Irán contra la libertad

 

Hablar de Irán, no es referirse a un país con un simple gobierno autoritario más. Estamos ante un sistema donde el poder político y el poder religioso se fusionan para controlar la vida pública, la economía y la moral privada. La República Islámica nació en 1979 bajo la doctrina del velayat-e faqih —la tutela del jurista islámico—, que coloca al líder supremo y a los órganos clericales por encima de la competencia política normal. Además, tiene un Consejo de Guardianes que puede vetar leyes y filtrar candidatos para elecciones, de modo que la voluntad ciudadana queda subordinada a la obediencia ideológica, no llega nadie sin autorización religiosa.

Ese diseño institucional no es un detalle menor: es la negación misma del liberalismo universal. El liberalismo parte de una idea simple pero poderosa: ninguna persona, iglesia, partido o caudillo debe tener poder absoluto sobre la conciencia, la propiedad, la palabra o el proyecto de vida de los demás. En Irán ocurre lo contrario. Freedom House clasifica al país como “No Libre”, con una puntuación de apenas 11 sobre 100 en libertad general, y 13 sobre 100 en libertad en internet. La misión internacional de la ONU también ha documentado que las mujeres siguen expuestas a arrestos, vigilancia, castigos y coerción por desafiar el uso obligatorio del hiyab. Sin embargo, este país preside comisiones de Derechos Humanos o de la Mujer, toda una contradicción al interior de la ONU.

Desde lo económico, sabemos que el mercado no funciona solo con compradores y vendedores. Funciona con reglas estables, propiedad protegida, contratos confiables, información libre, competencia abierta y límites claros al poder político. Pero, cuando el Estado se convierte en vigilante moral, árbitro ideológico y actor económico privilegiado al mismo tiempo, el mercado deja de ser un espacio de cooperación voluntaria y se transforma en un sistema de obediencia, favores y miedo. Esa es, en esencia, la perversión económica de un gobierno teocrático.

Irán ofrece una prueba concreta de ese problema. El Banco Mundial reconoce que la economía iraní ha crecido por la recuperación del sector petrolero, pero también advierte que el crecimiento se moderaría a un promedio de 2,8% entre 2024/25 y 2026/27, en un contexto de sanciones, tensiones geopolíticas, escasez energética, restricciones de liquidez y deterioro del capital. El mismo informe señala que el sector privado enfrenta incertidumbre macroeconómica y un clima de inversión incierto. A esto se suma una inflación persistentemente alta: el Banco Mundial reportó 40,7% en 2023/24 y el FMI proyecta 41,6% para 2026.

Pero sería un error atribuir todos los males de Irán únicamente a las sanciones. Las sanciones pesan, sin duda. Sin embargo, la estructura interna del régimen agrava el daño. Documentos del Banco Mundial muestran que el crédito al sector privado es bajo porque los bancos estatales tienden a dar acceso preferencial a las empresas públicas. Además, muchos de los grandes negocios están en manos del Estado o de fundaciones cuasi públicas religiosas, los llamados bonyads. En la práctica, eso significa que quien está cerca del poder religioso compite con ventaja, mientras el emprendedor independiente carga con más incertidumbre, menos financiamiento y menor protección institucional.

Aquí está el punto central: una teocracia no solo restringe libertades civiles; también destruye la lógica moral del mercado. El mercado libre, bien entendido, no es selva ni abuso. Es un orden donde millones de personas cooperan pacíficamente sin imponerse por la fuerza. La teocracia, en cambio, reemplaza esa cooperación por disciplina ideológica. De hecho, la ONU ha señalado que en Irán no solo se castiga a quienes disienten, sino que incluso se ha presionado a empresas y particulares para hacer cumplir reglas obligatorias sobre vestimenta femenina. Es decir, el Estado convierte a actores privados en extensiones de la policía moral. Eso no es mercado; es colonización política de la sociedad civil.

También por eso el caso iraní es una violación frontal del liberalismo universal. No hablamos solo de eficiencia económica, sino de principios: igualdad ante la ley, libertad de conciencia, libertad de empresa, libertad de expresión y límites al poder. En Irán, las elecciones no cumplen estándares democráticos: el Consejo de Guardianes filtra candidaturas, excluye voces no alineadas y deja fuera incluso a figuras centristas o reformistas. Reuters describió la elección presidencial de 2024 como una contienda “estrechamente controlada”, y Freedom House subraya que el marco electoral iraní no satisface estándares internacionales.

Ser permisivos con estos países, es elegir olvidar la libertad y el poder decidir libremente: la libertad no es un lujo occidental ni una moda académica; es la condición mínima para que una sociedad respire, produzca, innove y conviva sin miedo. Un régimen teocrático como el iraní no solo persigue mujeres, opositores o minorías; también asfixia el emprendimiento, deforma los incentivos y reemplaza la creación de valor por la lealtad al poder. Donde manda el dogma armado, el ciudadano deja de ser persona y pasa a ser súbdito. Y donde el poder decide quién puede hablar, competir, invertir o vestir, el mercado ya no es libre: es apenas una escenografía bajo vigilancia.

Defender la libertad no es retórica: es impedir que el poder político o religioso convierta a la sociedad en una cárcel moral y económica. Comparte esta entrada si crees que sin libertad no hay prosperidad posible.

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Subir impuestos para reducir la pobreza

 

En el debate público latinoamericano se ha instalado una idea que suena moralmente atractiva: si el Estado cobra más impuestos a los que más tienen, los pobres vivirán mejor. El problema es que la economía no funciona con consignas sino con incentivos. Y cuando se analizan los datos con frialdad, el resultado suele ser menos crecimiento, más informalidad y, paradójicamente, menos recursos sostenibles para financiar políticas sociales.

El argumento redistributivo parte de una premisa razonable: la desigualdad existe y el Estado debe intervenir. Sin embargo, el error aparece cuando se asume que aumentar tasas impositivas automáticamente se traduce en mayor bienestar. La experiencia empírica demuestra que los sistemas tributarios no operan en el vacío. Las personas y las empresas reaccionan.

Aquí es donde entra la conocida Curva de Laffer: existe un punto a partir del cual subir impuestos no aumenta la recaudación, sino que la reduce. No por “maldad empresarial”, sino porque cambian los incentivos: aumenta la evasión, crece la informalidad, se postergan inversiones o simplemente el capital migra a entornos más competitivos.

Veamos ejemplos actuales.

En Argentina, durante los últimos 20 años de gobiernos de ultra izquiersa se multiplicaron impuestos extraordinarios, retenciones, percepciones y gravámenes al patrimonio. El resultado no fue una explosión de bienestar social. Lo que se observó fue caída en inversión privada, inflación persistente y una presión tributaria que empujó a miles de pequeñas empresas hacia la informalidad. Hoy el país enfrenta un ajuste precisamente porque el modelo de financiar gasto creciente con más impuestos llegó a su límite.

En Colombia, la reciente reforma tributaria de Petro buscó aumentar la recaudación gravando sectores estratégicos como hidrocarburos. El mensaje político fue redistributivo, pero el efecto inmediato fue incertidumbre sobre inversión energética y crecimiento potencial. Cuando el crecimiento se desacelera, también lo hace la capacidad futura de financiar programas sociales.

Incluso en economías desarrolladas el debate es similar. En España gobernada por Pedro Sánchez del Partido Socialista, el aumento de impuestos a grandes patrimonios generó discusión sobre salida de capital hacia otras jurisdicciones europeas con menor carga fiscal. En un mundo globalizado, el capital no es inmóvil.

El problema central es confundir recaudación con riqueza. Los impuestos redistribuyen lo ya producido; no crean valor por sí mismos. La verdadera fuente de mejora sostenida en ingresos es el crecimiento económico, que depende de inversión, productividad y empleo formal.

Cuando las tasas se vuelven excesivas, se afectan tres mecanismos clave:

1. Incentivos a invertir.

El inversionista evalúa rentabilidad después de impuestos. Si la carga es muy alta o impredecible, la decisión racional es reducir riesgo o buscar otros destinos.

2. Formalización laboral.

En América Latina, donde la informalidad supera en muchos casos el 50%, elevar costos tributarios y laborales puede empujar a más trabajadores fuera del sistema formal, reduciendo la base contributiva.

3. Competitividad regional.

Los países compiten por capital y talento. Si una economía sube impuestos sin mejorar calidad institucional o servicios públicos, pierde atractivo relativo.

No se trata de defender privilegios ni de negar la necesidad de financiamiento estatal. Se trata de entender que el diseño importa más que la consigna. Un sistema tributario eficiente debe ser amplio en base, moderado en tasas y estable en reglas.

Un ejemplo interesante es Uruguay, que ha logrado mantener relativa estabilidad macroeconómica combinando disciplina fiscal con reglas claras. No es el país con menores impuestos de la región, pero sí uno de los más previsibles, lo que favorece inversión sostenida.

Subir impuestos puede ser necesario en contextos específicos, pero hacerlo como solución automática a la pobreza es un error conceptual. La pobreza no se combate redistribuyendo escasez, sino ampliando oportunidades productivas.

En el caso ecuatoriano el debate sigue centrándose en cobrar más y no en cómo se gasta y qué incentivos se generan. Un Estado que aumenta presión tributaria sin mejorar eficiencia, seguridad jurídica o calidad del gasto termina debilitando el tejido productivo que necesita para sostener políticas sociales.

