El socialismo en América Latina sigue mintiendo a sus seguidores viejos y nuevos que la mejor visión de desarrollo económico es aquella en la que el Estado tiene un papel central. Entre sus principales estrategias se encuentra la creación de empresas públicas para generar empleo y, en muchos casos, fortalecer estructuras de apoyo político, lo que se conoce como “empleo militante”. Sin embargo, al final de los mandatos de los gobiernos socialistas o de ultra izquierda tenemos los mismos problemas, empresas insostenibles y al borde la quiebra en la mayoría de los casos.
Empresas públicas cuna del empleo
militante
En varios países de la región, los gobiernos
socialistas han utilizado las empresas públicas como espacios para crear empleo
militante, es decir, puestos de trabajo destinados a consolidar la base de
apoyo político del partido gobernante. Esto ha llevado a un aumento
significativo de las planillas laborales en dichas empresas, muchas veces sin
considerar criterios técnicos o de eficiencia, y casi siempre con salarios muy
generosos que se contraponen a la competencia privada.
Un ejemplo claro se encuentra en Venezuela, donde
PDVSA, la empresa estatal petrolera, pasó de ser una de las más eficientes del
mundo a enfrentar graves problemas financieros y operativos, que han conllevado
la pérdida de su real capacidad de producción. Durante los gobiernos de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro, la empresa se convirtió en un instrumento de
distribución de beneficios para sectores afines al gobierno. El resultado: una
empresa que alguna vez representó el orgullo nacional ahora enfrenta constantes
crisis de producción y deudas acumuladas.
En Argentina, bajo los mandatos kirchneristas, se
observó un fenómeno similar en Aerolíneas Argentinas, tal vez la más emblemática
obra de destrucción de una empresa. Tras su reestatización en 2008, la empresa
incrementó significativamente su nómina, en muchos casos con contrataciones
vinculadas a alianzas políticas. Si bien la reestatización buscaba garantizar
la conectividad aérea, la empresa ha enfrentado continuas pérdidas económicas y
denuncias de gestión ineficiente. Algo muy similar ocurrió en Ecuador con la aerolínea
TAME, la que sigue en proceso de cierre con múltiples problemas en su
liquidación. Y en espera se tiene a CNT con más empleado y menos participación
en el mercado de telefonía móvil que Claro y Movistar.
Mala administración y el declive
de las empresas públicas
La politización de las empresas públicas ha llevado
a la pérdida de uno de los que debería ser un pilar fundamental: la eficiencia.
Las decisiones administrativas son casi siempre guiadas por intereses políticos
más que por criterios técnicos (no ponen gente preparada en la dirección), lo
que resulta en empresas menos competitivas y con servicios de menor calidad.
En Bolivia, YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos) fue promovida como un emblema de la nacionalización de los recursos
bajo el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, las denuncias de corrupción y la
falta de inversión en tecnología han limitado el potencial de la empresa,
afectando no solo su producción, sino también los ingresos del Estado.
Otro caso significativo es el de Brasil y
Petrobras. Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, Petrobras se
vio envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción de la región,
conocido como "Lava Jato". Las redes de corrupción y la sobrecarga de
funciones administrativas comprometieron seriamente su operatividad y
reputación internacional.
La esencia perdida: eficiencia y
calidad
El propósito de una empresa, ya sea pública o
privada, es proveer bienes y servicios de calidad a la sociedad. Sin embargo, cuando
las primeras se convierten en espacios para favorecer intereses políticos, su
capacidad de cumplir con este objetivo se ve erosionada, ocasionando grandes
pérdidas para los contribuyentes, los que al final asumen todos los errores de
la gente improvisada.
Reflexión final
El socialismo en América Latina siempre habla en
términos de inclusión social, y para ello miente con la creación de empresas
públicas para gestionar todo. Sus cuentas e indicadores solo muestran números
rojos, y si se observa alguna mejora, a la vuelta de la esquina, volvemos a la
realidad de gasto excesivo, atrasos y deudas. Te invito a opinar, si debemos
seguir con las empresas públicas o dejamos que los impuestos sirvan para los
verdaderos objetivos que debe alcanzar un Estado.
Considero que las empresas públicas, no son empresas, debido a que no generan por lo general una ganancia, y es verdad que siempre la mayoría de veces son perdidas, si el estado empezará a compartir dichas administraciones con el sector privado, las situación mejoraría en corto, mediano o largo plazo, o será más eficaz que sean medidas al sector privado con ciertas normas y parámetros a seguir?
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