El Estado obeso y la confiscación silenciosa de la propiedad.

Dr. Armando José Urdaneta Montiel.

El crecimiento desbordado del Estado, financiado con más impuestos y emisión monetaria, confisca el derecho de propiedad sin necesidad de expropiaciones abiertas. Mediante una presión fiscal creciente y un “impuesto inflacionario” que erosiona salarios y ahorros, los gobiernos van confiscando silenciosamente la capacidad de ahorro y por ende de acumular capital de familias y empresas, desincentivando trabajo, la inversión e innovación. En lugar de reducir la pobreza, este modelo estatista termina frenando la productividad y el crecimiento, mientras las élites políticamente conectadas se protegen mejor de la inflación y la carga tributaria, profundizando las desigualdades que el colectivismo afirma combatir.

Hobbes, Locke y Rousseau frente al Estado fiscal-inflacionario

Este proceso tiene una lectura profunda a la luz del contrato social. Hobbes justificó el Leviatán para escapar de la guerra de todos contra todos, donde la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. El soberano debía asegurar la paz y la seguridad, incluyendo la protección de bienes frente a la violencia. Cuando el propio Estado se vuelve agresor patrimonial a través de impuestos confiscatorios e inflación deliberada, deja de ser solución y se aproxima al mismo caos que pretendía conjurar.

Locke fue más claro aún: la propiedad, fruto del trabajo, es un derecho natural y el gobierno se instituye para salvaguardarla; si el Estado la vulnera, rompe el contrato que lo legitima. No importa si la confiscación es abierta (expropiación directa) o gradual (impuesto excesivo, inflación, controles que destruyen el valor de los activos): en todos los casos el principio liberal se viola.

Rousseau, por su parte, vio en la institución de la propiedad el inicio de la sociedad civil y, al mismo tiempo, la fuente potencial de desigualdad. Pero su respuesta no fue entregar toda la economía al Estado, sino someterla a reglas expresadas por la voluntad general. Convertir al gobierno en propietario de facto de la riqueza vía fiscalidad e inflación descontrolada no es rousseauniano: es la negación de la libertad cívica en nombre de una igualdad ilusoria. 

Desarrollo con Estado limitado, no con Estado voraz

La macroeconomía del desarrollo permite comparar modelos con fuerte protección de la propiedad y reglas de mercado relativamente estables con aquellos marcados por intervencionismo confiscatorio. Experiencias donde se respetan los derechos de propiedad, se modera el tamaño del Estado y se mantienen finanzas públicas y monetarias razonablemente sanas han logrado combinar crecimiento sostenido con reducciones significativas de pobreza y mejoras en bienestar, aun con desafíos de desigualdad. 

La alternativa colectivista ya sea con retórica revolucionaria o con lenguaje moderado de “Estado social” tiende a derivar en economías estancadas, inflacionarias y dependientes del poder político, donde el ciudadano se vuelve súbdito fiscal y rehén monetario. El Estado se presenta como salvador, pero para poder “salvar” necesita primero debilitar la capacidad de los individuos y empresas de sostenerse por sí mismos.

La verdadera discusión no es Estado sí o Estado no, sino qué Estado y para qué. Un Estado fuerte en proteger la vida, la libertad y la propiedad, y débil en sus ambiciones de dirigir la economía y redistribuirlo todo, es compatible con el contrato social clásico y con el desarrollo. Un Estado obeso, financiado por impuestos asfixiantes e inflación crónica, es incompatible con ambos: destruye incentivos, corroe la confianza y termina confiscando aquello que prometió garantizar.

¿Crees que el Estado protege o erosiona la propiedad privada? Deja tu comentario y sigue el blog para más análisis económicos claros y sin rodeos.

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Correlación y causalidad: el refugio retórico frente a los argumentos irrebatibles

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

En el debate económico contemporáneo suele apelarse, casi como reflejo automático, a la distinción entre correlación y causalidad para descalificar argumentos irrefutables. Se exige “más evidencia”, “mejores modelos” o “series más largas” cada vez que se cuestiona la expansión del gasto público. Sin embargo, hay hechos que pertenecen al terreno de la lógica económica elemental, no al de las correlaciones débiles, ni a las regresiones oportunamente especificadas. Uno de ellos es el vínculo entre gasto estatal creciente y el avance sistemático sobre el derecho de la propiedad privada de quienes generan la riqueza, trabajadores y empresarios.