Hay además un componente político delicado: cuando la narrativa se construye en términos de “ricos vs. pobres”, se polariza el debate y se ignora que la mayoría del empleo lo generan pequeñas y medianas empresas. Castigar fiscalmente al sector productivo no daña a una élite abstracta; impacta en puestos de trabajo concretos.

En definitiva, el mito de que subir impuestos reduce pobres parte de una intuición moral pero ignora la dinámica económica. Sin crecimiento no hay redistribución sostenible. Sin inversión no hay empleo. Y sin empleo formal no hay movilidad social real.

Si queremos menos pobreza, la pregunta correcta no es cuánto más podemos cobrar, sino cómo crear un entorno donde producir, innovar y formalizar sea rentable. La verdadera justicia social no surge de la coerción fiscal ilimitada, sino de una economía dinámica que multiplique oportunidades.

¿Crees que más impuestos realmente solucionan la pobreza o solo redistribuyen la escasez?
Comparte este artículo, deja tu opinión en los comentarios y sigamos el debate con datos, no con consignas.

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Descentralización sin límites: cuando el poder local se convierte en despilfarro

 

En América Latina se instaló durante décadas una idea casi incuestionable: que romper con el centralismo y transferir competencias y recursos a los gobiernos subnacionales era, por sí mismo, sinónimo de eficiencia y desarrollo. Se habló de autonomía, cercanía al ciudadano y planificación territorial. Sin embargo, en la práctica, esa descentralización —cuando no fue acompañada de disciplina fiscal y control efectivo— terminó ampliando el margen para el despilfarro del dinero de los contribuyentes.

El problema no es la descentralización en abstracto. Desde una visión liberal, el gobierno más cercano puede, en teoría, asignar mejor los recursos porque conoce mejor las necesidades locales. El inconveniente surge cuando esa autonomía se combina con poder presupuestario amplio, incentivos electorales cortoplacistas y organismos de control débiles o politizados. Allí, el presupuesto deja de ser herramienta de desarrollo y se convierte en instrumento de posicionamiento político.

En México, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado reiteradamente montos significativos “por aclarar” en recursos ejercidos por estados. En Perú, la Contraloría ha detectado desvíos de fondos destinados a obras hacia consultorías u otros rubros. En Colombia, los hallazgos de contralorías territoriales y organismos disciplinarios reflejan irregularidades persistentes en contratación local. En Argentina, los informes sobre transferencias a provincias y municipios muestran cómo parte importante de los recursos termina sosteniendo gasto corriente. El patrón es regional: más autonomía presupuestaria no necesariamente significó mejor uso del dinero público.

Desde una óptica liberal, el punto central es el incentivo. El político local enfrenta elecciones frecuentes y necesita resultados visibles. Un concierto multitudinario, la contratación de artistas, la entrega de tablets o kits generan impacto inmediato y titulares favorables. En cambio, invertir en drenaje pluvial, mantenimiento vial, catastro actualizado o gestión de riesgos produce beneficios menos espectaculares, aunque mucho más relevantes para la calidad de vida. La tentación de priorizar lo visible sobre lo estructural es enorme.

A esto se suma el llamado “empleo militante”: el crecimiento del gasto corriente para sostener nóminas y redes de lealtad política. Cuando el poder subnacional se ejerce sin límites claros, el presupuesto termina financiando estructuras partidistas antes que servicios públicos. Y aunque formalmente se cumplan porcentajes de inversión, no pocas veces se maquilla el gasto político bajo etiquetas técnicas.

La descentralización mal diseñada no redujo el centralismo; lo multiplicó en pequeño. En lugar de un poder concentrado en la capital, surgieron múltiples centros de gasto con capacidad de decisión discrecional y controles fragmentados. El resultado fue una expansión del tamaño del Estado en todos los niveles, sin la correspondiente mejora en resultados.

La lección es clara: la autonomía sin responsabilidad fiscal no fortalece la democracia, la debilita. La solución no es recentralizar todo, sino introducir reglas claras, límites estrictos al gasto corriente, transparencia radical y sanciones efectivas. Desde una perspectiva liberal, el verdadero respeto al ciudadano comienza por reconocer que cada dólar del presupuesto es producto del esfuerzo del contribuyente. Cuando ese dinero se utiliza para alimentar clientelas en lugar de resolver problemas estructurales, no hay descentralización virtuosa, sino simple dispersión del despilfarro.

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Crecimiento económico: estructura productiva, capital humano e incentivos dinámicos

 

Capital humano, rentabilidad e instituciones: la verdadera base del desarrollo sostenible.

Dr. Armando Urdaneta

El debate sobre el crecimiento económico suele reducirse a una comparación de los niveles de ingreso per cápita entre países. Sin embargo, detrás de esa cifra agregada se esconde una arquitectura compleja de acumulación, incentivos y eficiencia productiva. Un análisis serio y objetivo debe contemplar los fundamentos del nivel de producción, así como la dinámica y la rentabilidad del capital que sostienen el desarrollo económico. Este no es simplemente una cuestión de cuánto se acumula, sino de cómo interactúan el capital físico, el capital humano, el trabajo y los incentivos a la inversión a lo largo del tiempo.

El PIB real per cápita, el capital físico per cápita, el índice de capital humano y las horas trabajadas revelan la dimensión estructural del crecimiento. La relación positiva entre capital físico e ingreso confirma una intuición básica de la teoría neoclásica, formalizada en el modelo de Robert Solow: la producción depende de la acumulación de factores. No obstante, la evidencia comparada sugiere que la acumulación de capital físico enfrenta rendimientos decrecientes. Esto implica que, aunque el aumento del capital eleva el producto, cada unidad adicional genera incrementos cada vez menores. Por sí sola, la inversión en maquinaria e infraestructura no garantiza una convergencia automática entre economías ricas y pobres.

Es en este punto donde el capital humano adquiere centralidad. El índice basado en años de escolaridad y retornos a la educación muestra que las economías con mayor dotación educativa no solo alcanzan niveles superiores de ingreso, sino que también exhiben trayectorias de crecimiento más estables. La educación no actúa únicamente como un factor adicional; potencia la productividad del capital físico y del trabajo. En términos económicos, el capital humano amplifica la eficiencia marginal del capital. Esta complementariedad explica por qué economías con niveles similares de inversión física pueden divergir sustancialmente en resultados. Allí donde la acumulación material no va acompañada de acumulación de conocimiento, el crecimiento tiende a estancarse.

La variable de horas trabajadas introduce otra distinción relevante: la diferencia entre crecimiento extensivo e intensivo. Algunas economías expanden su producto aumentando la cantidad de trabajo utilizado; otras lo hacen elevando la productividad por hora. Paradójicamente, las economías más desarrolladas suelen registrar menos horas trabajadas por persona, pero mayor producción por trabajador. Este patrón sugiere que el desarrollo sostenible se asocia menos con la intensificación del esfuerzo laboral y más con mejoras tecnológicas y organizativas que elevan la eficiencia. En otras palabras, trabajar más no equivale necesariamente a producir mejor.

Desde otra perspectiva, la teoría macroeconómica del crecimiento explica el nivel de desarrollo, mientras que la tasa interna de retorno real y la depreciación del capital iluminan la dinámica que sostiene o debilita esa estructura productiva. La rentabilidad del capital constituye el principal incentivo para la inversión. En teoría, las economías con escasez de capital deberían ofrecer mayores retornos y, por tanto, atraer mayores flujos de inversión. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que altas tasas de retorno potencial pueden coexistir con baja acumulación efectiva cuando existen riesgos institucionales, restricciones financieras o incertidumbre macroeconómica. La rentabilidad es una condición necesaria para la inversión, pero no suficiente si el entorno no garantiza estabilidad y previsibilidad.

La tasa de depreciación del stock de capital introduce una dimensión frecuentemente subestimada en el debate público. Una parte significativa de la inversión no genera capital neto adicional, sino que simplemente compensa el desgaste del stock existente. En economías con alta depreciación —ya sea por obsolescencia tecnológica o por estructuras productivas intensivas en capital— el esfuerzo de ahorro requerido para expandir el capital neto es mayor. Así, el crecimiento no depende solo de cuánto se invierte, sino de cuánto de esa inversión supera el umbral de reposición. Ignorar esta dinámica puede conducir a diagnósticos excesivamente optimistas sobre la capacidad de expansión futura.

La integración de estas dimensiones permite formular una conclusión más amplia: el desarrollo económico es el resultado de la coherencia entre estructura productiva e incentivos dinámicos. Una economía puede acumular capital físico, pero si carece de capital humano suficiente, la productividad será limitada. Puede exhibir alta rentabilidad potencial, pero si la depreciación es elevada o el entorno institucional es frágil, la acumulación neta será reducida. Puede aumentar las horas trabajadas, pero sin mejoras en eficiencia el ingreso per cápita permanecerá estancado. El crecimiento sostenible exige simultáneamente acumulación, eficiencia y rentabilidad efectiva.

