatriotas compren mejores productos a menores precios.
Allí comienza la parte incómoda del proteccionismo.
Cuando una empresa nacional necesita aranceles, restricciones, subsidios, preferencias en las compras públicas o barreras contra competidores extranjeros para sobrevivir, conviene preguntarse qué estamos protegiendo exactamente. Porque alguien paga esa protección. Y ese alguien suele ser el consumidor, obligado patrióticamente a comprar más caro, o el contribuyente, encargado de financiar el privilegio.
Pero el consumidor tiene un grave inconveniente político: no sale bien en la fotografía.
El empresario protegido tiene nombre. La fábrica tiene chimenea. Los trabajadores tienen rostro. Si una empresa cierra, hay cámaras, entrevistas y titulares. El sobreprecio que pagan silenciosamente millones de consumidores, en cambio, prácticamente no existe para el discurso político. Es la vieja diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve.
De allí surge otra maravilla semántica: cuando el Estado concede ventajas a una empresa nacional hablamos de “política industrial”, “soberanía productiva” o “estrategia de desarrollo”. Cuando el consumidor utiliza su propio dinero para comprar un producto extranjero más barato, súbitamente estamos ante la “destrucción de la industria nacional”.
Extraña concepción de la soberanía: el productor debe ser soberano para vender, pero el consumidor aparentemente no debe serlo para elegir.
Esto tampoco significa que toda regulación sea absurda, que cualquier apertura comercial sea óptima o que el Estado deba desaparecer. Presentar el liberalismo de esa manera es construir un conveniente hombre de paja. Defender un Estado limitado no significa eliminar justicia, seguridad, educación o infraestructura. Significa exigir que cada intervención pública justifique sus beneficios frente a sus costos y, sobre todo, preguntarse quién gana y quién paga.
También resulta demasiado fácil atribuir cualquier deterioro del salario o del empleo a la apertura o a la desregulación simplemente porque ocurrió después de ellas. Una economía que arrastra décadas de inflación, déficit, impuestos distorsivos, baja productividad, controles y protección no permite establecer causalidades con semejante ligereza. Que dos acontecimientos ocurran consecutivamente continúa sin convertir al primero en causa del segundo, por más conveniente que resulte políticamente.
Y aparece, naturalmente, la satanización del comercio con las grandes potencias. Afirmar que “China, la Unión Europea o Estados Unidos destruyen la industria nacional” simplifica cómodamente un debate mucho más complejo. Es cierto que estas grandes economías y bloques comerciales subsidian sectores estratégicos, intervienen determinados mercados y aplican políticas que pueden generar legítimas controversias comerciales. Pero América Latina también se beneficia del intercambio: importa maquinaria, tecnología, bienes de capital, insumos intermedios y productos de consumo que pueden elevar el poder adquisitivo de las familias y reducir los costos de producción de las empresas nacionales.
Las importaciones no atraviesan misteriosamente las fronteras con la misión de destruir empleos; también permiten producir a menores costos, incorporar tecnología, elevar la productividad, invertir y consumir. El problema, por tanto, no es comerciar con las grandes potencias, sino hacerlo desde economías capaces de competir, en lugar de pretender compensar indefinidamente sus debilidades internas levantando barreras frente al resto del mundo.
La discusión seria, por tanto, no es Estado o mercado, industria o apertura, regulación o selva. Es determinar qué instituciones permiten competir, qué regulaciones corrigen problemas reales y cuáles simplemente protegen intereses establecidos.
Porque proteger indefinidamente una empresa de la competencia no necesariamente fortalece la industria. A veces simplemente institucionaliza su ineficiencia.
La verdadera política de desarrollo debería lograr que las empresas nacionales puedan competir sin necesitar consumidores cautivos. Para ello hacen falta estabilidad macroeconómica, impuestos razonables, infraestructura, seguridad jurídica, capital humano, crédito, competencia y reglas previsibles.
El objetivo no debería ser construir una economía donde las empresas América Latinas sobrevivan porque el Estado obliga a comprarles, sino una donde sobrevivan porque vale la pena comprarles.
Quizás allí radique la diferencia fundamental entre competitividad y proteccionismo: la primera obliga al productor a conquistar al consumidor; el segundo obliga al consumidor a sostener al productor.
Y cuando esa obligación se presenta como defensa del “interés nacional”, siempre conviene hacer la pregunta que el discurso proteccionista preferiría evitar:
¿interés nacional de quién?
¿Debe el consumidor pagar precios más altos para proteger indefinidamente a una industria nacional que no logra competir? Comenta y dale a seguir.
miércoles, 12 de agosto de 2026
Diálogo incómodo entre socialismo y mercado
Dedicado a un amigo que se niega a abrir los ojos.
—El problema del Ecuador es muy sencillo —dijo Andrés—. Tenemos demasiado mercado, empresarios que no invierten, privatizaciones, abandono de los servicios públicos y políticos que quieren acabar con el Estado.
—Curioso —respondió Martín—. Acabas de resumir cincuenta años de problemas económicos utilizando una sola explicación. Siempre es tranquilizador encontrar un culpable universal.
—No estoy simplificando. El Estado debe garantizar salud, educación, empleo, servicios básicos, empresas estratégicas y justicia social.