En una economía de libre empresa, el ingreso que cada individuo obtiene en el mercado es la contrapartida de valor que otros le reconocen voluntariamente a sus bienes o servicios. Ese ingreso es, por definición, expresión de su propiedad: primero en forma de salario, honorarios o beneficios empresariales, luego en forma de ahorro y capital acumulado. 

Cuando el Estado decide gastar más de lo que ya recauda, no aparece una nueva fuente mágica de recursos; se abre, necesariamente, una de tres vías: más impuestos explícitos, más deuda que serán impuestos futuros, o más emisión monetaria que actúa como impuesto inflacionario. En los tres casos, el resultado económico esencial es el mismo: una transferencia coactiva de poder adquisitivo desde los individuos productivos hacia la burocracia pública.

Desde esta perspectiva, no hace falta un sofisticado aparato estadístico para comprender el mecanismo. Si el Estado aumenta la presión tributaria sea ampliando la base impositiva, elevando tasas o creando figuras nuevas reduce el ingreso disponible de los ciudadanos. Se trata de un enunciado contable: cada unidad monetaria que administra el aparato estatal es una unidad que ya no administra quien la generó. Lo mismo ocurre cuando el financiamiento se apoya en la inflación. 

La expansión de la oferta de dinero, utilizada para cubrir déficit, diluye el poder de compra del stock monetario existente; el llamado “impuesto inflacionario” no es más que la pérdida de capital de quienes tienen dinero en efectivo o ingresos fijos, en beneficio del emisor de la moneda, que recibe primero el dinero nuevo antes de que los precios se ajusten. No hay aquí misterio econométrico, sino una relación lógica entre medios de pago creados y poder de compra expropiado.

El colectivismo intenta, una y otra vez, matizar este efecto. Se habla de “redistribución”, de “solidaridad” o de “corrección de desigualdades de mercado”, como si el cambio de manos de los recursos fuese neutral para la creación de riqueza. Pero la economía de libre empresa se sustenta precisamente en el principio inverso: que la coordinación descentralizada de millones de decisiones privadas, bajo un sistema de precios libres y propiedad bien definida, es la mejor forma conocida de asignar recursos escasos. 

Cuando el Estado expande su gasto más allá de sus funciones esenciales y reclama una proporción creciente del ingreso nacional, desplaza necesariamente proyectos privados, ahorro productivo e inversión que habrían existido de otro modo. Esa sustitución no es meramente financiera; es civilizatoria: cambia quién decide qué se produce, cómo, dónde y para quién.

La retórica colectivista suele reducir esta crítica a una supuesta “obsesión” con la propiedad, como si se tratara de un capricho ideológico. Pero la propiedad privada no es un fetiche jurídico: es el mecanismo institucional que vincula responsabilidad, incentivos y cálculo económico. Donde la propiedad se respeta, los individuos tienen motivos para ahorrar, invertir, innovar y cuidar el capital acumulado. 

Donde se la confisca ya sea vía expropiación directa, impuestos confiscatorios o inflación crónica el mensaje es claro: lo que hoy se crea mañana puede ser arrebatado. La consecuencia inevitable es menos acumulación de capital, menor productividad y, por tanto, menores salarios reales a largo plazo.

Por eso no basta con decir que “el gasto del Estado puede ser bueno o malo según cómo se use”. Esa frase, tan cómoda como vacía, esquiva la cuestión central: que cada unidad monetaria adicional que el sector público decide gastar, implica, en algún punto del tiempo, una unidad monetaria menos en manos de quién lo generó legítimamente. El problema no es solo de eficiencia, sino de legitimidad moral. Si se acepta que el Estado puede expandir indefinidamente su apropiación de recursos bajo etiquetas nobles, se ha renunciado de hecho a la idea de derecho de propiedad para reemplazarla por un derecho condicional: los individuos conservan lo suyo solo mientras el poder político lo considere oportuno.