Desde esta perspectiva, las políticas públicas orientadas exclusivamente a estimular la inversión física resultan incompletas. La evidencia sugiere que la educación y la formación de capital humano tienen efectos multiplicadores, no solo directos sino también indirectos al potenciar la rentabilidad del capital existente. Del mismo modo, fortalecer instituciones que reduzcan el riesgo y mejoren la previsibilidad económica incrementa la inversión efectiva más allá de lo que indican los retornos teóricos. Finalmente, la innovación tecnológica puede reducir la depreciación efectiva al hacer más eficiente el uso del capital y prolongar su vida útil productiva.

En síntesis, el crecimiento económico no es un fenómeno mecánico ni lineal. Es el resultado de una interacción compleja entre acumulación de factores, eficiencia productiva e incentivos intertemporales. Analizar la macroeconomía contemporánea y las bases de datos disponibles permite identificar esta doble dimensión, estructural y dinámica, superando explicaciones simplistas basadas únicamente en el nivel de ingreso. El desafío para las economías rezagadas no es únicamente acumular más capital, sino construir un entorno donde ese capital sea complementado por conocimiento, respaldado por instituciones sólidas y sostenido por incentivos que hagan viable su expansión en el largo plazo.

¿Quiere entender por qué algunas economías despegan y otras se estancan?
Le invito a leer el análisis completo y compartir su opinión sobre el verdadero motor del desarrollo.

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Un resumen de la escuela austríaca

La Escuela Austriaca no es solo una corriente económica; es una invitación a pensar con independencia. Desde Carl Menger hasta Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, su aporte central ha sido recordarnos que la economía no trata de números fríos sino de acción humana, decisiones individuales y procesos de mercado que ningún burócrata puede reemplazar. Frente a la obsesión contemporánea por la planificación estatal, la Austriaca nos devuelve al análisis de incentivos, información dispersa y responsabilidad personal. Si queremos comprender por qué fracasan los controles de precios, por qué el exceso de crédito genera crisis o por qué la inflación empobrece silenciosamente a los ciudadanos, aquí encontramos respuestas sólidas y coherentes. Ignorarla en América Latina —y especialmente en Ecuador— es renunciar a una herramienta poderosa para entender nuestros errores recurrentes en política económica.

Estudiarla también es un ejercicio intelectual exigente: obliga a cuestionar el fetichismo de los modelos matemáticos cuando se desconectan de la realidad y a reconocer los límites del conocimiento centralizado. La crítica a la ingeniería social, el análisis del ciclo económico basado en la expansión artificial del crédito y la defensa de la libertad como condición del orden espontáneo no son consignas ideológicas, son advertencias históricas. En tiempos donde el populismo económico vuelve a seducir con promesas fáciles, la Escuela Austriaca ofrece algo menos espectacular pero mucho más honesto: responsabilidad, reglas claras y respeto por el proceso de mercado. Quien aspire a debatir seriamente sobre desarrollo, pobreza e instituciones en nuestra región, debería al menos confrontar sus ideas con esta tradición. Ignorarla no es una opción académicamente rigurosa.

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Cuando defender al corrupto se vuelve costumbre

 

La ética del servicio público ha cambiado. Y no para bien. Hoy asistimos a un fenómeno preocupante: cuando un funcionario (alcalde, concejalm, gobernador o prefecto) es acusado de corrupción, en lugar de exigir transparencia y rendición de cuentas, surgen marchas, plantones y campañas para “defenderlo”. Se construye un relato de persecución política (lawfare) antes de que siquiera se analicen los hechos. La lucha contra la corrupción pierde centralidad y la discusión se traslada a la ciega lealtad partidaria. Esto no es un detalle menor: es un deterioro profundo de la cultura ética.

Desde la perspectiva clásica, el servicio público tiene una naturaleza moral especial. Immanuel Kant sostenía que la acción moral debe guiarse por el deber y por principios universales. Un funcionario no puede apropiarse de recursos públicos porque, si universalizamos esa conducta, el sistema colapsa. El imperativo categórico exige actuar de modo que la máxima de nuestra conducta pueda convertirse en ley universal. Defender a quien roba fondos públicos equivale a aceptar que el robo es tolerable cuando conviene políticamente. Eso destruye la base normativa del Estado.

Desde el utilitarismo, John Stuart Mill planteaba que las acciones deben evaluarse por sus consecuencias para el bienestar general. La corrupción tiene efectos sociales devastadores: reduce inversión, encarece obras, deteriora servicios públicos y debilita la confianza institucional. Apoyar a un funcionario corrupto no solo es éticamente reprochable; es económicamente ineficiente. La evidencia comparada muestra que los países con menores índices de corrupción presentan mayores niveles de desarrollo humano y crecimiento sostenido. Defender al corrupto es, en términos prácticos, defender el subdesarrollo.

La ética de la virtud también ofrece luces. Aristóteles entendía la política como el espacio donde se cultivan virtudes cívicas: prudencia, justicia, templanza. El buen gobernante debía aspirar al honor entendido como reconocimiento de una vida recta. Cuando la sociedad premia la lealtad ciega por encima de la rectitud, las virtudes públicas se erosionan. Se normaliza la trampa, se trivializa el abuso y se justifica lo injustificable.

Hay además un fenómeno sociológico que agrava la situación: la politización de la moral. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El servidor público debe actuar con responsabilidad, consciente de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, muchos seguidores actúan desde una ética de la convicción partidaria: “si es de los míos, lo defiendo”. Se reemplaza la ética institucional por la identidad política. El resultado es una cultura de impunidad.

El contraste con ciertas prácticas en Japón resulta ilustrativo. En la cultura política japonesa, el honor sigue siendo un valor central. Funcionarios involucrados en escándalos, incluso antes de una condena judicial, suelen renunciar para no afectar la institución. En algunos casos históricos, el sentido del deber y la vergüenza social ante la deshonra han sido tan fuertes que han llevado a decisiones extremas. Más allá de esos extremos, el mensaje es claro: el cargo público no pertenece al funcionario; pertenece a la sociedad. Si se compromete la confianza, la salida honorable es apartarse.

En nuestras realidades latinoamericanas ocurre lo contrario. Se organiza apoyo callejero, se victimiza al acusado y se desacredita a las instituciones de control. Se acusa de “golpismo” a jueces, fiscales o contralores. La narrativa deja de centrarse en los hechos y se convierte en un espectáculo político. Esto erosiona la honra pública, entendida como el capital moral de las instituciones.

En ética empresarial ocurre algo similar. Las organizaciones que protegen a directivos corruptos terminan perdiendo reputación, valor de mercado y credibilidad ante inversionistas. La teoría del gobierno corporativo insiste en la importancia de la transparencia, la auditoría independiente y la rendición de cuentas. En el sector público debería aplicarse el mismo principio: tolerancia cero frente al abuso.

Cuando una sociedad defiende al funcionario sorprendido robando, no está defendiendo a una persona; está atacando el principio mismo de legalidad. No se trata de prejuzgar ni de negar el debido proceso. Todo ciudadano tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Pero una cosa es exigir justicia imparcial y otra muy distinta es glorificar al acusado como héroe político antes de que se esclarezcan los hechos.

La ética pública requiere coherencia. Si condenamos la corrupción cuando la comete el adversario, debemos condenarla con igual firmeza cuando la comete el aliado. La corrupción no tiene color ideológico; tiene costo social.

Recuperar la honra del servicio público implica reconstruir una cultura donde el cargo sea sinónimo de responsabilidad y no de privilegio. Implica educar en valores cívicos, fortalecer instituciones de control y, sobre todo, rechazar la normalización del saqueo. Sin ética no hay desarrollo sostenible. Y sin coherencia moral, la democracia se convierte en un ritual vacío.

El desafío no es pequeño. Pero es indispensable. Porque cuando se aplaude al corrupto y se silencia al honesto, la sociedad entera pierde.

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Autonomías “en membrete” y el gasto corriente por los cielos

 

La descentralización y la autonomía territorial pueden ser herramientas potentes… o un costo permanente sin retorno para los ciudadanos. En teoría, acercar el Estado al ciudadano debería mejorar la asignación del gasto: si la gente “ve” y “siente” el servicio, puede castigar al mal gestor y premiar al buen gestor. Eso es, en esencia, el teorema de la descentralización de Wallace E. Oates: cuando las preferencias locales difieren, los gobiernos locales pueden proveer bienes y servicios públicos más ajustados a esas preferencias que un gobierno central uniforme. 

El problema empieza cuando la autonomía se vuelve solo un membrete: estructuras políticas y administrativas que consumen presupuesto, pero no resuelven los cuellos de botella reales de calidad de vida (agua, saneamiento, vialidad útil, seguridad, salud, educación, conectividad, mantenimiento). Y eso pasa con frecuencia por cuatro fallas clásicas, bien documentadas en la literatura de finanzas públicas y descentralización:

1) Restricción presupuestaria blanda (soft budget constraint):

Si un gobierno subnacional espera que el nivel central lo “rescatará” (más transferencias, reestructuración de deuda, anticipos), el incentivo es gastar más hoy y trasladar el costo a mañana. Es el corazón de la indisciplina fiscal subnacional. 

2) Desequilibrio fiscal vertical:

Cuando el subnacional gasta, pero recauda poco (o casi nada), se rompe la relación básica “quien decide, paga”. Aparece el gasto fácil: nómina, consultorías, propaganda, eventos, fiestas, edificios, burocracia… y poca inversión útil o mantenimiento. En Argentina, varios estudios han señalado este problema: provincias que financian una porción limitada de su gasto con recursos propios y dependen fuertemente de transferencias, debilitando la rendición de cuentas frente al votante, el caso más palpable es la provincia de Buenos Aires.