—Estoy de acuerdo con varias cosas. La pregunta interesante es otra: ¿quién garantiza que el Estado haga bien todo aquello?
Andrés frunció el ceño.
—El Estado representa a la sociedad.
—No. El Estado está administrado por personas. Políticos, funcionarios, jueces, técnicos, ministros y burócratas. Personas exactamente igual de humanas que los empresarios que tanto te preocupan: con intereses, ambiciones, errores, incentivos y, eventualmente, corrupción.
—Pero el empresario busca ganancias.
—Por supuesto. Ese descubrimiento tiene unos tres siglos de retraso. Lo interesante es que consideres sospechoso que el empresario busque beneficio y, al mismo tiempo, presupongas que el político busca automáticamente el bien común.
Andrés sonrió.
—Eso es el típico argumento neoliberal.
—No. Es teoría de elección pública. James Buchanan pasó buena parte de su obra estudiando precisamente algo que algunos socialistas olvidan convenientemente: los gobiernos también responden a incentivos. Los funcionarios no se transforman en ángeles cuando reciben un cargo público.
—Entonces, según tú, ¿el Estado no debe intervenir?
—Ahí aparece la primera trampa. Criticar la intervención estatal ineficiente no significa querer eliminar el Estado. Esa caricatura resulta muy útil porque evita discutir la cuestión difícil: qué debe hacer el Estado, cuánto debe hacer, cómo debe hacerlo y cómo medimos si lo está haciendo bien.
Andrés apoyó los brazos sobre la mesa.
—El mercado tampoco resuelve todo. Mira la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a salud y educación.
—Correcto. Existen fallas de mercado. Externalidades, información asimétrica, monopolios, bienes públicos. Todo economista serio las reconoce. Lo extraño es que algunos reconozcan cada falla del mercado y sean incapaces de reconocer una sola falla del gobierno.
—¿Por ejemplo?
—Clientelismo, corrupción, captura institucional, empresas públicas utilizadas políticamente, gasto sin evaluación, burocracias que sobreviven aunque hayan perdido su razón de existir, subsidios que benefician a grupos organizados, contrataciones direccionadas y regulaciones diseñadas por quienes supuestamente deben ser regulados.
—Eso ocurre porque tenemos malos políticos.
Martín soltó una pequeña carcajada.
—Esa respuesta me encanta. Cuando una empresa fracasa, dices que demuestra las fallas del capitalismo. Cuando una institución pública fracasa, dices que simplemente escogimos mal al funcionario. El sistema estatal siempre queda misteriosamente absuelto.
—Pero existen sectores estratégicos que no deberían estar en manos privadas. Petróleo, electricidad, recursos naturales...
—Puede haber razones económicas para mantener determinada propiedad pública. Lo que no existe es una ley económica según la cual agregar la palabra “estratégico” convierta automáticamente una empresa estatal en eficiente.
—Al menos pertenece a todos.
—¿A todos? Intenta entrar mañana a una empresa pública y pedir tu parte de los activos porque eres ciudadano.
Andrés rió a pesar suyo.
—Sabes perfectamente qué significa propiedad pública.
—Sí. Significa que el Estado administra esos activos en nombre de la sociedad. Precisamente por eso deberíamos exigir todavía más transparencia, productividad y resultados. Pero algunas personas hacen exactamente lo contrario: consideran casi ofensivo preguntar cuánto cuesta, cuánto produce, cuántos trabajadores necesita o qué rentabilidad social genera.
—No puedes evaluar una empresa pública solamente por sus ganancias.
—Completamente de acuerdo. Pero tampoco puedes evaluarla exclusivamente por sus intenciones.
Hubo unos segundos de silencio.
—Ecuador necesita industrializarse —continuó Andrés—. Seguimos exportando materias primas. Banano, camarón, cacao, petróleo, minerales. Nuestra economía sigue siendo primaria.
—Finalmente coincidimos en algo importante.
—¿Entonces aceptas que necesitamos planificación estatal?
—No tan rápido. Acabas de saltar del diagnóstico a una receta sin demostrar la conexión. Que Ecuador tenga baja sofisticación productiva no prueba que un ministerio sea capaz de decidir qué industrias deben triunfar durante los próximos treinta años.
—Sin Estado jamás nos industrializaremos.
—Tampoco sin empresas. Ni sin universidades, capital humano, financiamiento, infraestructura, competencia, innovación, inversión extranjera y seguridad jurídica. El desarrollo productivo moderno necesita coordinación entre Estado, academia y sector privado. Pero algunos escuchan “política industrial” y enseguida imaginan un burócrata escogiendo ganadores con dinero ajeno.
—Los empresarios ecuatorianos ni siquiera quieren invertir.
Martín levantó las cejas.
—Otra frase extraordinaria. ¿Desde cuándo invertir es una obligación patriótica?
—Si tienen capital deberían crear empleo.
—Una empresa invierte cuando espera que el retorno compense el riesgo. Si tienes extorsiones, inseguridad, cambios regulatorios, incertidumbre tributaria, dificultades para recuperar una inversión, crédito caro y demanda débil, ¿qué esperas que haga el capital? ¿Que se sacrifique por la patria?
—Entonces todo hay que acomodarlo para los empresarios.
—No. Hay que crear instituciones donde invertir sea racional. Es distinto. Seguridad jurídica, competencia y estabilidad favorecen a empresarios, trabajadores, consumidores y al propio Estado.