La defensa de una economía de capitalismo de libre empresa no se basa en la negación de toda función estatal, sino en su acotamiento estricto. Un gobierno limitado, financiado con impuestos moderados y predecibles, dedicado a proteger la vida, la libertad y la propiedad, puede ser compatible con un orden de mercado dinámico. Pero cuando el gasto público se transforma en objetivo en sí mismo y la respuesta habitual a cualquier problema social es “que el Estado gaste más”, el sistema entra en una lógica de confiscación creciente: más presupuesto significa más presión fiscal, más deuda, más inflación o alguna combinación de las tres, todas a costa del bolsillo y la libertad de quienes producen.

No hace falta, entonces, refugiarse en tecnicismos sobre correlaciones y causalidades para ver lo evidente. Si se acepta que el Estado solo puede gastar lo que previamente ha detraído por impuestos, por endeudamiento o por inflación, se sigue de manera directa que el aumento permanente del gasto estatal es incompatible con la preservación robusta de la propiedad privada. Que algunos prefieran adornar esta realidad con eufemismos no cambia el fondo del asunto: cada vez que el aparato público se expande, lo hace sobre la base de recursos que ya no están en manos de quienes los generaron. Y en una economía de libre empresa, eso significa menos libertad para decidir, menos capital para invertir y menos riqueza para todos.

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Derecho internacional: el gran ausente frente a las dictaduras y sus migraciones forzadas

 

Durante décadas, el derecho internacional ha sido presentado como el gran dique de contención frente a los abusos del poder. Tratados, convenciones, resoluciones y declaraciones solemnes prometieron proteger derechos humanos, frenar dictaduras y evitar tragedias humanitarias. La realidad, sin embargo, es mucho menos épica: las peores dictaduras del mundo han aprendido a convivir con ese derecho, a burlarlo y, en muchos casos, a utilizarlo como escudo retórico mientras destruyen a sus sociedades desde dentro.

El caso reciente de Venezuela, tras las acciones anunciadas por Donald Trump en enero de 2026, volvió a desnudar una verdad incómoda: el derecho internacional solo funciona cuando coincide con el equilibrio de poder. Cuando no, se convierte en un lenguaje elegante para justificar la inacción.

Dictaduras que violan la norma… sin consecuencias

La historia contemporánea está plagada de ejemplos. Cuba ha ignorado durante más de seis décadas resoluciones de organismos internacionales sobre derechos civiles y políticos. Corea del Norte ha violado sistemáticamente tratados nucleares y de derechos humanos sin que ello haya modificado la naturaleza del régimen. Siria cruzó todas las líneas posibles durante su guerra civil, incluyendo el uso de armas químicas, mientras el derecho internacional se debatía entre comunicados y vetos cruzados.

En América Latina, Venezuela representa uno de los casos más dramáticos. Durante años, informes de la ONU, de la OEA y de organizaciones internacionales documentaron ejecuciones extrajudiciales, persecución política y colapso institucional. ¿Resultado práctico? Ninguno. El régimen sobrevivió, mientras el país se vaciaba.

La lección es clara: las dictaduras aprendieron que violar el derecho internacional tiene costos simbólicos, no costos reales.

Migraciones masivas: daño colateral o estrategia deliberada

Uno de los efectos más visibles de esta impunidad es la migración forzada. Más de siete millones de venezolanos abandonaron su país en poco más de una década. Lo mismo ocurrió con los cubanos en distintas oleadas, con los sirios hacia Europa o con los norcoreanos que logran escapar.

Pero aquí conviene decirlo sin rodeos: estas migraciones no son solo una tragedia humanitaria; también funcionan como válvula de escape económica y política para las dictaduras.

Cuando una economía colapsa por controles de precios, destrucción de la propiedad privada y corrupción estatal, la emigración reduce presión interna: menos bocas que alimentar, menos protestas, menos desempleados visibles. Además, las remesas enviadas por los migrantes se convierten en una fuente indirecta de divisas que termina sosteniendo al mismo sistema que los expulsó.