3) Efecto “flypaper”:

Un dólar que llega como transferencia “se pega” al gasto público más que un dólar equivalente que queda en el bolsillo del ciudadano (porque el costo político de gastar transferencias suele ser menor que el de subir impuestos). Resultado: más gasto, no necesariamente mejor gasto. 

4) Problema principal–agente y captura local:

Más cercanía no garantiza mejor gestión. También puede significar captura por redes locales (contratación, sindicatos, grupos políticos) y gasto orientado a sostener coaliciones, no a maximizar bienestar.

Ejemplos latinoamericanos: tres formas de “gobierno que gasta sin transformar”

Argentina: provincias, transferencias y empleo público

El federalismo argentino muestra un patrón recurrente: provincias con alta dependencia de transferencias y expansión del gasto corriente (incluido empleo público) como mecanismo de sostenimiento político. Hay evidencia académica y de centros de estudio que discute cómo el diseño de transferencias puede alimentar comportamientos perversos, precisamente por la restricción presupuestaria blanda y la baja corresponsabilidad fiscal. Cuando la política se financia con transferencias poco trazables, el contribuyente termina pagando “Estado” en lugar de pagar servicios.

Ecuador: provincias (GAD provinciales) con competencias acotadas y tentación burocrática

En Ecuador, el marco legal (COOTAD) define competencias provinciales (por ejemplo, vialidad rural y coordinación territorial), pero el riesgo es que la institucionalidad crezca más rápido que los resultados: gasto en estructura, gasto corriente y proyectos de bajo impacto o poco alineados a metas medibles. Cuando la provincia se enfoca en “trámites, eventos y obras visibles” y descuida mantenimiento, priorización técnica y evaluación ex post, el gasto se vuelve político antes que productivo.

Perú: gobiernos regionales y baja calidad de ejecución

El caso peruano ha sido ampliamente discutido: descentralización con brechas de capacidades técnicas, problemas para formular y ejecutar inversión pública y, en ocasiones, ejecución deficiente del presupuesto. Reportes y estudios sobre el proceso de descentralización muestran tensiones típicas: se transfieren responsabilidades, pero la capacidad (y a veces los incentivos) no alcanzan para convertir presupuesto en servicios. 

Lo que dice la teoría “pro calidad del gasto”

La literatura no “condena” la descentralización; la condiciona. El FMI ha sido claro: la descentralización puede mejorar eficiencia si hay reglas fiscales, capacidades, transparencia y un buen diseño de asignación de funciones e ingresos. 

En simple: más niveles de gobierno no significan más bienestar. Significan más bienestar solo si hay:

• corresponsabilidad fiscal (quien gasta, recauda parte y responde por ello);

• reglas duras contra rescates y endeudamiento irresponsable;

• presupuesto por resultados (indicadores, metas, costo-efectividad);

• evaluación independiente (auditoría, contraloría efectiva, datos abiertos);

• competencias claras (sin duplicidades con el nivel central o municipal).

Menos fe ciega, más control ciudadano libre e informado

Si el gobierno subnacional existe para sostener nóminas y rituales administrativos, es una transferencia regresiva desde el contribuyente hacia la política local. Pero si existe para resolver problemas concretos con metas públicas y medición, puede ser una palanca real de desarrollo.

La salida no es “centralizar por reflejo”, sino elevar la exigencia democrática: participación ciudadana libre e informada en la priorización del gasto (presupuestos participativos), veedurías con acceso a contratos y ejecución física-financiera, y comparación pública entre territorios (benchmarking) para que el votante distinga gestión de propaganda.

En finanzas públicas, la pregunta clave no es “¿cuánto se gasta?”, sino “¿qué mejora medible compra ese gasto?”. Si no podemos responder eso con datos, entonces no estamos financiando calidad de vida: estamos financiando estructura.

¿Has visto “gasto de membrete” en tu ciudad? Comenta un ejemplo y comparte esta entrada para exigir transparencia y resultados.

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El discurso climático y el control social: vivir como los antepasados.

 

Durante la última década de este siglo XXI, el discurso climático pasó de ser una preocupación científica legítima a convertirse en un instrumento político de alto impacto desde Naciones Unidas. En 2026, esta transformación ya no es sutil: la llamada agenda verde se ha consolidado como una nueva forma de control social, especialmente promovida por gobiernos y movimientos de izquierda que encontraron en el miedo ambiental un reemplazo eficaz para la agotada lucha de clases.

No se trata de negar los cambios climáticos que históricamente se han dado ni de relativizar la necesidad de cuidar el entorno. El problema actual es otro: el uso ideológico del ambientalismo para justificar más Estado, más impuestos, más regulación y menos libertad individual, así como el apoyo a organizaciones denominadas ambientalistas sobre todo en países en desarrollo.

Del dato científico al dogma político

El ambientalismo clásico se apoyaba en evidencia, debate técnico y gradualismo. El ambientalismo político actual funciona como un dogma moral: no admite discusión, clasifica a los ciudadanos entre “responsables” y “enemigos del planeta” y convierte cualquier objeción económica en una herejía ética.

Hoy, cuestionar una política verde (por costosa, ineficiente o regresiva) no te convierte en una persona crítica, sino en un “negacionista”. Así, el debate público se clausura y el relato avanza sin contrapeso. Los buenos son los que defienden el no aprovechamiento de minerales o el uso de medios tecnológicos que permiten mejoras en la vida de los ciudadanos del mundo.

La nueva culpa: contaminar es el nuevo pecado

La izquierda entendió algo clave: el trabajador ya no se siente oprimido por el capital como antes, pero sí puede sentirse culpable por su huella de carbono o la contaminación de los ríos. El resultado es una mutación estratégica: la conciencia de clase fue reemplazada por la culpa climática.

Ahora el ciudadano promedio es responsable de:

• el clima,

• el consumo,

• el transporte,

• la dieta,

• los grupos minoritarios

• la forma de vivir.

Mientras tanto, las élites políticas y burocráticas que predican sacrificio:

• viajan en jets privados,

• amplían el gasto público,

• multiplican organismos “verdes”,

• viven fuera de las restricciones que imponen.

El mensaje es claro: el ajuste siempre lo paga el de abajo, pero ahora en nombre del planeta.

Regulaciones verdes, efectos grises

En 2026, los efectos económicos de esta agenda ya son visibles:

• Pequeños agricultores asfixiados por normas ambientales diseñadas desde escritorios urbanos en la Comisión Europea.

• Pymes castigadas por costos regulatorios que solo grandes corporaciones pueden absorber.

• Clases medias empujadas a pagar impuestos “verdes” mientras su poder adquisitivo cae.

• Países pobres obligados a frenar su desarrollo en nombre de estándares fijados por países ricos… que ya se desarrollaron contaminando.

El ambientalismo ideológico no reduce desigualdades: las profundiza, pero con lenguaje moralizante que impide cuestionarlo.

El planeta como excusa para más poder

Cada crisis necesita un enemigo y una solución centralizada. El clima cumple hoy ambas funciones. Bajo su bandera se legitiman:

• nuevos impuestos,

• controles al consumo,

• restricciones a la movilidad,

• vigilancia digital,

• planificación central “sostenible”.

No es casual que los mismos sectores que defendieron cuarentenas eternas, censura “por el bien común” y expansión del Estado sin límites, hoy impulsen la agenda verde con idéntica lógica: obediencia primero, debate después.

El resultado no es un planeta más limpio, sino ciudadanos más controlados.

El mito del mundo verde sin minería

Aquí aparece una de las contradicciones más profundas del ambientalismo ideológico actual: su negación de la realidad material. Muchos de sus defensores exigen un mundo “sostenible”, “verde” y altamente tecnificado, pero al mismo tiempo rechazan la actividad que hace posible ese mismo mundo: la minería.

Paneles solares, aerogeneradores, baterías de litio, autos eléctricos, redes digitales, teléfonos inteligentes, hospitales modernos, sistemas de agua potable y transporte masivo dependen de minerales y metales extraídos de la tierra. No existe transición energética sin cobre, litio, níquel, cobalto, hierro o tierras raras. Negarlo no es ambientalismo: es pensamiento mágico.

El discurso ambientalista más radical propone, implícitamente, un retorno a una especie de mundo imaginario, donde el desarrollo ocurre sin extracción, sin industria y sin impacto. Una invocación romántica a una vida “natural” que nunca fue tan idílica como se la pinta.

Ese pasado idealizado estuvo marcado por:

• menor esperanza de vida,

• alta mortalidad infantil,

• enfermedades sin tratamiento,

• pobreza estructural,

• dependencia absoluta del clima y la naturaleza.

Paradójicamente, quienes glorifican ese pasado lo hacen desde la comodidad que brinda la modernidad: salud, energía, tecnología y comunicación, todas imposibles sin minería.

Progreso responsable versus fantasía regresiva

El problema no es la actividad minera en sí, sino cómo se gestiona. Un debate serio debería centrarse en minería responsable, innovación tecnológica, controles ambientales eficientes y beneficios reales para las comunidades. Sin embargo, el ambientalismo ideológico evita ese enfoque porque necesita enemigos absolutos, no soluciones complejas.