Andrés respiró profundamente.
—El problema de ustedes los liberales es que creen que todo se resuelve privatizando.
—Y el problema de cierto socialismo es que responde a argumentos que nadie ha formulado. Privatizar un monopolio público para convertirlo en monopolio privado puede ser perfectamente absurdo. El liberalismo serio defiende competencia, no simplemente propiedad privada.
—¿Ves? Entonces necesitas regulación estatal.
—Por supuesto. Lo sorprendente es que todavía creas que reconocer funciones legítimas del Estado contradice una posición liberal. El mercado necesita Estado de derecho, tribunales, contratos, derechos de propiedad, competencia y reguladores independientes. Lo que no necesita es que el árbitro quiera jugar simultáneamente de delantero, arquero, entrenador, propietario del estadio y vendedor de entradas.
Andrés sonrió.
—Bonita metáfora. Pero la justicia social no puede dejarse al mercado.
—De acuerdo nuevamente. El Estado puede financiar salud, educación, protección social y políticas redistributivas. Pero aquí viene la pregunta que suele arruinar el romanticismo: ¿cuáles programas funcionan?
—Los que ayudan a los pobres.
—Eso es una intención, no una evaluación. Si un programa cuesta cien millones y apenas mejora marginalmente la situación de sus beneficiarios, mientras otro obtiene resultados mucho mayores por veinte millones, ¿defenderías el primero únicamente porque su propósito era noble?
—Hay derechos que no pueden medirse en dinero.
—Cierto. Pero los recursos sí pueden medirse, porque son escasos. Y cada dólar gastado en una política inútil es un dólar que no llegó a una escuela, un hospital, una carretera o una familia necesitada. La eficiencia también es justicia social.
Andrés permaneció pensativo.
—¿Y qué hay del Consenso de Washington? América Latina ya probó las recetas neoliberales.
—El famoso monstruo del Consenso de Washington. Siempre aparece cuando la conversación se complica.
—Privatización, apertura y reducción del Estado.
—También disciplina fiscal, reforma tributaria, inversión en educación, salud e infraestructura, competencia y derechos de propiedad. Pero resulta menos emocionante contar esa parte. Convertimos conceptos económicos complejos en consignas porque las consignas caben mejor en una pancarta.
—La austeridad destruye sociedades.
—Y el déficit permanente termina cobrándose igualmente. Con deuda, impuestos, inflación cuando existe moneda propia o ajustes posteriores. No existe almuerzo gratis ni siquiera cuando lo sirve el Ministerio de Finanzas.
Andrés volvió al argumento político.
—Pero debemos defender al Estado de quienes quieren destruirlo.
—Yo también quiero defenderlo.
—¿Ahora eres estatista?
—No. Quiero defender precisamente las funciones que solamente un Estado serio puede realizar: justicia, seguridad, protección de derechos, educación básica, salud pública, infraestructura, regulación, protección social y estabilidad institucional.
—Eso es bastante Estado.
—Es Estado fuerte. No necesariamente Estado enorme. Hay una diferencia.
—Explícala.
—Un Estado fuerte puede hacer cumplir la ley. Un Estado grande puede tener cuarenta ministerios y ser incapaz de impedir que una banda criminal controle un barrio. Un Estado fuerte puede recaudar impuestos razonables y utilizarlos eficazmente. Uno grande puede gastar cantidades enormes y ofrecer servicios mediocres. Un Estado fuerte tiene instituciones. Uno simplemente voluminoso tiene burocracia.
Andrés permaneció callado.
Martín continuó:
—Y aquí llegamos quizás al problema más grave del Ecuador contemporáneo. La discusión pública sigue atrapada en “izquierda contra derecha” mientras el crimen organizado, la pobreza educativa, la baja productividad, la informalidad y el deterioro institucional avanzan.
—Entonces coincidimos en que existe captura del Estado.
—Sí, pero no solamente por empresarios. El Estado puede ser capturado por grupos económicos, partidos políticos, sindicatos, contratistas, organizaciones criminales, familiares, burocracias y movimientos que confunden instituciones públicas con patrimonio partidista.
—Eso es exagerado.
—Lo verdaderamente ingenuo sería creer que la captura solamente ocurre cuando gobierna el adversario.
Andrés observó por la ventana.
—¿Entonces cuál es tu propuesta para Ecuador?
—Algo bastante menos emocionante que una revolución.
—¿Qué cosa?
—Instituciones.
—Eso suena aburrido.
—Lo es. Los países desarrollados tienen la mala costumbre de progresar haciendo cosas aburridas: mejorar educación, garantizar contratos, profesionalizar la administración pública, construir infraestructura, estabilizar las finanzas públicas, proteger inversiones, financiar innovación, castigar la corrupción y permitir competencia.
—No parece una consigna muy movilizadora.
—Precisamente. Las consignas movilizan multitudes. Las instituciones desarrollan países.
Andrés guardó silencio unos segundos antes de responder:
—Entonces tampoco crees que la derecha tenga siempre razón.
—Por supuesto que no. Ni la izquierda tiene el monopolio de la justicia social ni la derecha posee el monopolio de la eficiencia. Tampoco nacionalizar significa desarrollar ni privatizar significa modernizar.
—Eso suena casi centrista.