En el caso venezolano, las remesas pasaron a ser un componente relevante del ingreso de muchos hogares, mientras el Estado seguía controlando sectores estratégicos y reprimiendo disidencias. El derecho internacional observó el fenómeno, lo describió con precisión… y no hizo nada.

Economía autoritaria y legalidad decorativa

Las dictaduras modernas ya no dependen únicamente de la represión abierta. Han desarrollado modelos económicos funcionales a su permanencia: economías cerradas, extractivismo controlado, alianzas geopolíticas selectivas y uso instrumental de la legalidad internacional.

Firmar tratados que luego se incumplen no es un error: es parte del juego. Participar en foros multilaterales no implica aceptar sus reglas, sino ganar tiempo, legitimidad y acceso a recursos. Mientras tanto, la población paga el precio en forma de pobreza, exilio y pérdida de libertades.

El derecho internacional, concebido para proteger a los individuos frente al poder, termina muchas veces protegiendo al poder frente a los individuos.

El espejismo moral del multilateralismo

Aquí aparece la gran contradicción: instituciones que producen informes impecables, pero carecen de mecanismos para imponer consecuencias. Se condena con palabras, se archiva con tecnicismos y se posterga con diplomacia. La moral se delega al lenguaje; la acción, a nadie.

Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en si ciertas acciones “violan” el derecho internacional, sino en por qué ese derecho ha tolerado durante décadas violaciones masivas sin alterar el equilibrio de poder que las sostiene.

Cuando la norma no actúa, el poder ocupa su lugar. No es una provocación ideológica; es una constatación histórica.

Lo que incómoda

Las oleadas migratorias que hoy sacuden América Latina y Europa no son accidentes: son el síntoma de un orden internacional incapaz de frenar regímenes que destruyen economías y sociedades enteras. Mientras el derecho internacional siga siendo un catálogo de buenas intenciones sin consecuencias reales, las dictaduras seguirán burlándolo, exportando pobreza y utilizando a sus propios ciudadanos como variable de ajuste.

La historia ya dio su veredicto. La pregunta es cuánto tiempo más se insistirá en ignorarlo.

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Macrorreformas pro mercado y bloqueo microinstitucional: por qué la economía “mejora” pero tu vida no

Por: Dr Armando Urdaneta 

En América Latina se repite una escena conocida: llega un nuevo gobierno de derecha o liberal, anuncia reformas “pro mercado”, ordena las cuentas públicas, baja el déficit, abre el comercio… y los números macroeconómicos empiezan a verse mejor. Sin embargo, para mucha gente común —jóvenes, emprendedores, trabajadores— la vida diaria no mejora al mismo ritmo. El empleo sigue siendo precario, emprender es difícil y la informalidad continúa siendo la norma. Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿nos están engañando o el mercado no funciona?

Desde una mirada liberal, la respuesta es más incómoda de lo que suelen decir los discursos políticos. El problema no está tanto en las reformas económicas generales, sino en algo más profundo y menos visible: las instituciones que regulan la vida cotidiana.

Cuando la macro va bien, pero la micro se traba

Las reformas pro mercado suelen ordenar la “macro”: inflación más baja, finanzas públicas más sanas, mayor apertura al comercio y más inversión potencial. Eso es importante, porque sin estabilidad general ninguna economía crece de verdad. El problema es que la macroeconomía no vive sola. Para que esos avances se sientan en la calle, hacen falta reglas claras, justicia que funcione y un Estado que no cambie las normas cada seis meses.

Cuando eso no existe, pasa lo que vemos en muchos países de la región:

• Abrir un negocio es caro y lento.

• Las leyes cambian constantemente.

• Los contratos no se respetan.

• La corrupción y la inseguridad agregan riesgos extra.

En ese contexto, el empresario racional —el que piensa con los pies en la tierra— no invierte a largo plazo, no contrata más gente y muchas veces prefiere mantenerse informal o irse a otro país.

