Durante décadas, el derecho internacional ha sido presentado como el gran dique de contención frente a los abusos del poder. Tratados, convenciones, resoluciones y declaraciones solemnes prometieron proteger derechos humanos, frenar dictaduras y evitar tragedias humanitarias. La realidad, sin embargo, es mucho menos épica: las peores dictaduras del mundo han aprendido a convivir con ese derecho, a burlarlo y, en muchos casos, a utilizarlo como escudo retórico mientras destruyen a sus sociedades desde dentro.
El caso reciente de Venezuela, tras las acciones anunciadas por Donald Trump en enero de 2026, volvió a desnudar una verdad incómoda: el derecho internacional solo funciona cuando coincide con el equilibrio de poder. Cuando no, se convierte en un lenguaje elegante para justificar la inacción.
Dictaduras que violan la norma… sin consecuencias
La historia contemporánea está plagada de ejemplos. Cuba ha ignorado durante más de seis décadas resoluciones de organismos internacionales sobre derechos civiles y políticos. Corea del Norte ha violado sistemáticamente tratados nucleares y de derechos humanos sin que ello haya modificado la naturaleza del régimen. Siria cruzó todas las líneas posibles durante su guerra civil, incluyendo el uso de armas químicas, mientras el derecho internacional se debatía entre comunicados y vetos cruzados.
En América Latina, Venezuela representa uno de los casos más dramáticos. Durante años, informes de la ONU, de la OEA y de organizaciones internacionales documentaron ejecuciones extrajudiciales, persecución política y colapso institucional. ¿Resultado práctico? Ninguno. El régimen sobrevivió, mientras el país se vaciaba.
La lección es clara: las dictaduras aprendieron que violar el derecho internacional tiene costos simbólicos, no costos reales.
Migraciones masivas: daño colateral o estrategia deliberada
Uno de los efectos más visibles de esta impunidad es la migración forzada. Más de siete millones de venezolanos abandonaron su país en poco más de una década. Lo mismo ocurrió con los cubanos en distintas oleadas, con los sirios hacia Europa o con los norcoreanos que logran escapar.
Pero aquí conviene decirlo sin rodeos: estas migraciones no son solo una tragedia humanitaria; también funcionan como válvula de escape económica y política para las dictaduras.
Cuando una economía colapsa por controles de precios, destrucción de la propiedad privada y corrupción estatal, la emigración reduce presión interna: menos bocas que alimentar, menos protestas, menos desempleados visibles. Además, las remesas enviadas por los migrantes se convierten en una fuente indirecta de divisas que termina sosteniendo al mismo sistema que los expulsó.
En el caso venezolano, las remesas pasaron a ser un componente relevante del ingreso de muchos hogares, mientras el Estado seguía controlando sectores estratégicos y reprimiendo disidencias. El derecho internacional observó el fenómeno, lo describió con precisión… y no hizo nada.
Economía autoritaria y legalidad decorativa
Las dictaduras modernas ya no dependen únicamente de la represión abierta. Han desarrollado modelos económicos funcionales a su permanencia: economías cerradas, extractivismo controlado, alianzas geopolíticas selectivas y uso instrumental de la legalidad internacional.
Firmar tratados que luego se incumplen no es un error: es parte del juego. Participar en foros multilaterales no implica aceptar sus reglas, sino ganar tiempo, legitimidad y acceso a recursos. Mientras tanto, la población paga el precio en forma de pobreza, exilio y pérdida de libertades.
El derecho internacional, concebido para proteger a los individuos frente al poder, termina muchas veces protegiendo al poder frente a los individuos.
El espejismo moral del multilateralismo
Aquí aparece la gran contradicción: instituciones que producen informes impecables, pero carecen de mecanismos para imponer consecuencias. Se condena con palabras, se archiva con tecnicismos y se posterga con diplomacia. La moral se delega al lenguaje; la acción, a nadie.
Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en si ciertas acciones “violan” el derecho internacional, sino en por qué ese derecho ha tolerado durante décadas violaciones masivas sin alterar el equilibrio de poder que las sostiene.
Cuando la norma no actúa, el poder ocupa su lugar. No es una provocación ideológica; es una constatación histórica.
Lo que incómoda
Las oleadas migratorias que hoy sacuden América Latina y Europa no son accidentes: son el síntoma de un orden internacional incapaz de frenar regímenes que destruyen economías y sociedades enteras. Mientras el derecho internacional siga siendo un catálogo de buenas intenciones sin consecuencias reales, las dictaduras seguirán burlándolo, exportando pobreza y utilizando a sus propios ciudadanos como variable de ajuste.
La historia ya dio su veredicto. La pregunta es cuánto tiempo más se insistirá en ignorarlo.
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