Dr. Armando José Urdaneta Montiel
En el debate económico contemporáneo suele apelarse, casi como reflejo automático, a la distinción entre correlación y causalidad para descalificar argumentos irrefutables. Se exige “más evidencia”, “mejores modelos” o “series más largas” cada vez que se cuestiona la expansión del gasto público. Sin embargo, hay hechos que pertenecen al terreno de la lógica económica elemental, no al de las correlaciones débiles, ni a las regresiones oportunamente especificadas. Uno de ellos es el vínculo entre gasto estatal creciente y el avance sistemático sobre el derecho de la propiedad privada de quienes generan la riqueza, trabajadores y empresarios.
En una economía de libre empresa, el ingreso que cada individuo obtiene en el mercado es la contrapartida de valor que otros le reconocen voluntariamente a sus bienes o servicios. Ese ingreso es, por definición, expresión de su propiedad: primero en forma de salario, honorarios o beneficios empresariales, luego en forma de ahorro y capital acumulado.
Cuando el Estado decide gastar más de lo que ya recauda, no aparece una nueva fuente mágica de recursos; se abre, necesariamente, una de tres vías: más impuestos explícitos, más deuda que serán impuestos futuros, o más emisión monetaria que actúa como impuesto inflacionario. En los tres casos, el resultado económico esencial es el mismo: una transferencia coactiva de poder adquisitivo desde los individuos productivos hacia la burocracia pública.
Desde esta perspectiva, no hace falta un sofisticado aparato estadístico para comprender el mecanismo. Si el Estado aumenta la presión tributaria sea ampliando la base impositiva, elevando tasas o creando figuras nuevas reduce el ingreso disponible de los ciudadanos. Se trata de un enunciado contable: cada unidad monetaria que administra el aparato estatal es una unidad que ya no administra quien la generó. Lo mismo ocurre cuando el financiamiento se apoya en la inflación.
La expansión de la oferta de dinero, utilizada para cubrir déficit, diluye el poder de compra del stock monetario existente; el llamado “impuesto inflacionario” no es más que la pérdida de capital de quienes tienen dinero en efectivo o ingresos fijos, en beneficio del emisor de la moneda, que recibe primero el dinero nuevo antes de que los precios se ajusten. No hay aquí misterio econométrico, sino una relación lógica entre medios de pago creados y poder de compra expropiado.
El colectivismo intenta, una y otra vez, matizar este efecto. Se habla de “redistribución”, de “solidaridad” o de “corrección de desigualdades de mercado”, como si el cambio de manos de los recursos fuese neutral para la creación de riqueza. Pero la economía de libre empresa se sustenta precisamente en el principio inverso: que la coordinación descentralizada de millones de decisiones privadas, bajo un sistema de precios libres y propiedad bien definida, es la mejor forma conocida de asignar recursos escasos.
Cuando el Estado expande su gasto más allá de sus funciones esenciales y reclama una proporción creciente del ingreso nacional, desplaza necesariamente proyectos privados, ahorro productivo e inversión que habrían existido de otro modo. Esa sustitución no es meramente financiera; es civilizatoria: cambia quién decide qué se produce, cómo, dónde y para quién.
La retórica colectivista suele reducir esta crítica a una supuesta “obsesión” con la propiedad, como si se tratara de un capricho ideológico. Pero la propiedad privada no es un fetiche jurídico: es el mecanismo institucional que vincula responsabilidad, incentivos y cálculo económico. Donde la propiedad se respeta, los individuos tienen motivos para ahorrar, invertir, innovar y cuidar el capital acumulado.
Donde se la confisca ya sea vía expropiación directa, impuestos confiscatorios o inflación crónica el mensaje es claro: lo que hoy se crea mañana puede ser arrebatado. La consecuencia inevitable es menos acumulación de capital, menor productividad y, por tanto, menores salarios reales a largo plazo.
Por eso no basta con decir que “el gasto del Estado puede ser bueno o malo según cómo se use”. Esa frase, tan cómoda como vacía, esquiva la cuestión central: que cada unidad monetaria adicional que el sector público decide gastar, implica, en algún punto del tiempo, una unidad monetaria menos en manos de quién lo generó legítimamente. El problema no es solo de eficiencia, sino de legitimidad moral. Si se acepta que el Estado puede expandir indefinidamente su apropiación de recursos bajo etiquetas nobles, se ha renunciado de hecho a la idea de derecho de propiedad para reemplazarla por un derecho condicional: los individuos conservan lo suyo solo mientras el poder político lo considere oportuno.
La defensa de una economía de capitalismo de libre empresa no se basa en la negación de toda función estatal, sino en su acotamiento estricto. Un gobierno limitado, financiado con impuestos moderados y predecibles, dedicado a proteger la vida, la libertad y la propiedad, puede ser compatible con un orden de mercado dinámico. Pero cuando el gasto público se transforma en objetivo en sí mismo y la respuesta habitual a cualquier problema social es “que el Estado gaste más”, el sistema entra en una lógica de confiscación creciente: más presupuesto significa más presión fiscal, más deuda, más inflación o alguna combinación de las tres, todas a costa del bolsillo y la libertad de quienes producen.
No hace falta, entonces, refugiarse en tecnicismos sobre correlaciones y causalidades para ver lo evidente. Si se acepta que el Estado solo puede gastar lo que previamente ha detraído por impuestos, por endeudamiento o por inflación, se sigue de manera directa que el aumento permanente del gasto estatal es incompatible con la preservación robusta de la propiedad privada. Que algunos prefieran adornar esta realidad con eufemismos no cambia el fondo del asunto: cada vez que el aparato público se expande, lo hace sobre la base de recursos que ya no están en manos de quienes los generaron. Y en una economía de libre empresa, eso significa menos libertad para decidir, menos capital para invertir y menos riqueza para todos.
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