Pretender que el mundo avance sin metales es tan absurdo como exigir agricultura sin suelo o medicina sin ciencia. Es una postura que no busca resolver problemas reales, sino construir un relato moral, aunque ese relato choque frontalmente con la realidad económica, tecnológica y humana.

Conclusión

En 2026, el debate ya no es climático. Es político, económico y cultural.

La pregunta no es si debemos cuidar el planeta (eso es evidente), sino quién decide cómo, a qué costo y sobre los hombros de quién.

Un planeta cuidado no se construye negando la historia ni renunciando al progreso. Se construye asumiendo la complejidad del desarrollo, aceptando que la modernidad tiene costos, y apostando por soluciones responsables, no por fantasías regresivas que solo sirven para justificar más poder y menos libertad.

¿Cuidar el planeta o controlar al ciudadano? Déjanos tu opinión y comparte este análisis.

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Veinticinco años de subordinación del derecho natural al derecho positivo en América Latina

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

Entre el 2000 y 2025, América Latina vivió una de las etapas más intensas de gobiernos de izquierda y centro-izquierda de su historia reciente. Desde la llamada marea rosa hasta sus reediciones más moderadas, estos proyectos compartieron un objetivo central: expandir el Estado de Bienestar como vía para corregir desigualdades estructurales. Sin embargo, en ese intento reapareció una disputa clásica entre la teoría política y jurídica: la contradicción entre el derecho natural y el derecho positivo, especialmente en lo relativo a la intervención estatal en la economía.

Las administraciones progresistas de la región justificaron su accionar en nombre de la justicia social y la redistribución del ingreso. Programas de transferencias, ampliación del gasto social, nacionalizaciones estratégicas y regulaciones más estrictas del mercado fueron presentados como mecanismos legítimos para garantizar derechos sociales básicos. Desde el derecho positivo, estas políticas encontraron sustento legal y respaldo democrático. El Estado, mediante la ley, redefinió los límites de la propiedad, del mercado y de la autonomía individual en función del supuesto bien común.

No obstante, este avance tuvo un costo altísimo en términos de avance social. Desde la óptica del derecho natural, muchas de estas políticas implicaron restricciones significativas a libertades consideradas originarias: la libre disposición de la propiedad, la iniciativa privada y la autonomía económica. En algunos países, la expansión del Estado no solo reguló, sino que sustituyó al mercado, debilitando incentivos, concentrando poder y erosionando contrapesos institucionales. Allí, la tensión dejó de ser teórica para convertirse en un problema político tangible.

Los gobiernos de centro-izquierda intentaron resolver esta contradicción mediante fórmulas más equilibradas: intervención selectiva, respeto formal a la propiedad privada y énfasis en políticas redistributivas sin ruptura institucional. Aun así, incluso estos modelos descansaron en una premisa clara: el derecho positivo puede y debe limitar los derechos individuales si el objetivo es garantizar igualdad material. El debate no fue si el Estado debía intervenir, sino cuánto y hasta dónde.

El filósofo John Locke sería, probablemente, el crítico más severo. Para el liberal inglés, el Estado existe ante todo para proteger derechos naturales previos, especialmente la propiedad, la libertad y la seguridad jurídica. Desde su marco teórico, muchos procesos latinoamericanos, como el aumento sostenido de la carga fiscal, intervenciones discrecionales, nacionalizaciones y debilitamiento de contrapesos institucionales representarían una violación del contrato original. Cuando el Estado deja de ser garante y se convierte en redistribuidor permanente, el derecho positivo deja de servir al derecho natural y comienza a erosionarlo. Desde una lectura lockeana, buena parte de la “tragedia latinoamericana” radica en haber sacrificado la protección de derechos individuales en nombre de una igualdad material que nunca se produjo en la realidad.

La experiencia latinoamericana demuestra que el Estado de Bienestar no es ideológicamente neutro. Su implementación exige elegir entre prioridades en conflicto. Cuando la intervención se expande sin límites claros, el derecho positivo corre el riesgo de vaciar de contenido al derecho natural. Pero cuando se absolutizan los derechos individuales, la desigualdad estructural se perpetúa. El desafío pendiente para la región no es eliminar esta contradicción porque es inherente al modelo de sociedad democrática, sino administrarla con instituciones sólidas, responsabilidad fiscal y respeto efectivo a las libertades.

En definitiva, los gobiernos de izquierda y centro-izquierda en América Latina mostraron que el Estado de Bienestar es tanto una promesa de justicia como una fuente permanente de tensión jurídica y política. Ignorar ese conflicto no lo resuelve; asumirlo críticamente es el primer paso para evitar que la búsqueda de igualdad termine socavando los derechos que pretende proteger.

Si crees que la igualdad no puede construirse sacrificando la libertad, comparte este artículo y súmate al debate. Pensar distinto también es un acto de responsabilidad.

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¿Conciencia Social o Estrategia de Dominación?

 

Cómo la izquierda contemporánea usa discurso de clases para perpetuarse en el poder

En muchos países de América Latina la izquierda radical —tanto en sus expresiones populistas como en sus formas de “socialismo del siglo XXI”— ha logrado construir un relato político poderoso que apela directamente a los sectores populares. Este relato se basa en un diagnóstico de la sociedad profundamente dividida entre “pueblo” y “élite”, donde los primeros son moralmente superiores, víctimas de un sistema injusto, y los segundos encarnan la explotación económica y cultural. A partir de este esquema se genera un discurso que combina lucha de clases y conciencia social como instrumentos no solo de movilización, sino de dominio político constante.

1. La lucha de clases como narrativa hegemónica

Históricamente, la izquierda marxista señaló que las clases sociales enfrentadas son el motor de la historia. Hoy, muchos líderes de izquierda han adoptado esa idea, no tanto como una herramienta analítica para transformar estructuras productivas, sino como un discurso identitario que construye un nosotros frente a un ellos. Esa dicotomía permanente entre pobres y ricos, buenos contra malos, o entre pueblo y élite, cumple tres funciones concretas:

• Identificar enemigos: La élite y el “sistema de derecha” se convierten en responsables absolutos de todos los problemas y desigualdades.

• Simplificar la realidad: La complejidad social y económica se reduce a un conflicto moral binario, los que tienen oportunidades y los que estan condenados a la pobreza.

• Cohesión política: El pueblo —definido por su sufrimiento y supuesta moral superior— se presenta como un bloque homogéneo que debe permanecer unido contra el adversario, debe hacerlo para sobrevivir al maldito capitalismo.

Esa narrativa no necesariamente desnuda explotación estructural real, sino que transforma la lucha socioeconómica en una herramienta de poder político continuo que usa los medios a su alcance para impregnarla en la mente de los votantes pobres.

2. Conciencia social y retórica clientelista

La llamada “conciencia social” en discursos de izquierda suele presentarse como un motor para la justicia, la solidaridad y la igualdad. Sin embargo, en varios contextos se ha usado de forma instrumental: se valora más la identificación con el discurso que la transformación de condiciones concretas. Esto es especialmente visible cuando líderes apelan a lo que algunos críticos han llamado retórica de la dependencia: sostener que los pobres deben identificarse permanentemente con el proyecto político del líder para que el proyecto no sucumba, para que la Patria Grande siga vigente.

Un ejemplo resonante de cómo este tipo de discurso circula —y a veces se distorsiona— es una frase de Gustavo Petro que fue difundida en redes: “cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derechas”. Es decirle a la gente toma conciencia frente al consumismo que es malo para tí, pero no para los dirigentes.

Para algunos sectores de la izquierda, la clase media emergente y sus valores asociados (consumo, movilidad económica individual y estudios) pueden percibirse como un obstáculo para impulsar proyectos de transformación colectivista. Allí se juega la idea de “conciencia social” como instrumento político, cuando más bien debería ser un proceso de emancipación individual y colectiva.

3. Líderes latinoamericanos y el discurso de las clases

En la práctica, dirigentes como Hugo Chávez, Nicolas Maduro, Evo Morales o Rafael Correa han articulado sus discursos desde una lógica populista que enfrenta al “pueblo” contra la “élite”, apelando no solo a justicia social sino a lealtad política permanente.

• Hugo Chávez construyó un relato de revolución permanente en torno a la Bolivarianidad, enfatizando que su proyecto representaba a los excluidos y criticando sistemáticamente el mercado como un enemigo de ese pueblo. Su discurso sobre la identidad popular y la lucha contra el “imperio” dotó de sentido político a la oposición entre clases sociales, usando las expropiaciones y las bajadas de precios autoritarias como un emblema de apego al pueblo.

• Evo Morales, desde Bolivia, capitalizó la identidad indígena y campesina como motor de su legitimidad, promoviendo una narrativa moral sobre la defensa de los excluidos. El uso persistente de la oposición “pueblo vs sistema” para consolidar poder político fue una característica del gobierno del MAS, los blancos vs los indígenas.

• Rafael Correa también empleó la retórica de la lucha contra una oligarquía tradicional, combinada con programas sociales que reforzaron su base electoral vinculada a sectores populares. La idea era usar de manera permanente la palabra pelucones como un calificativo peyorativo a todos los que para ellos no eran pobres.