—No. Suena a dejar de pensar como hincha.
Y quizá allí se encuentre una de las discusiones que Ecuador lleva demasiado tiempo evitando.
Nuestro problema no consiste simplemente en escoger entre Estado o mercado. Consiste en construir un Estado que haga bien aquello que realmente debe hacer y un mercado donde verdaderamente exista competencia.
Necesitamos empresa privada que invierta, innove y genere empleo. Pero también un Estado que impida monopolios, proteja derechos y garantice oportunidades.
Necesitamos inversión pública. Pero evaluada.
Necesitamos protección social. Pero focalizada y eficaz.
Necesitamos propiedad pública cuando esté económicamente justificada. Pero sometida a resultados y transparencia.
Necesitamos disciplina fiscal. Pero acompañada de prioridades sociales.
Necesitamos mercado. Pero con reglas.
Y necesitamos Estado.
Pero con límites.
Porque quizá el error fundamental del viejo socialismo nunca fue preocuparse por los pobres, la desigualdad o la exclusión. Esas preocupaciones son completamente legítimas.
Su error consiste en algo bastante más profundo:
creer que descubrir una falla del mercado demuestra automáticamente la superioridad del Estado.
No la demuestra.
Así como descubrir un gobierno incompetente tampoco demuestra automáticamente que el mercado resolverá el problema.
Hay fallas de mercado.
Y hay fallas de gobierno.
La diferencia entre economía y propaganda comienza cuando somos capaces de reconocer ambas.
Y posiblemente allí también comience el verdadero debate que Ecuador necesita.
¿Qué necesita realmente Ecuador: más Estado, menos Estado o un Estado que funcione mejor?
El debate no debería reducirse nuevamente a izquierda contra derecha. La pregunta relevante es qué instituciones generan crecimiento, seguridad, oportunidades, movilidad social y mejores servicios públicos.
Déjanos tu opinión: ¿qué funciones debería conservar necesariamente el Estado ecuatoriano y cuáles deberían quedar abiertas a la competencia privada?
domingo, 9 de agosto de 2026
¿cuánto debe destruir un gobierno para que reaccionemos?
Hay algo inquietante en el comportamiento humano. Podemos indignarnos por un robo cometido en nuestra casa y, sin embargo, acostumbrarnos a escuchar que desde el poder desaparecieron millones. Podemos enfurecernos cuando alguien vulnera nuestros derechos, pero permanecer relativamente tranquilos mientras un gobierno censura periodistas, restringe libertades, persigue adversarios o utiliza las instituciones para proteger a los suyos como en el caso de países como Nicaragua y Venezuela, ya ni hablar de Cuba.
No necesariamente somos indiferentes. Nos acostumbramos. Y acostumbrarse al abuso es una de las formas más peligrosas de indiferencia.
La corrupción mundial ofrece un buen ejemplo. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International muestra que más de dos tercios de los países evaluados obtienen menos de 50 puntos sobre 100 y que el promedio mundial cayó a 42. Solo 31 países han mejorado significativamente desde 2012; el resto se ha estancado o empeorado.
Entonces surge una pregunta incómoda. Si sabemos que nos roban, ¿por qué tantas veces seguimos comportándonos como si nada ocurriera?
El abuso también se normaliza
Una explicación está en las normas sociales. Cuando una conducta se vuelve frecuente, nuestra percepción de lo aceptable empieza a deformarse. Lo extraordinario termina convertido en cotidiano, y se comienza a repetir, todos roban y nada les pasa.
Los experimentos sobre corrupción son reveladores. Una investigación publicada en Journal of Economic Behavior & Organization encontró que observar comportamientos corruptos puede producir un efecto de contagio y conformidad. Otro experimento publicado en 2024 comprobó que informar a los participantes de que otros estaban actuando corruptamente aumentaba tanto la probabilidad de participar en corrupción como la magnitud del soborno.
Traducido al lenguaje de la calle significa algo terrible: cuando todos roban, el robo comienza a parecernos menos excepcional.
Primero nos escandalizan cien mil dólares. Después aparece un caso de diez millones. Luego otro de cien millones. Finalmente escuchamos las cifras mientras desayunamos y seguimos tomando café.
El cerebro acaba incorporando el escándalo al paisaje.
“¿Y qué puedo hacer yo?”
Aquí aparece otro mecanismo. Cuando millones observan el mismo problema, cada individuo puede sentir que su responsabilidad particular es insignificante.
La corrupción se convierte entonces en un problema colectivo. Todos quieren instituciones honestas, pero enfrentarse al poder tiene costos individuales. Denunciar puede significar perder un empleo, sufrir persecución, enfrentarse a procesos judiciales o convertirse en blanco de ataques.
Callarse, en cambio, puede parecer barato.
Y aparece una racionalidad perversa: que proteste otro.
También existe un fuerte sesgo hacia el statu quo. La investigación económica sobre aversión a las pérdidas muestra que las personas pueden preferir mantener una situación conocida antes que asumir los riesgos de cambiarla. En política, este comportamiento puede fortalecer precisamente al orden existente.
Por eso algunas sociedades soportan gobiernos pésimos durante mucho más tiempo del que parecería razonable.