El verdadero cuello de botella: las instituciones

Aquí aparece una idea clave que casi nunca se discute en serio: no basta con “menos Estado” o “más mercado” si el Estado que queda funciona mal. El mercado necesita reglas básicas para operar: propiedad privada protegida, contratos que se cumplan y normas estables. Sin eso, no hay competencia sana ni oportunidades reales.

Cuando la justicia es lenta, las regulaciones cambian según el humor político y los burócratas tienen demasiado poder discrecional, el resultado no es más igualdad, sino menos oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes y los pequeños emprendedores.

Reformas eternas y desconfianza

Otro problema típico de América Latina es la llamada “reforma permanente”. Cada gobierno cambia leyes, impuestos y reglas del juego para “corregir” lo que hizo el anterior. El mensaje implícito es claro: nada es estable. Y si nada es estable, nadie planifica a largo plazo.

Invertir, contratar, capacitar trabajadores o innovar requiere tiempo y previsibilidad. Sin eso, la economía se vuelve defensiva: negocios pequeños, poco crecimiento y mucha informalidad. Así se explica por qué la macro puede mejorar mientras la microeconomía sigue estancada.

¿Por qué entonces muchos culpan al mercado?

Porque es más fácil. Cuando la gente no ve mejoras concretas, algunos líderes dicen que “las reformas solo beneficiaron a las élites”. Esa narrativa ignora que sin instituciones sólidas no hay forma de que la riqueza se expanda y se distribuya. El problema no es que el mercado funcione “demasiado”, sino que funciona a medias, atrapado en un entorno legal débil.

Paradójicamente, esta frustración suele terminar en pedidos de más intervencionismo estatal, lo que empeora aún más el problema original: más discrecionalidad, más incertidumbre y menos inversión.

La lección clave

Desde una sociología liberal, la conclusión es clara y directa:

• La macroeconomía depende en gran parte del gobierno central.

• La microeconomía depende de todas las instituciones juntas: leyes, jueces, reguladores y gobiernos locales.

Si estas fallan, ningún ajuste macro va a traducirse en mejores empleos, salarios o emprendimientos sostenibles.

En pocas palabras

No es cierto que las reformas pro mercado estén condenadas al fracaso. Tampoco es verdad que el mercado sea el enemigo. El verdadero bloqueo está en las instituciones que no permiten que las oportunidades se multipliquen.

Si América Latina quiere dejar atrás el ciclo de frustración y retrocesos, el debate no debería ser “Estado versus mercado”, sino cómo construir reglas claras, estables y justas para que la libertad económica funcione de verdad.

Porque sin eso, la macro puede brillar… pero la vida real seguirá apagada.

Si te interesa entender la economía sin consignas ni mitos, con ideas claras sobre libertad, reglas justas y oportunidades reales, sigue el blog Ideas Anti-Zurdos. Aquí analizamos la realidad como es, no como algunos quieren venderla.

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Entre ilusión y colapso: cómo el dirigismo keynesiano marxista erosiona el capital y la libertad

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

El dirigismo estatal de inspiración keynesiano-marxista no es un simple error técnico: es un proyecto intelectual que confunde gasto con riqueza, y termina utilizando la coerción fiscal y monetaria para sostener una ilusión de prosperidad que, tarde o temprano, se cobra su factura en crisis, inflación y empobrecimiento generalizado. 

1.- Error de origen: consumo no es crecimiento.

Keynesianos y marxistas comparten una premisa fundamentalmente problemática: suponen que el motor del desarrollo económico reside en la expansión del gasto agregado, en particular del consumo, y que el Estado está en capacidad de “suplir” cualquier brecha de demanda mediante mayor gasto público y crédito a bajo costo. La macroeconomía del capital de inspiración austriaca, por el contrario, enfatiza un punto que buena parte de las facultades de Economía latinoamericanas tiende a soslayar: el crecimiento genuino depende de la acumulación de capital, del incremento de la productividad asociado al progreso técnico y la innovación, del ahorro voluntario y de una estructura productiva coordinada intertemporalmente a través de precios relativos y tipos de interés, más que de la simple expansión discrecional de la demanda financiada con deuda y emisión monetaria. 