Ninguno de estos dirigentes ha promovido explícitamente mantener a la gente pobre como estrategia electoral. Sin embargo, sí es claro que el discurso de confrontación de clases y la exaltación de una conciencia social unificada se utilizan como mecanismos potentes para mantener cohesión política y, por ende, apoyo electoral.

4. ¿Estrategia o simplificación peligrosa?

Usar la lucha de clases y la conciencia social como herramientas de dominación política es problemático cuando se convierte en discurso binario y ritualizado, más que en un proceso de emancipación real. No se trata simplemente de abolir desigualdades, sino de propiciar que las personas desarrollen capacidades, autonomía y movilidad social sin estar permanentemente definidas por una identidad de victimización o dependencia política.

Cuando el discurso se instrumentaliza como un dispositivo para generar fidelidad electoral —más allá de los cambios estructurales— se corre el riesgo de convertir la política en un ciclo de promesas sin rendición de cuentas, donde la conciencia social se transforma en lealtad acrítica ante robos y la corrupción tal como se demuestra en los países de corriente socialista o progresista.

La izquierda contemporánea en América Latina ha construido discursos poderosos alrededor de la lucha de clases y la conciencia social. Estos discursos han sido efectivos para movilizar a sectores que históricamente han sufrido exclusión. Sin embargo, cuando la narrativa se instrumentaliza para perpetuar dominación política sin transformación estructural concreta,  se convierte en un mecanismo de poder y de perpetuación política apelando a la democracia del voto o de las mayorías empobrecidas.  

No compres el relato, analízalo.
Si crees que la pobreza no debe ser una identidad política y que la conciencia social no puede usarse como cadena ideológica, comparte este artículo, comenta y abre el debate. Pensar críticamente también es un acto de rebeldía.

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El Estado obeso y la confiscación silenciosa de la propiedad.

Dr. Armando José Urdaneta Montiel.

El crecimiento desbordado del Estado, financiado con más impuestos y emisión monetaria, confisca el derecho de propiedad sin necesidad de expropiaciones abiertas. Mediante una presión fiscal creciente y un “impuesto inflacionario” que erosiona salarios y ahorros, los gobiernos van confiscando silenciosamente la capacidad de ahorro y por ende de acumular capital de familias y empresas, desincentivando trabajo, la inversión e innovación. En lugar de reducir la pobreza, este modelo estatista termina frenando la productividad y el crecimiento, mientras las élites políticamente conectadas se protegen mejor de la inflación y la carga tributaria, profundizando las desigualdades que el colectivismo afirma combatir.

Hobbes, Locke y Rousseau frente al Estado fiscal-inflacionario

Este proceso tiene una lectura profunda a la luz del contrato social. Hobbes justificó el Leviatán para escapar de la guerra de todos contra todos, donde la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. El soberano debía asegurar la paz y la seguridad, incluyendo la protección de bienes frente a la violencia. Cuando el propio Estado se vuelve agresor patrimonial a través de impuestos confiscatorios e inflación deliberada, deja de ser solución y se aproxima al mismo caos que pretendía conjurar.

Locke fue más claro aún: la propiedad, fruto del trabajo, es un derecho natural y el gobierno se instituye para salvaguardarla; si el Estado la vulnera, rompe el contrato que lo legitima. No importa si la confiscación es abierta (expropiación directa) o gradual (impuesto excesivo, inflación, controles que destruyen el valor de los activos): en todos los casos el principio liberal se viola.

Rousseau, por su parte, vio en la institución de la propiedad el inicio de la sociedad civil y, al mismo tiempo, la fuente potencial de desigualdad. Pero su respuesta no fue entregar toda la economía al Estado, sino someterla a reglas expresadas por la voluntad general. Convertir al gobierno en propietario de facto de la riqueza vía fiscalidad e inflación descontrolada no es rousseauniano: es la negación de la libertad cívica en nombre de una igualdad ilusoria. 

Desarrollo con Estado limitado, no con Estado voraz

La macroeconomía del desarrollo permite comparar modelos con fuerte protección de la propiedad y reglas de mercado relativamente estables con aquellos marcados por intervencionismo confiscatorio. Experiencias donde se respetan los derechos de propiedad, se modera el tamaño del Estado y se mantienen finanzas públicas y monetarias razonablemente sanas han logrado combinar crecimiento sostenido con reducciones significativas de pobreza y mejoras en bienestar, aun con desafíos de desigualdad. 

La alternativa colectivista ya sea con retórica revolucionaria o con lenguaje moderado de “Estado social” tiende a derivar en economías estancadas, inflacionarias y dependientes del poder político, donde el ciudadano se vuelve súbdito fiscal y rehén monetario. El Estado se presenta como salvador, pero para poder “salvar” necesita primero debilitar la capacidad de los individuos y empresas de sostenerse por sí mismos.

La verdadera discusión no es Estado sí o Estado no, sino qué Estado y para qué. Un Estado fuerte en proteger la vida, la libertad y la propiedad, y débil en sus ambiciones de dirigir la economía y redistribuirlo todo, es compatible con el contrato social clásico y con el desarrollo. Un Estado obeso, financiado por impuestos asfixiantes e inflación crónica, es incompatible con ambos: destruye incentivos, corroe la confianza y termina confiscando aquello que prometió garantizar.

¿Crees que el Estado protege o erosiona la propiedad privada? Deja tu comentario y sigue el blog para más análisis económicos claros y sin rodeos.

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Correlación y causalidad: el refugio retórico frente a los argumentos irrebatibles

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

En el debate económico contemporáneo suele apelarse, casi como reflejo automático, a la distinción entre correlación y causalidad para descalificar argumentos irrefutables. Se exige “más evidencia”, “mejores modelos” o “series más largas” cada vez que se cuestiona la expansión del gasto público. Sin embargo, hay hechos que pertenecen al terreno de la lógica económica elemental, no al de las correlaciones débiles, ni a las regresiones oportunamente especificadas. Uno de ellos es el vínculo entre gasto estatal creciente y el avance sistemático sobre el derecho de la propiedad privada de quienes generan la riqueza, trabajadores y empresarios.

En una economía de libre empresa, el ingreso que cada individuo obtiene en el mercado es la contrapartida de valor que otros le reconocen voluntariamente a sus bienes o servicios. Ese ingreso es, por definición, expresión de su propiedad: primero en forma de salario, honorarios o beneficios empresariales, luego en forma de ahorro y capital acumulado. 

Cuando el Estado decide gastar más de lo que ya recauda, no aparece una nueva fuente mágica de recursos; se abre, necesariamente, una de tres vías: más impuestos explícitos, más deuda que serán impuestos futuros, o más emisión monetaria que actúa como impuesto inflacionario. En los tres casos, el resultado económico esencial es el mismo: una transferencia coactiva de poder adquisitivo desde los individuos productivos hacia la burocracia pública.

Desde esta perspectiva, no hace falta un sofisticado aparato estadístico para comprender el mecanismo. Si el Estado aumenta la presión tributaria sea ampliando la base impositiva, elevando tasas o creando figuras nuevas reduce el ingreso disponible de los ciudadanos. Se trata de un enunciado contable: cada unidad monetaria que administra el aparato estatal es una unidad que ya no administra quien la generó. Lo mismo ocurre cuando el financiamiento se apoya en la inflación. 

La expansión de la oferta de dinero, utilizada para cubrir déficit, diluye el poder de compra del stock monetario existente; el llamado “impuesto inflacionario” no es más que la pérdida de capital de quienes tienen dinero en efectivo o ingresos fijos, en beneficio del emisor de la moneda, que recibe primero el dinero nuevo antes de que los precios se ajusten. No hay aquí misterio econométrico, sino una relación lógica entre medios de pago creados y poder de compra expropiado.

El colectivismo intenta, una y otra vez, matizar este efecto. Se habla de “redistribución”, de “solidaridad” o de “corrección de desigualdades de mercado”, como si el cambio de manos de los recursos fuese neutral para la creación de riqueza. Pero la economía de libre empresa se sustenta precisamente en el principio inverso: que la coordinación descentralizada de millones de decisiones privadas, bajo un sistema de precios libres y propiedad bien definida, es la mejor forma conocida de asignar recursos escasos. 

Cuando el Estado expande su gasto más allá de sus funciones esenciales y reclama una proporción creciente del ingreso nacional, desplaza necesariamente proyectos privados, ahorro productivo e inversión que habrían existido de otro modo. Esa sustitución no es meramente financiera; es civilizatoria: cambia quién decide qué se produce, cómo, dónde y para quién.

La retórica colectivista suele reducir esta crítica a una supuesta “obsesión” con la propiedad, como si se tratara de un capricho ideológico. Pero la propiedad privada no es un fetiche jurídico: es el mecanismo institucional que vincula responsabilidad, incentivos y cálculo económico. Donde la propiedad se respeta, los individuos tienen motivos para ahorrar, invertir, innovar y cuidar el capital acumulado. 

Donde se la confisca ya sea vía expropiación directa, impuestos confiscatorios o inflación crónica el mensaje es claro: lo que hoy se crea mañana puede ser arrebatado. La consecuencia inevitable es menos acumulación de capital, menor productividad y, por tanto, menores salarios reales a largo plazo.