Todos están molestos, pero nadie habla
El economista Timur Kuran aporta otra pieza extraordinariamente importante. Su teoría de la falsificación de preferencias explica cómo una persona puede rechazar privadamente un régimen y, al mismo tiempo, ocultarlo públicamente porque piensa que está prácticamente sola.
Lo fascinante es que miles o millones pueden estar haciendo exactamente lo mismo.
Cada uno mira alrededor y observa silencio. Interpreta ese silencio como apoyo al gobierno. Como cree encontrarse en minoría, también calla. Su silencio convence al siguiente de que igualmente debe callar.
Así se construye una ficción colectiva.
Kuran mostró además por qué ciertas revoluciones parecen imposibles hasta poco antes de ocurrir. Un acontecimiento aparentemente menor puede revelar de repente que el descontento estaba muchísimo más extendido de lo que todos imaginaban. Entonces la protesta de unos reduce el miedo de otros y puede producirse una cascada.
Por eso algunos gobiernos parecen eternos el lunes y tambalean el viernes.
Hasta que el problema entra en casa
Hay todavía una explicación más sencilla. Mientras la corrupción sea una cifra, permanece psicológicamente distante.
“Desaparecieron 500 millones” es una abstracción.
Pero cuando falta la medicina de tu madre, asesinan a tu vecino, cierran el negocio de tu hermano, censuran al periodista que seguías, impiden que viajes libremente o la violencia llega a tu calle, la corrupción deja de ser una noticia.
Ahora tiene rostro.
Y ahí cambia el comportamiento.
Por eso resulta peligroso pensar que corrupción, autoritarismo y pérdida de libertades son fenómenos independientes. Freedom House acaba de registrar en Freedom in the World 2026 el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad mundial. En 2025 empeoraron los derechos políticos y las libertades civiles en 54 países y mejoraron solamente en 35. Apenas el 21 % de la población mundial vive hoy en países clasificados como libres.
No significa que toda corrupción termine inevitablemente en dictadura. Significa algo más prudente y quizá más preocupante, cuando se debilitan los controles al poder, la corrupción encuentra mejores condiciones para sobrevivir y las libertades quedan más expuestas. Transparency International advierte precisamente sobre el deterioro simultáneo de controles democráticos, sociedad civil independiente y mecanismos anticorrupción.
El verdadero triunfo del corrupto
Un político corrupto no ha ganado completamente cuando roba.
Ha ganado cuando el ciudadano responde: “todos roban”.
Un gobierno abusivo no vence solamente cuando censura a un periodista. Vence cuando los demás periodistas comienzan a censurarse solos.
Y un régimen autoritario alcanza su mayor éxito no cuando necesita policías en cada esquina, sino cuando consigue que millones de personas piensen que protestar, denunciar o simplemente decir lo que piensan ya no vale la pena.
Ahí está la verdadera tragedia.
Las sociedades rara vez pierden sus libertades de golpe. Pueden perderlas lentamente, mientras sus ciudadanos se adaptan a cada nuevo límite creyendo que todavía pueden soportar uno más.
Hasta que llega el día en que la crisis toca su bolsillo, su familia o su propia vida.
Entonces todos preguntan cómo fue posible llegar tan lejos.
Quizá la pregunta correcta debería hacerse mucho antes:
¿cuánto estamos dispuestos a normalizar antes de decidir que ya fue suficiente?
¿Dónde está el límite?
Si sabemos que nos roban, restringen nuestras libertades y deterioran nuestras instituciones, ¿por qué esperamos hasta que el daño nos toca personalmente?
Lee el análisis, compártelo y deja tu opinión. El silencio también ayuda a normalizar aquello que después lamentamos.
viernes, 7 de agosto de 2026
sábado, 1 de agosto de 2026
América Latina también tuvo su Plan Marshall
Dr. Armando Urdaneta
El Plan Marshall, denominado oficialmente Programa de Recuperación Europea, fue una iniciativa impulsada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de contribuir a la reconstrucción de las economías de Europa Occidental. Entre 1948 y 1951 se asignaron aproximadamente 13.000 millones de dólares, suma que, de acuerdo con algunas estimaciones, equivaldría a alrededor de 481.325 millones de dólares actuales.
Es probable que este episodio de la historia contemporánea de América Latina haya recibido poca atención en las clases de historia, geografía o economía. Una de las posibles razones es que su análisis cuestiona ciertas interpretaciones ideológicas sobre las causas del subdesarrollo regional. En particular, obliga a revisar tanto el discurso antiestadounidense de la izquierda socialista y comunista latinoamericana como las explicaciones de sectores socialdemócratas, demócrata-cristianos y mercantilistas que han atribuido el estancamiento de la región casi exclusivamente a factores externos.
El programa que suele ser presentado como una especie de Plan Marshall para América Latina se denominó Alianza para el Progreso. Fue una iniciativa impulsada en 1961 por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de América Latina y, al mismo tiempo, contrarrestar la expansión del comunismo durante la Guerra Fría.
La meta principal de la Alianza para el Progreso consistía en unir los esfuerzos de los gobiernos y pueblos del continente para impulsar el crecimiento económico, mejorar las condiciones sociales y aproximar el nivel de vida latinoamericano al de las naciones industrializadas. El programa buscaba atender necesidades esenciales relacionadas con el empleo, la vivienda, la educación y la salud, además de fortalecer las instituciones democráticas y defender el principio de autodeterminación de los pueblos.