Cuando el consumo presente se erige en criterio supremo de la política económica, el capital termina reducido a un mero “asiento contable” y la estructura productiva es tratada como si fuera un recurso elástico que puede extenderse indefinidamente mediante políticas fiscales expansivas y creación de dinero por parte del banco central. El resultado es un auténtico espejismo macroeconómico: se observan tasas de crecimiento del PIB artificialmente infladas por el gasto público y la expansión del crédito, mientras, de forma silenciosa, se erosiona la base de capital que hace posible cualquier forma de prosperidad sostenible en el tiempo. 

2. El boom artificial: crédito fácil y malas inversiones

Cuando el Estado “estimula” la economía con gasto deficitario y expansión artificial del crédito, no crea riqueza; redistribuye poder de compra y distorsiona los precios relativos, en especial el tipo de interés, que deja de reflejar la preferencia temporal real de los consumidores.

La teoría austriaca del ciclo es clara: al abaratar artificialmente el crédito, se lanzan proyectos que sólo son rentables bajo ese entorno de tipos falsificados; se alargan las etapas de intertemporales de la producción, se inflan sectores “estrella” y se genera el famoso malinvestment, mala inversión, que tarde o temprano deberá liquidarse. 

Esa fase de auge se vende como “éxito del modelo”, y los gobiernos intervencionistas la exhiben como prueba de que “el Estado sí puede guiar la economía” mientras empresas y familias se endeudan sobre supuestos irreales de crecimiento perpetuo.Pero cuando el crédito deja de crecer al mismo ritmo, o los precios empiezan a revelar que no hay ahorro suficiente detrás de esa expansión, el castillo de naipes colapsa: proyectos inconclusos, bancos con balances frágiles y un aparato productivo arruinado, incapaz de ajustarse sin la quiebra masiva de empresas. 

3. La válvula externa: importaciones, déficit y devaluación

En economías con estructuras de capital débiles o poco diversificadas, la expansión de la demanda interna no se traduce en más producción local, sino en una avalancha de importaciones que actúan como válvula de escape del exceso de gasto.

El superávit comercial desaparece, la balanza se vuelve deficitaria y, como manda el manual dirigista, se señala al “tipo de cambio atrasado” o al “imperialismo” como culpables, nunca al exceso de gasto y crédito artificialmente barato que disparó la absorción externa. 

La respuesta estándar es devaluar, imponer controles cambiarios y encarecer el acceso a divisas, como si empeorar la conexión con la economía mundial pudiera resolver la incoherencia interna de un país que consume más de lo que está dispuesto a ahorrar. Pero la devaluación, lejos de corregir la causa, multiplica sus efectos: encarece insumos, alimentos y bienes de capital importados, se traslada a precios y alimenta la inflación que el mismo Estado dice combatir. 

4. Salarios políticos y precios intervenidos: la destrucción de las señales.

El siguiente paso en la tragicomedia dirigista suele ser decretar aumentos de salarios reales por encima de la productividad, lo que rompe la relación entre costos y capacidad de pago, estrechas márgenes de beneficio y desincentiva la inversión privada, justo en el momento en que se necesitaría más capital para ajustar la estructura productiva. Ante la inflación generada por su propia combinación de gasto, crédito y devaluaciones, el Estado recurre a controles de precios, como si se pudiera legislar contra la escasez anulando el termómetro de los precios que revela el desajuste entre oferta y demanda. 

Pero los precios no son un capricho burgués, son señales de información dispersa, como insistía Hayek; cuando se los congela o manipula, se destruye el único sistema capaz de coordinar millones de planes individuales sin un burócrata omnisciente. El resultado es previsible: colas, mercados negros, privilegios para los bien conectados y una asignación de recursos cada vez más guiada por la proximidad al poder que por la rentabilidad y la utilidad para los consumidores. 

5. Déficit permanente: impuestos, deuda, emisión y más distorsión.

Un régimen que basa su legitimidad en sostener un nivel de gasto superior a la renta real disponible está condenado a vivir en déficit crónico. Primero exprime al contribuyente: más impuestos, más cargas regulatorias, más trabas que drenan el excedente empresarial y desvían recursos desde la inversión hacia el gasto político, el cual es dedicado a comprar lealtades y mantener la maquinaria burocrática. 