Por eso no basta con decir que “el gasto del Estado puede ser bueno o malo según cómo se use”. Esa frase, tan cómoda como vacía, esquiva la cuestión central: que cada unidad monetaria adicional que el sector público decide gastar, implica, en algún punto del tiempo, una unidad monetaria menos en manos de quién lo generó legítimamente. El problema no es solo de eficiencia, sino de legitimidad moral. Si se acepta que el Estado puede expandir indefinidamente su apropiación de recursos bajo etiquetas nobles, se ha renunciado de hecho a la idea de derecho de propiedad para reemplazarla por un derecho condicional: los individuos conservan lo suyo solo mientras el poder político lo considere oportuno.

La defensa de una economía de capitalismo de libre empresa no se basa en la negación de toda función estatal, sino en su acotamiento estricto. Un gobierno limitado, financiado con impuestos moderados y predecibles, dedicado a proteger la vida, la libertad y la propiedad, puede ser compatible con un orden de mercado dinámico. Pero cuando el gasto público se transforma en objetivo en sí mismo y la respuesta habitual a cualquier problema social es “que el Estado gaste más”, el sistema entra en una lógica de confiscación creciente: más presupuesto significa más presión fiscal, más deuda, más inflación o alguna combinación de las tres, todas a costa del bolsillo y la libertad de quienes producen.

No hace falta, entonces, refugiarse en tecnicismos sobre correlaciones y causalidades para ver lo evidente. Si se acepta que el Estado solo puede gastar lo que previamente ha detraído por impuestos, por endeudamiento o por inflación, se sigue de manera directa que el aumento permanente del gasto estatal es incompatible con la preservación robusta de la propiedad privada. Que algunos prefieran adornar esta realidad con eufemismos no cambia el fondo del asunto: cada vez que el aparato público se expande, lo hace sobre la base de recursos que ya no están en manos de quienes los generaron. Y en una economía de libre empresa, eso significa menos libertad para decidir, menos capital para invertir y menos riqueza para todos.

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Derecho internacional: el gran ausente frente a las dictaduras y sus migraciones forzadas

 

Durante décadas, el derecho internacional ha sido presentado como el gran dique de contención frente a los abusos del poder. Tratados, convenciones, resoluciones y declaraciones solemnes prometieron proteger derechos humanos, frenar dictaduras y evitar tragedias humanitarias. La realidad, sin embargo, es mucho menos épica: las peores dictaduras del mundo han aprendido a convivir con ese derecho, a burlarlo y, en muchos casos, a utilizarlo como escudo retórico mientras destruyen a sus sociedades desde dentro.

El caso reciente de Venezuela, tras las acciones anunciadas por Donald Trump en enero de 2026, volvió a desnudar una verdad incómoda: el derecho internacional solo funciona cuando coincide con el equilibrio de poder. Cuando no, se convierte en un lenguaje elegante para justificar la inacción.

Dictaduras que violan la norma… sin consecuencias

La historia contemporánea está plagada de ejemplos. Cuba ha ignorado durante más de seis décadas resoluciones de organismos internacionales sobre derechos civiles y políticos. Corea del Norte ha violado sistemáticamente tratados nucleares y de derechos humanos sin que ello haya modificado la naturaleza del régimen. Siria cruzó todas las líneas posibles durante su guerra civil, incluyendo el uso de armas químicas, mientras el derecho internacional se debatía entre comunicados y vetos cruzados.

En América Latina, Venezuela representa uno de los casos más dramáticos. Durante años, informes de la ONU, de la OEA y de organizaciones internacionales documentaron ejecuciones extrajudiciales, persecución política y colapso institucional. ¿Resultado práctico? Ninguno. El régimen sobrevivió, mientras el país se vaciaba.

La lección es clara: las dictaduras aprendieron que violar el derecho internacional tiene costos simbólicos, no costos reales.

Migraciones masivas: daño colateral o estrategia deliberada

Uno de los efectos más visibles de esta impunidad es la migración forzada. Más de siete millones de venezolanos abandonaron su país en poco más de una década. Lo mismo ocurrió con los cubanos en distintas oleadas, con los sirios hacia Europa o con los norcoreanos que logran escapar.

Pero aquí conviene decirlo sin rodeos: estas migraciones no son solo una tragedia humanitaria; también funcionan como válvula de escape económica y política para las dictaduras.

Cuando una economía colapsa por controles de precios, destrucción de la propiedad privada y corrupción estatal, la emigración reduce presión interna: menos bocas que alimentar, menos protestas, menos desempleados visibles. Además, las remesas enviadas por los migrantes se convierten en una fuente indirecta de divisas que termina sosteniendo al mismo sistema que los expulsó.

En el caso venezolano, las remesas pasaron a ser un componente relevante del ingreso de muchos hogares, mientras el Estado seguía controlando sectores estratégicos y reprimiendo disidencias. El derecho internacional observó el fenómeno, lo describió con precisión… y no hizo nada.

Economía autoritaria y legalidad decorativa

Las dictaduras modernas ya no dependen únicamente de la represión abierta. Han desarrollado modelos económicos funcionales a su permanencia: economías cerradas, extractivismo controlado, alianzas geopolíticas selectivas y uso instrumental de la legalidad internacional.

Firmar tratados que luego se incumplen no es un error: es parte del juego. Participar en foros multilaterales no implica aceptar sus reglas, sino ganar tiempo, legitimidad y acceso a recursos. Mientras tanto, la población paga el precio en forma de pobreza, exilio y pérdida de libertades.

El derecho internacional, concebido para proteger a los individuos frente al poder, termina muchas veces protegiendo al poder frente a los individuos.

El espejismo moral del multilateralismo

Aquí aparece la gran contradicción: instituciones que producen informes impecables, pero carecen de mecanismos para imponer consecuencias. Se condena con palabras, se archiva con tecnicismos y se posterga con diplomacia. La moral se delega al lenguaje; la acción, a nadie.

Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en si ciertas acciones “violan” el derecho internacional, sino en por qué ese derecho ha tolerado durante décadas violaciones masivas sin alterar el equilibrio de poder que las sostiene.

Cuando la norma no actúa, el poder ocupa su lugar. No es una provocación ideológica; es una constatación histórica.

Lo que incómoda

Las oleadas migratorias que hoy sacuden América Latina y Europa no son accidentes: son el síntoma de un orden internacional incapaz de frenar regímenes que destruyen economías y sociedades enteras. Mientras el derecho internacional siga siendo un catálogo de buenas intenciones sin consecuencias reales, las dictaduras seguirán burlándolo, exportando pobreza y utilizando a sus propios ciudadanos como variable de ajuste.

La historia ya dio su veredicto. La pregunta es cuánto tiempo más se insistirá en ignorarlo.

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Macrorreformas pro mercado y bloqueo microinstitucional: por qué la economía “mejora” pero tu vida no

Por: Dr Armando Urdaneta 

En América Latina se repite una escena conocida: llega un nuevo gobierno de derecha o liberal, anuncia reformas “pro mercado”, ordena las cuentas públicas, baja el déficit, abre el comercio… y los números macroeconómicos empiezan a verse mejor. Sin embargo, para mucha gente común —jóvenes, emprendedores, trabajadores— la vida diaria no mejora al mismo ritmo. El empleo sigue siendo precario, emprender es difícil y la informalidad continúa siendo la norma. Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿nos están engañando o el mercado no funciona?

Desde una mirada liberal, la respuesta es más incómoda de lo que suelen decir los discursos políticos. El problema no está tanto en las reformas económicas generales, sino en algo más profundo y menos visible: las instituciones que regulan la vida cotidiana.

Cuando la macro va bien, pero la micro se traba

Las reformas pro mercado suelen ordenar la “macro”: inflación más baja, finanzas públicas más sanas, mayor apertura al comercio y más inversión potencial. Eso es importante, porque sin estabilidad general ninguna economía crece de verdad. El problema es que la macroeconomía no vive sola. Para que esos avances se sientan en la calle, hacen falta reglas claras, justicia que funcione y un Estado que no cambie las normas cada seis meses.

Cuando eso no existe, pasa lo que vemos en muchos países de la región:

• Abrir un negocio es caro y lento.

• Las leyes cambian constantemente.

• Los contratos no se respetan.

• La corrupción y la inseguridad agregan riesgos extra.

En ese contexto, el empresario racional —el que piensa con los pies en la tierra— no invierte a largo plazo, no contrata más gente y muchas veces prefiere mantenerse informal o irse a otro país.

El verdadero cuello de botella: las instituciones

Aquí aparece una idea clave que casi nunca se discute en serio: no basta con “menos Estado” o “más mercado” si el Estado que queda funciona mal. El mercado necesita reglas básicas para operar: propiedad privada protegida, contratos que se cumplan y normas estables. Sin eso, no hay competencia sana ni oportunidades reales.

Cuando la justicia es lenta, las regulaciones cambian según el humor político y los burócratas tienen demasiado poder discrecional, el resultado no es más igualdad, sino menos oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes y los pequeños emprendedores.

Reformas eternas y desconfianza

Otro problema típico de América Latina es la llamada “reforma permanente”. Cada gobierno cambia leyes, impuestos y reglas del juego para “corregir” lo que hizo el anterior. El mensaje implícito es claro: nada es estable. Y si nada es estable, nadie planifica a largo plazo.