La actuación del presidente Kennedy fue decisiva para la creación de esta iniciativa. En sus intervenciones públicas destacó la importancia de la cooperación entre los países del hemisferio para alcanzar un desarrollo económico y social sostenible. Asimismo, comprometió recursos estadounidenses para financiar programas de inversión y asistencia técnica en la región. Sus discursos insistieron en que el progreso económico debía estar acompañado por instituciones democráticas sólidas, reformas sociales y respeto a la soberanía nacional.
Los recursos destinados a la ayuda exterior fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos a solicitud del Ejecutivo. Su financiamiento provenía, en última instancia, de los impuestos pagados por los contribuyentes estadounidenses. Por tanto, la Alianza para el Progreso no fue únicamente una declaración política, sino un compromiso financiero asumido por el Estado y la sociedad estadounidense.
En total, Estados Unidos se comprometió a aportar alrededor de 20.000 millones de dólares durante un periodo de diez años, entre 1961 y 1971. Según determinadas estimaciones, esta cantidad equivaldría actualmente a cerca de 615.492 millones de dólares. Los recursos se destinaron a programas relacionados con el crecimiento económico, la educación, la salud, la agricultura, la vivienda y la construcción de infraestructura en los países latinoamericanos.
La Alianza para el Progreso proporcionó asistencia económica y técnica a la región, aunque sus resultados fueron desiguales. En algunos países contribuyó a financiar obras de infraestructura, programas sanitarios, proyectos educativos y políticas de modernización productiva. Sin embargo, también recibió críticas por su limitada efectividad, la dispersión de sus objetivos y su utilización como instrumento de influencia política estadounidense.
A pesar de sus limitaciones, la iniciativa representó uno de los esfuerzos internacionales más importantes del siglo XX para enfrentar los problemas económicos y sociales de América Latina. Su evaluación, no obstante, exige diferenciar entre los recursos efectivamente desembolsados, los compromisos anunciados, la capacidad institucional de los países receptores y la manera en que los gobiernos administraron los fondos.
La comparación entre la Alianza para el Progreso y el Plan Marshall ofrece una perspectiva crítica sobre la gestión política y económica de América Latina y Europa Occidental. Aunque ambos programas buscaban estimular el desarrollo, existieron diferencias sustanciales en su diseño, en el volumen de recursos por habitante, en la capacidad administrativa de los países receptores y en las condiciones institucionales existentes.
Europa Occidental recibió asistencia después de sufrir la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, contaba con experiencia industrial, capital humano, instituciones relativamente consolidadas y estructuras productivas que podían ser reconstruidas. América Latina, por su parte, no había padecido una destrucción material comparable, pero enfrentaba problemas estructurales como la desigualdad, la inestabilidad política, la baja productividad, la debilidad institucional y la concentración de la propiedad.
Los resultados también fueron diferentes. Europa Occidental experimentó una rápida recuperación económica y logró reconstruir buena parte de su infraestructura y capacidad productiva. América Latina, en cambio, no alcanzó niveles semejantes de crecimiento sostenido ni de transformación institucional. Esta diferencia plantea interrogantes sobre la calidad de las políticas públicas, la administración de los recursos, la continuidad de las reformas y la responsabilidad de las élites políticas y económicas latinoamericanas.
No sería riguroso atribuir esta divergencia únicamente al monto de la ayuda recibida. También deben considerarse el contexto histórico de cada región, la capacidad de planificación de sus gobiernos, la estabilidad institucional, el comportamiento de las élites, la inversión privada, la seguridad jurídica y el grado de compromiso con las reformas económicas y sociales.
En consecuencia, la comparación entre la Alianza para el Progreso y el Plan Marshall no debe utilizarse para afirmar que ambos programas fueron idénticos. Sus objetivos, condiciones y mecanismos de aplicación fueron distintos. Sin embargo, sí permite cuestionar la idea de que América Latina nunca recibió apoyo financiero internacional significativo para promover su desarrollo.
En conclusión, la Alianza para el Progreso constituyó un ambicioso esfuerzo de cooperación económica y social entre Estados Unidos y América Latina. Sus resultados limitados no pueden explicarse exclusivamente por la insuficiencia de los recursos ni por la influencia extranjera. También deben analizarse la gestión política, la debilidad institucional, la corrupción, la falta de continuidad de las políticas públicas y la escasa capacidad de numerosos gobiernos latinoamericanos para transformar la ayuda externa en crecimiento económico sostenible y progreso social.
La experiencia histórica demuestra que ninguna ayuda internacional, por cuantiosa que sea, puede sustituir la responsabilidad interna, la calidad de las instituciones, la disciplina económica y el compromiso de una sociedad con su propio desarrollo.
¿Consideras que la Alianza para el Progreso fracasó por las limitaciones del programa o por la incapacidad institucional de los gobiernos latinoamericanos? Comparte su opinión y contribuye al debate.
martes, 28 de julio de 2026
El Consenso de Washington y la responsabilidad que América Latina evita asumir
Por Armando José Urdaneta Montiel
El marxismo cultural en América Latina parte de una idea muy extendida en nuestra región: responsabilizar a terceros por las consecuencias de nuestras propias incapacidades institucionales y decisiones económicas. Esta interpretación convierte al Consenso de Washington y a los organismos multilaterales en los principales culpables del estancamiento económico y social latinoamericano, mientras minimiza la responsabilidad de los gobiernos que administraron los recursos, aprobaron los presupuestos y contrataron la deuda.
