La inmigración no debería analizarse desde el odio ni desde la ingenuidad. Ese es el primer punto. Un país serio puede recibir extranjeros, integrarlos, aprovechar su trabajo y respetar su dignidad. Pero también tiene el derecho —y el deber— de proteger sus fronteras, ordenar sus servicios públicos y priorizar a sus ciudadanos y residentes legales. El problema aparece cuando la política migratoria deja de ser una política de Estado y se convierte en una estrategia electoral como lo vienen haciendo los países que se denominan progresistas: abrir puertas, regularizar masivamente y ampliar derechos sociales con la esperanza de convertir dependencia en votos para la política.
En Reino Unido, bajo el gobierno laborista de Keir Starmer, es un mal ejemplo, se habla de “restaurar el control” migratorio ante la pérdida de respaldo en elecciones seccionales. De hecho, el propio gobierno publicó en 2025 un libro blanco para reducir la migración neta y endurecer reglas del sistema migratorio. Pero esa reacción llega después de años de desorden en donde los inmigrantes árabes de confesión musulmana han tomado escuelas, alcaldías e iglesias sin respeto a la ley original, dmeuestra que hay un cambio radical en el imperio: en el año terminado en junio de 2025, la inmigración de largo plazo hacia Reino Unido fue estimada en 898.000 personas, y el 75% correspondió a nacionales no pertenecientes a la UE; aunque la migración neta bajó, el volumen sigue siendo políticamente explosivo con aumento del gasto público financiado por los trabajadores.
El caso británico es especialmente sensible porque la presión migratoria irregular se ha vuelto símbolo de pérdida de autoridad estatal, la Sharia se abre paso en muchos barrios musulmanes de inmigrantes. En 2025, unas 41.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha, representando cerca del 89% de las entradas irregulares detectadas; además, desde 2018, el 95% de quienes llegaron por esa vía solicitaron asilo (todos dicen que vienen de países en guerra o que los quieren matar). No se trata solo de números: se trata de la señal política que recibe el ciudadano común cuando ve que entrar irregularmente puede terminar en permanencia, asistencia y trámite administrativo con grandes beneficios sociales pagados por los que pagan realmente impuestos.
En España, Pedro Sánchez ha llevado esta lógica a un terreno todavía más radical. El Gobierno aprobó un nuevo Reglamento de Extranjería que amplía vías de regularización por arraigo, reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia exigido en ciertos casos y estima que podrían regularizarse unas 300.000 personas cada año durante tres años. Además, en 2026 se abrió una regularización extraordinaria para extranjeros que hubieran solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026 o que estuvieran en situación irregular y hubieran llegado antes de esa fecha, siempre que cumplieran requisitos básicos. Hasta ahora se puede verificar el gran aporte de esta inmigración de preferencia arabe a la seguridad social o al crecimiento económico del país.
El dato demográfico español confirma la magnitud del cambio: a 1 de enero de 2025 había 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero, y el 24,4% de ellos había llegado en los dos años anteriores. Es decir, no estamos ante un fenómeno marginal, sino ante una transformación acelerada de la composición social del país, en poco tiempo España se quedará sin españoles de origen. Al mismo tiempo, en 2024, 252.476 residentes extranjeros adquirieron la nacionalidad española, cifra que creció 5,1% respecto al año anterior.
Aquí un punto incómodo: la relación entre inmigración y voto. No todo migrante vota, y decir lo contrario sería falso. Pero los sistemas políticos sí crean rutas hacia derechos políticos. En Reino Unido, pueden registrarse para votar ciudadanos británicos, irlandeses, ciertos ciudadanos de la Commonwealth y, en determinadas elecciones, ciudadanos de la UE o extranjeros calificados según la nación del Reino Unido. En España, los ciudadanos de la UE residentes pueden votar en municipales si cumplen requisitos, y también ciertos extranjeros de países con acuerdos de reciprocidad; además, la nacionalización convierte al antiguo extranjero en elector pleno y más aún cuando el PSOE que gobierna pierde 500 mil votantes según encuestas preliminares.
Cuando un gobierno flexibiliza la regularización, amplía permisos, multiplica ayudas y evita discutir costos reales en vivienda, salud, empleo, educación y seguridad, no está haciendo humanismo; está fabricando clientela política (votos). El ciudadano legal termina pagando impuestos para sostener un sistema que, muchas veces, no le devuelve servicios de calidad. Se le exige solidaridad, pero se le niega prioridad. Se le llama xenófobo si pregunta por el costo fiscal. Se le acusa de insensible si pide control fronterizo. Esa manipulación moral es típica de la izquierda gobernante: convierte el debate público en culpa, no en razón.
Esto no significa culpar al inmigrante. Muchos llegan a trabajar, aportar y escapar de Estados fallidos. La responsabilidad principal es de los gobiernos que usan la migración como sustituto de la política económica, la natalidad, la productividad y la seguridad. En lugar de formar trabajadores nacionales, mejorar salarios, reducir impuestos y ordenar el Estado, prefieren importar población, regularizarla y presentarse como salvadores.
Esto al final es sencillo, una nación que no distingue entre compasión y desorden termina debilitándose. La inmigración legal, selectiva, productiva e integrada puede ser positiva. La inmigración masiva, descontrolada y políticamente administrada para ganar simpatías electorales es otra cosa. Eso ya no es solidaridad; es ingeniería electoral. Y cuando el voto se vuelve más importante que el ciudadano, la democracia deja de representar a la nación y empieza a administrar su reemplazo político.
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