Luego viene la deuda pública, que compite con el sector privado por el ahorro disponible y desplaza inversión productiva hacia la financiación del Estado; cuando tampoco eso basta, se recurre a la emisión monetaria y a la compra de deuda por el banco central. Como sintetiza la literatura austriaca del ciclo económico, es lógicamente imposible resolver una crisis creada por un exceso de crédito y endeudamiento con más crédito y más deuda: la expansión monetaria adicional sólo posterga el ajuste y garantiza que el colapso posterior sea más profundo. 

6. El núcleo del fracaso: el conocimiento que el Estado no tiene

En última instancia, el problema del dirigismo estatal no es de buena o mala intención, sino de pretensión de conocimiento. Ni el planificador keynesiano ni el ingeniero social marxista poseen la información local, dispersa y cambiante que se condensaría en precios libres, tipos de interés no manipulados y decisiones de ahorro inversiones tomadas por millones de individuos sobre su propio riesgo.

Al manipular tipos de interés, tipo de cambio, precios y salarios, el Estado borra las señales que permitirían a empresarios y trabajadores descubrir dónde hay oportunidades reales de creación de valor y dónde hay proyectos inviables que conviene abandonar. El resultado no es un “capitalismo regulado más humano”, sino un sistema híbrido incoherente, atrapado entre mercado y planificación, que combina lo peor de ambos mundos: inestabilidad cíclica, inflación crónica, deterioro institucional y una ciudadanía cada vez más dependiente del mismo poder que ha saboteado el proceso de coordinación social. 

Desde la macroeconomía de la capital austriaca, la conclusión es inescapable: mientras se siga confundiendo consumo con crecimiento, crédito político con ahorro y coerción fiscal monetaria con coordinación social, cualquier modelo de dirigismo estatal está condenado a terminar no sólo en fracaso económico, sino en una degradación general de las libertades y de la responsabilidad individual.

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Un año y tres meses incomodando al pensamiento único

 

Gracias a cada lector que nos acompaña desde el inicio y a quienes se han sumado en el camino.

Durante un año y tres meses, este espacio ha crecido gracias a ustedes: a quienes leen, cuestionan, discrepan y comparten, defendiendo siempre el valor irrenunciable de pensar con libertad.

Nada de esto tendría sentido sin su apoyo constante, pero tampoco sin el aporte intelectual de quienes han enriquecido este proyecto con análisis y argumentos. Un reconocimiento especial a nuestros colaboradores Dr. Armando Urdaneta y Mgs. Luis Cedillo, cuyas contribuciones han elevado el nivel del contenido y fortalecido la línea crítica del blog.

Seguimos adelante, con más ideas, más debate y nuevos desafíos por conquistar en 2026.

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La negación como dogma: la ceguera intelectual del socialismo militante que rehúye reconocer hechos

 

En un mundo donde la información está disponible al instante y los datos económicos y sociales se publican con transparencia, sorprende que todavía haya sectores ideológicos que niegan sistemáticamente la evidencia objetiva cuando contradice su relato. Esta no es una simple discrepancia política: es una ceguera voluntaria que distorsiona el debate público y convierte hechos verificables en fantasmas a eliminar.

1. Argentina: Milei y los logros que algunos se niegan a ver

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, su gestión ha enfrentado resistencias ideológicas feroces. La economía argentina muestra señales de recuperación después de años de hiperinflación crónica: la inflación ha descendido de niveles extremos y el crecimiento económico se ha reactivado, según datos oficiales y proyecciones de organismos multilaterales. A pesar de esto, muchos sectores peronistas y kirchneristas —no pocos con presencia activa en medios y redes— rechazan esos avances como “imposibles” o “falsos”, negándolos antes que analizarlos con objetividad, se niegan a aceptar lo que los números confirman.

Esta actitud no es crítica legítima; es negación ideológica. Cuando los datos reflejan mejoras reales, se acusa a las cifras de “manipulación” o de falta de impacto en la vida cotidiana. Noticieros todos los días tratan de encontrar voces contrarias al régimen. Se oculta la evidencia bajo una narrativa emocional que insiste en que “solo la izquierda entiende a la gente”, aun cuando los indicadores contradigan esa lectura.