El Consenso de Washington fue formulado por John Williamson en 1989 como una síntesis de diez orientaciones económicas: disciplina fiscal, reorganización del gasto público, reforma tributaria, tasas de interés determinadas por el mercado, tipo de cambio competitivo, apertura comercial, inversión extranjera, privatización, desregulación y protección de los derechos de propiedad. No fue un tratado obligatorio ni tuvo como propósito formal confiscar la riqueza regional. Sus medidas sirvieron de referencia para programas de estabilización y financiamiento acordados entre los gobiernos y organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, incluían la reorientación del gasto hacia educación, salud e infraestructura, dimensión frecuentemente ignorada por sus críticos (Williamson, 1990/2002).
La premisa central resulta cuestionable porque supone que los países latinoamericanos aplicaron íntegramente esas políticas y que sus resultados pueden atribuirse exclusivamente a ellas. En realidad, las reformas fueron parciales, desiguales y contradictorias. Algunos gobiernos redujeron aranceles, pero no mejoraron la infraestructura; privatizaron empresas, pero sustituyeron monopolios estatales por monopolios privados; controlaron temporalmente la inflación, pero mantuvieron déficits fiscales estructurales; o liberalizaron mercados sin fortalecer previamente las instituciones regulatorias. No es metodológicamente correcto responsabilizar a un modelo uniforme cuando nunca existió una aplicación uniforme.
También existe un problema cronológico. La crisis latinoamericana de la deuda comenzó en 1982, mientras que el término Consenso de Washington apareció en 1989. La llamada “década perdida” no fue originada por un programa formulado al finalizarla. Sus antecedentes se encuentran en el endeudamiento acumulado durante los años setenta, la abundancia inicial de crédito internacional, el aumento posterior de las tasas de interés estadounidenses, la caída de los ingresos de exportación y los desequilibrios fiscales internos (Federal Reserve History).
La deuda tampoco fue creada unilateralmente por los organismos multilaterales. Fueron los gobiernos nacionales los que contrataron buena parte de esas obligaciones para financiar déficits, subsidios, empresas estatales ineficientes y estructuras burocráticas sobredimensionadas. Durante los periodos de elevados ingresos petroleros o precios favorables de las materias primas, varios países aumentaron sus compromisos permanentes bajo la expectativa de que la abundancia continuaría indefinidamente. Cuando cambiaron las condiciones externas, en lugar de reorientar el presupuesto, reducir el gasto improductivo y corregir los desequilibrios fiscales, muchos gobiernos recurrieron a nuevos préstamos. Posteriormente, una parte considerable de esas obligaciones no fue pagada en los plazos originales, sino refinanciada o reestructurada.
Es verdad que los organismos multilaterales cometieron errores. Algunos programas subestimaron los costos sociales de los ajustes, impusieron condiciones excesivamente uniformes y confiaron en que la estabilidad macroeconómica produciría automáticamente crecimiento. Sin embargo, reconocer esas fallas no implica aceptar que el FMI o el Banco Mundial sean responsables de toda decisión desacertada adoptada por los gobiernos de izquierda y centroizquierda de la región.
También debe considerarse que el financiamiento multilateral suele ofrecer plazos más amplios y costos inferiores a los disponibles para países con alto riesgo soberano en los mercados internacionales. No existe una tasa única del FMI aplicable a todos los casos, porque el costo depende del instrumento, el plazo, los recargos y las condiciones acordadas. Aun así, un país que debe pagar intereses elevados para colocar bonos internacionales puede encontrar en estos organismos una fuente de financiamiento comparativamente menos costosa. Por eso resulta contradictorio presentar a las instituciones multilaterales únicamente como mecanismos de confiscación, cuando también participan en programas de refinanciamiento, asistencia técnica, alivio financiero y reestructuración de obligaciones.
La experiencia regional tampoco puede calificarse como décadas completamente perdidas. América Latina redujo las hiperinflaciones, fortaleció algunos bancos centrales, modernizó sistemas tributarios y amplió sus exportaciones. El problema fue que esos avances no se tradujeron suficientemente en productividad, inversión y empleos de calidad. En 2026, la región continúa creciendo alrededor de un modesto 2,1 %, afectada por debilidades institucionales, escasa inversión y baja productividad (BID, 2026).
El Consenso de Washington debe evaluarse críticamente, pero no utilizarse como coartada histórica. Los organismos multilaterales deben responder por sus diagnósticos y condicionalidades equivocadas; los gobiernos latinoamericanos, por la deuda que contrataron, los déficits que sostuvieron, los recursos que desperdiciaron producto de la corrupción e ineficiencia técnica, así como de las reformas que aplicaron de manera incompleta. Mientras la región continúe atribuyendo sus fracasos exclusivamente a fuerzas externas, seguirá evitando la discusión esencial: la prosperidad depende, ante todo, de la disciplina fiscal, la seguridad jurídica, la calidad institucional y la responsabilidad con la que cada país adopte sus propias decisiones.
¿Fue el Consenso de Washington el responsable de los problemas de América Latina o se convirtió en la excusa perfecta para ocultar décadas de malas decisiones fiscales, corrupción e instituciones débiles?