Invertir, contratar, capacitar trabajadores o innovar requiere tiempo y previsibilidad. Sin eso, la economía se vuelve defensiva: negocios pequeños, poco crecimiento y mucha informalidad. Así se explica por qué la macro puede mejorar mientras la microeconomía sigue estancada.

¿Por qué entonces muchos culpan al mercado?

Porque es más fácil. Cuando la gente no ve mejoras concretas, algunos líderes dicen que “las reformas solo beneficiaron a las élites”. Esa narrativa ignora que sin instituciones sólidas no hay forma de que la riqueza se expanda y se distribuya. El problema no es que el mercado funcione “demasiado”, sino que funciona a medias, atrapado en un entorno legal débil.

Paradójicamente, esta frustración suele terminar en pedidos de más intervencionismo estatal, lo que empeora aún más el problema original: más discrecionalidad, más incertidumbre y menos inversión.

La lección clave

Desde una sociología liberal, la conclusión es clara y directa:

• La macroeconomía depende en gran parte del gobierno central.

• La microeconomía depende de todas las instituciones juntas: leyes, jueces, reguladores y gobiernos locales.

Si estas fallan, ningún ajuste macro va a traducirse en mejores empleos, salarios o emprendimientos sostenibles.

En pocas palabras

No es cierto que las reformas pro mercado estén condenadas al fracaso. Tampoco es verdad que el mercado sea el enemigo. El verdadero bloqueo está en las instituciones que no permiten que las oportunidades se multipliquen.

Si América Latina quiere dejar atrás el ciclo de frustración y retrocesos, el debate no debería ser “Estado versus mercado”, sino cómo construir reglas claras, estables y justas para que la libertad económica funcione de verdad.

Porque sin eso, la macro puede brillar… pero la vida real seguirá apagada.

Si te interesa entender la economía sin consignas ni mitos, con ideas claras sobre libertad, reglas justas y oportunidades reales, sigue el blog Ideas Anti-Zurdos. Aquí analizamos la realidad como es, no como algunos quieren venderla.

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Entre ilusión y colapso: cómo el dirigismo keynesiano marxista erosiona el capital y la libertad

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

El dirigismo estatal de inspiración keynesiano-marxista no es un simple error técnico: es un proyecto intelectual que confunde gasto con riqueza, y termina utilizando la coerción fiscal y monetaria para sostener una ilusión de prosperidad que, tarde o temprano, se cobra su factura en crisis, inflación y empobrecimiento generalizado. 

1.- Error de origen: consumo no es crecimiento.

Keynesianos y marxistas comparten una premisa fundamentalmente problemática: suponen que el motor del desarrollo económico reside en la expansión del gasto agregado, en particular del consumo, y que el Estado está en capacidad de “suplir” cualquier brecha de demanda mediante mayor gasto público y crédito a bajo costo. La macroeconomía del capital de inspiración austriaca, por el contrario, enfatiza un punto que buena parte de las facultades de Economía latinoamericanas tiende a soslayar: el crecimiento genuino depende de la acumulación de capital, del incremento de la productividad asociado al progreso técnico y la innovación, del ahorro voluntario y de una estructura productiva coordinada intertemporalmente a través de precios relativos y tipos de interés, más que de la simple expansión discrecional de la demanda financiada con deuda y emisión monetaria. 

Cuando el consumo presente se erige en criterio supremo de la política económica, el capital termina reducido a un mero “asiento contable” y la estructura productiva es tratada como si fuera un recurso elástico que puede extenderse indefinidamente mediante políticas fiscales expansivas y creación de dinero por parte del banco central. El resultado es un auténtico espejismo macroeconómico: se observan tasas de crecimiento del PIB artificialmente infladas por el gasto público y la expansión del crédito, mientras, de forma silenciosa, se erosiona la base de capital que hace posible cualquier forma de prosperidad sostenible en el tiempo. 

2. El boom artificial: crédito fácil y malas inversiones

Cuando el Estado “estimula” la economía con gasto deficitario y expansión artificial del crédito, no crea riqueza; redistribuye poder de compra y distorsiona los precios relativos, en especial el tipo de interés, que deja de reflejar la preferencia temporal real de los consumidores.

La teoría austriaca del ciclo es clara: al abaratar artificialmente el crédito, se lanzan proyectos que sólo son rentables bajo ese entorno de tipos falsificados; se alargan las etapas de intertemporales de la producción, se inflan sectores “estrella” y se genera el famoso malinvestment, mala inversión, que tarde o temprano deberá liquidarse. 

Esa fase de auge se vende como “éxito del modelo”, y los gobiernos intervencionistas la exhiben como prueba de que “el Estado sí puede guiar la economía” mientras empresas y familias se endeudan sobre supuestos irreales de crecimiento perpetuo.Pero cuando el crédito deja de crecer al mismo ritmo, o los precios empiezan a revelar que no hay ahorro suficiente detrás de esa expansión, el castillo de naipes colapsa: proyectos inconclusos, bancos con balances frágiles y un aparato productivo arruinado, incapaz de ajustarse sin la quiebra masiva de empresas. 

3. La válvula externa: importaciones, déficit y devaluación

En economías con estructuras de capital débiles o poco diversificadas, la expansión de la demanda interna no se traduce en más producción local, sino en una avalancha de importaciones que actúan como válvula de escape del exceso de gasto.

El superávit comercial desaparece, la balanza se vuelve deficitaria y, como manda el manual dirigista, se señala al “tipo de cambio atrasado” o al “imperialismo” como culpables, nunca al exceso de gasto y crédito artificialmente barato que disparó la absorción externa. 

La respuesta estándar es devaluar, imponer controles cambiarios y encarecer el acceso a divisas, como si empeorar la conexión con la economía mundial pudiera resolver la incoherencia interna de un país que consume más de lo que está dispuesto a ahorrar. Pero la devaluación, lejos de corregir la causa, multiplica sus efectos: encarece insumos, alimentos y bienes de capital importados, se traslada a precios y alimenta la inflación que el mismo Estado dice combatir. 

4. Salarios políticos y precios intervenidos: la destrucción de las señales.

El siguiente paso en la tragicomedia dirigista suele ser decretar aumentos de salarios reales por encima de la productividad, lo que rompe la relación entre costos y capacidad de pago, estrechas márgenes de beneficio y desincentiva la inversión privada, justo en el momento en que se necesitaría más capital para ajustar la estructura productiva. Ante la inflación generada por su propia combinación de gasto, crédito y devaluaciones, el Estado recurre a controles de precios, como si se pudiera legislar contra la escasez anulando el termómetro de los precios que revela el desajuste entre oferta y demanda. 

Pero los precios no son un capricho burgués, son señales de información dispersa, como insistía Hayek; cuando se los congela o manipula, se destruye el único sistema capaz de coordinar millones de planes individuales sin un burócrata omnisciente. El resultado es previsible: colas, mercados negros, privilegios para los bien conectados y una asignación de recursos cada vez más guiada por la proximidad al poder que por la rentabilidad y la utilidad para los consumidores. 

5. Déficit permanente: impuestos, deuda, emisión y más distorsión.

Un régimen que basa su legitimidad en sostener un nivel de gasto superior a la renta real disponible está condenado a vivir en déficit crónico. Primero exprime al contribuyente: más impuestos, más cargas regulatorias, más trabas que drenan el excedente empresarial y desvían recursos desde la inversión hacia el gasto político, el cual es dedicado a comprar lealtades y mantener la maquinaria burocrática. 

Luego viene la deuda pública, que compite con el sector privado por el ahorro disponible y desplaza inversión productiva hacia la financiación del Estado; cuando tampoco eso basta, se recurre a la emisión monetaria y a la compra de deuda por el banco central. Como sintetiza la literatura austriaca del ciclo económico, es lógicamente imposible resolver una crisis creada por un exceso de crédito y endeudamiento con más crédito y más deuda: la expansión monetaria adicional sólo posterga el ajuste y garantiza que el colapso posterior sea más profundo. 

6. El núcleo del fracaso: el conocimiento que el Estado no tiene

En última instancia, el problema del dirigismo estatal no es de buena o mala intención, sino de pretensión de conocimiento. Ni el planificador keynesiano ni el ingeniero social marxista poseen la información local, dispersa y cambiante que se condensaría en precios libres, tipos de interés no manipulados y decisiones de ahorro inversiones tomadas por millones de individuos sobre su propio riesgo.

Al manipular tipos de interés, tipo de cambio, precios y salarios, el Estado borra las señales que permitirían a empresarios y trabajadores descubrir dónde hay oportunidades reales de creación de valor y dónde hay proyectos inviables que conviene abandonar. El resultado no es un “capitalismo regulado más humano”, sino un sistema híbrido incoherente, atrapado entre mercado y planificación, que combina lo peor de ambos mundos: inestabilidad cíclica, inflación crónica, deterioro institucional y una ciudadanía cada vez más dependiente del mismo poder que ha saboteado el proceso de coordinación social. 

Desde la macroeconomía de la capital austriaca, la conclusión es inescapable: mientras se siga confundiendo consumo con crecimiento, crédito político con ahorro y coerción fiscal monetaria con coordinación social, cualquier modelo de dirigismo estatal está condenado a terminar no sólo en fracaso económico, sino en una degradación general de las libertades y de la responsabilidad individual.

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