2. El Salvador: Bukele y la seguridad que se reduce a ideología

En El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, la tasa de homicidios descendió de niveles entre los más altos del mundo a cifras históricamente bajas, lo que muchos analistas consideran un avance en seguridad y bienestar ciudadano. Aun así, sectores afines al FMLN y aliados políticos insisten en que esos logros son irrelevantes o producto de "transgresiones autoritarias", negando los hechos antes que debatirlos.

Aquí también se evidencia el mismo patrón: cuando la realidad desafía el relato ideológico, se la descarta. La evidencia de mejoras concretas en seguridad se interpreta como propaganda o se ignora por completo, antes que como un indicio de que ciertas políticas pueden estar funcionando, no en vano es el país más seguro de América.

3. EE. UU.: Trump y el doble rasero de la izquierda progresista

Otro caso paradigmático es el de Donald Trump, quien inició su segundo mandato presidencial en 2025 tras ganar las elecciones de 2024. Su gestión ha generado resultados que merecen reconocimiento objetivo: crecimiento económico sostenido en ciertos trimestres, creación de empleo sólido y atención a temas de seguridad nacional y comercio internacional. Pese a ello, muchos críticos en el espectro progresista optan por reducir esos logros a “momentos aislados” o “consecuencias de la administración anterior”, en lugar de reconocer que políticas concretas han generado efectos económicos tangibles.

Algunos sectores incluso insisten en el error de los votantes al elegir según ellos, a un presidente anti inmigración y enemigo de los DDHH. Los indicadores macroeconómicos muestren —en sus propios informes— tasas de crecimiento superiores a las esperadas y mercados alcistas. Sin embargo, se niega todo y se incrementa la crítica política: es el rechazo sistemático de la evidencia por motivos ideológicos.

4. La lógica fallida de negar hechos

¿Qué une estas tres experiencias? En Argentina, El Salvador y Estados Unidos, la respuesta es la misma: negación ideológica ante hechos que contradicen la narrativa dominante del progresismo. Esta actitud no busca explicar o comprender; busca erradicar lo incómodo. Los datos no se debaten, se descalifican. Las cifras no se verifican; se minimizan.

Esta postura tiene consecuencias graves: deteriora la calidad del debate público, alimenta errores conceptuales donde solo se acepta la información que reafirma creencias previas, o mentiras y bloquea la posibilidad de aprendizaje colectivo y corrección de errores. Cuando la evidencia es ignorada por ideología, las sociedades quedan atrapadas en diagnósticos falsos y decisiones pobres.

5. El impacto en la democracia y el progreso

La negación de hechos no fortalece la democracia; la debilita. Un sistema político saludable requiere que todas las partes estén dispuestas a confrontar la realidad —aunque duela— y evaluar políticas con base en evidencia, no en consignas. La honestidad intelectual no es neutralidad moral: es la condición mínima para que la política siga siendo un espacio de mejora y no un teatro de autoengaños.

Negar avances comprobables, no importa de qué gobierno provengan, conduce a una polarización destructiva y a la incapacidad de resolver problemas reales. Y peor aún, perpetúa la idea de que la verdad es relativa y se ajusta según conveniencias.

¿debate o negación?

La ideología no debe ser un escudo para negar hechos. La humildad intelectual exige aceptar lo que funciona, rechazar lo que no, y debatir sin miedo a la evidencia. Cuando una narrativa se aferra a negar la realidad, el problema deja de ser político: se vuelve epistemológico.

En ideas antizurdos creemos que reconocer la realidad, más allá del relato, es un acto de responsabilidad democrática. Celebremos los éxitos cuando ocurren, critiquemos lo que falla, y dejemos de negar lo evidente. La política con honestidad intelectual no es un ideal abstracto: es una necesidad urgente.

Si compartes esta visión, comparte esta entrada y contribuye a que el debate público se sostenga sobre hechos, no sobre negaciones.

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