Comparte este análisis y deja tu opinión. La región no podrá corregir sus errores mientras continúe responsabilizando exclusivamente a terceros por las consecuencias de sus propias decisiones.
sábado, 25 de julio de 2026
Cuando la izquierda descubre que votar es peligroso
Daniel Ortega decidió resolver el problema que más incomoda a todo autócrata: la posibilidad de perder. El 19 de julio de 2026 anunció que Nicaragua dejaría de celebrar elecciones capaces de permitir el acceso de la oposición al poder. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, comenzó a preparar el andamiaje jurídico para convertir esa amenaza en norma. Es la culminación lógica de un régimen que ya había encarcelado adversarios, cerrado organizaciones civiles, expulsado disidentes y colocado a Rosario Murillo como copresidenta. La revolución, al parecer, ha progresado tanto que ya puede prescindir del pueblo y de su voto de confianza.
Lo preocupante no es solo Ortega. También lo es la indulgencia de una buena parte de la izquierda latinoamericana (tal vez, de toda) que suele descubrir violaciones de derechos humanos únicamente cuando el gobernante acusado pertenece al bando contrario. Para esos sectores, una dictadura de derecha es una dictadura; una dictadura de izquierda es un “proceso complejo”, sometido a presiones externas y necesitado de comprensión histórica. La tiranía cambia de nombre según el color de la bandera.
Este comportamiento no nació ayer. Cuba fue el laboratorio original. La revolución de 1959 prometió emancipación, pero terminó institucionalizando un Estado de partido único. La Constitución de 1976 consolidó el papel dirigente del Partido Comunista, y la Constitución de 2019 mantuvo ese monopolio político y declaró irreversible el socialismo. En seis décadas, la falta de pluralismo, la censura y la persecución de la disidencia fueron justificadas como defensa frente al enemigo externo. El embargo estadounidense, real y no tan dañino, se convirtió además en la coartada perfecta para explicar cada fracaso y absolver cada abuso.
Nicaragua repitió la fórmula con una ironía histórica mayor. Ortega llegó al poder con la revolución sandinista, pero perdió las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el gobierno. Aquella alternancia probó que el sandinismo podía sobrevivir fuera del poder. Sin embargo, tras regresar a la presidencia en 2007, Ortega fue ocupando las instituciones, debilitando los contrapesos y reduciendo la competencia electoral. La represión de las protestas de 2018 marcó el quiebre definitivo; en 2021, los principales aspirantes opositores fueron detenidos antes de las elecciones. Ahora Ortega simplemente elimina la decoración electoral. Al menos ha tenido la cortesía de dejar de fingir.
Venezuela siguió otra ruta hacia el mismo destino. Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 y utilizó su legitimidad para rediseñar el Estado. Con el tiempo, el oficialismo colonizó el poder judicial, el árbitro electoral y los medios públicos. Cuando la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en 2015, Nicolás Maduro respondió creando en 2017 una Asamblea Constituyente oficialista que neutralizó al Parlamento elegido. En 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro sin publicar resultados desagregados por mesa y hasta ahora se buscan las actas para verificar resultados. El Centro Carter concluyó que la elección no cumplió estándares internacionales y que no podía considerarse democrática, pero los gobiernos aliados de Brasil, Cuba y Nicaragua, con voceros en Chile, Perú, Uruguay terminaron haciéndose los desentendidos.
El patrón es reconocible: primero se gana mediante elecciones; después se modifican las reglas; luego se captura a los árbitros; finalmente se criminaliza a quien todavía pretende competir. Las urnas se conservan mientras produzcan el resultado correcto. Cuando dejan de garantizarlo, pasan a ser instrumentos del imperialismo.
El informe de V-Dem de 2026 clasifica a Cuba y Haití como autocracias cerradas, y a Nicaragua y Venezuela como autocracias electorales. No es propaganda de campaña, sino una medición comparada de pluralismo, elecciones limpias, libertad de expresión y controles institucionales. El dato destruye la cómoda narrativa según la cual toda crítica a estos gobiernos proviene de Washington.
Conviene hacer una precisión: no toda la izquierda regional respalda esas dictaduras. Existen dirigentes progresistas, intelectuales y antiguos revolucionarios que las han condenado (se cuentan con los dedos de las manos). El problema está en quienes subordinan los derechos humanos a la identidad ideológica del gobernante. Esa doble moral erosiona la credibilidad democrática de toda la izquierda y convierte la solidaridad internacional en complicidad selectiva.
La democracia vale precisamente cuando puede ganar el adversario. Si solo se acepta el voto cuando confirma al partido gobernante, no existe soberanía popular, sino obediencia administrada. Ortega lo ha expresado sin maquillaje: las elecciones son peligrosas porque la oposición podría vencer. Sus defensores todavía buscarán una explicación sofisticada. Quizá digan que suspender la democracia es la nueva etapa superior de la democracia. Todo sea por proteger al pueblo de la imprudencia de elegir un gobierno distinto.
¿Puede llamarse democrático un movimiento que solo acepta elecciones cuando tiene asegurada la victoria? Comparte este análisis, deja tu opinión y ayúdanos a desenmascarar la doble moral de quienes condenan unas dictaduras mientras justifican otras.
